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Colombia: autoprotección indígena contra la guerra

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La Cordillera Central es uno de los principales escenarios de la guerra entre el ejército colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La población rural, campesina e indígena, el sector más castigado por los enfrentamientos armados, se defiende a través de la Guardia Indígena. Por Raúl Zibechi

Un enorme desierto verde. Saliendo del aeropuerto de Cali, un mar de plantaciones de caña de azúcar tapiza la extensa llanura del Cauca, una de las regiones más fértiles del país, donde hace apenas dos décadas se extendían los cultivos cafeteros. “Es el negocio de los agrocombustibles”, brota desde el asiento trasero de la camioneta la voz de Manuel Rozental, médico que acompaña desde hace años al movimiento indígena del Norte del Cauca. Por la ruta Panamericana se cruzan “trenes cañeros” con su desmesurada carga hacia las refinerías que bordean la carretera, ante la mirada indiferente y casi perdida de hileras de afros que deambulan hacia sus precarias viviendas.
Casi una hora y llegamos a Santander de Quilichao, un pueblo grande y cansino de unas 70 mil almas, la primera ciudad del departamento del Cauca que aparece en la carretera. La población negra luce ampliamente mayoritaria, emigrada o desplazada por la guerra, ocupada en la zafra cañera y en el comercio local. La primera sensación es de inseguridad, quizá por el desorden reinante y, seguramente, por los comentarios de los compañeros de ruta, que no dejan de mentar que sigue siendo plaza fuerte de los paramilitares. Manuel deja su asiento a un par de guardias indígenas que lo ocupan en silencio, cargando sus bastones de mando que ostentan pequeñas cintas de colores.
Hacia la cordillera
Saliendo de la ciudad rumbo a la cordillera, en un santiamén desaparecen los cañaverales. Frondosas arboledas marcan el confín: los gigantescos samanes, el árbol de la lluvia, de extensas copas redondeadas capaces de cobijar un campo de fútbol, los floridos guayacanes, las monumentales ceibas verde cetrino, tulipanes y gualandayes de flores violáceas, cachimbos, cámbulos repletos de capullos rojos, higuerones y matapalos. Sobresalen las espigadas guaduas de troncos redondos y finas hojas, los bambúes tan apreciados por los campesinos. Sobre los arcenes, hileras de soldados observan los vehículos.
El ronquido del motor delata el desnivel. Las crestas se recortan sobre nubes y neblinas y0, allá abajo, a plomo, el río Palo recoge las aguas de las cordilleras. Sólo se ven montañas, cimas detrás de cimas, paredes verdes engalanadas por cascadas plateadas. En las laderas casi perpendiculares se prenden los cultivos: los bananos protegen los cafetales del inclemente sol ecuatorial, pero también los cultivos de pancoger, la yuca, el frijol y, más arriba en tierras frías, la papa y el maíz. Un abigarrado vergel comparado con la letanía monocorde del cañaveral. Llegamos a un sitio que denominan El Tierrero, el último poblado del resguardo indígena Huellas-Caloto. Giramos a la izquierda y dejamos el asfalto por una trocha irregular pendiente arriba. Luego de unos cuantos bamboleos el carro llega a El Damián, la vereda de la discordia, en el resguardo de Tacueyó. Primera sorpresa: debajo de los bananos ya no se ven cafetales, sino plantaciones de coca que crecen en las laderas soleadas a más de dos mil metros de altitud.
Desde mediados de marzo se producen combates entre los guerrilleros de las FARC y el ejército que se asentó, como suele hacerlo, en el punto más alto de la montaña. En sus incursiones los militares hicieron volar una caleta de los guerrilleros donde almacenaban explosivos y, dicen, acopios de marihuana. La onda expansiva mató a un indígena nasa, hirió a catorce y derribó las viviendas en un radio de más de cien metros. Desde ese momento los 800 pobladores de las dos veredas vecinas, El Damián y La María, se refugiaron en la escuela rural elegida hace tiempo como lugar de “asamblea permanente”, centro de reunión en casos de emergencia.
Sobre la escuela una gigantesca bandera blanca atada sobre una larguísima caña, pretende disuadir a los armados. Más de la mitad son niños, el resto madres y ancianos. Los varones salen durante el día a cuidar los cultivos y las gallinas, eludiendo los combates. El director, joven e indeciso, agradece la visita y pide que no se encienda el grabador. Ropa tendida y colchones sobre el suelo desplazaron bancas y pupitres. Aunque los nasa desbordan las instalaciones desde hace una semana, salones, baños y pasillos lucen aseados delatando una férrea organización interna.
Una cartilla elaborada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca señala que en caso de emergencias la población acude a los sitios de asamblea permanente, espacios de “resistencia indígena definidos en asamblea, espacios para la protección, la reflexión y el análisis comunitario”. Añade que se trata de resistir juntos “respetando la diversidad y la diferencia para que la tierra del futuro sea un tejido de conciencias colectivas y de autonomías en equilibrio y armonía con todos los seres de la vida”.
En 2004 la guardia indígena recibió el Premio Nacional de Paz que otorga todos los años un conjunto de instituciones: las Naciones Unidas y la Fundación Ebert, además de los media El Tiempo, Caracol Radio y Televisión, y la revista Semana. En efecto, se trata de una de las experiencias más originales con que cuenta movimiento social alguno. “No somos ejércitos armados, no somos guerrilla, simplemente somos comunidad al servicio de las comunidades”, se define a sí misma la propia guardia, empeñada en ser un instrumento de defensa del territorio. Para ello promueven la formación y la organización a través de la autoprotección de las comunidades. Sus estrategias de resistencia consisten en promover la soberanía alimentaria, las alertas tempranas, huertas comunitarias y, sobre todo, procesos de formación entre los que incluyen asambleas permanentes de reflexión y decisión y el fortalecimiento del derecho y las autoridades propias.
Protección comunitaria
Luis Alberto Mensa, 42 años, camina tan pausado que parece deslizarse sobre el suelo de tierra. Lleva el bastón de mando como único signo de autoridad, como todos los guardias que lo acompañan, pero es coordinador de todas las guardias indígenas de la región. Asegura que “la guardia, que siempre existió entre los nasa, se vino a oficializar para hacerse visible en el 2001 a raíz de una serie de conflictos. Aquí la gente no creía que llegaría el conflicto armado porque esta era una zona histórica de las FARC, pero entraron los paramilitares y nos mataron mucha gente y las asambleas decidieron instalar guardias permanentes”.
