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Del puestero a Benetton: el rol de la corporación en la trama de la desaparición de Santiago Maldonado

Publicada

hace 8 años

01/09/2017

El juzgado federal de Esquel comunicó de forma oficial que la sangre del apuñalado por el puestero de Benetton no pertenece a Santiago Maldonado. Se cae así la principal hipótesis sostenida por el gobierno y el foco vuelve donde nunca tendría que haber dejado de estar: el lugar de los hechos. En esa trama, la corporación Benetton aparece en el centro. La comisaría que montó el Estado para proteger sus intereses. El caso que se convierte en un antecedente para comprender la represión desatada en el Pu Lof de Cushamen. Las versiones e indicios que señalan que Benetton financia los operativos de las fuerzas de seguridad estatales. Más datos y testimonios que reconstruyen qué pasó el día que Santiago desapareció.

“Nosotros ya sabíamos que no era de Santiago. Esto era solo para desviar el foco. Poco a poco se van cayendo todas estas hipótesis de mierda. Lo concreto es que Santiago está desaparecido. ¿Ahora que van a decir los medios?”, dice a lavaca Andrea Antico, cuñada de Santiago Maldonado, minutos después de que el Juzgado Federal de Esquel comunicara de forma oficial que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA confirmó que la sangre de la persona herida por un puestero de Benetton el 21 de julio en Epuyén no es la de Santiago Maldonado. Así se desmoronó la principal hipótesis del Gobierno nacional.
Lavaca había reconstruido en exclusiva cuatro testimonios que desmentían esa hipótesis: son tres personas que vieron a Santiago en dos eventos distintos el 27 y el 29 de julio en El Bolsón, y otra que contó que llevó al joven hasta la Pu Lof de Cushamen en la mañana del 31 de julio. El Gobierno mantuvo la versión del puestero hasta que la Justicia se expidiera. Y la Justicia se expidió.
El comunicado completo:

“El Juzgado Federal de Esquel comunica que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires informó -en el día de la fecha- que el perfil genético de la persona que habría sido herida el 21 de julio de este año durante el ataque sufrido por Evaristo Jones en cercanías de Epuyen en la provincia del Chubut no tiene coincidencia con el perfil genético de un hijo biológico de Enrique Aníbal Maldonado y Stella Maris Peloso. El estudio fue requerido en el marco del Expte. nº FCR 8233/2017 ´MALDONADO SANTIAGO ANDRÉS S/HABEAS CORPUS´.
Asimismo, se comunica que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas continúa realizando los análisis y cotejos solicitados respecto de todas las muestras biológicas encontradas en los vehículos de Gendarmería Nacional Argentina involucrados en el procedimiento del 1 de agosto de este año, en las tres prendas que pertenecerían a Santiago Maldonado y en la vivienda en la que residió en la ciudad de El Bolsón de la provincia de Río Negro”.

La confirmación oficial devuelve la atención a la principal hipótesis denunciada desde el 1 de agosto por la familia, la comunidad mapuche, los organismos de derechos humanos y la Defensoría Federal de Esquel: Santiago es víctima de una desaparición forzada de persona.
Y en la trama de su desaparición no tiene un rol el puestero, pero sí Benetton.

Del puestero a Benetton: el rol de la corporación en la trama de la desaparición de Santiago Maldonado

Este mapa sobre las tierras que posee la corporación Benetton en Argentina fue realizado por el diario El País de España en un completo informe sobre la represión al pueblo mapuche en Argentina. Se puede leer acá: https://elpais.com/especiales/2017/represion-mapuches-argentina/

