Nota
El Morenazo: docentes, entre amenazas y luchas
Además del secuestro a la docente Corina de Bonis, las y los docentes sufrieron al menos otras diez amenazas. Cómo fueron. De dónde se sospecha que vienen. Cuál fue la reacción del gobierno provincial. Y cómo sigue la organización, entre ollas populares y acompañamientos pedagógicos para que no se pierda el año. POR EZEQUIEL SCHER
Luján no sabía que el infierno puede existir los viernes a la tarde. Salió de una reunión a eso de las 18.30, llegaba a su casa y vio que del portón sobresalía un papel. El último mes había sido un sacudón imposible: luego de años de denuncias, una escuela finalmente había explotado por un escape de gas y habían muerto Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. El relato de quien encontró el cuerpo de la vicedirectora en el patio de su casa, a más de treinta metros de la escuela 49, después de haber volado por el aire, le rompió la cabeza hasta al más apolítico. La comunidad iba a asambleas y a marchas y a lo que fuera. Desde el 2 de agosto del dolor, las escuelas estaban cerradas: con escapes de gas, con cielo rasos en riesgo, con paredes electrificadas o con pozos ciegos rebalsados, no se abrían. Luján, entonces, miró la entrada de su casa y supo que la perversidad no había terminado: “Seguí jodiendo en las Asambleas de papis. Sabemos dónde vivís”.
El sábado fue a la fiscalía de Moreno y le caratularon la denuncia como “amenaza agravada”. Tenía miedo. Pidió custodia y le pusieron un policía en la puerta de la casa.
Sentía que ahí no se terminaba y exigió que cuidaran su escuela. Al lunes siguiente, cuando salía de la Rosario Vera Peñaloza, la 38, su lugar de trabajo, vio a un señor sacándole fotos con un celular desde enfrente. Tuvo más miedo. Pero no le pasó a ella sola. Al menos otras diez denuncias más están radicadas en la fiscalía número 5 de Moreno.
Un docente del Profesorado José Hernández manejaba, llegó a la esquina y se le cruzó un transeúnte. Bajó la ventanilla para pedirle que prestara atención, el otro se acercó y le dijo su nombre, sus horarios y que se dejara de joder.
En el jardín 906, dejaron un cartel que decía: “Métanse la continuidad pedagógica en el culo y cuidencen. Veso” (SIC).
Por el jardín 925, una camioneta sin patente se detuvo y le sacó fotos a un encuentro docente.
La escuela secundaria Nº36 -construida por familias de la zona- se hizo llamas durante una madrugada. Se incendiaron la preceptoría, la biblioteca y un salón. No hubo heridos, pero se perdieron documentos, boletines y legajos.
Para apretar a un docente llamaron a la casa de su expareja y lo amenazaron.
Jóvenes militantes llegaban a una manifestación por Sandra y Rubén, la policía los frenó, pidió documentos, uno no tenía y lo hicieron ponerse contra la pared.
“Moreno no puede ser tierra liberada”, pidió Mariana Cattaneo, de SUTEBA, en un acto en la Plaza Fuentealba, bajo el Acceso Oeste.
Difícil.
El infierno tampoco es sólo de los viernes a la tarde y la realidad anda tan sin piedad que, el 26 de septiembre, entraron a robar a la escuela 47, la escuela donde trabaja Mabel, la compañera de Rubén.
¿Quién amenaza?
Del 2 al 12 de agosto, no bajaron comida. El Estado se paralizó después de las muertes de Sandra y de Rubén. María Eugenia Vidal y Gabriel Sánchez Zinny, gobernadora y director de Cultura y de Educación en la Provincia de Buenos Aires, pidieron respeto para las víctimas y deslizaron el discurso de que los docentes “hacen política” con estos eventos. El gasista que había revisado el día anterior a la explosión en las instalaciones de la escuela Nicolás Avellaneda estuvo detenido unos días y después quedó en libertad. Sebastián Nassif, interventor del Consejo Escolar de Moreno, renunció. Las escuelas se inhabilitaron. Pero no dejaron de cumplir sus funciones básicas: es que en el oeste del oeste si las escuelas no dan de comer, las niñas y niños no morfan.
Entonces, las ollas populares.
Las amenazas empezaron apenas empezaron a hacer las comidas comunitarias. Sobre las veredas se hacían pirámides de fideos. Como los comedores están dentro de las escuelas y éstas no están en condiciones, las familias se llevaban su parte en platos o bandejitas. Al día siguiente del secuestro de Corina -la maestra a la que subieron a un auto, le pusieron una bolsa en la cabeza y le escribieron con un punzón en la panza “Ollas no”-, ese fue el sector apuntado por las voces del gobierno provincial: los comedores y los punteros políticos.
Más osados, algunos instalaron versiones relacionadas con el narcotráfico. Un testigo de identidad reservada declaró en la causa que las empresas proveedoras de alimentos podían estar vinculadas a las amenazas. La fiscalía que conduce Emiliano Buscaglia le pidió al gobierno provincial que le entregara los nombres de esas entidades: Blue catering, O.A.C y Komaku Catering. Aunque esa es una sola de las hipótesis que circulan.
Luego de que apareciera una pintada contra las tomas, con el mismo trazo que se usa en la política de San Miguel, se sembró la sospecha contra algunas referencias partidarias de otras municipalidades. Un histórico dirigente apunta a San Miguel por su tradición fascista: desde la gestión de Aldo Rico al elogio público del intendente Joaquín de la Torre a Martínez de Hoz. A la gestión de Cambiemos se la responsabiliza por no (no) proteger las calles. Es decir: por la inseguridad. Lo mismo se le exige a Walter Festa, intendente peronista de Moreno. Las culpas van y vienen a un y otro lado de las fronteras partidarias: la voluntad política es la de no quedar pegados.
