En la localidad mendocina de Uspallata el gobierno provincial junto a la multinacional Solway -radicada en paraísos fiscales, con denuncias de contaminación y agresión a pobladores originarios de Guatemala- buscan imponer (otra vez) el proyecto minero San Jorge, rechazado por la comunidad desde hace más de 15 años. Esta vez la ofensiva se dio a través de la represión (patota de la UOCRA, un vecino detenido y varios allanamientos), y la censura. El rol de la Justicia, los daños y perjuicios de la megaminería en una zona cordillerana y de glaciares, y la resistencia de un pueblo que sigue de pie: “Sin licencia social no hay minería”. El agua como recurso estratégico, y la figura del gobernador Cornejo, que mientras tanto se encuentra junto a Karina Milei en la «feria minera más importante del mundo en Canadá».

Por Francisco Pandolfi

Uspallata es una localidad del departamento de Las Heras, en el norte de Mendoza, que está a 120 kilómetros de la capital provincial y a 90 del paso fronterizo con Chile. Es un sitio estratégico: pasa la ruta del Mercosur. E histórico: albergó el Paso Sanmartiniano y el Camino del Inca. Uspallata es el pueblo argentino más grande a menor distancia del cerro Aconcagua (62 km). Y es, también, el epicentro donde el gobierno mendocino junto a la empresa multinacional Solway Holding, buscan imponer (por enésima vez) un proyecto minero de cobre, oro y plata, sin la licencia social y pese a la vigente Ley 7.722 que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua.

Al proyecto minero San Jorge (PSJ) intentan instalarlo desde 2007, y es desde ese entonces que tiene la resistencia de la población. A inicios de este año volvió la ofensiva gubernamental y empresarial, sostenida en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Volvió con la fuerza de los millones, y también de la censura y la represión.

¿Qué está pasando en Mendoza?

A fines de enero se inauguró en Uspallata una oficina de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros, en un acto al que acudieron empresarios del sector, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, así como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Nora Moyano tiene 73 años e integra la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza. Le dice a lavaca: “El intendente, que en un año de gestión no fue nunca a Uspallata para conocer las necesidades de la gente, apareció para este acto acompañado por la patota de la UOCRA. Vinieron a amedrentar a las vecinas y vecinos de Uspallata en contra de la minería. A uno de nuestros compañeros la patota de la UOCRA se le vino encima, le rompió el tabique, y un vecino comerciante, para evitar que le siguieran pegando agarró un matafuegos de un negocio y le tiró el polvito (sic) para que se fueran”. Agrega Nora: “Este vecino se llama Mauricio Cornejo y el lunes 24 de febrero iba caminando por la calle del pueblo y lo detuvieron. Desde ese día está preso. A eso hay que sumarle varios allanamientos a vecinos de las asambleas. Es una locura lo que está pasando. Es tal la ambición y codicia que avanzan y ya no respetan ni las mínimas leyes de nuestras libertades democráticas. Defender el agua y los bienes comunes no es delito. Delito es llevar a la patota de la UOCRA a pegarle a los vecinos”.

El artículo 213 bis

Eugenia Segura conforma la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que denuncia la persecución del gobierno provincial con Alfredo Cornejo (UCR) al mando. Alfredo y Mauricio tienen el mismo apellido, pero no son parientes. Uno es el gobernador de Mendoza. Otro, está preso. Eugenia dice que “el foco y el ojo” de lo que pasa en su pueblo “hay que ponerlo en el artículo 213 bis del Código Penal”. Explica el por qué: “La figura penal que se agarran para detener a Mauricio apunta a convertir toda forma de protesta y organización en algo que puede ser tildado de terrorista; no importa si hacés algo que esté contra la ley o no, igual te pueden imputar porque hay un otro que se supone hizo algo ilegal y es de tu organización, lo cual debería ser completamente inconstitucional. Es inadmisible que corran el arco de los derechos humanos como lo están haciendo”.

El artículo 213 bis fue incorporado al Código Penal en 1984 y refiere al delito denominado de “prepotencia ideológica”, y apunta contra quien “comete, organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena es de 5 a 15 años de prisión. 