El rol de Benetton
Sergio Nahuelquir es uno de los werken (voceros) de la Pu Lof. Se presenta así: “Mi nombre es Sergio Nahuelquir, soy tataranieto de Ñancuche Nahuelquir, uno de los primeros que llegó a Cushamen. Bisnieto de Gregorio Nahuelquir, nieto de Ludovico, uno de los últimos lonkos que existió en la zona. Hijo de Florentino y padre de Lautaro”. Su presentación no es al azar: su historia está vinculada a Cushamen: “Nací a la orilla del camino que va desde El Maitén a Cushamen, ahí pasa por el Río Pichico. En ese lugar nací yo, a dos kilómetros de la Redonda, a 5 km de la escuela 69, donde trabajo Trinidad Huala, la abuela de Facundo (Jones Huala, el lonko preso de forma ilegal desde el 27 de junio). Ellos vivieron allí cerca de mina de Indio. Casi la mayoría de los que estamos haciendo la recuperación somos de alguna u otra manera de Cushamen: nietos, hijos. No somos de ningún otro lado”.
Desde esa historia, habla de Benetton.
Dice: “La compañía siempre existió. Mi papá trabajaba ahí mientras era la compañía inglesa. Amansaba burros. En ese tiempo había mula y después, al tiempo, se fue para Santa Cruz a seguir amansando allá. Nos fuimos en el año 80 por una realidad: en Cushamen no era posible la vida. Nos teníamos que ir porque nos íbamos a morir de hambre. Y así fueron la mayoría de las historias, que tenían que salir de Cushamen. Y yo tenía que volver alguna vez. Sabemos que la compañía inglesa en ese entonces y ahora Benetton es un aparato opresor de todo lo que es la zona. Ha funcionado siempre así. La gente trabaja sumisamente en lo que es Leleque. Todo el empresariado que ha venido siempre han oprimido al pueblo. Te dan permiso para que saques leña, pero no más de lo necesario. Te dan permiso para usar caballos, pero solo uno. Y así el poder fue aumentando hasta la complicidad: ahora podemos ver el ejemplo claro del intendente del Maiten, al que queremos denunciar porque ha discriminado la Pu Lof, pero quien se vale de lo que es la compañía para pagar los salarios sociales complementarios. También para hacer sus gestiones políticas: al deber favores, debe poner todo el pueblo en contra de la recuperación porque, sino, no está cumpliendo con su trabajo. También sabemos que El Maitén tiene muchas donaciones: Benetton sostiene económicamente a El Maitén. Son relaciones carnales”.
Nahuelquir cuenta que esa relación se vio muy clara en enero cuando la Pu Lof sufrió tres violentas represiones en dos días por parte de Gendarmería, Infantería y policía provincial. “La Gendarmería se alojó en el gimnasio del Maitén que donó Benetton. La compañía también proveyó el catering y la comida: estuvieron allí cinco días. Fue un gran despliegue, como 200 efectivos alojándose allí. Todo eso lo paga Benetton”. En la descripción del operativo del 10 de enero, el Diario Jornada dice: “En el casco de la Estancia Leleque de la Compañía de Tierras del Sud Argentino había tranquilidad y cada una o dos horas arribaban autoridades policiales y de Gendarmería a coordinar algunas acciones”. Andrea Millañanco, integrante de la comunidad, cuenta que los allanamientos de enero fueron dirigidos por el propio administrador general de Benetton, Ronald McDonald: “Los caballos secuestrados fueron trasladados en un camión de la compañía”.
Nahuelquir: “Cada vez que se mueven todas esas fuerzas es evidente de dónde viene la parte económica. No hay que ser muy ciego para sacar conclusiones: diez días antes de la represión donde se llevaron a Santiago había habido una gran nevada. Se estuvo por todos lados buscando conseguir medios o helicópteros para subir a las montañas. No se consiguió, pero a los diez días fue la represión y aparecieron helicópteros, drones, de todo. ¿Para qué? Para cazar al mapuche. Allí es algo que sabemos: es la parte en la que Benetton hace su articulación con el Estado».
-¿Y la cuestión con los puesteros?
-Cuando se entró hace dos años atrás a la recuperación (marzo de 2015), empezaron los incendios de los puestos. ¿Casualidad que sólo sean de Benetton? ¿Con toda la seguridad que tienen? Sucede de forma impune en toda la zona protegido por el gobierno local y los intendentes. Hay declaraciones del Ejecutivo que dice que por qué no toma la gente las manos en el asunto y los lleva a la comisaría. El año pasado, en noviembre, decían: ´Corre peligro en la ruta 40 el turismo de toda la Comarca´. Y son ellos quienes hacen los sabotajes. Además, los propios trabajadores están en situación de precariedad: tienen el fogón, el caballo, el perro y la carne, que deben pagar: Benetton le cobra al puestero la comida del salario. Tampoco se pueden agremiar: ahora deben estar cobrando 6 mil pesos”.
La comisaría Benetton
Daniel Loncon, otro de los voceros, cuenta que la subcomisaría de Leleque tiene más móviles policiales que otras localidades cercanas como Epuyén, Maitén, El Hoyo. Nahuelquir: “Allí antes había una estación de servicio. Hoy es la comisaría de Benetton”. El werken no puede confirmar que dentro de la estancia opere una base informal de Gendarmería, pero afirma: “Lo que sí hay es una relación carnal con la subcomisaría. Inclusive no se sabe si la camioneta blanca que se llevó a Santiago no entró a la estancia. La Justicia nunca dispuso, por un lado, indagar a Gendarmería, y por otro, ordenar el seguimiento de los móviles. Tampoco allanó la subcomisaría”.
Loncon: “Lo que advertimos, puntualmente, es un corrimiento adrede por parte del Estado. Intencional. Había una ruta provincial que conectaba Cushamen con El Maitén pero, como se metía en sus campos, Benetton pidió que se corriera esa ruta: la Provincia tuvo que hacer dos puentes sobre el Río Chubut para que la ruta no pase por su campo. Son cuestiones y pretensiones que este privado tiene y la provincia obedece cabalmente sin chistar. Ese corrimiento estatal no es fortuito: tiene que ver con una intencionalidad para que ese privado ocupe el lugar, por una cuestión filantrópica, pero que compra voluntades. Hoy hay un pueblo como Cushamen que intenta despegarse del proceso de recuperación territorial cercano y es un frente interno que tenemos que resolver como comunidades. El Estado cómplice se corre de su rol para que el privado cumpla así un rol de protectorado. Hasta un fiscal le dijo al propio McDonald que la estancia de Benetton tenía más patrulleros que cualquier otro pueblo. Fue cuando el mayordomo le reclamó seguridad porque estaban incendiando puestos: le dijo que vaya a golpear la puerta a otros poderes porque ellos tienen destinados patrulleros que habían sido sacado de sus pueblos para cuidar sus intereses”.
El suceso que relata Loncón ocurrió en junio del 2016 y puede escucharse a través de un audio que reprodujo el sitio noticiasesquel.com.ar. El fiscal de El Hoyo, Oscar Oro, respondió al pedido de la multinacional de más seguridad: “En la Compañía Tierras del Sud había 20 policías y no sé si 3 o 5 móviles policiales. O sea que en un momento dado, un particular tenía más policías y más móviles que una comisaría. Pero además esos policías que fueron afectados a la Compañía Tierras del Sud fueron sacados de otras comisarías que se quedaban desprovisto de gente. Es como que el Estado sigue mirando para otro lado”.
A los tiros
Celedonio Díaz es músico y escritor de Esquel. Publicó algunos libros referidos a la historia local. Algunos de ellos son utilizados como material universitario y en escuelas públicas, como El desalojo de la tribu Nahuelpán. Díaz dice a lavaca: “La subcomisaría de Leleque surgió con la excusa del abigeato y coincidió con la decisión de pavimentar las rutas de ingreso a El Maitén, haciéndose la traza a pedir de la boca de Benetton, que la hizo pasar frente a la estancia ´La Burrada´, de su propiedad. Desde antes del 2005 y hasta el 2008, el camino de salida de El Maitén a El Bolsón y Bariloche era por la Aldea Buenos Aires Chico, donde vive y reclama derechos la Comunidad del longko Sepúlveda, tiroteado hace unos años por Héctor Guajardo, hermano del ex intendente de El Maitén”.
Guajardo es un estanciero conocido en la zona. Tiene un frigorífico y se dedica a la producción agropecuaria. Los conflictos venían de hace años. En marzo de 2006 se interpuso una demanda civil que denunciaba la construcción de un puesto en tierras de la comunidad Sepúlveda y la introducción de ganado. Hubo medidas cautelares, denuncias penales y un largo proceso judicial. En 2010, al lonko le avisaron que Guajardo había entrado a sus tierras. Ve los rastros de la camioneta, sale a buscarlo a caballo. El empresario lo atacó a balazos. Una fuente de esa causa dice a lavaca “Por poco no le produjo la muerte. Esa causa penal que empezó por tentativa de homicidio terminó con una probation por abuso de armas”.

