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El juicio mutilado: Muerte dudosa y el último gesto de Febres

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El prefecto Héctor Febres murió cuatro días antes de que se conociera el veredicto del Tribunal Oral 5 que lo juzgaba por la participación en cuatro casos de privación ilegal de la libertad y tormentos durante su actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en la pasada dictadura. El Espacio Justicia Ya tiene serias dudas de se haya tratado de una muerte natural y reclama una investigación sobre esa muerte (la propia familia de Febres parece dudar). Adriana Calvo explicó a lavaca las razones de sus sospechas. Además, y para entender la magnitud de lo que se juzgaba, se reproduce la crónica “Febres era el que más torturaba”, correspondiente a la audiencia judicial donde declararon sus víctimas, en esta oportunidad corregida y ampliada de acuerdo a la textualidad de las desgrabaciones judiciales. El misterio de un gesto de Febres.

“Dudamos de la muerte natural de Héctor Febres, porque se lo veía absolutamente sano, rozagante. Faltaban sólo cuatro días para la sentencia, y no hay que olvidarse que Febres fue el que siempre dijo: ´Por qué me juzgan a mí solo´. El viernes hubiera sido el momento de las últimas palabras frente al Tribunal y hubiera podido decir algo, no descartábamos la posibilidad de que dijera qué familias tienen en su poder a hijos de desaparecidos, una información que él manejaba”, subraya Adriana Calvo, integrante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y el Espacio Justicia Ya, uno de los organismos que actuaba como querellante en el juicio que se le estaba siguiendo al prefecto por privación ilegítima de la libertad y tormentos a cuatro militantes políticos secuestrados en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la última dictadura militar. Tanto la fiscalía como las querellas habían solicitado una condena de 25 años de prisión. Pero su muerte, interrumpe automáticamente el proceso judicial y no será posible.
Quizás sea interesante recordar algo publicado por lavaca en la crónica sobre los alegatos, titulada El juicio juzgado. Allí se narra la acusación de la fiscal Mirna Goransky. En la crónica publicamos textualmente el siguiente párrafo:

  • “Febres se llevaba a los bebés y, sin embargo, nunca reveló a quiénes les entregaron a esos chicos. Él sabe donde están y podría ayudar a aliviar tanto dolor”, afirmó Goransky y, ante la sorpresa de todos, el imputado asintió con su cabeza, en el único gesto elocuente que se permitió en las dos jornadas.

