Nota
Rosario: el asesinato es una religión cotidiana
El homicidio del ex concejal de Ciudad Futura y pastor evangélico Eduardo Trasante, padre de Jeremías, uno de los chicos de un movimiento social asesinados en 2012 en Villa Moreno, Rosario. La cárcel, el contacto con los que mataron a su hijo, los juramentos narco en Rosario y la nota de MU en la que Trasante y otrxs familiares de las víctimas explicaban cómo movilizarse, cómo superar el odio, describían la realidad de los barrios y anrticipaban lo que sigue ocurriendo en tiempo presente.
Eduardo Trasante, quien como pastor evangélico atendió y asistió en la cárcel a los autores del crimen de su propio hijo, fue asesinado de un balazo en la cabeza, disparado con puntería y sin palabras en su casa de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dijo alguna vez a MU sobre cómo hizo para evitar que lo ganara el odio frente a quienes balearon a su hijo Jeremías, que tenía 17 años: ”Lo que se piensa debe ser filtrado por el corazón. Aprendí eso. Pero aprender no es saber, sino aplicar lo que se sabe”.
Como pastor había trabajado siempre en los barrios y las cárceles, cercano a movimientos sociales como el 26 de Junio e integrando luego el partido Ciudad Futura.
Este martes 15 de julio a las 14.47, según las cámaras callejeras, dos personas llegaron hasta el lugar y obligaron a la compañera de Eduardo a guiarlos hasta él. Un balazo dio en su mano: acaso un reflejo para cubrirse. La bala definitiva le perforó la frente.
Los asesinos salieron seis minutos después, a las 14.53. No se conoce aún la causa, pero se sabe que no fue un robo. El diputado provincial y periodista Carlos Del Frade enmarcó el asesinato en lo que viene explicando hace años: “No fue venganza, esto es un mensaje político mafioso, para que no se desarticulen los enormes mercados de armas que hay, el narcotráfico y el lavado de dinero”.
Del Frade explicó que desde dentro de la cárcel sigue habiendo una lucha por el control del negocio narco: “Han juramentado tirar un muerto cada día para que se empioje la política y no se saque de lado las mafias de las fuerzas de seguridad”. La violencia narco podría ser considerada una epidemia, aunque mata mucha más gente que el Covid-19. Sus víctimas ni siquiera deben pasar por las terapias intensivas.
En seis meses hubo en Rosario más de 100 homicidios. Tal vez no sean todos casos el negocio narco, pero la contabilidad de los cadáveres, sin contar los feriados, se acerca a poder cumplir el juramento carcelario.
Matando jóvenes
Eduardo Trasante era el padre de Jeremías, Jere, que tenía 17 años cuando en la en las primeras horas de 2012 fue asesinado también a balazos junto a dos de sus amigos, Adrián Patóm Rodríguez (20) y Claudio Mono Suárez (19), por una banda narco. Se lo conoció como el Triple Crimen de Villa Moreno. Se supone que fue un error: los narcos los confundieron con otra banda de “soldados” de la droga. Un libro de homenaje a los tres chicos muertos se llamó Soldaditos de nadie.
Otra posibilidad, tal vez no opuesta sino complementaria a la anterior: los chicos participaban en el movimiento social 26 de junio en el barrio, una de las instancias de contención y desarrollo de la vida en términos no delictivos que existen en esos (y tantos) territorios. La participación en el movimiento había cambiado la vida de esos jóvenes, por lo pronto alejándolos de la droga y el mundo narco. En barrios como Villa Moreno, el Estado sigue siendo muchas veces un fantasma o, peor todavía, un actor necesario para que el crimen fluya gracias a lo que hacen y dejan de hacer las policías.
Trasante se dejó evangelizar de algún modo por lo social. Contó aquella vez a MU sobre la incidencia que tuvo en su hijo Jere el trabajo en el movimiento social: “Le hizo muy bien empezar en el M26 porque vimos un cambio extraordinario, muy particular: salir de las drogas, y con un entusiasmo que no había puesto ni en casa ni en los estudios”.
Dijo también: “El triple crimen rompe el corazón del barrio, pero por todo lo que nos movilizamos con el apoyo del Movimiento, se generó una apertura y apoyo de la gente”.
Por esa masacre fueron acusados a fines de 2014 los integrantes de la banda Los Quemados, cercana a la de Los Monos: Sergio Quemado Rodríguez, 44 años, Daniel Teletubi Delgado (24), Brian Pescadito Sprio (26) y Mauricio Chupín Palavecino (23). Sprio terminó absuelto, Rodríguez quedó condenado a 32 años de prisión, Palavecino a 19 y Delgado a 26.