Noceti y el testigo
Guajardo también aparece vinculado a los hechos del 1 de agosto. Una de las voceras de la Pu Lof, Soraña Maicoño, llegó a la comunidad con otras dos personas a las 9 de la mañana, luego que les informaran el hostigamiento de Gendarmería en el territorio. Su horario de llegada coincide con lo informado por Gendarmería en el expediente: el primer alférez Daniel Gómez dijo que a las 9 de la mañana observó un vehículo color gris que ingresa por un camino al margen de la ruta 40 “a la construcción que se encuentra a 400 metros”.
Sin ningún tipo de precisión sobre el motivo de la actuación, a la 10:30 establecen que personal apostado observó al auto salir y que se “ordena a un vehículo oficial realizar un seguimiento controlado”. A esa hora salieron de la Pu Lof para alejarse del territorio e informar a diferentes organizaciones cuál era la situación en la comunidad. No pudieron: “Apenas salimos con dos lamien del campo, una camioneta de Gendarmería nos siguió. A la altura de la estancia de Leleque, del casco de la entrada de Benetton, que es también a la altura de la subcomisaría, nos detiene Gendarmería. Allí ya había dos camionetas apostadas con conos bien grandes. Eran tres camionetas, contando la que nos seguía desde el Lof”.
Les revisaron el auto, les secuestraron volantes, mientras veían cómo camionetas de Gendarmería salían con urgencia en dirección a la Lof: “También podía ver cómo salían las camionetas blancas del casco de la estancia de Benetton. Hablaron con los gendarmes. Era como que estaban muy al tanto de lo que pasaba. Hacían consultas, se informaban”. Soraya cuenta que entre las 13 y las 13.15 ven llegar una camioneta blanca con luces azules, “tipo led”, en la parrilla del vehículo. “Baja un hombre, saco largo, alto, flaco, le da la mano a cada uno de los gendarmes. La lamien se le acerca, se presenta y le pregunta quién era, que por qué nos tenían demorados hacía más de dos horas, que nos quitaron los papeles del auto, los documentos, y entonces dice: ‘Yo soy el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y si yo quiero las puedo tener seis horas también’. Nos quedamos duras.”.
-¿Era Noceti?
-Era Noceti.
Soraya cuenta que Noceti volvió a pasar por el retén. Fue en el momento en que querían hacerles firmar un acta como si ellos hubieran salido de la estancia de Benetton en Leleque. Uno de los testigos de Gendarmería para labrar esa acta fue Héctor Guajardo.
Quién manda
Desde ese lugar –donde estuvo más de seis horas demorada- Soraya cuenta qué vio: “Al estar todo el día detenidas frente al casco de la estancia, se veían que entraban y salían camionetas de Benetton con sus capataces: paraban y hablaban con los gendarmes, se dirigían en dirección a la Pu Lof, volvían, bajaban a la subcomisaría. Como nosotras queríamos ir al baño, nos custodiaban hasta la subcomisaría. También podíamos observar cómo los capataces hablaban desde sus camionetas a los gendarmes. Veíamos a los peones que venían a caballo, porque habían andado del otro lado del alambre del territorio, y llegaban hasta la comisaría. Si bien los sueldos los paga el Estado, la subcomisaría es bancada por Benetton y es para Benetton. Más de una vez han baleado el territorio y entraron a cualquier hora de la madrugada. Eso se da denunciado, pero nunca hubo ningún tipo de respuesta. Hay una connivencia que, más que una complicidad, marca una señal: quien manda ahí es Benetton”.
El antecedente
“Es notoria la capacidad de influencia de Benetton sobre funcionarios y sobre las fuerzas de seguridad”, dice a lavaca Gustavo Macayo, abogado del matrimonio de Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, que en 2002 inició la recuperación de sus tierras ancestrales frente a la Estancia Leleque de la multinacional, a pocos kilómetros del actual Pu Lof. Macayo fue una de las decenas de personas de Esquel espiadas por servicios de inteligencia en el marco del intento de aplicación de la Ley Anterrorista a la comunidad de Cushamen en 2015. Es una de las voces especializadas que pueden graficar la mutación de esos territorios.
“Tomé la primera causa en 2002. Ellos ocuparon el predio con la idea de que era fiscal y no tenía propietario, porque ese lugar no forma parte de las estancias de Benetton. Qué pasa: en algún momento fue cercado por la multinacional. Lo mismo pasa hoy con la Lof en Cushamen: estaba abierto y era tierra fiscal. Las comunidades vecinas continuaban utilizándolo aun cuando lo habían cerrado, para pastoreo y sin hacer ocupación permanente ni construcciones. El conflicto tomó mucho estado público y pudimos llegar a juicio oral y público en 2004. Allí explotó con mucha fuerza el tema Benetton y las estancias de los ingleses de la Patagonia, que datan de 1896 y se originan en una donación de 10 estancias de 90 mil hectáreas cada una. Es decir: un feudo de 900 mil hectáreas. Eso lo hizo el presidente José Evaristo Uriburu”.
Atilio y Rosa sufrieron desalojos y causas penales. El conflicto motivó la participación del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Viajaron a Italia y se entrevistaron con el propio Benetton, que les prometió la donación de tierras, pero la familia la rechazó: sólo aceptarían la restitución de sus tierras. El Estado reconoció el territorio en el marco de la Ley N° 26.160 (Emergencia Territorial Indígena, se buscará una prórroga en el Senado en los próximos días). “Hoy están conformados como comunidad. La situación de ellos está judicializada, pero suspendido el trámite por la aplicación de la ley” explica Macayo.
Benetton nunca reconoció la derrota. “El poder ya venía ampliándose a partir del Museo Regional Leleque, que lo hizo con ayuda de antropólogos, historiadores y otras personas que se prestaron a armar una narrativa sobre el poblamiento de la Patagonia. Tiene todo tipo de material de archivo y es uno de los museos más grandes de la región, donde Benetton cuenta la historia de la Patagonia. Es muy grave: es una multinacional propietaria de la mayor cantidad de tierras en Argentina”.
La multinacional se fue asentando. Macayo: “Antes cuando sucedía un delito en algún paraje y llamabas a la comisaría de El Maitén, no te podían mandar a nadie porque no tenían móviles. Si tenían, estaban rotos. Y si estaban bien, no tenían nafta. Eso era permanente. Frente al Museo, allí mismo, había una estación de servicio. La empresa compra ese predio y ahí se transforma en una comisaría. A partir de allí en El Maitén y en Leleque hay una cantidad de vehículos policiales modernísimos. También hay una participación a través de obras en las diversas localidades, que lo posicionan como el vecino económicamente más importante de toda la Patagonia: no hay otra empresa que atraviese Neuquén, pase por Río Negro y llegue a Chubut”.

