Nota
Sojalandia: cómo es el modelo del campo PRO
El gobierno profundiza el agronoegocio con nuevos nuevos transgénicos, más agrotóxicos, el impulso a la ley de semillas y despidos en Agroindustria que implican la desaparición de la Secretaría de Agricultura Familiar. Un panorama de especulación, juicios que no prosperan (gracias al nuevo presidente de la Corte, entre otros) y un modelo que viene tambaleando no sólo por las sequías. Por Darío Aranda.
La peor sequía en cincuenta años”, es uno de los motivos que argumenta el gobierno nacional para explicar la crisis económica-social (y política) que atraviesa el país. Y sí, hubo sequía. Pero claramente no sólo el clima tiene la culpa.
La cosecha de soja 2017/2018, estimada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en 52 millones de toneladas, esta vez fue de 47 millones. En tanto la de maíz fue de 35 millones, inicialmente estimada en 40 millones.
El cambio climático, uno de los factores determinantes de sequías e inundaciones, tiene entre sus factores fundamentales a la deforestación. En 2017 fueron arrasadas en el mundo 15,8 millones hectáreas de bosques, un promedio de 30 canchas de fútbol por minuto, según datos de la oenegé internacional Global Forest Watch (Observatorio Forestal Mundial).
En Argentina el seguimiento más completo de la deforestación es realizado por Greenpeace. En 2017 publicó un informe sobre el desmonte en el norte del país, en base a datos oficiales e imágenes satelitales. Denunció que en Argentina se produce el 4,3 por ciento de la deforestación mundial y precisó que el país es uno de los diez más que más desmontaron en los últimos 25 años: se arrasaron 7,6 millones de hectáreas de bosques nativos, lo que equivale a la superficie de Entre Ríos.
Desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007, hasta 2014 se destruyeron 2,1 millones de hectáreas.
Entre las causas sobresale el avance de la frontera agropecuaria.
Esto también es parte de “la tormenta”.+
Puertas giratorias
Hoy en una empresa y mañana en el gobierno. Hoy en alguna función del Estado y mañana en una compañía. Puede ser en un Ministerio, una secretaría, el Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales o en el Poder Judicial. “Puertas giratorias” se llama la práctica de “conflictos de intereses”, un eufemismo que roza la corrupción.
Ricardo Buryaile fue vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades de la Mesa de Enlace; de hecho su figura se hizo conocida en el marco del conflicto por la resolución 125. También es estanciero de Formosa, con campos de soja y ganadería. Fue el primer ministro de Agroindustria de Macri.
La Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) es uno de los mayores actores de lobby en favor del modelo transgénico, con alianza incondicional con las multinacionales de semillas y agrotóxicos. Ignacio Garciarena, de la regional 25 de Mayo (Buenos Aires), asumió como Secretario de Agricultura.
La presidenta de Aapresid, Beatriz “Pilu” Giraudo, asumió también en Agroindustria, pero con un cargo especial: “Coordinadora de Políticas para el Desarrollo Sustentable”. En noviembre de 2017, Buryaile fue reemplazado por Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la entidad agropecuaria más antigua y conservadora del país, aliada de golpes militares y de gobiernos neoliberales.
A días de asumir, ratificó el rumbo del agronegocio e hizo una férrea defensa de los agrotóxicos: “El glifosato no causa ningún tipo de daño”. Y dejó una advertencia: “No pretendan frenar la producción en nombre de una imaginaria pureza ambiental”.
Una decena de organizaciones campesinas y de la agricultura familiar repudiaron el nombramiento: “Con Etchevehere como ministro de Agroindustria el Gobierno clarifica aún más el campo que desea el Gobierno, un campo despoblado en manos de grandes terratenientes que producen para exportación. Excluidos quedamos quienes vivimos y producimos alimentos sanos”. La circular era firmada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino Liberación y la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, entre otros.
Pro-Agronegocio
Entre las primeras medidas de Macri en relación al campo se destacó la de eliminar retenciones (impuesto a la exportación) a productos agropecuarios. También y en particular la baja gradual a la soja, en clara diferenciación con el kirchnerismo y su resolución 125 de impuestos a la soja. La medida fue celebrada por la Mesa de Enlace, comunicadores que publicitan la actividad del agronegocio (también llamados “periodistas agropecuarios”) y por las empresas de transgénicos y agrotóxicos.