Trasante, como capellán carcelario durante casi 20 años, conoció a los que intervinieron en el crimen de su hijo.
Contó a MU: “Estuve con dos de la banda de Los Quemados. Uno se escondía. Al final hablamos, reja de por medio. Me preguntó por qué iba a hablar con gente como él, si yo sabía lo que había hecho. Le dije que mi tarea es una pasión por los privados de libertad. Que Dios me dio amor para llegar al preso. Se largó a llorar y cayó a mis pies. Yo podría haberle roto la cabeza contra la reja, o podría haber aceptado la oferta de los presos: si yo decía ‘mátenlos’, asesinaban a cualquiera de los que mataron a mi hijo. Pero uno camina otros principios. Sé que hay una justicia bastante injusta y corrupta, pero creo en otro tipo de justicia”.
Cuando le preguntamos si su trabajo en las cárceles le sirvió para detectar si los presos pueden cambiar a salir, dijo: “La mitad no”.
Luego de aquella conversación, Trasante se unió a través del 26 de junio al partido Ciudad Futura, lo nominaron primer candidato a concejal y ganó la banca en 2017. Un año después fue denunciado por acoso, por lo que renunció inmediatamente a su banca, se alejó de Ciudad Futura y se sometió a un protocolo contra el abuso machista. Otro de sus hijos también había sido asesinado tras una pelea en un boliche. Su primera esposa, la mamá de Jeremías, había muerto de un tumor cerebral. Así son las cosas, mientras habrá que ver de qué modo se comporta el poder judicial.
Aquí reproducimos aquella nota de MU. Una investigación y una conversación con Eduardo, el papá de Jere, Lita, mamá de Mono, y Maxi, hermano de Patóm, que prefigura mucho del presente en el que, efectivamente, aprender no es saber sino aplicar lo que se sabe.
Triple prueba
El asesinato de Jere, Patóm y Moro: la hora del juicio. Una pelea territorial de narcos sembró tres muertes que marcaron una diferencia: los chicos pertenecían a una organización social, sus familiares se movilizaron y lograron vencer la impunidad. Hoy acampan frente a Tribunales para garantizar que se haga justicia. Por Sergio Ciancaglini.
La banda de narcotráfico rosarino conocida como Los Quemados no la tiene fácil. Mientras esta nota está siendo escrita y leída, ocurre algo inusual: tal vez se haga justicia.
Rosario es la ciudad con más crímenes violentos del país. Es, a la vez, la que tiene la menor tasa de esclarecimiento: la mitad. Pero este 11 de noviembre comenzó el juicio oral y público por los asesinatos de tres jóvenes, obviamente pobres y de barrios periféricos. Y Los Quemados están probando la textura del famoso banquillo de los acusados.
Los asesinados eran tres amigos de Villa Moreno: Jeremías Jere Trasante (17 años), Adrián Patóm Rodríguez (20) y Claudio Mono Suárez (19). Además integraban una organización barrial: el Movimiento 26 de Junio, cuestión que los había alejado de la oferta habitual de sustancias psicoactivas y alcohólicas. Tres jóvenes con el cerebro en funciones, y con ganas de hacer su vida.
No los dejaron.
Los narcos, como otras profesiones criollas, ejercen un mal mayor: la crueldad. Pero no son ajenos a un mal nada menor: la imbecilidad. La hipótesis más firme es que Los Quemados, buscando venganza, mataron a estos tres chicos por error.
¿Por qué en este caso se llegó a un juicio, contra los usos y costumbres locales? Para entender ese enigma, en la Agrupación Infantil Oroño, junto a la canchita de fútbol, en el mismo banco de madera en el que los chicos pasaron muchos minutos de sus vidas incluyendo los últimos, están Lita, mamá de Mono, Edu, papá de Jere y Maxi, hermano de Patóm.
Lita Gómez es la que empieza a contar algo que casi nunca se entiende: ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un crimen?
Ser hijo es un trabajo
«El 1º de enero de 2012 a las 3 y media de la madrugada le avisaron a un sobrino que Mono estaba en la canchita, con otros pibes, herido. Yo vivo acá, a media cuadra. Estábamos en casa festejando el Año Nuevo con música, todos en ronda. Tengo 12 hijos, en realidad ya no, tengo 9. Estaba mi ex marido con su familia, mis nueras, mis nietos, los más chiquitos bailaban, la música estaba al palo así que no escuchamos. Mi sobrino salió corriendo. No me dijeron nada pero yo también salí corriendo. Todos venían para la canchita”.
