Nota
El CEO de los derechos humanos
Quién es y qué responde el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, sobre el terrorismo de Estado y otros temas clave de derechos humanos. Los 30 mil, la violencia institucional, el aborto, su cuenta en Panamá y cómo busca el Estado hoy a los desaparecidos en esta entrevista realizada para la MU n°103 en septiembre pasado. Perfil y entrevista del CEO de los derechos humanos.
A la semana de asumir, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, citó a todo el plantel en el predio de la Ex ESMA, donde tiene su oficina. De un total de 1.200 empleados fueron apenas 100. Ante el auditorio diezmado, formuló sus primeras definiciones: “Voy a seguir con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. Quienes ya lo conocían por su gestión como subsecretario de derechos humanos en Ciudad o cuando fue representante de la DAIA, advirtieron entonces que Avruj suele acomodarse en el trecho que cava entre los dichos y los hechos. Licenciado en organización institucional por la Universidad Bar Ilan, su fuerte es mantener un trato amable con los más variados actores sociales y utilizar la técnica que le ha enseñado su coach personal: escuchar.
Buenos muchachos
Claudio Bernardo Avruj se hizo conocido como encargado de las relaciones institucionales de la DAIA durante la dirección de Rubén Beraja, en pleno atentado a la AMIA. Si bien no está claro si Avruj fue la mano derecha o la izquierda de Beraja -quien está imputado por haber pagado dinero para desviar la investigación- fue su sombra.
Avruj fue director ejecutivo de la DAIA entre 1997 y 2007, época en que su director adjunto era Alfredo Neuberger, quien aparece mencionado en los Wikileaks por sus informes a la Embajada de los Estados Unidos. Neuberger, además, fue asesor de Enrique Mathov, secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, quien fue recientemente condenado por la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001.
Guillermo Yanco, marido de Patricia Bullrich, es otro nombre asociado a Avruj. Yanco es presidente del Instituto de Estudios Argentinos (Idear), una de las usinas de pensamiento Pro, y comparte con la productora de la familia Avruj un programa televisivo sobre la colectividad judía llamada Vis-A-Vis. Según revela Tiempo Argentino en su investigación conjunta con MU, Vis-A-Vis recibió pauta del gobierno de la Ciudad en 2014, cuando Avruj ya era funcionario del gobierno porteño.
Otro nombre más polémico: Jorge El Fino Palacios, a quien Avruj conoce desde su gestión en la DAIA. Según el periodista Jorge Elbaum, Avruj fue uno de los impulsores del premio que se le entregó al comisario Palacios “por su compromiso en la Causa AMIA”, antes de ser acusado de encubrimiento. Distintas fuentes coinciden, además, que fue Avruj quien se lo presentó a Macri para su nominación como jefe de la Policía Metropolitana.
Sin embargo, cuando el 26 de octubre de 2010 declaró ante la comisión investigadora especial sobre las escuchas ilegales de Palacios, Avruj precisó que lo había recomendado el ex embajador de Israel, Rafael Eldad y que había compartido varios eventos sociales con el comisario, a quien describió como alguien “muy apreciado por la comunidad judía”.
El elegido
José Schulman, titular de la Liga por los Derechos del Hombre, lo define de esta manera: “Es un cuadro de la derecha del siglo 21, no del siglo 18”.
Schulman, como parte de la colectividad, enmarca a Avruj dentro del sionismo: “Ni siquiera tiene una onegé trucha como (la vicepresidenta Gabriela) Michetti, que practica la compasión. Avruj es otra cosa: es parte del sionismo mundial que crea fundaciones para recaudar fondos”. Así interpreta la sociedad que se le descrubrió en pleno Panamá Papers: Kalushy, creada el 27 de julio 1992, cuando Avruj era director de la organización judía B’nai B’rith, orientada a la asistencia social. Avruj vivió en Venezuela y Panamá cuando formó parte del staff directivo de esa organización.
En la sociedad Kalushy también figura su esposa, Elisa Alfie.