Un medida de 10.000 millones de pesos, reconoció el gobierno. Desde el diario económico El Cronista estimaron, en base a la devaluación en 2016, una cifra distinta: 60.000 millones de pesos.
Por otro lado, desde que asumió el macrismo se aprobaron dieciséis transgénicos. Mucho tuvo que ver que se mantuvo en el cargo un funcionario clave del kirchnerismo: Martín Lema, director de biotecnología, espacio que da la aprobación “científica” a los transgénicos, generalmente en base a estudios de las mismas empresas. Las beneficiadas fueron Monsanto, Pioneer, Dow, Syngenta, Indear, Bayer y Tecnoplant.
Otro hecho inédito: se liberó para consumo la primera papa transgénica del continente, que no fue aprobada en ningún país de América Latina ni de Europa. Las mesas argentinas ya pueden tener papa transgénica sin que se haya informado nada a los consumidores.
En julio pasado, cuatro ministros dieron una conferencia de prensa para legitimar las fumigaciones con agrotóxicos. Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos. Presentaron un documento llamado “lineamientos para aplicación de fitosanitarios”, que cumple todos los pedidos de las empresas para “regular la aplicación de fitosanitarios”: no fija distancias mínimas para proteger a la población, no tiene en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no aborda el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias del glifosato.
Los cuatro ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, impulsan una ley nacional para facilitar aún más las fumigaciones y legislar con menos distancias en los municipios. “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales”, simplificó el ministro de Ciencia, Lino Barañao. Defensor del modelo transgénico, Barañao había dicho que el glifosato (herbicida pilar del modelo sojero) era como “agua con sal”. En conferencia de prensa volvió sobre un argumento similar: “Uno se puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”.
Desierto verde
Desde diciembre de 2015, al asumir la alianza Cambiemos, se profundizó el desfinancimiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, área dedicada al trabajo con campesinos, indígenas y pequeños productores. Oscar Alloatti, con experiencia en gestión en Santa Fe, inició un proceso impiadoso de ajuste y despidos. En Jujuy avanzaron sobre los delegados sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en Chaco el nuevo delegado provincial, Gustavo Nuñez (protegido del ex gobernador y actual legislador radical, Angel Rozas) hizo lo propio, con despidos masivos y amenazas. Un caso insólito se vivió en Santiago del Estero, donde el referente provincial de la SAF, Carlos Cejas Lescano, está vinculado con inmobiliarias denunciadas de vender ilegalmente predios de familias campesinas.
El macrismo aprovechó la precarización laboral de los trabajadores y comenzó con los despidos. Entre diciembre de 2016 y septiembre de 2016 la dupla Buryaile-Alloatti dejó sin trabajo a 250 personas y cortaron los mínimos financiamientos que tenían para asistir a las familias campesinas.
Los despidos siguieron por tandas. Ya con Etchevehere al frente del Ministerio y Santiago Hardie en Agricultura Familiar, en enero y abril de 2018 echaron a un centenar de trabajadores de Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Salta, Tucumán, Misiones y Río Negro. Y bajaron de rango la SAF, que pasó a ser subsecretaría. El 31 de agosto, Etchevehere despidió a 565 trabajadores, 447 del área de agricultura familiar. Ante la movilización a la sede principal del Ministerio, en la calle Paseo Colón, el Gobierno reprimió a los trabajadores.
También modificó el Monotributo Social Agropecuario, que permitía tener obra social y jubilación a las familias campesinas. El Ministerio de Agroindustria dejó de realizar aportes (cubría la mitad del cargo de la obra social) y perjudicó así a 50 mil familias rurales.
El desguace de la Subsecretaría de Agricultura Familiar es la mayor muestra, no la única, de la política del gobierno para debilitar la agricultura campesina. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), organismo que siempre apoyó al agronegocio, reconocen que la agricultura familiar produce el 80 por ciento de los alimentos del planeta. En Argentina, las organizaciones campesinas estiman en cambio que producen al menos el 60 por ciento de los alimentos que se consumen en el país.
