¿Quiénes son, qué hicieron y qué simbolizan los docentes y petroleros de la provincia de Santa Cruz, cuyo paro de este año fue mentado como un caso de “chantaje” y “extorsión” por Cristina Fernández de Kirchner al asumir su segundo mandato? ¿Por qué fueron acusados de ganar los salarios más altos y provocar con sus reclamos pérdidas al Estado nacional, provincial, y a las empresas, por valor de 3.349 millones de pesos? ¿Es real ese número? ¿Cómo se ve la realidad, si en lugar de pararse en el kilómetro 0 del Congreso, la mirada se traslada al sur, donde hay, entre otras cosas, un trabajador  petrolero preso desde hace 6 meses? Aquí, posibles respuestas.

Pérdidas
Pedro Muñoz, secretario general de la Asociación de Docentes de Santa Cruz  (ADOSAC), antes de ir a buscar a su hijo a la salida de la escuela, dialogó con lavaca: “La Presidenta deliberadamente omite decir que, si bien nuestro salario comparado con otras jurisdicciones está por encima, la canasta familiar de la provincia de Santa Cruz es la más alta del país: anda por los 13 mil pesos. Creo que la frase fue un tiro por elevación para cualquier sindicato que se levante contra el modelo económico, que, dicho sea de paso, uno ve –con estas intervenciones- que se va a seguir sosteniendo apretando a los trabajadores y favoreciendo a las petroleras”.
La Presidenta denunció que el paro de los docentes y petroleros, con la toma por primera vez en la historia de un yacimiento  por parte de los docentes, implicó pérdidas de 10 millones de dólares diarios, 829 millones de dólares, o 3.349 millones de pesos “que perdieron el Estado nacional, el Estado provincial y las compañías productoras”. Para Muñoz la cuenta es distinta: a diferencia de un yogur o un pedazo de carne, el petróleo no es un producto perecedero. Se sigue extrayendo, aunque su transporte se vea temporalmente  dificultado por algún conflicto: “No se perdió nada, porque lo que no se vendió esos días, lo vendieron más tarde. Pero el propio comentario de la Presidenta nos da la razón con respecto a la distribución de la renta petrolera, porque las cuentas reales son otras. La provincia supuestamente se queda con el 12% de un barril , cuyo precio está fijado en 45 dólares, aunque el precio real está en 100 dólares. O sea que la diferencia es pura ganancia para las operadoras, lo que demuestra que  los dueños del petróleo, que somos los habitantes de la provincia, nos quedamos con migajas de la renta petrolera. El resto, del 88 al 90%,se lo llevan o Nación o las operadoras petroleras, que además pagan regalías sobre lo que ellos mismos declaran, sin ningún control por parte del Estado. Es decir, pagan lo que quieren”.

El preso
Omar Leguizamón, delegado de Oleosur en LH3, la planta de Las Heras que los trabajadores ocuparon pacíficamente para reclamar el cobro de haberes adeudados, propone esta mirada: “Nos dicen que el sueldo es alto. Pero estamos en la zona más cara del país: el alquiler de una piecita te sale de 2.000 pesos para arriba. El que sale al campo para ganar 10 mil pesos al mes, tiene que levantarse de noche, carretear 80-120 kilómetros hasta el yacimiento, y dejar los huesos ahí. Si dicen que un petrolero gana mucho, en las condiciones de descuido y contaminación en las que trabaja, que me expliquen cuánto ganan ellos, los diputados, los concejales, y los políticos, y qué es lo que hacen a cambio”.
Los petroleros este año se desprendieron del supuesto dirigente sindical Héctor Chaco Segovia, a quien sentían más representativo de las patronales que de los trabajadores. Lo hicieron en una asamblea de 5.000 personas, sobre la ruta 3 en Cañadón Seco, y así lograron que les pagasen deudas por valor de 25.000 pesos per cápita. Pero Oleosur, empresa coherente, siguió sin pagarle a sus obreros, obligándolos a hacer un paro de dos meses sin que gobierno ni empresa parecieran interesados en solucionar el conflicto.
En mayo tomaron la entrada de la planta LH3 para impedir el trabajo de deshidratación y bombeo del petróleo hacia los puertos. Les debían 40.000 pesos a cada uno. Más de 20 de los trabajadores que participaron del reclamo quedaron procesados. Uno de ellos, Víctor Oñate, fue buscado por la policía, y se entregó en julio, pero a la vista de sus compañeros, como un modo de garantizar su propia seguridad.  Hay lugares donde de lo que hay que defenderse, se sabe, es de las autodenominadas “fuerzas de la ley”. Oñate sigue preso, sin que ninguna de las acusaciones que pesan sobre él hayan mostrado sustento alguno. En tierras donde supuestamente no se criminaliza la protesta, se invierte la carga de la prueba: el trabajador es tratado como un culpable, hasta que se demuestre lo contrario.

