Nota
Más muerte, tortura, hacinamiento y descontrol: Informe sobre cárceles bonaerenses
El doble de detenidos de lo que soporta el sistema carcelario, más muertes, más torturas, más represión, corrupción y complicidad judicial, todo como parte de una acción sistemática. El Informe anual 2011 de la Comisión Provincial por la Memoria, y Comité Contra la Tortura releva todo un retroceso práctico en las cárceles, a partir de datos, estadísticas, análisis y recomendaciones sobre la política penitenciaria, de seguridad y niñez durante 2010 en la Provincia de Buenos Aires. El descontrol policial frente a la niñez adolescencia, la situación trans en las cárceles. Aquí compartimos el Informe completo y también una breve síntesis de sus puntos más sobresalientes, que alarman con respecto a la actual violación de los derechos humanos.
Informe anual 2011
Comisión Provincial por la Memoria
Comité Contra la Tortura
blog.comisionporlamemoria.org
Informe de la Comisión Provincial por la Memoria, área Comité contra la Tortura (en formato .pdf)
Políticas penitenciarias
Sobrepoblación
Capacidad de alojamiento del Sistema Penitenciario Bonaerense: 15.600 plazas.
Índice de ocupación carcelaria: 167%.
Los números arrancan mal. Según la estadística el Informe el sistema carcelario está superpoblado en casi el doble: sumando a las comisarías bonaerenses, el índice de ocupación llega al 192%.
Muertes
Las muertes se han incrementado paralelamente a los índices de hechos violentos y casos de tortura en lugares de detención. Durante 2010 murieron 133 personas, 11 cada mes, frente a 117 en 2009. Las denominadas «muertes traumáticas», es decir en hechos forzados, de violencia o represión, representan el 29% del total, y dentro de ésta casi un 70% por heridas de arma blanca y 29% en suicidios. Cabe recordar que los datos son relevados por el propio Sistema Carcelario Bonaerense, por lo que las causales de «suicidios» e incluso la inexistencia de rótulos como «represión» hacen parcial a la estadística.
Sobre las muertes «no traumáticas» o por enfermedades se registraron 95 casos, 28 de ellos por SIDA y en las restantes no se informó causal ni patología alguna. De nuevo, la imprecisión de los registros. De cualquier modo, en los dos casos ascendieron respecto a 2009.
La Plata es el complejo con mayor cantidad de muertes durante 2010: 55.
La justicia
Hay 45 causas abiertas por muertes en lugares de detención, 25 de ellas ya archivadas antes de los 6 meses y 14 sin abrir. En su mayoría el archivo acontece sin que se realicen autopsias ni se pericie la historia clínica del paciente. En suma, según los números, en el 70% de los casos no se realiza investigación alguna.
Otro capítulo es el de las «torturas o malos tratos». De los 675 hechos registrados por el flamante Registro Civil de Torturas y Malos Tratos, la mayoría fueron calificados por los fiscales como «apremios o vejaciones», clasificación que implica una pena mucho menor a la de «tortura».
Las denuncias que llegan a esta instancia se originan por los partes disciplinarios enviados por el SPB o por denuncias de jueces de ejecución y/o garantías o defensores oficiales (de origen), y en menor medida por denuncias directas de víctimas o familiares. Interpreta el Informe: «Eso invita a problematizar la presencia y control judicial en las cárceles y lugares de encierro así como la desconfianza de víctimas y familiares en la procedencia y avance de las causas abiertas».
Represión y torturas sistemáticas
El índice que más creció respecto a 2009 es el de «hechos de represión»: 1552 en 2009 y 1785 en 2010. Paradójicamente, el relevamiento de las peleas entre internos descendió respecto a otros años, por lo que ante menos hechos de violencia se utilizó más represión.
