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Deshacer la guerra

Aunque plagado de incertidumbres, el posconflicto abre las puertas a una Colombia más plural y menos oligárquica. Es sólo una posibilidad. Por Raúl Zibechi, en Brecha.

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Aunque plagado de incertidumbres, el posconflicto abre las puertas a una Colombia más plural y menos oligárquica. Es sólo una posibilidad. Por Raúl Zibechi, en Brecha.

Deshacer la guerra

Expectativa y festejos en Medellín ante la firma del acuerdo de paz en La Habana / Foto: AFP, Raúl Arboleda


El miércoles 23, víspera de la firma del alto el fuego definitivo en Colombia, las calles de Bogotá lucían inquietas. Miles de hombres y mujeres engalanados con las camisetas de la selección nacional de fútbol estaban seguros de la victoria ante Chile por la Copa América Centenario. La guerra es una realidad lejana para los habitantes de las ciudades, se enteran de ella por los medios, y no afecta sus vidas cotidianas.
El acuerdo, que para los medios era un hecho “histórico”, fue percibido de otro modo, más escéptico, por la población colombiana. No por razones ideológicas sino porque conoce de primera mano –ya que es la principal interesada en el asunto– las enormes dificultades que tendrá la paz para pasar de los papeles a encarnarse en la realidad.
Aunque no será el único acuerdo, el firmado el pasado jueves 23 es el más importante en el largo proceso de paz de cuatro años. Luego de callar las armas, los combatientes de las Farc se reagruparán en 23 zonas. Este es uno de los aspectos centrales del proceso y quizá el punto más vulnerable. La guerrilla cuenta con 6.770 combatientes y 8.500 milicianos que están organizados en 88 estructuras dispersas en todo el país, entre los “frentes” y las “columnas móviles”. La comandancia de las Farc pedía que sus combatientes se ubicaran en 80 sitios, con el argumento de que es en esas zonas donde tienen una presencia histórica y relaciones con los campesinos y la población rural. Pero se ha optado por un número más reducido, a pedido de la misión de las Naciones Unidas, encargada, junto a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), de coordinar y verificar los pasos que van a dar el gobierno y la guerrilla.1
A través de ese mecanismo se busca evitar que continúen los combates y acciones armadas que, aun siendo aislados, pueden dinamitar todo el proceso. En ocasiones anteriores, es decir en pasados acuerdos de paz, cuando las tropas guerrilleras se concentraban era el momento en que las fuerzas armadas o las paramilitares aprovechaban para atacarlas, algo que llevó a la guerrilla a aceptar menos sitios de reagrupamiento a cambio de mayor protección de la comunidad internacional. Por eso este punto fue el más largamente negociado en La Habana y el que postergó la firma del acuerdo.
En esas 23 zonas los guerrilleros harán entrega de sus armas en unos 180 días, aunque el de-sarme comenzará en dos meses y será gradual. Los efectivos de la guerrilla permanecerán en esas regiones, que es donde cuentan con apoyo de la población, para realizar el tránsito hacia un movimiento político legal.
Un plebiscito popular será el broche final de todo el proceso, pero esta eventualidad aún debe ser aprobada por la Corte Constitucional.
El Estado se comprometió a garantizar la seguridad de los de­sarmados, primero en las zonas donde se reagrupen y luego en todo el país, para evitar que se repita la persecución sufrida por la Unión Patriótica en la década de 1980, cuando no menos de 2 mil de sus militantes, surgidos en su mayor parte de las Farc, fueron asesinados por grupos paramilitares vinculados al ejército y al narcotráfico. La presencia activa de redes de paramilitares desmovilizados bajo el gobierno de Álvaro Uribe que atentan contra defensores de los derechos humanos y activistas sociales es uno de los aspectos más complejos del posconflicto.
LÍMITES DE LA PAZ. El amplio apoyo que recoge la paz entre los empresarios quedó estampado en una encuesta publicada el mismo día de la firma del acuerdo por el diario de negocios Portafolio. Los empresarios manifestaron su optimismo en que se logre potenciar la inversión y el crecimiento del país, en momentos en que la “locomotora minera” atraviesa dificultades por la caída de los precios internacionales.
Incluso la mitad de los empresarios se muestran favorables a emplear a ex guerrilleros, aunque la mayoría descarta contratarlos en el área de seguridad (Portafolio, 23-VI-16). Un buen desempeño de la economía es considerado como la mejor garantía para evitar que los antiguos combatientes de todos los bandos reincidan en el uso de las armas. Pero nadie puede garantizar el futuro económico, menos aun en un país que sigue siendo exportador de productos primarios.