¿Fue un acto reflejo, o un mensaje? En todo caso, fue lo últim que se le vio hacer públcamente. Ante los fantasmas de la muerte de Febres, toda pista, todo símbolo, pasa a un lugar de posible relevancia.
Lo que hacía
En verdad, El Gordo Daniel o Selva –como le decían por tener la ferocidad de todos los animales juntos- estaba procesado por más de 300 desapariciones. Mientras revistió en la ESMA como enlace entre la Prefectura Naval y la Armada participó de operativos de secuestro, aplicó la picana eléctrica entre otros tormentos, tenía a su cargo a los desparecidos que eran reducidos a la servidumbre y era el responsable de los bebés que nacían en la maternidad clandestina que se había montado en ese centro de detención que se convirtió en el paradigma del terrorismo de Estado.
Hasta la familia de Febres duda
“La jueza caratuló la causa como muerte dudosa, dictó el secreto de sumario, tomó una enorme cantidad de declaraciones y ha aceptado a nuestra asociación como querellante. Por alguna razón dictó el secreto de sumario. Nosotros pedimos peritos de parte para investigar qué pasó. Y la familia también duda de que se haya tratado de muerte natural: por algo pidió la autopsia y puso sus propios peritos. Nosotros queremos saber quién le llevó la cena, quién comió, quién encontró el cadáver, quién era responsable. Si fue un asesinato, a uno se le pone la piel de gallina. No cabe otra que vincularlo con la desaparición de Julio López. Tampoco puede dejarse de relacionar con el día en que ocurrió, el mismo en que asume Cristina Kirchner como presidenta. Sería una muestra de lo que son capaces de hacer, ya no sólo desaparecen a un testigo sino que llegan a matar a la propia tropa”, se explaya Calvo.
El sentimiento de Adriana coincide con el de los querellantes y testigos que declararon a lo largo del juicio: una profunda impotencia y una sensación de que tanto esfuerzo no sirvió para nada, como dijo en una conferencia de prensa Carlos Lordkipanidse, uno de las cuatro víctimas por las que Febres era juzgado.
La “justicia” mutiladora de causas
“Aunque se haya tratado de una muerte natural –advierte Calvo-, esto es consecuencia de estar llevando las causas judiciales desarticuladas, desmembradas, de muy a poquito. De esta manera no sólo se pierde la magnitud del plan genocida, sino que sobre llovido mojado: esta forma de juzgar trae aparejada tanta demora que los represores se terminan muriendo. Y en particular la causa ESMA, que es el paradigma del desguace”.
Calvo responsabiliza al juez Sergio Torres, que tiene a su cargo la investigación de la megacausa ESMA, de haberla hecho “picadillo”. “Se trata del campo de concentración con más pruebas y más represores identificados de todo el país. (El juez español Baltasar) Garzón pidió la extradición de 48 represores con la información que nosotros le dimos. Sin embargo, acá se reabrió hace cuatro años y tres meses, y recién llegó a juicio oral el prefecto Febres, y por sólo cuatro casos. Es cierto que la Cámara de Casación ha demorado todo, pero Torres separó por un lado la causa Walsh, por el otro la Santa Cruz que a su vez está dividida en dos, otra por los robos a los bienes de los desaparecidos, otra al enfermero Jeringa Barrionuevo en la que lo acusa solo de tirarle un balde de agua fría a Víctor Basterra. No contento con toda esta disección, la causa principal la separó también por los años, una parte 76, otra 77 y otra 78, mientras que en la ESMA nunca hubo un corte, los represores son los mismos y las víctimas también”, se indigna la integrante de Justicia Ya.
Política de impunidad
Para Calvo no caben dudas de que esta forma de juzgar se trata de una política para diluir y dilatar los procesos: “Esto es generar impunidad, y esta causas apuntan a lograrla: Febres se murió sin condena, recluido en un local de la prefectura, cuidado por su pares y en pleno Delta del Tigre, un lugar paradisíaco. Sus condiciones de detención no eran las normales: ¿Qué preso bajaba a tomar el desayuno a las 10:30 como hacía él?”
Calvo sustenta su opinión con los resultados de los procesos judiciales que se están llevando adelante: “En los cuatro años que pasaron desde que se reabrieron las causas –narra- tuvimos tres condenados y un muerto a punto de ser condenado. Vamos mal. Es cierto que a los testigos no nos gusta ir a declarar una y otra vez, que eso nos revictimiza, que nos molesta y nos duele. Pero el problema no es ese, el problema es que si se pierde tanto tiempo juzgando a los represores que más se destacaron, nunca vamos a llegar a juzgar a los represores que aún se encuentran en actividad.”
lavaca ha venido cubriendo prácticamente todo el juicio (el sector “Archivo temático” comienza justamente con el juicio a la ESMA. Como un modo de comprender la magnitud de lo hecho por personajes como Febres, aquí reproducimos una de las crónicas publicada el 23 de octubre, corregida y ampliada de acuerdo a la textualidad de las desgrabaciones judiciales. Este es el texto.
”Febres era el que más torturaba”