La feria de los derechos
En 2007, Avruj deja la dirección ejecutiva de la DAIA y asume como director de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad. Elbaum asegura que luego una comisión investigadora revisó su gestión económica, en particular los precios de la edición de materiales gráficos.
En 2011 asume como subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad. Su gestión se caracterizó por la disolución del área de violencia de género y el vaciamiento de recursos destinados al Parque de la Memoria, espacio que tras la visita del presidente Obama se convirtió en la imagen principal del portal de la Secretaría que ahora dirige.
Otra característica de su gestión porteña fueron las ferias destinadas a colectividades, cuyo hit fue la gastronómica Buenos Aires Celebra. Gabriela Alegre, ex legisladora del Frente Para la Victoria, ocupó el mismo cargo que Avruj en la subsecretaría porteña. Dice: “No está mal promover la diversidad cultural de todas las colectividades, pero es un negocio donde lo único que hacen es vender. Es la lógica PRO: promover negocios privados a costa del Estado”.
Schulman analiza otra variable: “Es una política doble, hipócrita. Por un lado se fomenta celebrar la diversidad cultural, al tiempo que se convive con talleres textiles clandestinos y de discriminación hacia los migrantes latinoamericanos”.
Además de los contratos nunca transparentados sobre los empresarios que accedían a los puestos de Buenos Aires Celebra, estas fuentes señalan que las impresiones destinadas a este tipo de eventos “se las daban todas a la imprenta de Marcelo Glasman”. Glasman es propietario de la imprenta Mimeográfica S.A., además de prosecretario del Museo del Holocausto, del cual Avruj es presidente honorario.
Avruj asumió esa presidencia siendo subsecretario de Derechos Humanos, y la mantiene hasta hoy. Ahora sumó otro cargo: se nombró a sí mismo presidente del instituto de Derechos Humanos de la UNESCO.
En el pliegue de ese perfil internacional y la atención doméstica de los derechos humanos, Avruj juega un rol clave: “Cuando entienden que van a tener una política abierta hacia el mundo y que en ese mundo los derechos humanos gozan de un consenso muy fuerte, se dan cuenta -sobre todo con la primera visita de Hollande (presidente de Francia)-, que no pueden ningunear a los organismos porque tienen un peso específico en la imagen internacional de Argentina. En ese sentido entienden el rol de la Secretaría, en función de los negocios que pretenden y la plata que necesitan que venga. La ambición es la de crear a un tipo con prestigio en organismos internacionales. El más consciente de eso es Avruj y Macri lo está aprendiendo”, interpreta Schulman.
Sigue Schulman: “Y hay otra cosa que Macri está aprendiendo: no es fácil arremeter contra el movimiento de derechos humanos. Le volteamos a Lopérfido, le frenamos la libertad de Etchecolatz, evitamos que venga Obama a la ESMA, y ahora estamos peleándola para que aceleren los juicios”.
En cuanto a los organismos de derechos humanos, Gabriela Alegre distingue un trato distinto hacia Madres y Abuelas y otro, hacia HIJOS: “Intentan hacer quedar a HIJOS como violentos, como cuando los asociaron con las piedras que le tiraron a Macri en Mar del Plata”. Schulman razona por qué: “Por dos razones: porque los HIJOS ya plantearon la diferencia entre la ley y la legitimidad y porque si hay un genocida libre van a ir a escracharlo. Y por algo más pragmático: a diferencia de nosotros, que tenemos 70 y pico de años, ellos tienen 35. Se las van a tener que ver con HIJOS por los próximos 50 años”.
Genocidas go home
Avruj vive a tres cuadras de la ex Esma. Desde el primer día llega puntual a su oficina y cumple riguroso horario. Según trabajadores despedidos, su trato al comienzo fue amable: “Nos saludaba con un beso cada mañana”. Luego, llegaron las rispideces. “Lo primero que hicieron es pedirle al jefe de logística que guardase un ejemplar de cada libro y folleto que sacó la Secretaría los últimos 13 años, que habíamos hecho nosotros. Y ordenaron tirar todo el resto”. Primero, cuentan, querían quemarlos. Luego aceptaron venderlos como papel.