La estructura de la guardia es muy sencilla: cada vereda elige en asamblea diez guardias y un coordinador; luego se elige un coordinador por resguardo y otra para toda la región, siempre en acuerdo con los gobernadores de los cabildos. Los guardias son elegidos por dos años pero buena parte deciden continuar. “En toda la zona del Norte del Cauca tenemos 3.500 guardias correspondientes a los 18 cabildos. Hay jóvenes y mujeres, de 12 hasta 50 años. La formación es nuestro aspecto más importante y la hacemos a través de talleres en los que se discute derechos humanos y la ley nuestra, la ley originaria. Priorizamos la formación política por sobre los ejercicios físicos. La guardia es muy importante para la seguridad de la población y se ha convertido en un problema para los actores armados”, señala Luis Alberto.
Los talleres son obligatorios y duran tres días; participan abogados, jueces y líderes comunitarios que relatan la historia, usos y costumbres del pueblo nasa. Luego cada coordinador replica los mismos talleres en su vereda. Uno de los aspectos centrales es el denominado “derecho propio”, la justicia comunitaria que orienta la actividad de la guardia indígena. “No tenemos nada que ver con una policía, somos formadores de organización, somos protección de la comunidad y defensa de la vida sin involucrarnos en la guerra”. Sin embargo, tanto los militares como la guerrilla los considera enemigos ya que dificultan el reclutamiento y se interponen en sus acciones militares.
Floresmiro, 33 años, es coordinador de los 300 guardias del resguardo de Tacueyó. “La guardia ha sido una escuela. Como convivimos con la insurgencia, a veces se te pasa por la cabeza irte con ellos para tener un fusil. Los que se van es porque les gustan la armas o porque tienen problemas con sus padres, pero los más porque son hijos abandonados. En la guerrilla, o en el ejército, sienten que mandan, que tienen poder”.
Como la participación en la guardia es voluntaria y no remunerada, los vecinos de la vereda y las autoridades colaboran en el mantenimiento de la huerta familiar y en ocasiones hacen mingas para desbrozarla, sembrar o cosechar. “Acá la formación es la clave. Trabajamos mucho la cosmovisión nasa que rechaza la violencia, nos defendemos a través del alerta y la organización y nos interponemos entre los armados, en grupos para que no ataquen a la comunidad. Enseñamos a la gente lo que debe hacer en caso de emergencia. Convocamos a los guardias por las emisoras o los celulares y movilizamos a la población por las radios. En sólo cuatro horas juntamos a los 300 guardias de mi resguardo”.
Luis Alberto propone caminar unos cientos de metros para conocer la caleta volada por el ejército. Unos 40 guardias se ponen en marcha por una trocha embarrada. En el camino encontramos dos “tatucos” sin estallar, granadas caseras lanzadas a distancia por la guerrilla. Los guardias se juntan y deciden colocarlas en algún lugar seguro para evitar que los niños las manipulen. Al llegar al enorme hueco dejado por la explosión, a unos cien metros aparecen tres jóvenes guerrilleros debajo de los platanales. El jefe de la guardia no se inmuta. “¿Dónde está el ejército?”. “Allá”, señala con el bastón hacia la cresta. Unos y otros se observan, se vigilan, y cada pocos días se disparan, con la misma calma con que la guardia indígena se pasea entre los dos ejércitos.
“La guardia es más educativa que represiva y contribuye a evitar que los jóvenes se integren en los grupos armados”, sostiene Manuel Ul, el joven coordinador de la guardia de Huellas. Los jóvenes se quedan hechizados mirando el cráter provocado por la explosión que dio origen a los enfrentamientos de marzo. Poco a poco se encaminan hacia la escuela donde nos espera el almuerzo. El calor del mediodía trasmuta la calma en una rara sensación de placidez. Rodeado de guardias indios, es casi imposible no sentir una sensación de seguridad, insólita en estas tierras.

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

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El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche

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Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad. 

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
El juicio se desarrolló dentro de un escuadrón de la Gendarmería Nacional. Foto Alejandra Bartoliche

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”. 

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico  –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Las mujeres detenidas, fuera del escuadrón, prenden el fuego.

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Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

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El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa. 

Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche

Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

Foto: Alejandra Bartoliche

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. 

Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.

1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.

2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.

La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.

El por qué de la decisión se impone como pregunta. 

La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.

No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.

Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.

Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.

Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional. 

Foto: Alejandra Bartoliche

El contexto

Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).

La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”. 

Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una  reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe. 

El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Foto: Alejandra Bartoliche

El comienzo del juicio oral

En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo. 

La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”. 

Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”. 

¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia. 

Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.

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