Fuerzas de seguridad y corporaciones
El abogado Gustavo Macayo agrega a lavaca: “Cuando estas empresas ven afectados sus intereses, sean o no legítimos, aparece la mano del Estado más cruel que nunca. Es una constante: pasa con Chevron en Neuquén, con Barrick en San Juan, con Monsanto en Córdoba. También aquí. Maitén y Leleque están militarizados hace años: es impresionante y desmesurado para el nivel de peligrosidad que puede tener el grupo de mapuches que están recuperando el predio. Habría que hacer una pericia muy detallada para determinar si es parte de la reserva Cushamen, de la ocupación original de la comunidad Vuelta del Río o si forma parte de alguna de las estancias. Hasta que no se haga, no podemos hablar ni de delito ni de propiedad privada. Para la comunidad, ese es un predio ocupado tradicionalmente por familias indígenas”.
Celedonio Díaz: “La otra entrada y salida era por Vuelta del Río, un tramo de 25 kilómetros de tierra que cruza por la comunidad del mismo nombre y por el casco de la estancia FitiRwin de Benetton. El edificio de la subcomisaría era propiedad de los hermano Sarquís, abogados ambos, y uno de ellos juez de Cámara de Esquel».
Hector Sarquis, uno de los dos hermanos, fue abogado de José Vicente El Kazen, un empresario que denunció por usurpación a la familia de Mauricio Fermín en Vuelta del Río. Esa denuncia motivó un desalojo violento en marzo de 2003 –muy recordado en la zona- ordenado por el juez José Colabelli, quien en 2004 fue destituido por ese hecho: hoy retornó a los Tribunales de Esquel.
Sigue Díaz: «Los Sarquís explotaron durante muchos años el negocio de ramos generales de la estancia, en el edificio donde funciona ahora el Museo Leleque. Ellos heredaron ese comercio concesionado por los gringos a su padre. Después se hicieron ´dueños´ o compraron por otros medios un predio que lindaba y/o abarcaba parte del actual lof. Vendieron más tarde ese predio de pocas hectáreas a un joven que, luego, falleció. Entonces fue que los Sarquís construyeron el edificio donde funciona la subcomisaría: se instalaron en un cruce de caminos estratégico que llevaba a Cholila y a El Maitén, donde nos deteníamos los viajeros a cargar el combustible. El último encargado se llamó Juan Arbe y estuvo allí hasta que falleció. La recuperación de Rosa y Atilio fue el fusible que les disparó la idea de darle a Benetton una policía más cercana al lugar donde, se preveía, surgirían los conflictos de reclamos de devolución de tierras después de promulgada la ley 26.160”.

