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MU en Pedro Luro: las preguntas que dispara el hallazgo de un esqueleto, mientras se busca determinar si se trata de Facundo

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En la madrugada de hoy pescador encontró un esqueleto en la costa de Villarino, en la zona donde se busca a Facundo Astudillo Castro. “No hay mucha más información», informó Luciano Peretto, uno de los abogados de la familia. «Está viniendo el Equipo Argentino de Antropología Forense. Seguramente en las próximas horas va a ser la pericia. Es lo único que sabemos hasta el momento. No hay ningún otro tipo de definición. Está el fiscal (Santiago Ulpiano Martìnez), con presencia de la Policía Federal Argentina. Es todo lo que tenemos”. El ministro de segridad bonaerense cuestionado por la familia, Sergio Berni, dijo: «Da la impresión que se trata de él» aunque luego aclaró que faltan realizar los peritajes. A la espera del resultado de las a cargo del Equipo de Antropología Forense, compartimos algunos de los principales detalles del caso, junto a las dudas y preguntas que Cristina, madre de Facundo, subraya a los periodistas de la revista MU y la agencia lavaca.org en Pedro Luro.

Los abogados de la familia de Facundo Castro recibieron un llamado en la noche del sábado desde la Fiscalía Federal Nº1 de Bahía Blanca, para avisarles que habían encontrado un cuerpo sobre «el Canal denominado Cola de Ballena, próximo a las líneas Férreas de Ombucta, de Villariño Viejo», según informó el Ministerio de Seguridad nacional.

El aviso, según informaron, fue de un pescador del lugar. “Se encontró un esqueleto completo absolutamente disecado”, informó Luciano Peretto, uno de los letrados de la familia, por un audio general a la prensa. “No hay mucha más información. Está viniendo el Equipo Argentino de Antropología Forense. Seguramente en las próximas horas va a ser la pericia. Es lo único que sabemos hasta el momento. No hay ningún otro tipo de definición. Está el fiscal, con presencia de la Policía Federal Argentina. Es todo lo que tenemos”.

Aun cuando la madre del joven, Cristina Castro, estaba presente en el lugar, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo al sitio Data Clave: “Por la estructura física del cuerpo y la mochila semienterrada da la impresión que se trata de él. Sin embargo, es poco probable poder hacer un reconocimiento por lo que hay que esperar a que se realicen los peritajes y estudios correspondientes”. Sin embargo, el abogado de la familia Leandro Aparicio dice a lavaca que al momento no se pudo corroborar el dato de la mochila.

La zona de la costa de Villarino había sido terminada de rastrillar el viernes, sin ningún resultado, aunque según fuentes del Ministerio de Seguridad no se habría llegado al punto donde hoy se encontró el esqueleto.

El hallazgo, en un lugar de difícil acceso salvo en vehículos 4×4, en zona de cangrejales y salitres, fue ubicado en un tramo de unas vías que estaban bajo sospecha para la Justicia, ya que es el lugar donde una testigo dijo que había acercado a un joven “los últimos días de abril”, y que vio marcharse caminando hacia Bahía Blanca. Sin embargo, este es un testimonio del que la familia sospecha, ya que no sólo en su declaración no confirmó que se trataba de Facundo, sino que en un primer momento dijo -según denunció la familia- que había llevado a un joven el 27 de abril.

A la espera del resultado de las pericias, compartimos alguno de los principales detalles del caso, junto a las dudas y preguntas que Cristina subraya a lavaca, desde Pedro Luro.

Hechos, preguntas y contradicciones

 En la secuencia de hechos, surgen para la familia las principales irregularidades:

  • El 30 de abril, Facundo salió de su casa temprano (“alrededor de las 7 de la mañana”, dice Cristina, porque ella ya se había ido para entrar en la Shell) para hacer dedo en la ruta 3 y así llegar hasta Bahía Blanca, para ver a su exnovia.
  • Una mujer lo levantó en la localidad de Hilario Ascasubi (el pueblo siguiente a Luro) y lo dejó en Mayor Buratovich cerca de las 10 de la mañana.
  • En Buratovich, pasadas las 10, la llaman a Cristina. Le llamó la atención que en la pantalla decía: “Sin número”. Una voz femenina le pidió corroborar el domicilio. Era porque a esa hora, los oficiales Jana Curruhuinca y Mario Gabriel Sosa detienen a Facundo y le labran una infracción por circular sin el permiso oficial durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. De ese momento es la foto donde se lo ve a Facundo de espalda, con su mochila marca Wilson a un costado del móvil, y Sosa de frente. “No me dijeron que había quedado detenido. Entonces lo empecé a llamar”, dice Cristina. Facundo no atendía.
  • A las 13:33 Cristina recibe un llamado de Facundo. “Mamá, vos no tenés idea de dónde estoy”, escucha Cristina. Ella lo retó por romper la cuarentena y por cómo iba a volver con su ex. Le dijo que la llamaron de la policía. “Mamá, no me vas a volver a ver”, escucha Cristina. Dice Cristina lavaca: “Ahí escucho que alguien le manotea el teléfono. Yo lo tomé como que se enojó conmigo y volvió con Daiana”. Cuando los amigos y la exnovia le alertan que su hijo nunca había llegado a Bahía y que tampoco contestaran los mensajes, Cristina hizo la denuncia los primeros días de junio. “Y como había escuchado ese ruido raro en el teléfono cuando me llamó, pedí el rastrillaje”.
Facundo Castro, 22 años, es buscado desde el 30 de abril.