Exclama Nora Moyano: “Estamos sufriendo una persecución y en esta peligrosidad nos encontramos. No puede ser que a tantos años de recuperar la democracia todavía esté en vigencia un artículo que nos quieren aplicar a todos los que somos de las asambleas socioambientales por defender el agua y los bienes comunes”.

Censura

En el marco de un ciclo de cine y ante la ofensiva minera, el 14 de febrero se iba a proyectar en el Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el documental “HAM, historia del agua en Mendoza”, sobre cómo el pueblo revirtió la derogación de la Ley 7722 en 2019, que además de la decisión del entonces gobernador Rodolfo Suárez (UCR), también contaba con el apoyo del presidente de la Nación, Alberto Fernández (PJ).

Se iba a proyectar, hasta que desde parte de la comisión directiva del club la dieron de baja por ser una película “politizada”. Rápidamente se consiguió otro lugar (la radio comunitaria La Mosquitera), pero no cesó el hostigamiento. Bernardo Blanco es el director de HAM y le cuenta a lavaca: “Desde temprano se empezó a presentar la policía y a preguntar si iba a realizarse una manifestación por el agua o qué íbamos a hacer. Primero vinieron dos agentes, luego cuatro y después ya eran nueve. ¡Un montón! Tenían la intención de entrar y pudrirla”. A partir de este nuevo amedrentamiento, se pensó la idea de hacer funciones simultáneas de HAM: el sábado pasado se realizaron 29 en Mendoza y 46 en todo el país. Dice Bernardo: “Fue muy fuerte la respuesta de la gente en todo el país. Esto va más allá de los nombres propios y de la película, lo interesante es el fenómeno social/cultural/político que se pone de manifiesto con tantas proyecciones simultáneas”.

HAM es un documental independiente que “cumple la ley de cine, califica apta para todo público y tuvo su estreno en salas comerciales. Esto lo digo para acentuar aún más los intentos de censura y la presencia policial”, destaca el director.

HAM puede verse de manera gratuita en la plataforma BAFilma.

El fondo de la cuestión 

¿A qué se oponen quienes se oponen al proyecto San Jorge? 

Nora: “Nuestra provincia tiene agua por el deshielo de los glaciares de la Cordillera de los Andes. Por ella vivimos, cultivamos; por ella ustedes conocen la vid de la que hacemos el vino. Eso defendemos: el agua, nuestros bienes comunes, nuestros glaciares. Con los explosivos que usan en la megaminería van a destrozar las vegas alto andinas (pequeños oasis en el desierto). El polvillo que generan no se auto consume y en esa zona de vientos fuertes irá hacia los glaciares. La contaminación no sólo afectará a Uspallata: el río Mendoza es una cuenca que atraviesa toda la provincia y cuyo cauce desemboca en Neuquén, Río Negro, La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires”.

Eugenia: “Uspallata es un pueblo de montaña que está en un valle. En Mendoza tenemos solamente tres oasis, el norte, el centro que es el valle de Uco y el sur. En el norte, donde está Uspallata, nace el río Mendoza que abastece al Gran Mendoza, donde vive la mayor parte de la población; más de un millón de habitantes beben de ese río, que riega las más de 250 mil hectáreas de malbec y que también sostiene el cuarto polo industrial del país. Uspallata se ubica en las nacientes de este río que el proyecto megaminero va a contaminar. Estamos protegiendo el área natural Uspallata- Polvaredas, patrimonio cultural, natural, paisajístico, un lugar bellísimo. Lo estamos haciendo desde hace más de 15 años de manera pacífica, y así seguiremos”. 

Nora Moyano (a la izquierda) y parte de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza, en una de las movilizaciones en Uspallata.

El rol de la Justicia

Otro actor clave en este conflicto es la Corte Suprema de la Nación, que en 2021 se hizo eco de la apelación de la minera San Jorge ante la ley 7.722 y declaró inconstitucional un puñado de palabras del artículo 1, que hacía referencia a la prohibición de “otras sustancias tóxicas similares”.

Este era el Artículo 1° completo: 

A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.