El Informe celebra la creación del Registro Civil de Casos de Torturas y Malos Tratos, inaugurado el pasado año, que contabilizó sólo en el último trimestre de 2010, 675 hechos padecidos por 166 víctimas en la provincia. La nota: los fiscales que investigan estos casos suelen calificarlos como «apremios y vejaciones» que, como queda dicho, implica una pena mucho menor al de «torturas». Los métodos relevados indican que nada ha cambiado:
- submarino seco o húmedo,
- picana eléctrica,
- palazos con bastones de madera o goma maciza,
- golpizas reiteradas,
- duchas o manguerazos de agua helada,
- aislamiento como castigo,
- traslados constantes.
Según el Informe, estás prácticas «siguen acrecentándose» año a año y forman parte no de hechos puntuales sino de una «práctica sistemática» de la policía bonaerense.
Se extiende sobre esto: «Existen además estructuras de ilegalidad y arbitrariedad ancladas en el propio SPB (…) Ello se materializa en la ineficacia del sistema de justicia bonaerense y federal para controlar y sancionar a los responsables (…) Hay un patrón general de negligencia y falta de efectividad del Estado».
De septiembre de 2010 a marzo 2011 el Comité Contra la Tortura relevó 743 hechos de tortura y/o malos tratos, que involucraron a 179 víctimas, 4 mujeres y 175 hombres. El 93% involucra a funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense. El 16,2% fue por agresiones físicas, 15,2% por malas condiciones materiales de detención, 14,9% denuncias por aislamiento, 12,7% falta o deficiente alimentación, 11,3 impedimento de vínculos familiar y social, 9,6% falta o deficiente asistencia de salud, 5,9% traslados constantes, 5,4% requisa vejatoria, 3,8% amenazas 3,1% robo de pertenencias.
Salud: «graves retrocesos»
Las «muertes no traumáticas», se dijo, treparon a 96 casos, 28 de ellas por SIDA y en el resto no se relevó causal ni patología. Según el Informe, la estadística «ratifica el crecimiento vertiginoso de esta causal», es decir, la de las enfermedades. Y anota que la solución propuesta desde el Estado sostiene un enfoque centrado en la propia enfermedad y no cuestiona las condiciones materiales de detención, la asistencia, el régimen penitenciario y el encubrimiento de las torturas y malos tratos.
Género: la situación trans
En ese sentido, es el colectivo trans quien más ha sufrido daños a la salud física y psicológica. Unas pocas frases del Informe ilustran la situación:
- «No existe capacitación ni sensibilidad en los operadores judiciales y en el personal penitenciario para respetar sus derechos»
- «No tienen acceso a continuar con el tratamiento hormonal que realizaban en libertad, lo que provoca afectaciones importantes en su salud física y psicológica».
- «No pueden acceder a visitas íntimas con sus parejas».
- «Casi no acceden a la escuela y al trabajo dado que las autoridades argumentas que no pueden compartir esos espacios con otros hombres heterosexuales».
- «en la mayoría de las unidades intentan imponerles que se vistan como hombres y se corten el pelo».
- Sufren «abusos sexuales, discriminación sistemática, falta de atención a la salud»
Datos sobre las mujeres con arresto domiciliario:
- No se le realizan controles médicos
- No reciben asistencia psicológica
- No reciben ninguna capacitación en oficios
- No son promovidas para ningún empleo
- No son promovidas para estudiar
Prevención
El Informe recopila además una serie de programas recomendados en 2010 para reducir los casos de violencia en las cárceles bonaerenses, como las «muertes traumáticas» que ocurrieron en un 70% por heridas de arma blanca durante enfrentamientos. Dos de esos programas nunca fueron implementados: uno buscaba clasificar a los detenidos en «penados» y «procesados», y a la vez en «primarios» y «reincidentes», para separarlos según esos rótulos que indican algo así como grado de peligrosidad. Y el otro se centraba en la mediación en ese contexto de encierro: capacitar a agentes penitenciarios y detenidos como mediadores para resolver conflictos.
Un tercer programa de prevención de la violencia fue puesto en marcha en su fase primera, y según el Informe este 2011 se celebran en las cárceles talleres voluntarios para «la solución no violenta de los conflictos, generar espacios de reflexión y comunicación, propender a que los detenidos internalicen la importancia del respeto a sus semejantes y generar estándares de convivencia».