Lita lleva los anteojos de lectura incrustados en el pelo, tiene un vestidito con el dibujo de una flor, y en la espalda la imagen de Jere, Mono y Patóm. Habla entrecerrando los ojos, como si estuviera viendo las imágenes de aquel infierno.
“Cuando llegué, el Mono estaba allá (señala a unos 20 metros del banquito) tirado contra las casas. Decía que tenía frío. No había luz, estaba todo oscuro. Uno de mis hijos se sacó la remera para abrigarlo. Pero Mono estaba como mojado: cuando quisimos levantarlo nos dimos cuenta de que estaba lleno de sangre y barro, se ve que se había caído en la zanja”.
“Decía: ‘mami, tengo frío, miren que allá en el banquito están el Jere y el Patóm heridos. Vayan a ver’. En ese momento prenden la luz del club y se vio que había policías ahí, parados, con las manos atrás. Los chicos tirados en el piso. Jonathan, otro de mis hijos, fue a buscar el auto, lo cargaron al Mono, todo el camino decía ‘tengo frío’. Yo le decía: ‘Bueno Mono, aguantá’. El hermano le gritaba: ‘No te vas a morir’, y yo le decía ‘no me vas a dejar sola, aguantá’. Mono decía: ‘aguanto, pero me duele mami, y tengo frío’. Cuando llegamos al hospital me dijo ‘mami ayudame a respirar’. Levantó los brazos y me agacha la cabeza para que yo le de respiración. Le sentí fría la boca. Cuando me levanto para tomar aire, se le cayó la manito”.
“Llegaron los médicos. Él era grandote, gordo. Lo suben a la camilla. Ahí trajeron a Patóm en un auto y a Jere en una chata. Un montón de gente lloraba. Al rato, me llamaron, me dieron la ropa y me dijeron que estaba muerto. Yo tiré la ropa y les dije que se fijen bien, ¿cómo va a estar muerto? Después no me acuerdo nada. Y después estábamos todos gritando, llorando, abrazándonos. En realidad no lo podíamos creer. Supe que le habían pegado como 8 tiros. Tenía balazos hasta en las manos”.
¿Por qué estaban en la canchita? “Era su lugar de encuentro, iban a salir los tres. ‘Gordita’, me decía así, ‘nos vamos a festejar a otro lado porque acá andan a los tiros’. Le dije ‘cuidate’. Me dijo ‘vamos con los pibes, mañana te llevo a pasear’. Cuando yo le decía que buscara un trabajo me decía: ser hijo tuyo es todo un trabajo. Hacía los mandados, changas con el padre, peleaba con los hermanos, un chico grande, sin maldad”, dice Lita con una sonrisa, hasta que levanta los ojos que empiezan a inyectarse: “De golpe lo ves que se está muriendo, y él no quería, porque me decía: mami ayudame a respirar”.
La Itaka en el pecho
Maximiliano, el hermano de Patóm: “Me avisaron que mi hermano estaba herido, salí, estaba todo oscuro, y una señora me dice ‘andá a buscar un auto para llevarlo al hospital porque está la policía y no hace nada’. Llego con el auto y los policías estaban mirándolos. Estaba Patóm abajo del cuerpo del Jere. El Mono estaba más lejos, no lo vi. Mi hermano estaba lleno de sangre, me agacho para levantarlo y un policía me dice ‘no lo puede tocar’. Le grito: ‘pero está vivo, se está muriendo, llévenlo’. El policía me ponía una Itaka en el pecho. Lo empujé. A Jere lo pusieron en una chata, yo subí al auto a Patóm. Los policías se subieron al patrullero, y en vez de ir adelante para poner la sirena y poder ir rápido, iban atrás nuestro, como paseando”.
Maxi trabaja en una empresa de construcción, tiene 2 nenas. “En el auto mi hermano decía que le dolía la panza. Yo le gritaba que aguante. Y decía: ‘bueno, yo aguanto, pero manejá con cuidado, a ver si chocás y terminamos los dos en el hospital’. Llegamos, lo puse en la camilla y al rato viene un policía y me pregunta si soy familiar de Maximiliano Rodríguez, el hijo de El Quemado. Le digo que yo me llamo así, pero no soy esa persona. ‘Me confundí’, dijo y se fue. Al rato nos anunciaron que habían muerto. Dijeron que era por un ‘paro respiratorio’, o algo por el estilo”.
