«Sin los movimientos de base de ciudadanos correntinos, que cuestionan desde siempre el proyecto Ayuí, más allá de la pelea del gobierno con Clarín, nadie hubiera cuestionado este tema» dijo a lavaca Emilio Spataro, de Guardianes del Iberá, sobre la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de detener el proyecto que asociaba a José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, con el norteamericano de origen húngaro George Soros (alianza que  ha culminado en divorcio).
La resolución 1238/2011 establece: “Las obras del ‘Proyecto Productivo Ayuí Grande’ resultan incompatibles con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331”. Fue firmada por el el secretario de Medio Ambiente Juan J. Mussi y poco después se oficializó la separación de las empresas de Aranda y Soros, vecinos que pretendían quedarse, entre otras cosas, con un curso de agua.

Soros -financista y especulador financiero internacional, 80 años- maneja en Corrientes Adeco Agro, tiene al menos cinco estancias. A través de su empresa Pilaga estaba asociado a Copra, empresa de su vecino José Antonio Aranda (estancia El Rocío, 40.000 hectáreas dedicadas al arroz). Días después de que los Guardianes del Iberá anunciaran la ampliación de un plan de lucha que venían sosteniendo en todo Corrientes, se conoció la decisión oficial. El gobierno kirchnerista de Corrientes, sin embargo, venía aprobando con entusiasmo operístico el proyecto y esperaba ponerlo en marcha cuanto antes; ahora, discursivamente promueve el tema como cuestión de “soberanía provincial”, va en contra de la intervención del gobierno nacional, y hasta insinúa presentarse en la Corte Suprema para tratar de dar vuelta el fallo.
Aparentemente, ni Soros les pidió tanto, y abandonó su sociedad con Aranda. Dice Spataro: “La decisión que tomó la empresa de Soros, demuestra que cuando existen leyes, fundamentos técnicos y movilización ciudadana, las empresas no pueden avanzar con sus planes ilegítimos por más de que tengan el apoyo irrestricto de algunos gobernantes.”
Contaminar el Uruguay

El Ayuí Grande es un arroyo que desemboca en el río Miriñay, en el departamento correntino de Mercedes, junto a los Esteros del Iberá, y unos 800 metros arriba del Acuífero Guaraní. Pese a ser llamado “arroyo”, el Ayuí en muchos momentos tiene un caudal mayor que el Miriñay. La idea de los terratenientes José Antonio Aranda y su vecino George Soros era construir lo que la propia Unidad Transitoria de Empresas (UTE) que los unía llamaba una “mega-represa”, en los siguientes términos:

• Anular el curso del arroyo Ayuí

• Construir una represa como dique que inundará 8.000 hectáreas, que hoy son campos ybosques.

• Esa palangana lisérgica (también llamada “lago artificial”) servirá para obtener gratuitamente agua que riegue al menos 25.000 hectáreas de arrozales, de los campos de los susodichos. Eso afecta – por rotación de cultivos- a 77.000 hectáreas en total.