Según datos oficiales de 2014, la agricultura familiar en Argentina representa el 20 por ciento de las tierras productivas, son casi el 80 por ciento del total de productores, abarca 250.000 establecimientos productivos e incluye a 2.000.000 de personas. Desde 2014 está vigente la Ley 27.118 (de “reparación histórica para la agricultura familiar”), que define la tierra como un bien social, promueve la creación de un banco de tierras y suspende los desalojos campesinos por tres años, entre otros puntos. Establecía un presupuesto de 1500 millones de pesos anuales que nunca fueron asignados. En tres años, el macrismo tampoco otorgó presupuesto para la ejecución y cumplimiento de una Ley nacional.
Mucho menos hubo políticas oficiales para regularizar las tierras en manos de campesinos y pueblos indígenas. Según datos oficiales de la misma SAF, de 2013, en Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado o estatal. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: son 857 casos que afectan a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, y el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.
Semillas made in
«Quien controla las semillas controla la alimentación” es una consigna que ya es bandera de los movimientos campesinos y que hace eco del manejo estratégico del inicio de todo el proceso: tres compañías controlan en el mundo el 60 por ciento del mercado. Son Monsanto-Bayer (29,3 por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta-ChemChina (9,2).
Las empresas exigen desde hace años una nueva Ley de semillas en Argentina, que contemple “regalías extendidas” (no quieren sólo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas). Esto implica limitar el “uso propio”, una práctica milenaria que implica sembrar, cosechar y con esas semillas obtenidas volver a sembrar.
Durante el kichnerismo hubo intentos por avanzar con la llamada “ley Monsanto”, pero fue frenada por la resistencia de organizaciones campesinas, académicos críticos y por sectores del mismo oficialismo. Desde que asumió, el macrismo se propuso volver a la cara con una nueva ley de semillas. Con la gestión Buryaile ingresaron proyectos a comisiones del Congreso pero este año (con fuerte lobby de las empresas) se intentó que pase las comisiones, con acuerdos para llegar al recinto.
“Se abrió un camino para reconocer las patentes de semillas”, tituló Clarín en junio de 2018, en un artículo que afirmaba que “las principales entidades de productores y de la industria acordaron discutir los disensos y luego presentarán un avance en el Congreso”. El “acuerdo” fue entre empresas, funcionarios y algunas de las organizaciones de la Mesa de Enlace. El Gobierno emitió un comunicado que empujaba: “El Ministerio de Agroindustria promueve el consenso para la actualización de la ley de semillas”.
Medio centenar de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y sectores académicos conforman la Multisectorial contra “la Ley Monsanto de Semillas”, como la llaman. Denuncian allí que no se los escucha en el debate y rechazan los intentos de modificar la ley. “Las semillas agrícolas han sido y siguen siendo una creación colectiva de los pueblos. El material genético que contiene es preexistente, y no el resultado de un invento humano. Es por esto, por la historia del trabajo humano que contiene, que no puede ser patentado”, explicaron.
Impunidad doméstica
Monsanto (adquirida por la alemana Bayer) fue condenada en Estados Unidos por causarle cáncer a Dewayne Johnson, trabajador rural que manipuló durante años el herbicida Roundup (ver nota Monsanto Papers de este número). “Desde el anuncio de la sentencia a favor de Johnson, las acciones de Bayer han bajado más de 18 por ciento, lo cual se tradujo en una pérdida de cerca de 18 mil millones de dólares. Bayer teme que otra ola de juicios se desate pronto en Estados Unidos por el uso del agrotóxico Dicamba con la soja transgénica Xtend, también de Monsanto, que está dañando los cultivos de otros agricultores”, afirmó Silvia Ribeiro, una de las mayores especialistas en el accionar de las multinacionales transgénicas, integrante del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC).
Monsanto tiene más suerte en los tribunales de Argentina. En abril de 2009, la Asociación de Abogados Ambientalistas recurrió con un amparo a la Corte Suprema. En un hecho sin precedentes y que apuntó al emblema del modelo de agronegocios, la oenegé solicitó que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, cargó responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apuntó a Monsanto. La presentación judicial citó media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destacó la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.