La Fiscalía y las querellas pidieron que se amplíen los cargos contra Héctor Febres, primer represor de la ESMA que es sometido a juicio desde que se reabrieron las causas por las violaciones a los derechos humanos. Cuatro de sus víctimas describieron cómo los torturaron y los sometieron a trabajo esclavo (falsificar documentos para los militares y trabajar para la imprenta del diario Convicción, por ejemplo). Lo responsabilizaron por las embarazadas que llegaban al lugar y relataron cómo el prefecto se encargó del traslado de los secuestrados a la isla El Silencio, en Tigre, cuando la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos visitó la Argentina. De cómo el “Gordo Daniel” se transformó en el “Gordo Cagueta”.
Después de escuchar los testimonios de las cuatro víctimas que declararon en la segunda jornada del juicio oral y público contra Héctor Febres -el primer represor juzgado por su actuación en la ESMA, después del Juicio a las Juntas-, tanto la querella como la fiscalía solicitaron la ampliación de los delitos por los que se juzga al imputado. El fiscal Jorge Taiana pidió que se le incorpore el cargo de privación ilegítima de la libertad, agravada por la duración en el tiempo del cautiverio y por encuadrarse los hechos dentro de la figura de persecución política . La querella, a su vez, exigió que al Gordo Daniel –como se lo conocía en el campo clandestino- también se lo juzgue por reducción a la servidumbre, ya que los testigos relataron con pormenores cómo fueron sometidos para realizar trabajo esclavo.
¿Qué es tortura?
En la segunda jornada del juicio a Febres, la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py fue invadida por un silencio estremecedor. Los relatos de las víctimas de Febres fueron interrumpidos en varias oportunidades cuando se notaba que estaban al límite de su propia emoción. De manera recurrente, el juez Guillermo Gordo ofreció a los testigos la asistencia de una psicóloga, presente en el recinto, y llamó a cuarto intermedio cada vez que las lágrimas amenazaron el relato de los ex detenidos-desaparecidos.
“En la ESMA éramos miles. Ahí tomé conciencia de que se trataba de un genocidio”, declaró Carlos Lordkipanidse cuando se le quebró la voz. El Sueco –como le dicen- brindó un pormenorizado relato de su cautiverio y del funcionamiento del campo de detención clandestina más emblemático de la dictadura. Su sensibilidad afloró cuando contó que le fue encomendada por Febres la tarea de realizar tres copias de microfilms que contenían las fichas de todos los secuestrados que habían pasado por la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. “Por eso puedo decir que eran cerca de cinco mil. En un momento, cuando pasaban esas fotos, no aguanté y me puse a llorar”. Allí, agregó, pudo ver las fotos de los detenidos, datos de militancia y el destino final: “Algunos, la mayoría, estaban marcados con una letra D; otros, la minoría, con la L y muchos con la sigla MC. Deduje que la D era de deceso o desaparecido, la L de liberado y MC, muerto en combate”.
– ¿Cuántas veces fue torturado? – quiso saber la Fiscalía en otro tramo de su declaración.
– Hay que definir bien qué es tortura. A mi me torturaron dos años y medio, desde que me detuvieron hasta que me fugué a Brasil– contestó fastidiado.
– ¿Quién lo torturó?
– Hay que definir bien qué es un torturador. No fue una persona, fueron todos los que estaban en la ESMA, desde los cadetes hasta los suboficiales y oficiales de mayor jerarquía.
El juez Gordo aclaró que la pregunta iba dirigida a cuántas veces fue sometido a la picana eléctrica. Contestó el testigo:
– Creo que se está subestimando lo que es la tortura, a la que fui sometido durante los dos años y medio que viví en condiciones infrahumanas.
Lo que enojaba a Astiz
Lordkipanidse fue secuestrado el 11 de noviembre de 1978 por personal que se identificó como de Toxicomanía de la Policía Federal. “Me metieron en un Peugeot 504. Al único que reconocí de ese grupo fue a Pellón, que me apuntó con una Itaka en la frente. Lamentablemente ya falleció y no podrá ser juzgado”, declaró el testigo que aquel día fue llevado a la ESMA, donde un rato antes habían arribado su mujer, Liliana Pellegrino, y su hijo de 20 días. Cuando llegó, esposado y encapuchado, reconoció los gritos de su mujer y de su hijo, que estaban siendo sometidos a tormentos. “En ese momento me hice conocer a los gritos para que supiera que yo ya estaba ahí, por si la estaban torturando por mí. En ese momento el imputado, Febres, me hace un tacle, me saca la capucha y me rompe la cara a trompadas: `Callate, monto hijo de puta`, me decía pero yo seguí gritando”, recordó Lorkipanidse que en otro momento de su declaración subrayó: “Las piezas dentales que me faltan no es por falta de cuidado personal, sino por la golpiza que me dio Febres cuando me recibió”.
El testigo señaló que lo secuestraron por ser el último sobreviviente del Grupo Especial de Combate de la Organización Montoneros. Enseguida recordó que el primero en aplicarle la picana eléctrica fue Alfredo Astiz y que lo hacía con especial saña para sacarse la bronca que le generaban las cargadas de Jorge Perrén, otro represor. “Todo el tiempo lo gastaba y le decía: `Te los saqué yo.` Parece que el encargado de mi secuestro era Astiz, pero se confundió y se llevó a mi primo Cristian Colombo creyendo que era yo”, explicó el testigo.