La segunda dificultad proviene de quienes se oponen a la paz, como el Centro Democrático que lidera el ex presidente Álvaro Uribe, siempre firme en sus críticas a los acuerdos. El “uribismo” tiene buenas relaciones con los militares y también con los paramilitares desmovilizados y en activo, que ahora responden a nuevos nombres pero mantienen la actividad ilegal. Toda Colombia sabe que este es el escollo principal, y que Uribe conserva un elevado apoyo popular que puede hacer descarrilar todo el proceso.
Pero el ex presidente tiene sus puntos flacos, que pueden ser aprovechados por el actual mandatario, como sus probados vínculos con el narcotráfico. Si hubiera voluntad política para hacerlo, Uribe podría acabar tras las rejas. Lo que las fuerzas del ex presidente están mostrando, en todo caso, es que tanto el aparato estatal como la cultura política hegemónicas están aún modeladas por cinco décadas de guerra y que ese otro desarme llevará mucho más tiempo que la entrega de las armas de las Farc.
Prueba de todo esto es la existencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que –como señaló el comandante de las Farc Timoleón Jiménez–, “sigue triturando a los colombianos”, así como el recién aprobado Código de Policía, los asesinatos de jóvenes en Barrancabermeja a manos de paramilitares y el uso del aparato judicial para llevar a la cárcel a luchadores por la paz (Colombia Informa, 24-VI-16).
En el reciente paro de 15 días realizado por la Cumbre Agraria, que agrupa a sindicatos agrícolas y movimientos campesinos, se registraron tres indígenas muertos, decenas de heridos por armas de fuego y más de cien presos por cortar carreteras y hacer manifestaciones. Tanto los cuerpos armados del Estado como parte de la población colombiana consideran a la protesta social como parte de la estrategia de la guerrilla. El Congreso de los Pueblos, una de las más importantes organizaciones sociales del país, señaló que “es de vital importancia que se haya llegado a un acuerdo sobre las medidas que el gobierno deberá tomar para el desmonte de las estructuras criminales de extrema derecha que conspiran contra la paz y la democracia; sabemos que sólo la más grande movilización y vigilancia social las harán efectivas y las profundizarán para avanzar en el desmonte del terrorismo de Estado, una tarea ineludible en la construcción de la democracia colombiana”.
Finalmente, la otra guerrilla, el Eln, integrada por más de dos mil combatientes, según el Ministerio del Interior, debe seguir los pasos de las Farc para completar el desarme de todo el espectro de izquierda. Es muy probable que en ambos grupos existan sectores reacios a incorporarse a la vía institucional, que pueden crear situaciones muy complejas en este largo proceso plagado de escollos.
Habrá que desmontar también ideologías que alimentan los conflictos, como la que profesa Joaquín Villalobos, ex guerrillero salvadoreño y hoy asesor del gobierno colombiano: “Estamos ante el final de un conflicto que comenzó con el asalto a un cuartel en Cuba hace 63 años, pero que luego se extendió por todo el continente” (El País, Madrid, 25-VI-16). Curiosa forma de ver el conflicto colombiano. Villalobos podría haber citado el 9 de abril de 1948, fecha del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, que todas las fuentes responsables consideran como la del inicio de la guerra que ahora está agonizando. Pero prefirió mencionar el ataque al cuartel Moncada, en Cuba. No es un error sino un horror. Seguir ocultando las razones de los conflictos y atribuirlos a “ideologías foráneas” o al ex campo socialista es una de las mentiras difundidas durante seis décadas por el Pentágono para aceitar los mecanismos de la muerte.

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

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Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial.  Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal.  Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos  los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en  el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia. 

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

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Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes, resaltó.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

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