“La Corte durmió la causa durante dos años y luego se declaró incompetente”, recordó Enrique Viale, impulsor del amparo. Fernando Cabaleiro, de la organización Naturaleza de Derechos, explica que aún hay cuatro causas que involucran a Monsanto, tres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La soja transgénica Intacta (que reemplaza a la aprobada en 1996) fue autorizada, según consta en la denuncia, de forma irregular. La aprobaron sólo siete de los 47 integrantes de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia). En la demanda se plantea la ausencia de evaluación de impacto ambiental, la forma inadecuada en la evaluación de riesgo cancerígeno y se cuestiona cómo se aprueban los transgénicos en Argentina (en base a estudios de las empresas, con mayoría de integrantes de las compañías). En la denuncia se solicita la suspensión de la soja Intacta y la cancelación de la comercialización. La causa fue iniciada en el 213 y desde hace dos años se espera la decisión de la Corte Suprema.
Otra causa que involucra a Monsanto comenzó en 2007, cuando reclamó el derecho de cobrar canon extra por sus “desarrollos” transgénicos, buscando que se le reconociera el derecho de propiedad por toda una planta que lleva los transgenes que la hacen tolerante al herbicida glifosato. Pero la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en noviembre de 2015, frenó la pretensión de Monsanto. “La molécula de ADN recombinante y las células modificadas no constituyen una invención (de Monsanto) porque son materia viva y preexistente en la naturaleza. Ese material genético tiene la aptitud de generar una planta completa y los países tienen la facultad de declarar no patentables a las plantas”, afirmó el fallo, firmado por los jueces Guillermo Alberto Antelo y Ricardo Gustavo Recondo. El fallo judicial determinó que las semillas no son una invención de la multinacional, sino de la naturaleza.
Monsanto recurrió a la Corte Suprema en mayo de 2016. Y aún no hubo sentencia. “El expediente estuvo diez meses en el despacho del juez Carlos Rosenkrantz (nuevo presidente del tribunal). Es curioso porque él fue rector de la Universidad de San Andrés, donde se promueven los posgrados del agronegocios, donde tiene fuerte incidencia Monsanto. Mientras que en cuatro meses pasó por los despachos de los otros cuatros integrantes supremos. Veremos cuándo y cómo falla el máximo tribunal, la sentencia de Cámara es una pieza jurídica magistral e inobjetable”, señaló Cabaleiro.
Más de 80 organizaciones socioambientales de Argentina y el mundo, con la reconocida activistas Vandana Shiva a la cabeza, se presentaron ante la Corte solicitando una instancia de “Amigos del Tribunal”, a fin de recomendar al tribunal supremo que confirme la sentencia de la Cámara.
Rosenkrantz reemplaza a Ricardo Luis Lorenzetti, quien presidió la Corte desde 2004. El currículum vitae de Lorenzetti tiene 52 páginas (en el sitio del máximo tribunal). Una veintena de veces aparece destacada su especialidad: el “derecho ambiental”. En catorce años como juez, nunca emitió sentencia contra el agronegocio de transgénicos y agrotóxicos, más bien al contrario.
Nota
La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Pese a que el Congreso Nacional votó la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, y rechazó con más de dos tercios de ambas cámaras la intentona de veto presidencial, y a que fallos judiciales ordenan su cumplimiento inmediato, el Gobierno de los Milei & los Caputo no la aplica. Para los organizadores de la movilización calculada en más de 1.500.000 personas en todo el país, esto no solo rompe lo relativo al presupuesto universitario “sino el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en la calle, donde la democracia queda expresada en la gente moviéndose en esta 4° marcha durante el período libertario, y de sectores que se plegaron y convocan a seguir resistiendo este tipo de políticas de daño social. Voces desde la calle que explican sin casettes por dónde moverse.
Por Franco Ciancaglini. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

Hay muchos jóvenes.
Muchos docentes, directivos, no docentes.
Egresados, profesionales.
Muchas personas en todo el país.
En Mar del Plata, Córdoba, en Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca y así.
Hay una Plaza de Mayo repleta.
Hay gente que llega y gente que se va.
Gente que estuvo todo el tiempo.
Hay jubilados y jubiladas que marchan todos los miércoles.
Está el movimiento disca, también siempre presente.
Hay sindicatos, como la UOM o los Aceiteros, y parte de la CGT que brindó su apoyo y movilizó algunas columnas dispersas.
Hay carteles conmovedores.
Hay muchos jóvenes, de todos lados, sobre todo llegados de fuera de la Capital Federal.
Muchas personas que viajaron desde lejos para sumar su cuerpo, su cartel, su grito, su aplauso.