Mientras le aplicaban descargas eléctricas, a Lorkipanidse le preguntaban por nombres, apodos y direcciones. Como se negaba a darlos, en un momento llegó el prefecto Juan Antonio Azic con su hijo agarrado de los pies mientras gritaba: “Colaborá porque si no le reviento la cabeza contra la pared”. Como el detenido seguía sin brindar información, colocaron al niño de 20 días sobre su abdomen mientras lo sometían con la picana.
Lordkipanidse relató que en la ESMA dejó de llamarse Carlos para convertirse en el 255. Fue alojado en el sector denominado Capucha, en el tercer piso, al que describió con lujo de detalles mientras señalaba la maqueta que reposaba en el centro de la sala y cuya imagen era proyectada sobre la pantalla gigante que pendía a espaldas de los jueces.
“Ponete linda que tenemos que salir”
Cada tanto, el Sueco volvía a ser conducido al sótano para sufrir nuevas sesiones de picana, a veces manipulada directamente por Febres: “No siempre lo hacían para averiguar datos sobre mi militancia política. Una vez fui sometido a tortura para que cantara dónde había dejado estacionado el Fiat 600 de la empresa en que trabajaba, porque ellos se habían quedado con las llaves.”
Como era fotocromista, a Lordkipanidse le pidieron que falsificara un pasaporte uruguayo. Se negó una y otra vez hasta que otro detenido le dijo que esos documentos no iban a ser utilizados para secuestrar a otros compañeros sino para “hacer negocios, para venderlos”. “Cuando empiezo a trabajar, unos compañeros me ponen al tanto de cierto plan de resistencia que consistía en inventar trabajos para tratar de salvar a otros compañeros”. El testigo ejemplificó cómo rompían máquinas de escribir para que un secuestrado que sabía repararlas fuera llevado al sector de trabajo forzoso. “En un momento –prosiguió el testigo- Febres reemplazó a Raúl Scheller en el Sector 4 y cuando se presentó me dijo: `Acá, en este lugar, yo soy el torturador`”.
Cuando Liliana Pellegrino salió en libertad, contó Lorknipanidse- era obligada a realizar periódicas llamadas telefónicas a la ESMA para reportarse. “Febres también la llamaba y le decía: ´Hoy ponete linda que tenemos que salir. Y se la llevaba para darse corte de que andaba con una mujer joven y linda. Los detalles más escabrosos no los voy a contar”, advirtió.
Viaje a El Silencio
Lordkipanidse remarcó que Febres, por ser de la Prefectura, reforzaba su maldad para ganarse el respeto de los marinos. Pero, señaló el testigo, su figura comenzó a apagarse en 1979, cuando se negó a formar parte de una acción en el exterior: “Habían jugado un partido entre Argentina y Holanda, en Amsterdam, y en las tribunas había aparecido una bandera que preguntaba por el destino de los desaparecidos. Como la Selección iba a jugar otro partido en Austria, le encomendaron que viajara para evitar que vuelvan a colgar la bandera. El prefecto se negó, decía que mandaran a los que no tenía hijos, que él tenía una familia y que allá no iba a estar cubierto como acá. Desde entonces, su figura cayó en desgracia y en vez de Daniel o Selva comenzaron a llamarlo El Gordo Cagueta”.
El testigo también señaló a Febres como responsable del traslado de tres decenas de detenidos en la ESMA a la isla El Silencio, en el Tigre, mientras la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos visitaba la Argentina para indagar sobre la desaparición forzada de personas. “Febres supervisaba todo, por eso lo responsabilizo de lo sucedido con el Topo Sáenz, el único de todos los secuestrados que estaban en Capucha que no llegó a El Silencio. Nunca se supo más nada de él. Febres debe dar explicaciones”.
Lordknipanidse también mencionó a Febres como integrante del grupo que decidía qué detenidos iban a ser trasladados, eufemismo que significaba que iban a ser dopados mediante una inyección y arrojados vivos al mar desde aviones en vuelo. El testigo subrayó que en cuatro oportunidades su destino fue debatido en ese grupo que integraban miembros de las distintas áreas de la ESMA.
Otro de los testigos que, con voz pausada pero firme, desgranó paso a paso su tránsito por la ESMA fue Carlos Alberto García, otro de los querellantes contra Febres, a quien acusó de haber participado del grupo que lo capturó el 21 de octubre de 1977. “Vos te vas a llamar 028”, contó la víctima que le dijeron cuando arribó a su lugar de detención. Detalló cómo le aplicaron la técnica de tortura conocida como “submarino”, al sumergirle la cabeza en agua y cómo lo picanearon. “Me torturaban todos, el que empezaba siempre era uno que le decían 220, de apellido Weber. Y Selva, Febres, era el que más torturaba”, dijo convencido y agregó: “Los verdes, los que estudiaban en la Escuela, todos muy jovencitos, directamente me usaban de cenicero y me quemaban con cigarrillos”.
Las inyecciones, la monja, y el “chico rubio”