En Argentina los muertos por torturas o balas policiales, los chicos que cruzan descalzos la General Paz y son atropellados, casos como el de la canchita, o incluso quienes mueren de cáncer en los pueblos fumigados, entre otros rubros que se quieren disimular, suelen figurar fallecidos por paro cardio-respiratorio: otro aporte de la ciencia a la verdad.
La doble venganza
El fusilamiento es el resulado de una secuencia que explica Pedro Pitu Rodríguez, amigo y compañero de los chicos, e integrante del Movimiento 26 de Junio que es parte del Frente Darío Santillán: “Había dos bandas que regenteaban bunkers. La de acá era la banda del Negro Ezequiel, marginal, pibes empastillados que le mejicaneaban kioscos a Los Quemados, una banda mucho más importante que trabaja con la de Los Monos”. Según ha sido evidente en Rosario, eso significa operar con la venia policial.
“Como les robaban los kioscos,y les espantaban a los clientes, el 29 de diciembre de 2011 Maximiliano Quemadito Rodríguez, y dos pibes más balean a uno de acá, Facundo Osuna, de la banda del Negro Ezequiel. El 1º de enero a la madrugada el Negro Ezequiel, con otros pibes en moto buscan al Quemadito, que estaba en su BMW con unas amigas. Le pegan 8 tiros. Se van y se esconden acá en el barrio. Pero no lo habían matado. Los amigos del Quemadito lo llevan al hospital, se ve en las cámaras de seguridad que hablan con el cabo policial, que anota la entrada y después la tacha para que Los Quemados puedan cobrar venganza y no aparezca ahí el motivo. Ahí estaba Sergio Quemado Rodríguez, el padre del Quemadito. Vienen para el barrio. Aparentemente el Negro Ezequiel y su banda habían estado acá, en la canchita, y se fueron sabiendo que venían a buscarlos. Ahí llegaron Mono, Jere y Patóm y Marcelo Moki Suárez, que iban a salir juntos. Llega el Quemado con su banda en una Kangoo, esto era todo oscuridad. Los chabones ven a los pibes, los confunden con los soldaditos del Negro Ezequiel, y los fusilan directamente, cobardemente. Moki pudo escaparse, y por eso es testigo en el juicio”.
Esa matanza dejó como acusados al Quemado Rodríguez, 44 años, Daniel ‘Teletubi’ Delgado (24), Brian Pescadito Sprio (26) y Mauricio Chupín Palavecino (23).
El Quemado dijo que no quiere asistir al juicio porque teme por su vida. En la puerta de los Tribunales, familiares y amigos de las víctimas hacen un acampe que hereda de todas las luchas por este tipo de crímenes un detalle notable: jamás las familias se tomaron venganza. Lo que exigen es justicia.
La pieza de la nena
Maxi: “Al principio decían que los chicos eran soldados, o barrabravas, que era un ajuste de cuentas. Ahí entendí que dicen eso para no hacer nada. Se mataron entre ellos, caso cerrado. Mi mamá decía: ‘nunca nos van a escuchar’. Pero apareció Pitu en televisión, explicó que eran pibes buenos y la policía tuvo que salir a retractarse. Nos vino una alegría, por lo menos paraban de mentir y salimos a la calle a mostrar que no eran narcos ni barrabravas, y a pedir justicia”.
Pitu: “Ponen en el noticiero lo del combate contra el narctráfico, y vienen a los barrios pobres como si el problema fuera acá y no en el centro, donde se consume y donde están los grandes desarrollos inmobiliarios que canalizan la plata, las concesionarias de autos y el poder. Mientras tanto, los kioscos siguen en los barrios porque tienen acuerdo con la policía. No es el tipo de narcotráfico que exporta desde el puerto: es la persona que tenía un maxikiosco en el 2001, y hoy vende la merca desde la ventana de la pieza donde duerme la nena”.
“Desde el punto de vista de los pibes, el narcotráfico les da una identidad: ser el más poronga del barrio. Si custodiás esta cuadra armado, el que pasa agacha la mirada. Una identidad que no te da la escuela, el club o el trabajo formal. El Estado tampoco compite con el narco, ni tiene este diagnóstico: no ofrece nada. Debería estar convocando a las organizaciones barriales para hacer políticas públicas. Pero desconocen olímpicamente lo que pasa en los barrios. La cuestión acá es utilitaria: cortar el eslabón de mando del narcotráfico. Tumbando bunkers no cambiás nada, reemplazás soldaditos, igual que el empresario que cambia al playero de la estación de servicio. El problema es pegarle a la gerencia”.
