Nota
Eso que llamas amor, pagámelo en la jubilación
El próximo 23 de julio vence la moratoria previsional conocida como “jubilación de amas de casas”, que benefició a casi 2 millones de mujeres que querían acceder a la jubilación y no alcanzaban con la cantidad de años de aportes requerida. La decisión del presidente Macri de no renovar la moratoria despertó una ola de cuestionamientos en un contexto de acuerdo con el FMI y de una suba de los medicamentos que supera el 250 por ciento en tres años y medio de gobierno. La economista e investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Natalia Quiroga Díaz, explica a lavaca qué implica esta medida: “Hoy diariamente se pagan más de 2000 millones diarios de intereses a los Leliq mientras que los jubilados son remunerados por debajo de la línea de la pobreza”.
La moratoria previsional para mujeres mayores de 60 años que quieren acceder a una jubilación vence el próximo 23 de julio, según anunció el Gobierno. “El fin de la ley de moratoria provisional está siendo reemplazada por el sistema de Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM)”, explica a lavaca la economista feminista Natalia Quiroga Díaz. “Hace tres años el gobierno la implementó en el marco de la Ley de Reparación Histórica, que a pesar de su ostentoso nombre lo que produce es la invisibilización de un derecho adquirido en reconocimiento a los años dedicados al trabajo de reproducción y doméstico. Cambiemos implementa un programa que se aplica con un esquema asociado a la pobreza y no como un reconocimiento a la trayectoria laboral”.
La Pensión Universal para Adultos Mayores fue creada por la gestión actual en 2016 en reemplazo del sistema de moratorias, que se basaban en dos leyes: la Ley 24.476 y la Ley 26.970 (de 2014), conocida como “jubilaciones de amas de casa”. Estas medidas permitieron a casi 4 millones de personas acceder a una jubilación mínima durante los últimos años. Actualmente, el sistema PUAM tiene más de 110.000 personas como beneficiarias.
Quiroga Díaz, economista, coordinadora académica de la Maestría de Economía Social e investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), explica: “Durante el gobierno anterior hubo un reconocimiento a la jubilación como un derecho social. Para las mujeres significó la posibilidad de tener ingresos en la vejez por toda una vida dedicada al trabajo, que sostiene la vida y que permite a las actividades productivas contar con los trabajadores que demanda. Con el fin de la moratoria se pasa a un esquema asociado a la protección social que no reconoce la trayectoria laboral de las personas ni la responsabilidad que tiene el Estado frente a las necesidades de reproducción. De esta manera, el trabajo doméstico es ignorado en su producción de valor y en la contribución que hace para que la economía sea posible”.
Para la economista (autora de Economía Pospatriarcal. Neoliberalismo y después, próximamente editado por lavaca y que ya se encuentra disponible para la preventa) la Pensión Universal “es una política pensada en la clave de las políticas de ajuste para la contención de la pobreza, que si bien resuelve la situación de las personas que están en una situación de precariedad económica, implica un retroceso frente al sistema anterior que tenía una lógica universal y de derechos poniendo el acento en una comprensión del trabajo que va más allá del mercado”.
Y agrega: “A la vez, hace explicita la responsabilidad del Estado frente a un mercado laboral desigual y precarizado que impide la cotización de los tiempos y montos necesarios, así como las desigualdades estructurales que llevan a que las mujeres estén sobre representadas en la población sin ingresos”.
Por la Pensión Universal para Adultos Mayores los y las beneficiarias cobran $8.328,30 por mes. “Alcanza a las personas mayores de 65 años que no sean parte del régimen provisional y tiene el problema de que el pago mensual es el 80% de la jubilación mínima. Esto es muy grave, está en un 10% por debajo de la línea de la pobreza, eso quiere decir que es un plan que condena a las personas a una situación de vulnerabilidad total. La PUAM dejó de cubrir la canasta básica total”.
Un ejemplo: según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los precios de los medicamentos aumentaron un 257 por ciento entre mayo de 2015 y febrero de 2019.
Quiroga Díaz: “Acabar con la moratoria es todavía más grave en el contexto en que el gobierno ha declarado la guerra a las y los jubilados. Los condicionamientos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional llevaron a la modificación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones que las pone por debajo de la inflación. Lo que vemos en estos dos años es una masiva transferencia de ingresos de sectores que necesitan cuidado y que han trabajado toda su vida, del despojo a uno de los sectores más vulnerables de la población en el que además las mujeres están sobrerrepresentadas para sostener el esquema de especulación financiera del gobierno. No olvidemos que hoy diariamente se pagan más de 2000 millones diarios de intereses a los Leliq mientras que los jubilados son remunerados por debajo de la línea de la pobreza”.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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