Corrupción
La descripción del modelo penitenciario general habla de una corrupción estructural y una práctica sistemática de torturas y malos tratos que son posibles gracias al encubrimiento de un sistema judicial cómplice. Los adjetivos del Informe para con la corrupción: «asombrosa e inagotable». Y enumera esos kioskos: «Venta de mercadería pagada por el Estado, adulteración de remitos de descarga de productos; descarga de alimentos distintos a los que se acuerdan en los contratos o productos de segunda marca por los de primera; robo de pertenencias a los detenidos, distribución de drogas, permisión de salir a robar, compras inexplicables».
Políticas de seguridad
El viejo paradigma: miedo al otro, mano dura y reclutamiento de chicos
El informe señala que en 2010 volvió a expresarse con fuerza el «viejo paradigma» de la seguridad basada en la mano dura y la demagogia punitiva. Sus puntos sobresalientes son:
- Expansión de la seguridad como política principal del Estado, postulando que los efectos de los conflictos sociales que la desigualdad y la pobreza generan se solucionan por vía del sistema penal. Ejemplo: construcción del otro delincuente como aquél no incluido, desarrollando un enfoque clasista y discriminador
- Pierde de vista la multicausalidad del delito y la necesidad de que el Estado actúe en común para reducir la violencia y el delito. Ejemplo: llaman a endurecer las leyes y a dar más poder a la policía
- Utilización de la policía bonaerense como control social sobre los segmentos más empobrecidos y jóvenes de la sociedad. Ejemplo: reclutamiento por parte policías de pibes para robar
- Delegación de las políticas públicas de seguridad en la policía. Ejemplo: unificación de la carteras de justicia y seguridad, delegando el control de esta última en manos policiales
- El autogobierno policial desarrolla una corporación desprofesionalizada, con presión administrativa arbitraria desde la cúpula. Ejemplo: depuración del personal jerárquico de la fuerza policial; despojo de poder a las estructuras civiles del ministerio
- Se han incrementado las represiones policiales frente a manifestaciones pacíficas de vecinos (…) No reprimir la protesta social es una clave del estado democrático, no constituye de por sí una política de seguridad. Ejemplo: Reiteradas veces se ha reprimido salvajemente a los vecinos de Vicente López que se manifestaban contra construcciones que entienden son un daño al ecosistema.
Este viejo paradigma es herencia de la última dictadura militar argentina. La seguridad pública se construye así sobre una matriz autoritaria, militarizada y discriminatoria. Trabajan también sobre la idea de promover el miedo al «otro»: joven, empobrecido, morocho, argentino o inmigrante.
Averiguación de identidad
En el 38,3% de los casos de «averiguación de identidad» no se consignan datos sobre los detenidos. Sobre el resto, el 11,7% era de ocupación albañiles, 19,3% desocupados y 33% empleados. La franja sobre la que se concentran estas detenciones va de los 18 a los 25 años, representando el 50,4% de los casos.
Sobre el total de las actas por averiguación de identidad, el 88,4% no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención. En el 13,8% se utiliza la expresión «no pudiendo justificar su permanencia en el lugar» y en muchas de ellas se agrega «responde con evasivas». Constituye esta carátula el máximum de la arbitrariedad policial.
Las actas que sí esgrimen circunstancias que supuestamente justifican los abordajes policiales, describen situaciones que evidencian que las detenciones tienen que ver con prejuicios o estigmatizaciones: actitud sospechosa, merodeo y nerviosismo. Sobre esta última, el Informe realiza una confesión: «Es pertinente agregar que ante el accionar arbitrario de la policía bonaerense (…) somos muchas las personas que nos sentimos nerviosas e intranquilas».
La investigación: patrones comunes
El médico que omite elementos clave en su parte; alteración de la escena del crimen, adulteración o robo de elementos de prueba; la investigación penal a manos de la misma fuerza policial; los fiscales que no ordenan medidas urgentes como el secuestro de libros; no se investigan las omisiones funcionales o el incumplimiento de los deberes de funcionario público. En definitiva, no hay protocolos de actuación-investigación ante los casos de muertes o ejecuciones policiales.