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Megaminería, patotas y Cornejo junto a Milei: la asamblea de Uspallata resiste al proyecto San Jorge

Publicada

hace 2 días

04/03/2025

En la localidad mendocina de Uspallata el gobierno provincial junto a la multinacional Solway -radicada en paraísos fiscales, con denuncias de contaminación y agresión a pobladores originarios de Guatemala- buscan imponer (otra vez) el proyecto minero San Jorge, rechazado por la comunidad desde hace más de 15 años. Esta vez la ofensiva se dio a través de la represión (patota de la UOCRA, un vecino detenido y varios allanamientos), y la censura. El rol de la Justicia, los daños y perjuicios de la megaminería en una zona cordillerana y de glaciares, y la resistencia de un pueblo que sigue de pie: “Sin licencia social no hay minería”. El agua como recurso estratégico, y la figura del gobernador Cornejo, que mientras tanto se encuentra junto a Karina Milei en la «feria minera más importante del mundo en Canadá».

Por Francisco Pandolfi

Uspallata es una localidad del departamento de Las Heras, en el norte de Mendoza, que está a 120 kilómetros de la capital provincial y a 90 del paso fronterizo con Chile. Es un sitio estratégico: pasa la ruta del Mercosur. E histórico: albergó el Paso Sanmartiniano y el Camino del Inca. Uspallata es el pueblo argentino más grande a menor distancia del cerro Aconcagua (62 km). Y es, también, el epicentro donde el gobierno mendocino junto a la empresa multinacional Solway Holding, buscan imponer (por enésima vez) un proyecto minero de cobre, oro y plata, sin la licencia social y pese a la vigente Ley 7.722 que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua.

Al proyecto minero San Jorge (PSJ) intentan instalarlo desde 2007, y es desde ese entonces que tiene la resistencia de la población. A inicios de este año volvió la ofensiva gubernamental y empresarial, sostenida en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Volvió con la fuerza de los millones, y también de la censura y la represión.

Megaminería, patotas y Cornejo junto a Milei: la asamblea de Uspallata resiste al proyecto San Jorge — La bandera de la asamblea: «Toda la cuenca del Río Mendoza, protegida».

¿Qué está pasando en Mendoza?

A fines de enero se inauguró en Uspallata una oficina de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros, en un acto al que acudieron empresarios del sector, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, así como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Nora Moyano tiene 73 años e integra la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza. Le dice a lavaca: “El intendente, que en un año de gestión no fue nunca a Uspallata para conocer las necesidades de la gente, apareció para este acto acompañado por la patota de la UOCRA. Vinieron a amedrentar a las vecinas y vecinos de Uspallata en contra de la minería. A uno de nuestros compañeros la patota de la UOCRA se le vino encima, le rompió el tabique, y un vecino comerciante, para evitar que le siguieran pegando agarró un matafuegos de un negocio y le tiró el polvito (sic) para que se fueran”. Agrega Nora: “Este vecino se llama Mauricio Cornejo y el lunes 24 de febrero iba caminando por la calle del pueblo y lo detuvieron. Desde ese día está preso. A eso hay que sumarle varios allanamientos a vecinos de las asambleas. Es una locura lo que está pasando. Es tal la ambición y codicia que avanzan y ya no respetan ni las mínimas leyes de nuestras libertades democráticas. Defender el agua y los bienes comunes no es delito. Delito es llevar a la patota de la UOCRA a pegarle a los vecinos”.