Entre los hombres clave en el manejo de la Secretaria, los trabajadores distinguen a uno del ámbito empresarial, que ubican en una oficina especial: El Hombre del Cubículo. Luego, señalan al director de prensa, Hernán Bubu Arbinder.
Arbinder fue el encargado de comunicar a los empleados la nueva línea: “Queremos cosas que alegren a los argentinos, nos decía”. Lo concreto es que la agenda fijada en Ciudad se trasladó a Nación: pueblos originarios, diversidad sexual, comunidades. Para estas actividades, “la agenda de contactos que utiliza es la misma de la Ciudad”, aseguran quienes estuvieron en la organización de algunos eventos.
Otro de los ejemplos que ilustran los nuevos aires de la Secretaría llegó cuando Avruj debió expedirse sobre la prisión domiciliaria a los genocidas. En el blog Pacificación Nacional Definitiva se puede escuchar el audio en el cual Alejandro Patrón Costa (h) relata la reunión que mantuvieron con Avruj los defensores de los genocidas presos.
Los planteos:
- Que la Secretaría deje de ser querellante en las causas por delitos de lesa humanidad. La respuesta de Avruj: no.
- Otro: que no sean llamados “delitos de lesa humanidad”. La respuesta de Avruj: “Para él está bien llamarlos así”, lamenta Patrón Costas (h).
- Finalmente, plantearon el tema de las prisiones domiciliarias. “Avruj nos dijo que ese era el camino: movilizar denuncias sobre la situación de los presos, por cada caso en particular”.
El relato de Patrón Costas coincide con lo que cuenta un empleado de la oficina de prensa: El Hombre del Cubículo le pidió que escribiera una editorial política que sería firmada por el secretario. “Me dice: ‘Poné que están muy viejos, enfermos y que en algunos casos se pelean con sus compañeros de celda. Decí que ante esos casos, aceptaría la domiciliria’”.
El joven, que venía de la anterior gestión, se negó.
El Hombre del Cubículo le dijo entonces: “Dejá, se lo pido a otro”.
En marzo el diario La Nación –entusiasta defensor de genocidas- publicó un reportaje en la cual Avruj expone estos conceptos.
Medios, adentro
Dirigido por Bubu Arbinder, el esquema de la Secretaría incluyó la creación de un nuevo cargo: la subdirección de prensa, ocupada por Roberto Bobby Menna.
Bobby, a diferencia de Bubu, viene de la tevé y según los ex trabajadores, “tiene todos los contactos con los medios”. Además, en la dirección de prensa fue contratada la joven novia de un famoso productor de radio Metro, “con los contactos del ámbito radial”. Y también, un joven panelista del noticiero de las 18 horas del Canal 26. “Metieron mucha gente vinculada a medios, con muchos contactos: ahí tenés no solo una política de cara a los medios, sino los medios adentro”.
Aportan una anécdota para resumir qué rol juega Avruj y su Secretaría dentro de la geopolítica comunicacional de Cambiemos:
- Lo que van diciendo es un grupo de Whatsapp que enlaza a los principales funcionarios del gobierno nacional con Marcos Peña y su equipo de comunicación.
- A fines de enero llegó a esa lista el mensaje de que Darío Lopérfido, por entonces Ministro de Cultura porteño, había relativizado el número de desaparecidos.
- Luego, desfilaron los mensajes del sistema de monitoreo de redes sociales que evaluaban las reacciones que habían cosechado las opiniones de Lopérfido.
- Por último, llegó la orden de Marcos Peña para neutralizarlo. “Primero que salga Avruj”.
Y Avruj salió.
En primera persona
Estamos en la Esma, que aún impone su pasado siniestro a pesar del Ex. Nos recibe Bobby Menna, quien se esfuerza por hacernos sentir como en casa. El nombre (en rigor es Roberto) y la cara recuerdan a un zapping televisivo, que luego sintoniza: Bobby condujo junto a Jésica Cirio el programa Impacto 9.