La Corte Suprema eliminó el “otras sustancias tóxicas” y consideró constitucional el resto de la ley. ¿Qué permite esa eliminación? Detalla Nora: “El fallo facilita la explotación de proyectos mineros que utilicen otras sustancias también muy contaminantes y dañinas para la salud, como el xantato, la poliacrilamida y otras, que están incluidas en la ley de residuos peligrosos y son prohibidas. Son tan graves como el cianuro y el mercurio, así que ahora está abierta la puerta para que revienten nuestra cordillera, nuestra montaña, pasarla por una sopa química por el proceso de flotación a través del xantato o la poliacrilamida”. 

Daños y perjuicios

¿Qué perjuicios trae el Xantato? Enumeran desde las asambleas:

-No sólo es altamente tóxico para la salud humana y de animales y plantas, sino que además es muy inflamable, explosivo y reactivo.

-Su combustión produce gases irritantes, corrosivos y/o explosivos.

-Reacciona violentamente al contacto con el agua y el dióxido de carbono, generando disulfuro de carbono, más tóxico aún.

-La inhalación de subproductos gaseosos de sus reacciones al contacto con el agua y el aire puede causar lesiones o la muerte.

-El contacto con la piel u ojos puede causar severas quemaduras.

-Las fugas pueden causar contaminación.

Retoma Nora: “El gobierno mendocino está tocando las leyes ambientales para adaptarlas a este negocio. Por ejemplo, el código de minería lo reformó Cornejo a sus intereses; tampoco cumplen la ley de glaciares, ni de bosque nativo. Sólo arrasan y arrasan. También acaban de presentar el plan maestro donde se revierten las históricas prioridades de la Ley de Agua, (que data de 1884 en Mendoza), y que establece que primero está el consumo humano, el riego agrícola, los árboles, las industrias, no la minería. Si llegaran a votarlo en la Legislatura, que es lo más probable porque casi no hay oposición, el gobernador tendrá la potestad de hacer lo que quiera y eso será gravísimo para los mendocinos. Están constituyendo, como decía Jauretche, un nuevo estatuto legal del coloniaje”.

La preocupación en Nora se le nota en su habla acelerada. “No tenemos problemas con la minería común, tanto la ripiera, como la cementera. Estamos en contra de la megaminería metalífera hidrotóxica que llevan adelante megacorporaciones internacionales como Solway, que además de estar radicada en paraísos fiscales, tiene denuncias de contaminación y agresión a pobladores originarios de Guatemala. A esa gente no la queremos. No queremos su violencia. Y como decimos junto a Víctor Jara, tenemos derecho a vivir en paz”. 

Viernes 7 de febrero, Ciudad de Mendoza. Manifestación contra el proyecto minero San Jorge.

Un pueblo de pie

El pueblo mendocino dio una lección en 2019 de cómo organizarse (y vencer) al tándem lobby minero y apoyo estatal. En aquel entonces, enormes movilizaciones en toda la provincia torcieron la votación de diputados y senadores en sólo 10 días. Seis años después, Mendoza vuelve a estar en alerta. Cuenta Nora: “A raíz de todos estos atropellos volvimos a salir a la calle. Hicimos multitudinarias manifestaciones en Uspallata y en la Ciudad Capital. A mucha gente le parece increíble que nuevamente quieran hacer lo que no lograron en el 2019, pero hay motivos”. Describe: “Tenemos un gobernador lamebotas del presidente, que hasta salió a defender lo que dijo Milei sobre el saludo nazi de Elon Musk. Así de bestial. Cornejo es un alfil de Milei y hay muchos intereses económicos por encima de las necesidades y decisiones de nuestro pueblo. Volvieron a la carga porque sienten que tienen más poder aún que antes, por la ligazón con la Casa Rosada”. 

Cornejo acompañó a la Ley Bases, al Rigi y al Pacto de Mayo. Ahora mismo, al cierre de esta nota, está en Canadá junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros cinco gobernadores (San Juan, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y La Rioja) en la PDAC 25, la feria minera más importante del mundo.

Cierra Nora: “Cornejo durante todos estos años generó una especie de suma del poder público: tiene a su favor el poder judicial y también el legislativo, que le vota todo. Construyó una red muy fuerte de contención, y al frente de toda esa telaraña estamos nosotros, de pie, nunca arrodillados. Y así seguiremos, defendiendo nuestro patrimonio, defendiendo lo que es nuestro”.