El artículo 213 bis

Eugenia Segura conforma la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que denuncia la persecución del gobierno provincial con Alfredo Cornejo (UCR) al mando. Alfredo y Mauricio tienen el mismo apellido, pero no son parientes. Uno es el gobernador de Mendoza. Otro, está preso. Eugenia dice que “el foco y el ojo” de lo que pasa en su pueblo “hay que ponerlo en el artículo 213 bis del Código Penal”. Explica el por qué: “La figura penal que se agarran para detener a Mauricio apunta a convertir toda forma de protesta y organización en algo que puede ser tildado de terrorista; no importa si hacés algo que esté contra la ley o no, igual te pueden imputar porque hay un otro que se supone hizo algo ilegal y es de tu organización, lo cual debería ser completamente inconstitucional. Es inadmisible que corran el arco de los derechos humanos como lo están haciendo”.

El artículo 213 bis fue incorporado al Código Penal en 1984 y refiere al delito denominado de “prepotencia ideológica”, y apunta contra quien “comete, organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena es de 5 a 15 años de prisión.

Exclama Nora Moyano: “Estamos sufriendo una persecución y en esta peligrosidad nos encontramos. No puede ser que a tantos años de recuperar la democracia todavía esté en vigencia un artículo que nos quieren aplicar a todos los que somos de las asambleas socioambientales por defender el agua y los bienes comunes”.

Censura

En el marco de un ciclo de cine y ante la ofensiva minera, el 14 de febrero se iba a proyectar en el Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el documental “HAM, historia del agua en Mendoza”, sobre cómo el pueblo revirtió la derogación de la Ley 7722 en 2019, que además de la decisión del entonces gobernador Rodolfo Suárez (UCR), también contaba con el apoyo del presidente de la Nación, Alberto Fernández (PJ).

El Mendoaguazo

Se iba a proyectar, hasta que desde parte de la comisión directiva del club la dieron de baja por ser una película “politizada”. Rápidamente se consiguió otro lugar (la radio comunitaria La Mosquitera), pero no cesó el hostigamiento. Bernardo Blanco es el director de HAM y le cuenta a lavaca: “Desde temprano se empezó a presentar la policía y a preguntar si iba a realizarse una manifestación por el agua o qué íbamos a hacer. Primero vinieron dos agentes, luego cuatro y después ya eran nueve. ¡Un montón! Tenían la intención de entrar y pudrirla”. A partir de este nuevo amedrentamiento, se pensó la idea de hacer funciones simultáneas de HAM: el sábado pasado se realizaron 29 en Mendoza y 46 en todo el país. Dice Bernardo: “Fue muy fuerte la respuesta de la gente en todo el país. Esto va más allá de los nombres propios y de la película, lo interesante es el fenómeno social/cultural/político que se pone de manifiesto con tantas proyecciones simultáneas”.

HAM es un documental independiente que “cumple la ley de cine, califica apta para todo público y tuvo su estreno en salas comerciales. Esto lo digo para acentuar aún más los intentos de censura y la presencia policial”, destaca el director.

HAM puede verse de manera gratuita en la plataforma BAFilma.

El fondo de la cuestión

¿A qué se oponen quienes se oponen al proyecto San Jorge?

Nora: “Nuestra provincia tiene agua por el deshielo de los glaciares de la Cordillera de los Andes. Por ella vivimos, cultivamos; por ella ustedes conocen la vid de la que hacemos el vino. Eso defendemos: el agua, nuestros bienes comunes, nuestros glaciares. Con los explosivos que usan en la megaminería van a destrozar las vegas alto andinas (pequeños oasis en el desierto). El polvillo que generan no se auto consume y en esa zona de vientos fuertes irá hacia los glaciares. La contaminación no sólo afectará a Uspallata: el río Mendoza es una cuenca que atraviesa toda la provincia y cuyo cauce desemboca en Neuquén, Río Negro, La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires”.

Eugenia: “Uspallata es un pueblo de montaña que está en un valle. En Mendoza tenemos solamente tres oasis, el norte, el centro que es el valle de Uco y el sur. En el norte, donde está Uspallata, nace el río Mendoza que abastece al Gran Mendoza, donde vive la mayor parte de la población; más de un millón de habitantes beben de ese río, que riega las más de 250 mil hectáreas de malbec y que también sostiene el cuarto polo industrial del país. Uspallata se ubica en las nacientes de este río que el proyecto megaminero va a contaminar. Estamos protegiendo el área natural Uspallata- Polvaredas, patrimonio cultural, natural, paisajístico, un lugar bellísimo. Lo estamos haciendo desde hace más de 15 años de manera pacífica, y así seguiremos”.

Nora Moyano (a la izquierda) y parte de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza, en una de las movilizaciones en Uspallata.

El rol de la Justicia

Otro actor clave en este conflicto es la Corte Suprema de la Nación, que en 2021 se hizo eco de la apelación de la minera San Jorge ante la ley 7.722 y declaró inconstitucional un puñado de palabras del artículo 1, que hacía referencia a la prohibición de “otras sustancias tóxicas similares”.

Este era el Artículo 1° completo:

A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.