Una secretaria ofrece algo de tomar y en tiempo récord llega una moza con agua y café. En las paredes de la sala de espera cuelgan sólo dos cuadros con dibujos: uno de las Madres de Plaza de Mayo; otro de un chupete colgando de una celda. Dentro del despacho del secretario Claudio Avruj, la decoración cambia: sobresalen tres cuadros, cada uno de una colectividad distinta: afro, musulmana y judía. Sobre el escritorio, fotos familiares y en un rincón, fotos con el Papa y Obama. Y encima del sillón donde transcurrirá la entrevista, el retrato de Mauricio Macri con la banda presidencial.
Bobby se quedará durante toda la charla; luego, se sumará Bubu.
A diferencia de Bobby, Bubu no es conocido por su trabajo en los medios, que hasta el día de hoy mantiene: a pesar de su función ministerial, sigue trabajando como productor del periodista de Radio Mitre, Marcelo Longobardi.
En ese marco, Avruj comienza delineando los principales ejes de su política, que define como alineada “con lo que propone Naciones Unidas”. Resalta: “Obviamente un eje importantísimo es Memoria, Verdad y Justicia como política de Estado, pero nosotros detectamos muchísimas ausencias del Estado a nivel federal en materia de derechos humanos. Un eje principal para nosotros es pueblos originarios. El segundo eje es la diversidad sexual. Si bien nosotros reconocemos que durante estos últimos 25 años hubo un despliegue de derechos en cuanto a la diversidad sexual, sin lugar a dudas, hay una brecha muy grande entre lo legal y lo real. Y cuando recorrés el país -ni hablar del GBA- no se despliegan los derechos como en la Capital Federal. Esto lo hemos visto en Salta, donde recién están discutiendo la posibilidad de una zona roja para que la población trans pueda ejercer desgraciadamente la prostitución sin ser avasallados por la policía”.
¿La zona roja es la mejor solución para la explotación sexual?
La zona roja no es la mejor solución, porque sabemos que detrás de la prostitución están los que hacen negocios, está la droga y un montón… Pero no podemos prescindir de que la gente que tiene que llegar a esa situación vea sus derechos humanos permanentemente avasallados por la Policía Federal, con complicidad del Estado.
En Salta, justamente, ya se realizaron 503 marchas contra la violencia institucional …
Era el otro foco que iba a mencionar: el tema de la violencia institucional. Es de los problemas más graves del Estado. En Argentina tenés policías muy violentos en todo el país, muy violentos. Ni hablar que todos sabemos qué poder tienen las policías locales. Es un país en el cual hoy la tortura existe en las prisiones: esto lo sabemos. Es un problema muy serio, heredado desde principios de la historia, pero al cual la democracia no pudo darle solución. Pero siguiendo en orden, el tercer eje novedoso que trajimos acá es el tema de la división nacional de multiculturalismo y pluralismo cultural. Yo lo instalé en Ciudad, esto fue muy bien visto por Naciones Unidas y por distintos organismos internacionales como algo novedoso. Porque cuando uno mira colectividades, no es el folklore. Es eso, pero además son las redes de contención que crean las comunidades: todas tienen cementerios, escuelas, iglesias centros deportivos, centros de asistencia social, hogares para ancianos, lo que quieras. El valor que eso tiene como sostén de acompañamiento del Estado es fantástico. Entonces, hay que potenciar.
Sobre el tema de las comunidades hay un caso aberrante: el asesinato de Massar Ba, un referente de los derechos senegaleses que murió a patadas en plena calle de San Telmo.
Sí, claro, el senegalés. Nosotros intervinimos ahí. Estamos en contacto permanente con la comunidad senegalesa, con la cual yo tengo muchos vínculos desde la Ciudad.
¿La secretaría va a constituirse como querellante en la causa?
Ahí estamos trabajando y definiendo… porque ahí tenés también un límite. Como secretaria de Derechos Humanos no podés ser querellante en todos los hechos individuales.
En este caso era un referente de los derechos humanos y hay presunciones de que el crimen involucra agentes del Estado, o que hubo una mala actuación policial
El Estado sí, es otra cosa. Porque si nos ponemos a ser querellantes por cualquiera, primero que no tengo la atribución. Todos los temas de contención, de apoyatura, eso se está haciendo. El proceso de querellante ya no me corresponde.