¿Qué dijo la Presidenta?
En un tramo de su discurso Cristina Fernández de Kircher dijo textualmente:
“Quiero contarles una anécdota nada más para que se entienda lo que digo y referida a mi provincia, para que nadie se sienta aludido: ustedes habrán recordado el prolongado conflicto docente de Santa Cruz que, además, se unió a un conflicto con los trabajadores del petróleo. Curiosamente, del sector público provincial, el sector docente es uno de los salarios más altos, es el salario docente más alto de la República Argentina. Y de la actividad privada, el salario de los petroleros, es uno de los más importantes junto al del sector minero. Con una huelga que se prolongó por meses y que, además, tuvo la toma por primera vez en la historia de Santa Cruz, de sectores docentes que tomaron yacimientos petroleros, le significó al país una pérdida por día de más de 10 millones de dólares y al conflicto durante todo el conflicto 820 millones de dólares. Y si les gusta más en pesos argentinos como a mí, 3.349 millones de pesos que perdieron el Estado nacional, el Estado provincial y las compañías productoras.
Sinceramente, el derecho de huelga, que es un derecho que asiste a todos los trabajadores por imperio de la Constitución reformada…Alguien me dijo y no lo pude corroborarlo antes de venir acá, por eso lo digo a título de algo que me dijeron: parece ser que en la Constitución peronista de Sampay, no estaba el derecho de huelga. ¿Podrá ser posible? No creo. Ah, no había conflicto con Perón. Mirá qué bien, ay, qué bueno está esto. O sea que cuando estaba Perón no había derecho a huelga. Digo por lo que lo reivindican a Perón y nos critican a nosotros; con nosotros derecho de huelga hay; pero derecho de huelga, no de chantaje ni de extorsión”. (APLAUSOS)
Más allá del revisionismo sobre Perón, cuando la Presidenta dijo “para que nadie se sienta aludido” según los autodenominados medios, se refería a Hugo Moyano. Se supone también, en esa especie de astrología política, que el “chantaje” y la “extorsión” provendrían de los camioneros, pero para que nadie se sienta aludido el ejemplo fue el de Santa Cruz . “Nosotros no extorsionamos ni chantajeamos: lo que hicimos es defendernos y reclamar por lo que nos debían, y por lo que consideramos justo”, explica Leguizamón.
Más datos
Dice Pedro Muñoz, de ADOSAC (sindicato que reúne a unos 6.500 de los 9.000 docentes provinciales): “Un maestro ingresante está en 4.200 pesos. El promedio estará entre 5.000 y 6.000 pesos, pero en un lugar donde el costo de vida es terrible y donde la inflación está disparando todos los precios. En nuestro reclamo de este año, de más de 50 días, terminamos agarrando el 25 % de aumento como un modo de seguir adelante. Todavía nos deben dos meses. Pero fijate que ahora el gobierno ya le pone un tope a las futuras negociaciones: el 18%”. Todos los gremios estatales de Santa Cruz ya han mantenido reuniones para rechazar ese tope. Al marcar ese tope, el que extorsiona y chantajea es el poder político, y particularmente el Estado provincial” sugiere Muñoz. Sin embargo su cálculo es que se trata de la provincia más rica: “Es la que tiene el presupuesto más alto per cápita del país: 7.600 millones de pesos para unos 300.000 habitantes”.