La Corte Suprema eliminó el “otras sustancias tóxicas” y consideró constitucional el resto de la ley. ¿Qué permite esa eliminación? Detalla Nora: “El fallo facilita la explotación de proyectos mineros que utilicen otras sustancias también muy contaminantes y dañinas para la salud, como el xantato, la poliacrilamida y otras, que están incluidas en la ley de residuos peligrosos y son prohibidas. Son tan graves como el cianuro y el mercurio, así que ahora está abierta la puerta para que revienten nuestra cordillera, nuestra montaña, pasarla por una sopa química por el proceso de flotación a través del xantato o la poliacrilamida”.

Daños y perjuicios

¿Qué perjuicios trae el Xantato? Enumeran desde las asambleas:

-No sólo es altamente tóxico para la salud humana y de animales y plantas, sino que además es muy inflamable, explosivo y reactivo.

-Su combustión produce gases irritantes, corrosivos y/o explosivos.

-Reacciona violentamente al contacto con el agua y el dióxido de carbono, generando disulfuro de carbono, más tóxico aún.

-La inhalación de subproductos gaseosos de sus reacciones al contacto con el agua y el aire puede causar lesiones o la muerte.

-El contacto con la piel u ojos puede causar severas quemaduras.

-Las fugas pueden causar contaminación.

Retoma Nora: “El gobierno mendocino está tocando las leyes ambientales para adaptarlas a este negocio. Por ejemplo, el código de minería lo reformó Cornejo a sus intereses; tampoco cumplen la ley de glaciares, ni de bosque nativo. Sólo arrasan y arrasan. También acaban de presentar el plan maestro donde se revierten las históricas prioridades de la Ley de Agua, (que data de 1884 en Mendoza), y que establece que primero está el consumo humano, el riego agrícola, los árboles, las industrias, no la minería. Si llegaran a votarlo en la Legislatura, que es lo más probable porque casi no hay oposición, el gobernador tendrá la potestad de hacer lo que quiera y eso será gravísimo para los mendocinos. Están constituyendo, como decía Jauretche, un nuevo estatuto legal del coloniaje”.

La preocupación en Nora se le nota en su habla acelerada. “No tenemos problemas con la minería común, tanto la ripiera, como la cementera. Estamos en contra de la megaminería metalífera hidrotóxica que llevan adelante megacorporaciones internacionales como Solway, que además de estar radicada en paraísos fiscales, tiene denuncias de contaminación y agresión a pobladores originarios de Guatemala. A esa gente no la queremos. No queremos su violencia. Y como decimos junto a Víctor Jara, tenemos derecho a vivir en paz”.

Viernes 7 de febrero, Ciudad de Mendoza. Manifestación contra el proyecto minero San Jorge.

Un pueblo de pie

El pueblo mendocino dio una lección en 2019 de cómo organizarse (y vencer) al tándem lobby minero y apoyo estatal. En aquel entonces, enormes movilizaciones en toda la provincia torcieron la votación de diputados y senadores en sólo 10 días. Seis años después, Mendoza vuelve a estar en alerta. Cuenta Nora: “A raíz de todos estos atropellos volvimos a salir a la calle. Hicimos multitudinarias manifestaciones en Uspallata y en la Ciudad Capital. A mucha gente le parece increíble que nuevamente quieran hacer lo que no lograron en el 2019, pero hay motivos”. Describe: “Tenemos un gobernador lamebotas del presidente, que hasta salió a defender lo que dijo Milei sobre el saludo nazi de Elon Musk. Así de bestial. Cornejo es un alfil de Milei y hay muchos intereses económicos por encima de las necesidades y decisiones de nuestro pueblo. Volvieron a la carga porque sienten que tienen más poder aún que antes, por la ligazón con la Casa Rosada”.

Cornejo acompañó a la Ley Bases, al Rigi y al Pacto de Mayo. Ahora mismo, al cierre de esta nota, está en Canadá junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros cinco gobernadores (San Juan, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y La Rioja) en la PDAC 25, la feria minera más importante del mundo.

Cierra Nora: “Cornejo durante todos estos años generó una especie de suma del poder público: tiene a su favor el poder judicial y también el legislativo, que le vota todo. Construyó una red muy fuerte de contención, y al frente de toda esa telaraña estamos nosotros, de pie, nunca arrodillados. Y así seguiremos, defendiendo nuestro patrimonio, defendiendo lo que es nuestro”.

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57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

hace 6 días

28/02/2025

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

www.observatorioluciaperez.org

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Trabajadores de Morvillo toman la fábrica tras el anuncio del cierre de la planta, que implica 200 despidos

Publicada

hace 1 semana

26/02/2025

Una histórica empresa gráfica de Avellaneda -donde se imprimen títulos de la editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias– anunció su cierre dejando a 200 trabajadores en la calle. Se enteraron por un comunicado pasadas las once de la noche del martes y la respuesta fue unánime: ingresaron a la imprenta e iniciaron una permanencia pacífica en defensa de los puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la firma faltó a la audiencia. Los argumentos empresariales de caída de la producción y los argumentos obreros: “Somos las principales víctimas de esta situación”.