Sobre otro de los ejes: pueblos originarios. En Salta una niña wichi fue violada y el comportamiento de las instituciones del Estado constituyó una segunda violación…
Sí, sí, estuvimos, de hecho ahí intervinimos. Porque yo tengo mucho vínculo con Ubilla, el que levantó el tema, que es un legislador del FPV justamente. Estuve en Salta, ahí se instaló el tema fuertemente, ahí vamos acompañando también.
Otro caso de violencia institucional: Belén.
Ese tema, bueno, tenía muchísimas deficiencias todo el trabajo que habían hecho los médicos, y la justicia posteriormente. Por eso nosotros presentamos el informe que nos transmitía a Naciones Unidas y bueno, nos reunimos con todos los organismos de derechos humanos, con la abogada, y por suerte se logró la liberación.
Son 30 mil
Usted es presidente honorario del Museo del Holocausto y entendemos que gracias a esa labor es que, de alguna forma, está aquí. Por eso puede entender mejor que nadie que cuando un funcionario pone en duda la cifra de desaparecidos -y mucho más si se dice que es por plata o por susbsidios- está cometiendo algo más que un error. ¿Cuál es su interpretación?
Fui el primero que salió al cruce de las declaraciones de Darío (Lopérfido). Creo que no hay duda alguna. Lo digo como Estado y lo digo como persona: el número de 30 mil más que simbólico es emblemático. Tiene que ver con una lucha, un paradigma que se planteó desde los organismos de derechos humanos como búsqueda de democracia y de verdad y tras el cual toda la sociedad ase enarboló. Ese número no puede ser nunca motivo de discusión política ni ideológica. Eso es gravísimo, porque ¿qué vas a discutir? ¿La dimensión del horror? Si te digo que en vez de 30 mil fueron 25 mil, ¿qué estoy planteando? La minimización de lo que fue la tragedia del terrorismo de Estado: la ponés en duda. En todo caso, lo que sí corresponde es la discusión histórica y académica, pero por ahí no es el tiempo, esto vendrá más adelante. Pero nunca tiene que ser una discusión ideológica. Es cierto que la Conadep -un documento indiscutido por todo el mundo- tiene denuncias de 8.400 y pico. Que esas denuncias, a su vez, se nutren del primer archivo que hicieron los familiares: se juntan las que habían recibido la APDH, más las que habían recibido Familiares, eso se le da a Conadep y la Conadep aumenta. Entonces, ese número no es discutible.
Sobre todo porque, como usted repasa, las cifras y los aportes se hicieron siempre desde organizaciones de la sociedad civil y no desde el Estado
Es que siempre es así.
Al día de hoy existen hábeas corpus sin respuesta, por ejemplo el de Nora Cortiñas, que exige que el Estado le diga dónde está su hijo
Es lo que decimos siempre: los números siempre vienen desde las víctimas. Ahora, ¿qué pasa con todas esas familias que fueron diezmadas, que no quedó nadie? ¿Qué pasa con todas esas familias que se fueron al exilio o están acá y no denuncian? Pero está interpretado que vos tenés documentos donde los militares muchas veces dicen que “para terminar este problema necesitamos que mueran o desaparezcan miles”. Y hay documentos de ellos que dicen 17 mil, hay documentos de 22 mil… ¿Y si son 40 mil? Hagamos al revés: si a lo largo de los años se demuestra que fueron 52 mil. ¿Qué van a decir? “Che qué boludos: no sabían que no eran 30 mil, sino 52 mil?” ¿Y en qué cambió la cuestión de fondo? Por eso hay que ser muy respetuoso y serio y cuidadoso con los números.
Otra cuestión que exige respeto y cuidado son las prisiones domiciliarias de genocidas.