Que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.
Y no callarse.

“Milei cumplí la ley”
Es la cuarta.
Las tres primeras Marchas Federales Universitarias fueron las más masivas contra el gobierno de Milei. Esta no fue la excepción.
Desde el escenario calcularon alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.
Lo incontable es todo lo que sucede alrededor de esta bandera argentina que significa la universidad pública.
Una bandera que cobija a miles de generaciones que se reunieron hoy en la Plaza de una manera conmovedora: relatando, en esta crónica, cómo el acceso a la educación libre, gratuita y de calidad “cambia vidas, motoriza el ascenso social y brinda soberanía a un país”. Así lo sintetizaron en un documento leído por la FUA (Federación Universitaria Argentina” que se tituló: “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.
El planteo central: “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.


Algunos datos de contexto:
- Los salarios de quienes trabajan en las universidades argentinas bajaron el 34,5% en el mejor de los casos, o más del 40% según otros cálculos. Es como si en los últimos dos años no hubieran cobrado entre 8 y 10 salarios. Los números simbolizan lo presupuestario, pero tal vez no logren mostrar el daño institucional, social, familiar y personal que provoca la política del gobierno.
- El actual es uno de los menores porcentajes históricos que el Presupuesto Nacional asigna a las universidades, en las que el 57,6% de los graduados son primera generación de sus familias en llegar a los estudios superiores. Esa posibilidad es una de las cosas que se está quebrando, como lo señalaban los cartones manuscritos en los que se leía: “Sin educación no hay futuro”.
- La importancia que el gobierno de Milei le da a la educación se expresa en la aplicación de un nuevo recorte del Presupuesto Nacional de 3 billones de pesos en temas de energía, obras públicas, urbanización y hasta tratamientos contra el cáncer (63.021 millones de pesos que explican que la palabra crueldad tal vez ya no alcance para definir lo que está ocurriendo). Para el tema educativo, el recorte es de 78.768 millones de pesos.
- Ese incalificable decreto de ajuste fue firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El lado B de la situación aparece en casos como el $LIBRA o el ANDIS, donde se detectaron sobreprecios en sillas de ruedas, andadores, medicamentos y tecnologías para diversos tipos de tratamiento del orden del 200% en los casos más leves, hasta productos sobrefacturados en un 4.239%. A lo que habría que agregar 3%, Spagnuolo, Esper, Nucleoeléctrica, Adorni, posibles sobresueldos oficiales, entre otras cosas.
- Volviendo a lo estrictamente universitario, esta licuación económica va generando, además, un éxodo permanente de docentes que está vaciando una educación de calidad históricamente reconocida a nivel continental y global.

Docentes Uber
Los testimonios desde la calle permiten entender de manera simple la complejidad de lo que está en juego.
Primero, pequeñas escenas concretas. Lucía Darandal, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, resume “lo más visible”: el salario de los docentes. “Cada vez les está costando más llegar a fin de mes. Muchos están teniendo más de un trabajo para poder sostenerse, muchos tienen familias que mantener. Ahí está el primer deterioro que se va acentuando. Lo mismo pasa con los trabajadores no docentes”.
Las becas: “La beca Progresar quedó congelada en 35.000 pesos y eso prácticamente no alcanza. Hay estudiantes a los que cada vez se les complica más pagar el alquiler, porque recordemos que también hay estudiantes que viajan desde otros lugares de la Argentina”. Y los horarios: “Faltan horarios en el turno noche. Entonces hay menos posibilidades para que el estudiante trabajador pueda cursar”.
Desde Rosario, el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Damián Verzeñassi, lo traduce en una imagen todavía más brutal: “Más de la mitad de los trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza” y agrega que hay docentes “que con lo que cobran no pueden pagar siquiera el costo del transporte para llegar a dar clases”.
Rosario Kairuz, estudiante de Sociales UBA, cuenta cómo eso impacta directamente en las cursadas: “Las materias de la orientación en investigación prácticamente no cuentan con ningún tipo de horario. Se ofertan un cuatrimestre sí y otro cuatrimestre no”. Y agrega otro ejemplo síntoma del deterioro: “Quienes siguen la orientación de producción no cuentan con materiales ni con equipos para realizar los distintos talleres audiovisuales”.