Por Lucas Pedulla

El obrero gráfico Enrique Andina terminó su jornada de trabajo en Anselmo Morvillo SRL a las 22 horas y se marchó a su casa, como todos sus compañeros, como todos los días. Muchos estaban llegando a sus hogares cuando pasadas las 23 horas les llegó un comunicado de la histórica imprenta, que terminaba de la siguiente manera:

“Con una tristeza difícil de describir tenemos que contarles que ya no podemos seguir adelante. Sabemos acerca del impacto, no sólo económico, sino emocional que tiene para cada uno dejar parte de nuestra historia en el recuerdo, y los relatos que hemos compartido siempre con nuestras familias. Le dejamos a cada uno de ustedes, nuestra gratitud por su invaluable esfuerzo y el deseo de que todos puedan superar este trago amargo con la capacidad de levantarse que los caracteriza”.

El texto cerraba con esta firma: “La Dirección”.

Así como llegaron a sus casas, los obreros volvieron a la gráfica, ubicada en Avellaneda, municipio al sur del conurbano bonaerense. Andina contextualiza: “Somos 200 compañeros; yo tengo 17 años de trabajo y muchos tienen más de 30 y 40 años de antigüedad. En la pandemia vivimos una situación similar pero logramos mantener nuestras conquistas. Somos la gráfica que más cobraba dentro del gremio, pero esto fue imprevisto”.

La respuesta fue unánime: los trabajadores votaron la permanencia.

Avon, papel & toma

Anselmo Morvillo SRL inició sus actividades en 1974 desarrollando folletos cosméticos. En su página web cuentan que en 1988 incorporó la primera rotativa de tecnología de punta, “única en el país en esa época”, y sumó la segunda tres años después. Cuentan que crecieron más del 70% en la segunda década de los noventa y que hoy, en su planta de 13500 metros cuadrados de Avellaneda, los folletos comerciales representan un 70% de la producción, mientras que los trabajos editoriales significan el 30% restante. Andina cuenta que, entre las publicaciones, se encuentran títulos de la Editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias.

En el comunicado que “la Dirección” les mandó a los obreros, a quienes se refirió como “queridos compañeros de tantos años”, la empresa expresó su posición:

“Hemos atravesado las reiteradas crisis económicas de nuestro país, los cambios en el mercado gráfico con la marcada implosión por el avance tecnológico y el comportamiento poco ético de algunos de nuestros colegas competidores”.
“Fuimos golpeados por la Presentación en Concurso de algunos de nuestros clientes y por la Quiebra de nuestro cliente número dos, ARCA Distribuidores. Luego, a la escalada de precios internacionales de la mayoría de los insumos y repuestos, se le sumó la exigencia de pago anticipado del papel y la desaparición del crédito internacional. Todas situaciones que enfrentamos con mejor éxito que muchos de nuestros colegas”.
“En el año 2014 RR Donelley cerró su planta de Argentina, en enero de 2016 AGR también cerró sus puertas, y en enero de 2020 IPESA cerró la mayor parte de su operación”. Una aclaración: tras el abandono empresarial, Donelley fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras y, hoy, es una cooperativa gestionada sin patrón.

La empresa describe un contexto “tan negativo” en el que inscribió la caída del 63% del volúmen de producción: “Avon, que como bien saben representa más de la mitad de nuestro trabajo, dejó de imprimir catálogos y mudó su comercialización a internet. Esto nos dejó en una situación económica y financiera terminal”.

Los trabajadores respondieron con la permanencia pacífica y otro comunicado que respondía los argumentos de la empresa: “Todos factores ajenos a la responsabilidad de los trabajadores, que somos las principales víctimas de esta situación”.

Gris de espera

Enrique Andina integra la Comisión Interna y explica: “Estamos en permanencia pacífica para preservar las fuentes de laburo. A lo largo del día se hizo presente el sindicato. Exigimos una presentación en el Ministerio de Trabajo y también hicimos un pedido de plenario de delegados para discutir con todos los delegados los pasos a seguir”.

El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no se presentó a la audiencia. “Está incumpliendo -dice Andina-. Mientras tanto, nosotros seguimos sin tener comunicación de la empresa. Tampoco atienden los teléfonos. La última comunicación oficial fue el comunicado de anoche. Eso deja un gris, porque estamos en la calle sin un mango, pero no hay un telegrama de despido ni nada”.

Los trabajadores tienen sólo rumores, desde un cierre definitivo hasta la posibilidad de la llegada de inversionistas “que reclaman despidos masivos”, según denuncian. “Se olfateaba que la situación venía rara, pero nadie pensó que todo fuera de esta manera -dice-. La convocatoria acá fue masiva, y agradecemos también que se acercaron de otras ramas, como médicos del Garrahan. La intención es difundir el conflicto y rodearlo de solidaridad para lograr lo que necesitamos, que es que la patronal se siente a discutir”.

Mientras esperan, en las próximas asambleas decidirán los pasos a seguir: “Es un golpe fuerte, pero uno tiene que estar fuerte, también, por la familia. La mayoría de los compañeros son sostén de hogar. Estamos dispuestas a lucharla hasta el final y no aflojarle hasta encontrar una solución, que es sostener las fuentes de trabajo con las mismas condiciones que teníamos hasta ayer antes de recibir el comunicado”.

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