Maten al asesino
Eduardo Trasante es pastor evangélico de la iglesia Vida para tu vida. Transmite serenidad, tiene una voz profunda y dicen que canta como los dioses, con perdón de la herejía. Pero su hijo Jeremías jamás vivió en la iglesia esa contención y alegría que encontró en el Movimiento 26 de Junio. Eduardo lo reconoció así en el libro Soldaditos de nadie, dedicado a Mono, Patóm y su hijo: “Le hizo muy bien empezar en el M26 porque vimos un cambio extraordinario, muy particular: salir de las drogas, y con un entusiasmo que no había puesto ni en casa ni en los estudios”.
Para Eduardo “el triple crimen rompe el corazón del barrio, pero por todo lo que nos movilizamos con el apoyo del Movimiento, se generó una apertura y apoyo de la gente”. Pitu: “Fue el caso que permitió que se hable del narcotráfico, de la policía como reguladora de la economía delictiva. Con la teoría del ajuste de cuentas nunca se investigaba nada”.
Eduardo levanta la mirada y dice algo tremendo, con calma. “En el asesinato de mi hijo, para mí se hizo justicia. Un año después de lo de Jeremías, asesinaron al hijo del Quemado, el Quemadito, de un balazo que le explotó en la cabeza. No lo celebro. Conocí a ese chico como pastor, fui un papá para él mientras estuvo preso. Ni el padre iba a verlo. Pero siento que Dios hizo justicia”. Eduardo es capellán carcelario desde hace 17 años: “Estuve con dos de la banda de Los Quemados. Uno se escondía. Al final hablamos, reja de por medio. Me preguntó por qué iba a hablar con gente como él, si yo sabía lo que había hecho. Le dije que mi tarea es una pasión por los privados de libertad. Que Dios me dio amor para llegar al preso. Se largó a llorar y cayó a mis pies. Yo podría haberle roto la cabeza contra la reja, o podría haber aceptado la oferta de los presos: si yo decía ‘mátenlos’, asesinaban a cualquiera de los que mataron a mi hijo. Pero uno camina otros principios. Sé que hay una justicia bastante injusta y corrupta, pero creo en otro tipo de justicia”.
¿Cómo hizo para controlar el odio?
“Lo que se piensa debe ser filtrado por el corazón. Aprendí eso. Pero aprender no es saber, sino aplicar lo que se sabe”.
¿Cambian los presos al salir?
“La mitad no”.
Lita: “Estos no creo que cambien. Ojalá les den 50 ó 100 años”.
Le pregunto a Pitu cómo ve esa cuestión evangélica, desde una experiencia tan distinta como la de una organización con una perspectiva ideológica, política y militante. Se rasca la cabeza: “Es que también tenemos una fe religiosa, si querés, en que el cambio que anhelamos sea posible. Tenemos rituales, hacemos mística, en un plenario o un fogón te hermanás con los otros compañeros y es una experiencia visceral, religiosa, que te junta y te da un espaldarazo de valentía para seguir adelante. Así que no es tan distinto”.
Eduardo agrega: “Lo que es seguro es que sin la acción del movimiento y de los familiares, este hubiera sido un caso más, que pasaría totalmente desapercibido”.
¿Cómo evitar que los chicos caigan en el negocio de los narcos? Lita: “En el Movimiento les mostramos que hay proyectos, que no discriminamos a nadie, que somos iguales, que hay otra forma de vivir”. Cuenta que las mujeres armaron una cooperativa que fabrica jabones, champúes naturales de ortiga, cremas de la caléndula y manzanilla. Hay talleres para chicos, radio abierta, deportes.
Pitu la observa: “Siempre decimos que queremos condenas ejemplares. Pero ojalá que en estos casos la sociedad encuentre que lo ejemplar es otra cosa: lo ejemplar son estos familiares que pudieron transformar todo el dolor en acción y en justicia”
Lita le sonríe: “Es que si nos quedamos esperando sentados nunca va a pasar nada”.
Nota
Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo
De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.
En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.
El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.
Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:
La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.
La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.
¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.
Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.
¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.
Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.
El desmantelamiento como política
La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.
El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.
El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.
Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.
Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.
Cómo trabaja el Bonaparte
Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.
El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.
Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.
El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.
Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.
¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.
La fortaleza de la lucha
Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.
Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.
Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
Nota
Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.
Por Francisco Pandolfi
Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.
“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.
Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.
Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.
La causa (armada)
Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.
En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.
Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El fallo
En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.
Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
La farsa actual
Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.
Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.
En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.
Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.
Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.
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