El colectivo trans
De nuevo, el Informe focaliza en la particular situación de los travestis, transexuales y transgénero en general. La premisa es que son los más vulnerados por la violencia institucional y quienes más sufren la estigmatización social. Sintetiza el Informe todo un puñado de patrones comunes: robo de pertenencias y desaparición de documentos personales, homofobia y transfobia explícita, abuso sexual y violaciones, rechazo a las denuncias o testimonios, entre otras.
Desaparición forzada
Luciano Arruga, Andrés Nuñez, Miguel Bru, Jorge Julio López. En este apartado, el informe analiza esos cuatro casos y el desenvolvimiento judicial que garantiza impunidad. La desaparición forzada de personas es una de herencias directas de la dictadura, ahora propiciada más específicamente por las fuerzas policiales bonaerenses. Su práctica garantiza parte de la impunidad de la investigación (no hay cuerpo) al tiempo que funciona como mensaje de impacto para el entorno de la víctima. Los casos analizados coinciden en el encubrimiento o negligencia de los órganos jurisdiccionales en la investigación, así como en la ausencia de una respuesta estatal para proteger a las víctimas y testigos.
Inspecciones en comisarías del CCT
El Informe consigna siete de los casos más «relevantes» que consignó la Comisión Contra la Tortura en un monitoreo de comisarías en la provincia. Aquí ejemplificamos con tres de ellos:
Fecha | Comisaría | Condiciones de detención |
8-01-2010 | Comisaria 4° de Libertad, Merlo | Hacinamiento del 300% (capacidad para 18, alojados 54). La mayoría dormía en el piso, encerrados 24hs. sin actividad, sin ventilación, sin ingreso de luz natural, sin atención, sin acceso a teléfono. |
8-6-2010 | Comisaría 1° de Berisso | Hacinamiento del 100% (capacidad para 10 detenidos, había 21 personas). Sin atención médica, alimentación escasa, sin acceso al teléfono. La celda de contraventores no tiene luz eléctrica ni ventilación. |
11-6-2010 | Comisaría 6° de Lomas de Zamora | Inspección junto al relator del PPL (CIDH). Hacinamiento, falta de acceso al teléfono, a la salud, a alimentación adecuada, 24hs. de encierro sin actividad, condiciones edilicias y eléctricas muy precarias. |
El otro camino
El Informe hace hincapié en la creación del Acuerdo para una Seguridad Democrática que propone, en cambio, un «paradigma democrático». El Acuerdo articula ideas de fuerzas políticas, universidades, organizaciones de derecho sobre «cómo lograr menos violencia y delito»: operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad. Su presentación fue cubierta extensamente por lavaca en estas dos notas:
Propuestas de la Comisión por la Memoria
- Recuperación del gobierno civil de las políticas de seguridad provincial
- Creación de un Ministerio de Seguridad
- Descentralización y reestructuración de la policía. Desarrollo de las policías regionales o comunales
- Participación ciudadana
- Creación por ley de la Policía Judicial, dependeiente del poder judicial, cuyo objetivo principal es la investigación penal a las órdenes de los fiscales generales
- Creación por ley de una Observatorio de Violencia y Delito, como organismo autónomo destinado a la reunión, análisis y validación de la información de la violencia y el delito. Toma de decisiones hacia estrategias preventivas para la seguridad ciudadana y la política criminal y social
- Organización de las policías destinadas principalmente a la persecución y desbaratamiento de las redes delictivas complejas
Políticas de Niñez y Adolescencia: el accionar descontrolado
Bajo la premisa que «los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables son las víctimas directas del accionar policial descontrolado de las fuerzas policiales», el Informe inaugura su apartado de Políticas de niñez. Se parte de la preocupante base que la mitad de los municipios no adhirieron ni ratificaron el convenio con la ley de niñez. Y desde allí, en una creciente demanda punitiva sobre los más jóvenes: mediáticamente demonizados y construidos como principales responsables de la inseguridad.