García señaló que aunque estaba encapuchado podía ver, porque cuando lo torturaban “saltaba por el aire” y su capucha se desplazaba. El testigo hablaba con la vista hacia abajo, como si no quisiera perder concentración en el hilo del relato y siempre con sus palmas apoyadas en el escritorio que tenía delante. Recordó que lo hacían trabajar con esposas y grilletes en el subsuelo del lugar, construyendo un espacio llamado la huevera, por estar aislado con cartones de huevos. “Ahí había tres salas de tortura. Era un infierno, todo el tiempo escuchábamos los gritos de nuestros compañeros, era como si nos estuvieran torturando todo el tiempo”, graficó.
García relató que en un momento, mientras lo obligaban a trabajar, pudo ingresar al laboratorio de la ESMA y vio a una de las monjas francesas desaparecidas junto al grupo conocido como Santa Cruz. “Estaba destruida –recordó- y me preguntaba si sabía cómo estaba el chico rubio (en referencia a Astiz, el represor que se infiltró entre ellas hasta hacerlas desaparecer)”.
El testigo relató cómo inyectaban a los detenidos y los subían a camiones para ser “trasladados”. También contó que veía entrar y salir continuamente a Febres, Scheller y 220 de las salas de torturas. Con el apodo de 220 se conocía al comisario Ernesto Weber, padre del comisario homónimo acusado de disparar en Plaza de Mayo contra los manifestantes del 19 y 20 de diciembre de 2001. Justamente, mientras la víctima nombraba a Weber, entre el público que presenciaba la audiencia comenzó a correr un rumor que se pudo confirmar en el primer cuarto intermedio: el juez Claudio Bonadío acababa de dictar el procesamiento de Fernando de la Rúa y de tres policías por los asesinatos ocurridos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo durante aquellas jornadas.
Mientras lo llevaban y lo traían para que realice el trabajo forzado, García iba descubriendo el funcionamiento de la ESMA. Un día, contó, se cruzó con una madre que acaba de parir. “Qué lindo bebé, le dije, y ella me lo dio para que lo tenga a upa unos segundos. Con el tiempo me enteré que ese bebé era Juan Cabandié (uno de los últimos nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo y legislador porteño electo por el Frente para la Victoria)”.
Facturas falsas y el diario de Massera
García explicó que después lo destinaron en la imprenta, donde lo obligaban a confeccionar facturas de hotelería falsas para que los marinos pudieran pasar viáticos extras y hacerse de dinero fácil. La víctima también recordó que lo obligaron a presenciar el saqueo de dos imprentas del norte de la provincia de Buenos Aires, en un operativo que estuvo a cargo de Febres. El episodio es coincidente con la aparición del diario Convicción, que tenía como objetivo convertirse en la tribuna del dictador Emilio Eduardo Massera, que hacía públicas a través de esas páginas sus aspiraciones a convertirse en presidente de la Argentina.
“Nos llevan a trabajar a Apus gráfica, donde se imprimía Convicción. Febres es el que nos presenta a los gerentes de la empresa. Todos los días nos llevaban desde la ESMA hasta allí. Éramos mano de obra esclava”, definió García que en un momento introdujo su mano en su saco y exhibió la credencial que le habían dado en esa empresa y un certificado de trabajo que le habían extendido. “En Apus Gráfica también trabajaba gente normal -explicitó para contraponer con su propia situación- que no sabía nada. Qué le íbamos a decir”.
La jornada laboral de García no terminaba en Apus Gráfica, continuaba hasta la madrugada en la imprenta del edificio Libertad, donde lo obligaban a falsificar Documentos de Identidad, Cédulas, Registros de Automotor y Pasaportes, entre otros documentos. Recién entonces, lo llevaban de regreso a la ESMA.
Lo que contó Josefa
García responsabilizó a Febres del traslado desde Uruguay de un matrimonio secuestrado que fue alojado en la ESMA.
– ¿Qué funciones vio cumplir a Febres en la ESMA –insistió uno de los abogados querellantes.
– Torturaba, se encargaba de las embarazadas y los bebés y hacía inteligencia. También daba órdenes – sintetizó García.
En un momento, le concedieron a García el régimen de libertad vigilada. Debía llamar a la ESMA y presentarse cuando se lo ordenaban. Quiso casarse con Myriam Lewin, a quién había conocido dentro de la ESMA. “Tuvimos que pedir permiso para hacerlo. No éramos dueños de nuestra vida”, subrayó.
Alfredo Margali, otro de los querellantes, relató de manera casi idéntica a la de García como los forzaron a realizar tareas en Apus Gráfica. La que no pudo construir un relato pormenorizado fue la cuarta víctima, Josefa Prada de Olivieri. “Mi compromiso con la memoria duró hasta el Juicio a los ex comandantes, me parece muy extraño todo esto a 30 años de distancia”, explicó visiblemente nerviosa no bien comenzó su declaración. Prada de Olivieri había sido llevada a la ESMA junto a su pareja. A la testigo le exhibieron una foto de Febres para ver si podía identificarlo entre sus agresores, pero no pudo hacerlo. Lo que la víctima no puede olvidar, treinta años después, es que fue violada en el centro clandestino de detención mientras estaba embarazada de cuatro meses.

