Bastó el testimonio de dos testigos convocados por la parte acusadora para que la causa contra la periodista Claudia Acuña, de lavaca y Revista Mu se derritiera en manos del fiscal, quien tuvo que pedir la absolución, sin culpa ni cargos ni pago de costas. Terminaba así un año y medio del proceso iniciado cuando la artista boliviana María Galindo pintó en las plazas de la ciudad un graffiti con una denuncia: “El Fuero Contravencional es la coima policial”. La verdadera cuestión de fondo.
Poco después de las 10 de la mañana y sin la presencia de la fiscal Marcela Solano, que impulsó la causa contra la periodista Claudia Acuña –se excusó por un “malestar” a último momento- se inició la que estaba prevista como la primera de las dos jornadas del juicio oral que la justicia contravencional llevaría a cabo, al considerar que los grafittis escritos en Plaza Once, Tribunales y Tribunales, denunciando coimas policiales, constituían la infracción de “ensuciar bienes”. El proceso se inició hace un año medio e incluyó:

• La orden de la fiscal de apostar personal policial durante tres días en la puerta de la casa de la periodista
• El pedido de un informe “socio-ambiental profundo” de la imputada por parte de la jueza
• La consideración por parte de la magistrada de que el hecho representaba un delito mayor –“daño agravado”- por lo que debía actuar la justicia penal
• El pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones devolviendo el expediente a ese fuero.
• El dictamen de la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, denunciando abusivo todo el proceso
• El reiterado consejo de la defensa pública de que la imputada acepte su culpa firmando una “probation”
• La designación de un abogado defensor que recién tuvo en sus manos la causa a las 15 horas del día anterior al inicio del juicio.

Finalmente, la primera audiencia del juicio oral comenzó con la lectura de la acusación y el alegato del fiscal Norberto Brotto, reemplazante de Solano.
La cuestión de fondo
En una sala flamante – en ese fuero no hay juicios- con computadora, grabadora, micrófonos y aire acondicionado, la jueza Molina de Harrington se enfrentó a las pruebas que se esgrimían en contra de la periodista: las fotos de los graffitis y los testimonios de dos testigos que reafirmarían lo sustentado por la fiscalía. No fue así. Luego de escucharlos contradecir la acusación, el fiscal se quedó sin causa y solicitó la absolución, sin costas ni cargos.
El defensor oficial Sergio Pistone -quien tuvo que calzarse a último momento ese rol- se encargó de señalar cómo actuaba la fiscalía en ese fuero. “Toman declaración a los testigos sin la presencia de la defensa y logran así un testimonio que luego las mismas personas desmienten en el juicio oral.”
Así, en menos de media hora, se dio por concluido el juicio oral, que fue presenciado por la doctora Denisse Sapoznik, del Cels. El trámite no necesitó siquiera del testimonio de los testigos de la defensa ni la declaración de la propia imputada, que al ver levantarse de sus asientos a los letrados, los enfrentó:
–No espero explicaciones sobre mi causa, sino sobre esta lista que tengo en mis manos. Es la lista de causas que se tramitaron en este fuero este año por infracción al artículo 81, que penaliza la oferta ostensible de sexo. Ninguna llegó a juicio. Todas, absolutamente todas, se han finiquitado con “probation”. Todas, absolutamente, todas, tienen la misma sanción: prohibición de concurrir a un espacio determinado por este fuero, que en todos los casos coincide con los lugares en donde se prostituyen, y en muchos, los lugares en donde viven. Es decir, que estamos hablando de mujeres y travestis que han sido acusadas, pero nunca han tenido acceso a una defensa. Estamos hablando de mujeres y travestis que no pueden cumplir con esa condena porque están condenadas a algo peor: al hambre, la marginación, la ausencia total de políticas asistenciales. De toda esta lista, con excepción de dos casos, se trata de personas de entre 35 y 45 años. Esto significa que se trata de mujeres y travestis que no son putas: son pobres. Y nadie aquí las escucha. Se dedican a pactar entre fiscales y defensores el límite de un corralito por donde no deben transitar, en algunos casos hasta por más de un año. ¿Y saben qué significa esto en la calle, en concreto? Qué van a regresar a esos lugares, porque no tienen otro donde ganarse el pan. Qué van a pagar más coimas a la policía, para que hagan la vista gorda a esa restricción. Si quieren que sus voces no estén en esos grafittis, hagan algo para que estas personas, ciudadanas sin ciudad ni derechos, tengan al fin acceso a la justicia.