Hay dos dimensiones que hay que entenderlas muy bien. Una dimensión es lo emocional. Lo que representa un asesino – haya matado a uno o a diez, haya robado un bebé- para la inmensa mayoría de la sociedad. Ahora, como trabajadores y luchadores identificados con los derechos humanos sabemos que nuestra aspiración máxima es la justicia. Si Argentina tiene este plexo normativo en el que dice que a los 70 años el juez puede entregar la prisión domiciliaria, no es un tema de impunidad: es un cambio de lugar de cumplimiento de la sentencia. Eso también hay que dejar claro: no es una amnistía o un “ya está, terminaste”. No. Te cambian el lugar de prisión y ahí tiene, la policía o quien corresponda, que velar para que la justicia se cumpla. Ahora, si la ley es taxativa y dice: “a los 70 años, en situación de enfermedad y que no revista un peligro para la sociedad, el hombre es pasible de…”. Como organismo de derechos humanos, si eso es la ley, tenemos que ser los primeros en respetarla y no opinar desde lo político. Porque si no nos vamos a convertir en lo mismo que juzgamos. Acomodamos la justicia según nuestra opinión. Y ese es mi límite.
¿El caso Etchecolatz es un límite?
Ahí entra a jugar lo que representa. Nadie puede desconocer en este concierto lo que representa Etchecolatz para la sociedad, o Videla en su momento. Nadie lo puede desconocer. Pero ahí había otro límite. Lo que sí vimos es dónde se sostuvieron los jueces y pedimos en la causa que se revise la decisión. Pero no podemos apelar porque no estamos habilitados. La ley no lo permite. La ley te dice que una prisión domiciliaria la pide el detenido al juez que lo condena; y el único que puede apelar es el fiscal: la querella no.
Las posturas garantistas, el debido proceso y a la presunción de inocencia no están en cuestión. Son condenas firmes los casos de Etchecolatz, de Weber, de Menéndez …
Esos son los conocidos.
Y hay muchos desconocidos que preferiría saber quiénes son porque me los puedo encontrar en la panadería.
Para el familiar es el mundo, porque fue torturado. Para José Pérez, que nadie lo conoce, ese es el mundo.
¿Un mundo en el que Hitler puede ser tu vecino?
Ya que tocás el tema de los nazis: Priebke fue un asesino de las fosas en Italia, un capo SS, el tipo es responsable de haber matado 800 judíos. Vivió toda su vida como un gran hombre, fundador de escuelas, en Bariloche. Se lo detecta y se lo detiene en el 95. En el 96 logamos que se extradite. Llegó a Italia y murió en su casa, porque la ley le daba la domiciliaria. O sea, no es el primer caso. Hay que separar lo emocional de lo real. Y también creo que hay que desprejuiciar a la sociedad en esto de la impunidad. Porque ¿cuál fue el proceso histórico en estos últimos tres años de las domiciliarias? Hoy tenés dadas 465 domiciliarias a fecha de hoy. 441 se dieron hasta antes del 10 de diciembre. Con toda la oposición que yo puedo tener al gobierno anterior, nadie le va a decir “estuviste trabajando por la impunidad de los militares”. Nadie se lo permitiría. Entonces hay que empezar a desprejuiciarse. Si hablamos de derechos humanos lo mejor que nos puede pasar como sociedad es someternos a Derecho todos y cumplir la ley. Abramos la cabeza.
En el sentido de “desprejuiciar”, nosotros también le hicimos las preguntas que teníamos que hacerle a la anterior gestión. Una que se repite hoy, a 10 años de la segunda desaparición de Julio López. ¿Qué está haciendo el Estado para encontrarlo?
Te doy una primicia: hoy me siento con el ministro de Justicia para proponerle constituirnos como querellantes. Porque esa es una desaparición en democracia.
Otro de los temas que hablan de rupturas y continuidades con políticas anteriores: la búsqueda de los nietos, ¿qué recursos están destinados hoy?
Lo primero que hice cuando asumí: ratifiqué a Claudia Carlotto al frente de la Conadi. Y ratifiqué a Claudia Naftal en el Sitio. Abuelas permanentemente recibía subsidios y apoyo; lo que nosotros hicimos fue transparentarlo en un convenio y no que queden acuerdos de un funcionario de turno con Estela. Hay que decir la verdad: Estela liquidaba hasta el último papelito del gasto, no hay nada que la enturbie ni nada por el estilo. Pero tener un convenio, al Estado lo tranquiliza.