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Hasta siempre, Mirta

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Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.

Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.

Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.

Gracias, Mirta.

Presente, ¡ahora y siempre!

Hasta siempre, Mirta

Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca

24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Hasta siempre, Mirta

Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca

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S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

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Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.

Por Francisco Pandolfi

Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan. 

Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.

La salud de quienes cuidan la salud

Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020: 

–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.

–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.

–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá. 

Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil). 

Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.

La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.

El sueldo más bajo de la historia 

Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos. 

Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”. 

Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.

Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”. 

Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.

S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.

El éxodo de trabajadores

Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”. 

Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.

Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”. 

Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”. 

Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”. 

S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.

El ministro que nunca pisó el hospital

El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.

Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.

S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.

La resistencia

Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.

Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego. 

Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.

Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.

Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.

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Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial

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La comunidad originaria kolla de Guerrero, al sur de la provincia, fue desalojada este martes en medio de una violenta y desproporcionada represión policial: “Casi 200 policías para un puñado de mujeres, niños y ancianos”. Hubo detenciones y vejaciones: “Les hicieron sacar toda la ropa; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas”. La complicidad entre la Justicia y el poder político. La figura del empresario de medios y ex vicegobernador peronista Guillermo Jenefes, cuya familia reclama esas tierras. La voz de la comunidad desterrada, que hace siglos vive en ese territorio: “Pasaron las topadoras por nuestras casas, por nuestra chacra. Arrasaron con todo, no quedó nada”.

Por Francisco Pandolfi

En Jujuy, a la gente originaria la destierran de su tierra, por ejecución de la policía, por orden de la Justicia y por decisión de la política. 