Otras voces
El hecho venía siendo investigado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y había merecido el repudio de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras y la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) entre otros.
Provocó además una investigación exhaustiva y un pronunciamiento de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, doctora Alicia Pierini. En la página www.defensoria.org.ar se describe lo ocurrido del siguiente modo:
La señora Claudia Acuña denunció que dos agentes de la Comisaría 10ª de la Policía Federal se apostaron frente a su domicilio y comenzaron a exigir identificación a las personas que ingresaban a su hogar. Señaló que esa orden provino de la Fiscalía Contravencional y de Faltas Nº 3, a cargo de la doctora Marcela Alejandra Solano por una causa contravencional por “ensuciar bienes de propiedad pública o privada”.
Para la Defensoría del Pueblo, se trata de una medida desproporcionada porque con el objeto de hacer comparecer a la supuesta autora de una contravención, se le ordenó a la Policía Federal la realización de tareas de inteligencia para identificar a la señora Claudia A. Acuña, violatoria del derecho a la intimidad e “injustificada a la luz de las presuntas transgresiones imputadas”.
La desproporcionalidad de la medida se debe a que no había pruebas en el expediente que pudieran presuponer un peligro grave ante la ausencia de la imputada; por las características propias de la supuesta contravención cometida; por la facilitación a las fuerzas de seguridad de medidas de inteligencia innecesarias; porque había otras medidas menos agresivas para arribar al mismo fin.
En la Resolución 3143/07 este organismo consideró que es el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad quien tiene la responsabilidad primera de resguardar las garantías de los habitantes, guiando la actuación policial. El Ministerio Público Fiscal debe orientar jurídicamente la labor policial evitando generar acciones abusivas por parte de las fuerzas de seguridad, porque medidas como la que aquí se cuestiona conducen al camino contrario y tienden a legitimizar actividades policiales de persecución e intimidación.
Debe tenerse presente que la señora Claudia A. Acuña es una periodista de reconocida trayectoria que en los últimos años dedicó su profesión a los problemas de grupos humanos que ven limitados sus derechos en razón de su vulnerabilidad y que la propia Claudia A. Acuña hizo público el cuestionamiento al fuero contravencional. Por lo tanto para la Dra. Pierini: “la oportunidad en que se llevó a cabo la medida cuestionada podría importar no sólo una invasión de su intimidad y mortificación de sus costumbres, sino además un acto de intimidación y una eventual violación a la libertad de expresión”.
De Reporteros Sin Fronteras
Denuncia publicada cuando ocurríó el hecho, en 2007, difundido al mundo y registrado en www.rsf.org y www.protectionline.org:
Reporteros Sin Fronteras denuncia el acoso policial y judicial que, desde el 11 de julio de 2007, viene padeciendo la periodista independiente Claudia Acuña, fundadora de la agencia de prensa digital lavaca, y de su diario filial «MU». Recientemente la periodista reveló, en la prensa y en un libro, la existencia de una red de prostitución en Buenos Aires que funciona, a la vez, bajo el control y la amenaza de algunas autoridades. Por ello, ya le han puesto una multa de 3.000 pesos (aproximadamente 700 euros).
«Resulta muy curioso que, cuando se da a conocer un caso de este tipo, se ataque a la periodista en lugar de avanzar en la investigación sobre el objeto de sus revelaciones. ¿Acaso Claudia Acuña ha planteado una cuestión tan molesta? Aparentemente sí, vista la escandalosa manera en que la están tratando la policía y la justicia. Todavía están a tiempo de reparar la injusticia, por una parte cesando en sus procedimientos de acoso a la periodista y, por otra, efectuando una instrucción de los graves hechos que relató», ha declarado RSF.
Desde el 11 de julio, Claudia Acuña ha venido constatando que unos funcionarios de policía de la comisaría número10 procedían a controlar sistemáticamente la identidad de todas las personas que acuden a su domicilio de Buenos Aires. Preguntados acerca de esas medidas, los policías aseguraron que actuaban por orden de la Fiscalía Contravencional número 3, donde la periodista asegura que nunca la han convocado, hasta la fecha.
Según ella, la vigilancia estaría relacionada con sus recientes investigaciones sobre la prostitución en Buenos Aires, y especialmente con su libro «Ninguna mujer nace para puta», en el cual denuncia la explotación sexual de las mujeres y el acoso que sufren, por parte de la justicia, la policía y algunos políticos.
Claudia Acuña tendría que comparecer próximamente ante la justicia por esas revelaciones. Las actuaciones militantes que ha llevado a cabo con prostitutas, intelectuales y artistas, ya le han costado una multa de 3.000 pesos (aproximadamente 700 euros).
La jurisdicción que habría ordenado que se vigilara a la periodista se negó a dar más explicaciones sobre su decisión y a levantar el dispositivo policial, a petición de los defensores de Claudia Acuña.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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