Panamá y después
Una consulta sobre su situación patrimonial: la sociedad en Panamá. Usted dio una explicación que luego fue desmentida. ¿Cuál es su versión final?
Hubieron dos mails de B’nai B’rith internacional a Página 12 y ellos tomaron el primero y no el segundo, que era el completo. No aparezco en los Panamá Papers.
Aparece en el registro público de Panamá…
¿Por qué aparezco en el registro? Porque viví en Panamá. No era una cuenta offshore. ¿Por qué tenía una empresa? Porque yo era el director de B’nai B’rith en Argentina. Para que entiendan me tomo un minuto: la B’nai B’rith internacional se organiza en distritos. Un distrito es Chile, Argentina, Uruguay Paraguay. Otro es Brasil. Y otro es el Caribe. Yo era director del Caribe, que abarca México, Venezuela, Guatemala, Curacao y Panamá. Los presidentes de esos distritos se eligen cada dos años y van rotando. Legalmente, lo que está inscripta es la B’nai B’rith local, no el distrito. Es como si fuese una franquicia que le da la marca internacional. Ahora, yo estaba en Venezuela dirigiendo. Para que pueda vivir en Panamá había tres formas, que son las que se siguen manteniendo hasta hoy: o sos inversionista y yo no tenía un mango para hacerlo; o tenés un contrato, que el distrito no me lo podía dar porque no estaba legalmente registrado; y otra es tener una empresa. El presidente electo decide que lo mejor era armar una empresa, a tal punto que se pone como secretario general. Y eso fue lo que me permitió tener un contrato de alquiler, abrir una cuenta bancaria para cobrar el sueldo, comprarme el auto y cuando me fui, me fui. Esa es la verdad de la historia.
Por último ¿sobre los dichos del Presidente sobre la dictadura tiene algo que decir?
Lo que sí puedo garantizar es que el Presidente cuando dijo “esto no voy a debatirlo” tiene que ver con lo que estoy planteando: no es un tema de debate, muchachos. Lo mismo cuando habló de la “guerra sucia”: está claro que estaba hablando del sistema que instaló la dictadura. Y en esa dirección estamos trabajando. Y una cosa más: el hecho de estar en el mismo espacio político no es garantía para que avalemos todo lo que cualquiera diga. Lamentablemente, en el gobierno anterior nadie cuestionaba. Yo salí a cuestionar al intendente de General Alvear, en pleno romance con Urtubey me metí en Salta con el quilombo, con Lopérfido me metí yo. Que seamos del mismo espacio es bueno para festejar una elección. Voto un proyecto común, pero desde mí no te va a dar para que te acompañe en todo.
Nota
Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.
Por Lucas Pedulla
Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.
“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.
Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.
Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.
Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.
La barbaridad jurídica
La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.
Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.
Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.
A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.
Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.
Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.
Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.
Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.
Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.
Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.
Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.
Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.
2)
Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:
No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.
No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.
No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.
Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.
Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.
3)
Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.
Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.
Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.
Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.
¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!
¡Cierre de todas las causas !
Nota
Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.
Por Francisco Pandolfi
“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.
Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.
En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.
Un paso importantísimo
La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.
Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.
Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.
Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.
Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.
Radiografía de un vaciamiento
Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.
Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.
Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.
Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.
La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.
Trabajar para volver a trabajar
Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.
Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.
¿Qué no pudo lograr el gobierno?
Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.
Hoy, algunas luces se volvieron a encender.
Nota
Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases
“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.
Por Lucas Pedulla
Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.
Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.
Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.
El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.
A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.
Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.
También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.
Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.
Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.
El aula, llena, la abraza con un aplauso.
Crueldad sin paz
Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.
En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.
Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.
“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.
La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.
El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.
Donaciones, acopio y concentración
La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:
- ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
- SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
- Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
- ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
- ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.
Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.
Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.
Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.
Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.
Los ejes que se refuerzan:
- Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
- Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
- Cierre de todas las causas.
Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.
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