Los institutos
Total entrevistados: 236 varones y 5 mujeres
El 58% tenía entre 16 a 17 años; el 36% entre 18 y 19
El 81% habitaba en el conurbano bonaerense
El 0,8% en Capital
88% tenía la primaria incompleta
El 47% contaba con familiar detenido
El 87% estuvo alojado en una comisaría antes de la actual detención
El 90% fue detenido por la policía bonaerense
Al 95% no se les leyó sus derechos
Al 7% se les permitió efectuar una llamada telefónica
El 42% de los jóvenes no sabía precisar de qué juzgado dependía su causa ni contaba con documentación escrita
El 68% estaba bajo la figura de prisión preventiva, detención, medida de seguridad, es decir, medidas cautelares
El 81% no obtuvo un permiso de salida de ningún tipo
El 25% reconoció haber sido víctima de agresiones físicas durante su detención, el 50% de ellos en más de una ocasión
El 28% no asistía a la escuela dentro del instituto
Centros de contención
Son de modalidad semi-abierta y los jóvenes sólo pueden ser derivados por orden judicial. En 2010 ingresaron tan 502 adolescentes, frente a 750 en 2009 e igual promedio en años anteriores.
Centros cerrados y de recepción
Según una serie de inspecciones que el CCT realizó durante 2010, las condiciones de estos lugares se muestra sumamente precaria. Sobre el Centro de Menores de Junín, por ejemplo, expresa: «Serios problemas de estructura edilicia, carencia de insalaciones sanitarias, inodoros y duchas, deterioro de muros por alta de pintura, higiene deficiente, carencia de matafuegos, exiguas zonas de esparcimiento, insuficiente espacio de aulas educativas, instalación eléctrica primaria, reducido espacio en celdas». El ejemplo se extiende y el Informe muestra su preocupación sobre las condiciones edilicias de detención que son sometidos los jóvenes en centros de detención. En éstos se alberga el 50% del total privados de su libertad.
Torturas
El Informe detalla una serie de casos de torturas y malos tratos a menores tanto en institutos como en centros cerrados y de recepción del propio Estado.
Jóvenes no punibles
A contrario de lo que recomiendan los organismos internacionales y lo que la propia legislación interna en materia de derechos humanos prohíbe, la nueva ley provincial permite la detención por tiempo indeterminado de jóvenes menores de 16 años: en el artículo 64 de la Ley 13.634 se estipula la posibilidad de aplicar a éstos la privación de la libertad en régimen cerrado bajo la figura de «medida de seguridad», que no requiere establecer plazos.
El Comité de los Derechos del Niño
Según estos diagnósticos, y luego de una serie de audiencias donde se dio a conocer y discutió la realidad de la justicia penal juvenil de la Provincia de Buenos Aires, el Comité de los Derechos del Niño interpeló al Estado haciendo públicas una serie de recomendaciones, entre otras:
- Derogue la ley 22278, relativa al régimen penal de la minoridad, y apruebe una nueva ley compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil
- Garantice que los niños que se encuentren en conflicto con la ley puedan recibir asistencia letrada gratuita e independiente y acceder a un mecanismo de denuncia independiente y eficaz
- Adopte las medidas necesarias (…) a fin de garantizar que los niños sean privados de libertad únicamente como último recurso y durante el menor tiempo posible
- Garantice que los niños privados de su libertad puedan recibir educación, e incluso formación profesional, y realizar actividades recreativas y de aprendizaje
- Adopte las medidas necesarias para que las condiciones de los centros de privación de libertad no entorpezcan el desarrollo del niño y se ajustan a las normas mínimas internacionales
- Investigue con prontitud, exhaustivamente y de manera independiente todos los casos de suicidio y tentativa del suicidio
- Adopte las medidas necesarias para que las personas que trabajen con niños en el sistema judicial, como los jueces de menores, reciban periódicamente una formación adecuada
Informe de la Comisión Provincial por la Memoria, área Comité contra la Tortura (en formato .pdf)
Nota
Más allá de tu vereda: un documental sobre personas en situación de calle en CABA

Más allá de tu vereda.
Así, a secas, es el nombre del documental que acaba de estrenarse.