Nicolás Núñez, docente de Sociales e integrante de AGD, completa la escena desde el otro lado del aula: “El incumplimiento de la ley y los dos años de profunda pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria nos empujaron a todos a buscar otras formas de sobrevivir: desde las clases particulares hasta manejar Uber o hacer trabajo freelance”. Le pone una cifra al éxodo: “Hay 10.000 docentes que ya decidieron abandonar las clases”.


Plata para la deuda
Más acá de los números, lo que aparece en la calle es que el conflicto universitario dejó de leerse hace rato solamente en términos presupuestarios. Ya no se trata únicamente de números, partidas o balances, sino de una marcha que Gonza Giles, escritor, periodista y divulgador sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y neurodivergencias, planteó,como “una defensa colectiva contra el descarte humano”.
Gonzalo habló en nombre del movimiento de personas discapacitadas: “Nos quieren convencer de que ajustar es gobernar, que destruir derechos es modernizar, que dejar gente afuera es eficiencia. Necesitan que la sociedad mire al otro con sospecha, porque cuando logran que el pobre sospeche del que tiene una discapacidad, que el trabajador sospeche del estudiante y que todos sospechen de todos, el ajuste entra más fácil”. Por eso insiste en que “no es un problema económico, es ideológico. Porque plata hay. Lo que no hay es humanidad. Hay plata para deuda, hay plata para represión, hay plata para departamentos que no pueden utilizar, pero no hay plata para que una persona con discapacidad viva dignamente, no hay plata para universidades, no hay plata para ciencia, no hay plata para salud”.

En la marcha volvió a quedar en evidencia que no solo la universidad es una consigna de unidad, sino que las luchas comienzan a entrelazarse unas y otras: los hospitales, la discapacidad, los jubilados, el trabajo. Por eso tuvo tanto peso simbólico la presencia de sindicatos como la UOM. “No es frecuente que los estudiantes y los laburantes estén juntados”, reconoce Darío Dani Román, metalúrgico, “pero en estos tiempos hace falta estar juntos”. Y agrega: “Estamos presentes en todas las luchas populares en las que haga falta estar para dar vuelta esta situación”. Desde la medicina, Damián Verzeñassi amplía: “Esto que está pasando con la universidad —que es lo mismo que pasa con los hospitales, con las personas con discapacidad y con los jubilados— debería ser un elemento más que suficiente para que todo el arco político no fascista se decida a organizarse, a unirse y a encontrarse”.
En Sociales UBA, Rosario Kairuz cuenta que ya empezaron a discutir cómo sostener esa articulación: “Hay que unir esa lucha con docentes y no docentes. Los reclamos estudiantiles no pueden darse solos”. Nicolás Núñez, de AGD Sociales, insiste en que “esta marcha no puede ser un punto de llegada sino un punto de partida” y plantea recuperar algo de lo que ocurrió en 2024 con las asambleas interclaustros y las tomas de facultades. Para él, que habla desde la academia, “nuestra suerte está atada también a los reclamos de discapacidad y a los reclamos de tantos sectores postergados por este gobierno, con los que tenemos que unirnos, como los jubilados”.



El contagio
Pero… ¿cómo? La respuesta más repetida en la calle vuelve a ser la movilización. “Hay que seguir viniendo a las marchas, hay que seguir visibilizando y exigiendo”, plantea Gonza, y agrega que tanto el Poder Judicial como el Legislativo “tienen que ponerle un límite a este gobierno”. Darío Dani Román de la UOM, coincide: “La única arma que tenemos nosotros es salir a la calle, manifestarnos y sostener la pelea hasta el final”. Milagros y Facundo, estudiantes, lo resumen todavía más simple: “Seguir marchando, seguir protestando, para que se den cuenta de lo que quiere la gente”. Damián Verzeñassi suma otra dimensión: “La marcha de hoy tiene que decirles claramente que no les vamos a dejar pasar ninguna más”. Pero además propone “avanzar en una estrategia jurídica muy fuerte por incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo, contra todos los responsables de no cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación”.
La última imagen que brota en la calle no es solo la de la crueldad, sino la de una brutalidad planificada. Gonza Giles lo explica claramente: “Necesitan universidades vacías porque el pensamiento crítico molesta. Necesitan personas aisladas porque los derechos organizan. Necesitan trabajadores cansados y estudiantes endeudados porque así envían un mensaje”.