A partir de este momento, empiezan diversas preguntas y contradicciones oficiales:

  • La investigación judicial aún no pudo determinar qué es lo que ocurre entre el momento de la infracción y el llamado de Facundo a Cristina.
  • El día del primer rastrillaje, a Cristina y su abogado Luciano Peretto le comunican que la oficial Siomara Flores (hermanastra de Curruhuinca) había levantado a Facundo en Buratovich en horas del mediodía y lo había dejado en Teniente Origone, la siguiente localidad, cerca de las 13:30. La querella descree de ese relato, ya que subraya que en ese sitio no hay señal de móvil para que Facundo pudiera haberse comunicado con su mamá, y que esa comunicación impactó en una antena de Mayor Buratovich. Lo más impactante es el relato que Cristina le hace a lavaca de ese día. “Primero hubo una reunión del personal en Pedro Luro. En ese momento aparece un superior y le dice a una piba: `¡Vos vení para acá!`. Y me dice: `Esta es la oficial que llevó a su hijo desde Burato hasta Origone`. Nos quedamos muy sorprendidos porque eso no figuraba en la causa, había declarado ese día. La chica no levantaba la vista en ningún momento”.
  • Sigue Cristina: “Llegando a Mayor Buratovich, nos bajamos y había cinco patrulleros en la entrada, pero no de costado, estaban todos puestos en abanico, obstruyendo la entrada. Salió el subcomisario Pablo Reguillón, a cargo en ese momento: ´Acá le labraron el acta a su hijo, acá no tiene nada que hacer, se tiene que ir´. Fue el mismo comisario que removieron por amenazar a Luciano y a mí cuando después de la primera marcha aparecieron los restos fósiles en un basurero de Mayor Buratovich. Me temblaban las piernas. No podía respirar. Ahí sentí algo. En ese momento, sentí a mi hijo ahí le había pasado algo malo”.
  • De allí se fueron hacia Origone, donde la oficial Flores dijo que dejó a Facundo. “Para ese entonces estaba sumamente descompuesta. Le digo a Luciano que esto era raro, que no era normal, algo pasó acá”, recuerda Cristina. Y cuenta algo que percibió cuando aún estaban en Buratovich: “Uno de los patrulleros que estaban en forma de abanico se desprende y sale eyectado a una velocidad impresionante, por ruta. Cuando llegamos a Origone, ese patrullero estaba ahí”. Allí aparece un cuarto oficial que la familia sabe que intervino ese día, Alberto González, que dice que por el llamado de unos vecinos el 30 de abril fue a la ruta por un “niño” que estaba caminando a la vera del camino. Declaró que ese joven era Facundo y que le sacó una foto a su carnet de conducir a las 15:43. Tambíen dijo que le había dicho que ya había sido infraccionado. “Repetía como un loro la historia y se sabía de memoria, cuando yo hasta el día de hoy no me lo aprendí, el domicilio de la exnovia. ¿A 50 días se sabía de memoria donde iba Facundo?”. González declaró que se comunicó con la comisaría de Médanos para corroborar los hechos. La familia afirma que esa llamada nunca existió, y resalta, como apunta Cristina, varias contradicciones en el relato de González. La mayor: primero declaró que Facundo se fue caminando, y luego dijo que se subió a una camioneta Duster Oroch color gris.
  • A esta serie de relatos confusos e irregulares, se sumó que cuando la causa pasó al fuero federal, surgió una testigo denominada E.R que dijo que “los últimos días de abril” (no especifica exactamente el día: la querella sostiene que en su primera declaración, dijo que fue el 27 y no el 30) había levantado a un joven que hacía dedo al lado de un patrullero, cerca de la entrada de Origone. La testigo dice que dejó al joven en las primeras vías, a 15 km del control fitosanitario. Dijo que se bajó y que lo vio alejarse caminando por las vías. La familia denunció que esa testigo fue aportada por los dos oficiales que le labraron la infracción a Facundo a las 10 de la mañana, y que se enteraron de ella primero por los medios de comunicación que por la propia fiscalía. Hoy el relato de esta testigo cobra relevancia por el lugar del esqueleto.

A esta serie de contradicciones, filtraciones e irregularidades, se suman:

  • Los tres testigos que le afirmaron a Cristina que vieron que Facundo subía a un patrullero, sobre la ruta 3, pasando la entrada de Mayor Buratovich. Le dijeron que habían ido previamente a la comisaría pero no se la quisieron tomar.
  • La denuncia que la familia hizo a los funcionarios municipales de Villarino, a quienes acusaron de entregar un informe de tránsito falso donde no estaban los testigos que señalaron a la Bonaerense en Buratovich, pero sí a la que dijo haber alcanzado a un joven hasta las vías, primero el 27 y luego el 30.
  • La sandía con la vaquita de San Antonio que encontraron en el destacamento de Teniente Origone, un objeto muy querido de Facundo que le había regalado su abuela. En la sandía encontraron pelos que fueron remitidos al Servicio de Genética Forense del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.

A 109 días, Cristina espera alguna respuesta de lo que le pasó a su hijo.

Los resultados de las pericias deberán conocerse en las próximas horas.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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