No es un documental más. Así se llama el programa de radio de y para personas que viven o vivieron en la calle, que se realiza semanalmente en la organización Sopa de Letras. Esta cobija y aborda la problemática así como la salud mental, desde hace más de 10 años en el barrio porteño de Parque Patricios.
El documental explicita la importancia de la radio, el valor de la comunicación, la potencia de lo colectivo, la necesidad de comunicarse, y que alguien escuche del otro lado, o mejor aún: al lado. Y también refleja la historia de Víctor Rodríguez Lizama, su director, que tiene 64 años y vivió varios en situación de calle.
El Cuervo, como le dicen a Víctor por su fanatismo por San Lorenzo, visibiliza en primera persona junto a otrxs protagonistas lo que se ve a diario, pero no tanto. Lo que se sabe, pero no tanto.
En Más allá de tu vereda, Víctor entrevista a muchos de los integrantes del programa que se emite en Radio Parque Vida (105.9) desde hace más de tres años.
Marcela dice que antes sólo escuchaba. Y que ahora se animó a decir.
Luciana dice que perdió un poco la timidez. Y que, quizá, eso la ayudó a crear la sección “la música que nos hizo”.
Cata dice que encontró un espacio para hacer arte. Para animarse a leer sus poesías.
Alicia dice que antes hablaba “poquito”. Y que ahora “habla un poquito más”.
Lautaro habla cuando llora, emocionado. Dice que no tenía experiencia. Y que ahora se sorprende de sí mismo.
Juan Bautista dice que es el encargado de informar las noticias. Y que ahora sí, alguien escucha su punto de vista.
Cristian dice que está más atento a su alrededor. Tanto, que ahora se anima a opinar.
Víctor dice que hasta no hace mucho, había personas que no agarraban el micrófono. Y que ahora no lo quieren soltar.



Termina el documental, con una última imagen; pantalla en blanco y una sola línea en letras negras.
«A todos los que estuvieron en situación de calle y ya no están».
Hay aplausos, hay felicidad, hay valoración.
Hay orgullo.
Luego, se abre el micrófono para que quien quiera diga lo que quiera.
Jorgelina: “Hagamos más radios”.
Adrián: “Podría estar en cualquier otro lado, haciendo cualquier otra cosa en este momento y gracias a ustedes estoy acá, me ayudaron un montón desde lo emocional”.
Cierra Víctor Rodríguez Lizama, con la remera puesta de su San Lorenzo querido y su pelo repleto de canas:
“La finalidad de este documental es mostrar cómo a través de la salud mental podemos llegar a la gente invisibilizada, que está ignorada. Ojalá que se reproduzca en otros lugares, que sirva de herramienta para salir adelante. Hoy hay mucha más gente viviendo en situación de calle. Además de haber vivido mucho tiempo, participé de los censos populares. Recientemente censamos en la comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y sólo acá contamos 1480 personas, por donde vos camines están. En la olla popular que hacemos en el Parque Lezama se ve algo similar al 2001. Más personas en calle y más hambre”.
Detrás del Cuervo hay un pizarrón donde se completa al nombre de su documental:
“Más allá de tu vereda,
hay otra realidad,
atrás de tu puerta”.
Al costado, un mural con un puñado de palabras escritas en letra cursiva:
“Hasta que no quede ni una sola persona en situación de calle,
allí seguiremos estando”.
Nota
La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.
Por Franco Ciancaglini
Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:
- su salud era cada vez más delicada;
- los medicamentos oncológicos no llegaban;
- y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.
Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.
Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

Contaminada
María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.
Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.
La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.
Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.
Contaminada
La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.
Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.
Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:
- “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
- “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».
Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”
Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.
En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”
Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:
- “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
- Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.
Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.
Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.



Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”
El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

Abandonada
Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.
Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.
Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».
Sino miren este video.
María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”
El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.
Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.
Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.
Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”
Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”
La respuesta era obvia: mal.
Insurgente
Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.
Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.
El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».
Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.
Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.
Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.
Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.
Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.
La muerte es el abandono.
La muerte es el olvido.
Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.
odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.
Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.
Mary: gracias.
Hasta mañana.
Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
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