Lo mismo dicen Vladimir y Adriana, de 19 años, pero ya orgullosos técnicos químicos. Mientras hablan levantan dos carteles que llaman la atención de todos:
- “Cuando la educación sea privada, seremos privados de todo” y
- “No se puede adoctrinar un cerebro lleno de conocimiento”.
Las letras están prolijamente dibujadas, en colores, y recortadas con paciencia y dedicación. “Estuvimos haciéndolos desde ayer, buscando frases, viendo todo lo que dice la gente, juntando opiniones. Y quedaron estas”, cuentan ellos, que hablan sosteniéndose la mano uno al otro.

Ella es de Moreno, él de José C. Paz. Egresaron de una secundaria técnica pública. Ella ahora estudia Ingeniería Aeronáutica en la UTN de Haedo. Él piensa anotarse en Agronomía. A ellos, además de todo, la universidad pública les dio el amor. Y desde ahí hablan:
“Vamos a ayudar a un comedor cerca de Cuartel V, en un barrio muy pobre. Hay familias a las que se les complica hasta estudiar. Regalamos hojas, útiles, lo que se pueda. Yo era de un barrio también muy humilde y mi primo no pudo estudiar, tuvo que dejar para ir a trabajar. Hacemos lo que podemos. Muchas veces no alcanza. Pero aunque sea una persona más que pueda estudiar, ya es una victoria”.
Él da vuelta el cartel y muestra la frase del otro lado: “Estamos acá también por vos, que pensás distinto”. Adriana dice: “Mucho se habla de que el odio se contagia, que vivimos una época de odio, que las redes muestran eso. Pero también el amor y la solidaridad contagian”.
Y sonríe.
Con esa sonrisa que contagia, y ese cartel colorido, revela que ella fue la responsable de que viniese su novio: “Esta es la primera vez que viene a una marcha. Yo ya había venido a la marcha antifascista. Así que bueno, ya traje a alguien más”.
Y la próxima, uno más.
Sí, sí. Ya hay dos amigos que querían venir y no pudieron por otros temas, pero tenían ganas.
Vladimir: ¿y qué te pareció tu primera marcha?
Nervioso al principio, la verdad. Pero estuvo muy bueno.
¿Por qué nervioso?
No sé, siempre las veía desde afuera y parecía otra cosa. Pero estuvo re bien la experiencia.
Ahora sonríen ambos.
Y saludan antes de desconcentrar por Diagonal Norte rumbo a tomarse dos micros y un tren para volver a su casa.
Sobre esa avenida céntrica, donde se recorta el Obelisco, pasarán
- junto a un joven con una remera de 2 Minutos y un cartel que dice: “Estéticamente superiores”, con la cara deforme del Presidente. Una ironía sellada con la firma de la Escuela Superior de Bellas Artes Antonio Berni.
- Cerca de Luna, de siete años, de la mano de Gloria, su mamá, chocha porque está caminando por la calle y no por la vereda.
- De una joven que tiene un cartel que da ganas de llorar: “Mi sabiduría viene de esta tierra”.
- De un ruidoso grupo de la Escuela Secundaria de la Universidad de San Martín que trajo varios hits. El mejor:
“Con las lágrimas de Adorni
vamos a hacer una cascada
para que se metan todos
los pibes de la barriada”.
La gente desconcentra y va cantando “eaea” y también:
“Si el presupuesto no está
qué quilombo que se va a armar”.



La sensación es, como decía Gonza, que este es un punto de largada y no de llegada.
Que la cosa sigue.
En la calle, pero también en los barrios, en los comedores, y en las aulas.
Sigue cada miércoles en el Congreso.
Y todas las veces que hagan falta.
Porque hay muchos jóvenes.
Docentes, directivos, no docentes.
Egresados, profesionales.
Muchas personas en todo el país.
En Mar del Plata, en Córdoba, Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca.
Hubo otra Plaza de Mayo repleta.
Hay gente que, aun cuando todo terminó, sigue llegando.
Hay más carteles conmovedores.
Hay muchos jóvenes que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.
Y no callarse.












Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Nota
MU 212: El fin de un mundo

MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.

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