Los desalojos de las comunidades indígenas no son una excepción, sino una regla a piaccere de quienes manejan la provincia del norte del país. Fueron moneda corriente en la última parte de la gestión de Gerardo Morales. Y lo son desde que el pasado 10 de diciembre lo reemplazó Carlos Sadir, quien fuera su Ministro de Hacienda y Finanzas. Este martes, cinco familias campesinas fueron arrancadas de su tierra ancestral en la localidad de Guerrero, al sur de la provincia de Jujuy, a 20 kilómetros de la capital, San Salvador. Una comunidad que contaba con personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con el plano catastral que marcaba los límites de su territorio, publicado incluso en el Boletín Oficial de la Nación (resolución 62/2018). Ni ese marco legal impidió un operativo violento y descomunal conformado por más de 150 policías, luego que la jueza Lis Valdecantos Bernal, a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ordenara el desalojo.

No se trata de un terreno más. Detrás de este desalojo se encuentra la todopoderosa familia Jenefes, que reclama las tierras como propias. Guillermo Jenefes fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015, en la administración peronista de Eduardo Fellner. En ese lapso, nombraron a la Valdecantos Bernal como jueza. Guillermo Jenefes también fue uno de los constituyentes que votó a favor de la Reforma (in)Constitucional que el radical Gerardo Morales impuso el año pasado a espaldas del pueblo. Guillermo Jenefes además es un robusto empresario de medios de comunicación de Jujuy. Juan, su hijo, denunciante de la comunidad indígena, es diputado provincial por el PJ.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Arrasa-miento

Lorena Durand integra la comunidad kolla de Guerrero recientemente despojada. Cuando la contactamos desde lavaca, pidió si la podíamos llamar “en quince minutos” porque estaba entrando al colegio de sus hijos a justificar por qué no fueron a clase esta semana. Se la nota agitada. Con un dejo de agotamiento en el habla y en la respiración, que persiste en el aire cuando termina cada oración. Minutos después, lo primero que dirá son dos palabras, con múltiples significados: “Acá estamos”.

El acá estamos literal es en el portón de ingreso de su comunidad. “Nos acercamos a pedir por nuestros animales. Y a darles agua y comida, pero no nos dejaron. Además de animales grandes, como vacas, caballos y ovejas, quedaron gallinas, gatos y un corderito al que estábamos dándole mamadera. Una abogada proteccionista nos está ayudando y logró que nos los entreguen, aunque por tandas. Ayer nos devolvieron algunas perras, en un estado deplorable, golpeadas, asustadas. De 30 gallinas nos dieron 11, todas muy lastimadas. La Policía demolió nuestras casas, pasaron las topadoras cuando la orden judicial decía solamente desalojar. No deberían haber tocado las viviendas y creemos que en esa demolición aplastaron a muchos animales”.

El acá estamos, Lorena también lo dice suspirando injusticia y una lucha que seguirá, ahora sin un techo donde vivir, y en una abismal desigualdad de condiciones. Habla de corrido, como quien necesita diseminar lo que está pasando lo más rápido y contundente posible. “Los animales grandes no los vamos a sacar, porque sacarlos sería perder nuestra posesión y no lo vamos a hacer”. Y repite, porque cree que hay oraciones que necesitan subrayarse: “Y no lo vamos a hacer. Nosotros acá estábamos en uso y posesión de nuestra tierra, vivíamos, teníamos árboles frutales, nuestra chacra y los animales, que son nuestra principal fuente de ingreso. Todo fue arrasado. Todo. No quedó nada”.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Jenefes, el patrón

De fondo, se escuchan los bocinazos de gente autoconvocada que se acercó a apoyar a las familias. Hay mucho ruido en este desalojo: “Somos una comunidad aborigen con reconocimiento nacional, pero en Jujuy Guillermo Jenefes maneja absolutamente todo: el poder político, la policía, todo, todo, todo. Él quiere sacarnos del terreno para fraccionarlo y venderlo; al resistir estamos yendo contra el gran patrón de la provincia”.