Por el incendio de la escuela 36, el 28 de septiembre se entregó un joven en La Plata, asumiendo haber sido quien prendió fuego el establecimiento. Su testimonio fue extraño: aseguró haber entrado a buscar golosinas y, como no encontró, volvió llamas un cartón.
El reclamo de las y los docentes es que la Justicia ponga a disposición toda su tecnología para encontrar a las y los responsables. Muchas calles tienen cámaras de seguridad y las llamadas telefónicas debieran ser rastreables. Lo más extraño de eso fue lo que declaró mediáticamente Julio Conte Grand, Procurador de la Provincia de Buenos Aires: “Algunos datos del testimonio de Corina no coinciden con las imágenes que tenemos”. Esa declaración, enmarcada en una entrevista donde se hablaba de otras causas, fue la más divulgada periodísticamente por los medios comerciales en una historia con, al menos, otras diez denuncias. Aunque eso no debiera ser algo fiable. Jocosamente, desde la Dirección de Educación la Provincia, aseguran que Jorge Lanata dice al aire lo que ellos quieren o los entrevistan con las preguntas que ellos desean.
“Lo más importante es que la Justicia investigue lo que pasó con Corina y con el resto de las amenazas”, pide Cecilia Pustlinik, secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA Moreno. Llegó a su cargo para poder hacer memoria y trabajar contra el olvido de lo que fue la última dictadura. La realidad le cambió la perspectiva: ahora acompaña a cada víctima a hacer las denuncias a la policía. Ella, como otras quince personas entrevistadas por MU vinculadas con ésta causa -del gobierno, de la Justicia, del sindicato, de las familias- no logran entender de dónde vienen tantos agravios. Mucho menos logran entender cómo desde el 2 de agosto en adelante la vida se les volvió un infierno.
“Lo que tiene que quedar en claro es que esto lo hace un grupo de tareas. Hacen inteligencia. Han demostrado que tienen información sobre cómo son nuestros movimientos y así han actuado. Eso preocupa mucho porque pensamos que era un capítulo de la historia argentina que estaba terminado”, sintetiza Cattaneo.
Cálculos combinados
Un niño se acerca con una hoja cuadriculada y unos cálculos combinados resueltos. Marcela Corvalán, maestra de sexto grado de la escuela 49, le pregunta si le salieron bien. Dice que casi todos, pero que con uno no pudo. Sobre la vereda de la Asociación Cristiana que usan mientras reconstruyen el edificio explotado, revisan juntos la resta que no funcionó. Eso se llama acompañamiento pedagógico. Cada semana, dejan las tareas en la fotocopiadora de la esquina. El plan busca que no olviden lo aprendido. Funciona desde el 2 de agosto, la última vez que hubo clases.
El espanto está tan empeñado que a una maestra de la escuela 36 -la que se incendió- la encerró una moto cuando estaba llegando al acompañamiento pedagógico. Le quisieron robar. Ella se resistió. Le tiraron con una pistola de balines y terminó hospitalizada. Aún así, el plan sigue.
Hay un sólo establecimiento educativo que funciona normalmente en Moreno. Es el jardín 960. Por ser el último construido, todas las partes aceptaron su habilitación. El 3 de agosto, en el cementerio donde enterraron a Sandra y a Rubén, Roberto Baradel, Secretario de SUTEBA, dijo que las escuelas no se abrían hasta que no estuvieran en condiciones. La comunidad educativa tomó el Consejo Escolar, hizo un acampe en el medio de la avenida Victorica y desde ahí resistió. Hasta que el 18 de septiembre la gobernadora aceptó que se conformara el Comité de Crisis.
“Hay que hacerle marca personal a los funcionarios”, dio como consigna Cattaneo. Familiares de Rubén, estudiantes de terciarios, miembros del sindicato, madres, padres, maestras y maestros y representantes del gobierno se reúnen para seguir de cerca las promesas: 240 obras, 140 que ejecuta la Provincia de Buenos Aires y 100 la intendencia de Moreno. La presión de parte del Estado por abrir las escuelas es muy alta. Vidal sigue las reuniones de ocho horas desde un teléfono. Forma parte de la negociación con voceros de por medio. No lo hace sin presionar. Sumado a la inflación y a que decretó la paritaria docente con un aumento apenas de 19%, en estos meses sin clase ha retenido más de dos mil pesos de cada salario como sanción por las medidas tomadas.
El riesgo de que se pierda el año es muy alto. Recién comenzaron a abrirse algunas escuelas de los distritos vecinos. La muerte de Sandra y de Rubén se abrió como un antes y un después. Las y los docentes y las familias decidieron plantarse para que, de una vez por todas, esas escuelas estén en condiciones. Aunque fue un sacudón, el gobierno no se modificó demasiado tras el contexto: Sánchez Zinny sobrevive en su cargo. Parece no sufrir el impacto de que 70 mil jóvenes no puedan educarse y de que una escuela cargue para siempre con dos muertes.
El Morenazo. Así le dice la jerga popular a este movimiento de maestras y maestros que dijo basta. Las madres y los padres también son la clave para que se sostenga. Dan legitimidad. Participan de las actividades constantemente: desde las maratones de lectura, hasta las charlas abiertas de filosofía, pasando por las marchas y hasta por las ollas populares. “Podrían haber llovido pibitos por todo Moreno. Imaginate, en serio, lo que hubiera sido si la explosión del 2 de agosto pasaba veinte minutos más tarde. Yo lo pienso y me da miedo. Cómo no vamos a reclamar. Yo no quiero que pierda el año, pero menos quiero perderlo”, cuenta un padre, soñando que, ojalá, de una vez por todas, lo peor haya pasado.
Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”
Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
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MU 212: El fin de un mundo
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