Es cierto que las fumigaciones contaminarán el agua, pero el tema se solucionaba (en el proyecto Aranda-Soros) dejándola correr cual cloaca hacia el Miriñay y de ahí al Uruguay, creando una especie de Botnia argentina y arrocera.
La maniobra implicaría además la monopolización de buena parte del negocio arrocero.
La resistencia
Guardianes del Iberá es una de las organizaciones que fue llevando adelante toda una serie de reclamos que atravesaron la provincia e hicieron posible la propia resolución gubernamental: “Lo más importante que ha incidido en llegar a esta situaciónes la cantidad de movimientos de base que hemos construido en la provincia. Sin estos movimientos de ciudadanos correntinos cuestionando el proyecto Ayuí, mas allá de la pelea gobierno y Clarín, nadie hubiera cuestionado este tema”, asegura Spataro.
Así, con movilizaciones multitudinarias para la provincia, y con pruebas fehacientes de la irregularidad del proyecto, saltearon instancias hasta que el gobierno nacional los escuchó; para julio de 2011, en nota publicada en Mu, Spataro lamentaba que la causa había entrado en el célebre cono del silencio. En Corrientes comentaban que la muerte de Néstor Kirchner dejó al gobierno sin el principal adversario de la represa.
El proyecto había sido denunciado primero por la Fundación Reserva del Iberá ya en 2005. La movida fue sumando adhesiones. Como una devolución de atenciones, las campañas ambientalistas detectaron que las broncas del gobierno contra el Grupo Clarín podrían interesarlo en el tema. Spataro dijo entonces a Mu: “No nos interesan sus intenciones, sino que se hizo lo que había que hacer: parar la obra”.
La obra, en efecto, está en stand by desde 2009 a causa de estas denuncias y la entrada en escena del gobierno nacional.
Los protagonistas
José Antonio Aranda es el vicepresidente del Grupo Clarín, egresado de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Entró al diario como gerente de finanzas a comienzos de los años 70 y su alianza eterna con Héctor Magnetto llevó a ambos administrativos a fumigar desarrollistas y otras malezas hasta la captura de la conducción del grupo, con notable eficacia. Fue el encargado de echar de Clarín a Osvaldo Bayer, (que era jefe de Política y Fuerzas Armadas), por mencionar un mínimo anecdotario de quien compartió la conducción de una empresa que arrasó con toda representación sindical y negoció con la dictadura la apropiación de Papel Prensa, entre otras historias.
En Corrientes maneja la empresa COPRA, que posee la estancia El Rocío, 40.000 hectáreas dedicadas al arroz, con producción de 50.000 toneladas, facturación de 30 millones de dólares anuales, exportación del 70 por ciento que en buena parte se destina, sin hacerle asco al cliente, al gobierno venezolano.
George Soros, 80 años, nació en Budapest, nacionalizado estadounidense, alcanzó la fama por considerárselo el especulador financiero responsable de la quiebra del Banco de Inglaterra. Entre otras muchas cosas (ver Mu nº 46), es dueño de Adecoagro, empresa que tiene las estancias Itá Caabó y San Agustín entre otras propiedades correntinas. Adeco Agro había anunciado inversiones por 55 millones de dólares en Argentina, 23 de los cuales son en Corrientes, fluyendo por el Ayuí. Detalle: se aumentó la superficie sembrada de arroz en 20 mil hectáreas en el último año, generando una cosecha extraordinaria que ubica a Corrientes a la vanguardia de la producción arrocera. Salvemos al Iberá pregunta: ¿Ello modificó la calidad de vida de los correntinos? Los mismos datos gubernamentales demuestran que no.
Cuatro días después – y más de 4 años de lucha- que una multitudinaria marcha en Corrientes pidiera a las empresas que desistan del proyecto (la movilización ocurrió el6 de septiembre), Adeco Agro anunció su retiro de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo del proyecto Ayuí. También esa movilización formó parte de un plan de lucha impulsado desde Guardianes del Iberá que incluía despertar el interés del gobierno nacional y presionar por la resolución. Así fue.
La importancia
Desde Corrientes, dice Spataro a lavaca: «Es un antecedente importante. Más allá de lo que pase de aquí en adelante, ya lo es para muchísimos otros casos, por el procedimiento que se ha aplicado y los argumentos que se han utilizado”.
¿Antecedente para qué casos?
Lo trascendente que se genera es la defensa de las leyes de presupuestos mínimos, que deben implementarse ante la evidencia de irregularidades o de contaminación. Para todo lo que es contaminación de cuencas hídricas que afecten más de una provincia o más de un país, también es un antecedente que se puede tomar.
La resolución reconoce además a todos los reclamos ambientalistas por el Iberá: “También debe tenerse presente la jurisprudencia de la Provincia de Corrientes, en aquellos casos que involucran obras hidráulicas en beneficio de la actividad arrocera con afectación de los cursos de agua, en especial humedales y Esteros del Iberá».
El proyecto, así, está frenado hasta nuevo aviso. Queda que el gobierno provincial, en caso que insista en su inexplicable defensa del proyecto, se presente a la Corte Suprema y apele la resolución del gobierno nacional. Spataro interpreta: “Es realmente muy difícil, yo creo que lo van a dejar en un contexto de discurso para la tribuna o bueno… tal vez si recurre a la Corte Suprema definitivamente se aclare esto, para que la Nación puede intervenir en la defensa de recursos naturales”.