Lorena argumenta: “Nosotros no somos una comunidad improvisada como él nos quiere hacer ver, no estamos fuera de regla. Hasta tenemos personería jurídica otorgada a nivel nacional. Figuramos en el ReNaCI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y en el ReTeCI (Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), además de tener nuestra carpeta técnica aprobada por el Estado Nacional. Desde Buenos Aires mandaron un equipo técnico y corroboraron nuestra existencia y preexistencia en este lugar, donde estuvieron nuestros antepasados mucho antes que cualquiera. Pero hoy, con el poder y el dinero que tiene, Jenefes hace lo que se le antoja”.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Una peli de terror

El martes a la mañana arremetió un operativo encabezado por efectivos del CEOP (policía provincial), con más de diez patrulleros, caballos y armas de fuego. Detuvieron a seis integrantes de la comunidad “por resistencia a la autoridad” y los liberaron algunas horas después. Cuenta Lorena: “Nos pasaron por encima. Vinieron casi 200 agentes para desalojar a un puñado de mujeres, niños y ancianos. A mi nene de 10 años le doblaron los brazos hacia atrás. Fuimos violentados y vulnerados, la situación fue totalmente caótica y traumática. Se llevaron a dos personas mayores de 70 años, sin comida, ni bebida, incomunicados. A mi esposo y a mi primo los golpearon, los vejaron, les hicieron sacar toda la  ropa “para buscarles los celulares”; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas. De terror la violencia que generaron, no hay palabras para describir lo que pasamos”.

Hay más. Clemencia Farfán tiene 99 años y vivió allí toda su vida. Es la abuela de Lorena: “La sacaron de la cama donde estaba, la empujaron a su silla de ruedas y la llevaron afuera, le cerraron las puertas de su propia casa y la pusieron de espaldas a su tierra. Fue terrible lo que hicieron y con muchísima brutalidad”. Su abuelo Carlos falleció hace tres años y está enterrado en su territorio. “El mayor miedo que tenemos es que saquen el cadáver de nuestro abuelo. Nos dieron 72 horas para que lo saquemos. ¿Cómo vamos a sacarlo de su tierra? Ellos están tratando de borrar todas nuestras huellas, causando el mayor daño posible antes de que regresemos a nuestro hogar, porque saben bien que hicieron las cosas mal, que la orden de la jueza está totalmente fuera del orden constitucional”.

Un puñado de kollas

La vocera de la comunidad asegura que la jueza Lis Valdecantos Bernal firmó el desalojo porque Jenefes, cuando era vicegobernador, la nombró en ese cargo. “Le pagó el favor y puso una firma donde no había argumento, pero Guillermo Jenefes mueve los hilos de todas las marionetas: el Poder Judicial, la Policía y el resto de los políticos. Él hace ostentación de su poder, a diestra y siniestra, sin importarle nada”.

La disputa la tierra lleva 17 años sin ninguna resolución: Explican desde la comunidad: “Si Jenefes tuviese algún papel que demostrase que es suya o de su familia, ¿alguien podría creer que el conflicto jurídico seguiría? No, nos hubieran sacado desde un principio. No hay ni un papel que corrobore que el terreno es de él, pero la jueza debió pagar el favor. Este hombre es dueño del canal 7 –la única señal que llega a todo Jujuy– y tiene mucha injerencia en el canal 4, por eso en la provincia no se nos abren los micrófonos”. 

Además de un posible negocio inmobiliario, en zona de majestuosas yungas, pura vegetación verde y cerros, Lorena apunta a otro foco de la persecución: “Jenefes es una persona cuyo orgullo no le permite mirarnos como iguales. Odia que un puñado de kollas ose pararse delante de él, mirarlo a los ojos y decirle: ‘Vos no sos mi patrón’. El país tiene que saber que los desalojos a las comunidades originarias están siendo cada vez más frecuentes. Los terratenientes están tomando un impulso que debemos frenar. Lo que nos hicieron debe ser la gota que rebalsó el vaso”. Concluye, desde la puerta de su comunidad, aunque del lado de afuera del portón: “Somos la comunidad aborigen de Guerrero, pertenecientes al pueblo kolla, de piel oscura y estamos orgullosos de serlo. Acá estamos, y acá estaremos”.

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