Un grupo de abogadas y abogados antiderechos denunció a los dos médicos que realizaron en Tucumán la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a Lucía, la niña de 11 años embarazada producto de una violación. La interrupción es un procedimiento avalado por el Código Penal desde 1921 pero las autoridades provinciales lo obstruyeron durante casi un mes para forzar la continuidad de ese embarazo. Lo lograron, con un detalle: la beba de la niña, que había nacido con 660 gramos de peso, murió el viernes. “Esto es una forma de amedrentamiento para que ningún profesional haga una ILE”, definen los médicos. Por qué la Justicia debe desestimar la demanda de los antiderechos. La falsedad del eslogan “Salvemos las dos vidas”. Y la voz del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que subrayó que las restricciones o prohibiciones de la ILE constituyen tortura.
Un grupo de abogadas y abogados antiderechos denunció por “homicidio, desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público” a José Gijena y Cecilia Ousset, los dos profesionales de la salud que garantizaron la microcesárea a “Lucía”, como se conoce a la niña de 11 años a la que el Estado tucumano obligó a parir a pesar de que había solicitado la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La demanda llega luego de la muerte de la beba que había nacido con 660 gramos. “Estamos tranquilos porque cumplimos con la ley, pero estábamos esperando que sucediera algo así”, dice a lavaca Ousset, luego de conocer la denuncia en su contra: “Lo importante que hay que aclarar es que nadie puede estar por encima del Código Penal de la Nación”.
El Código Penal argentino avala el aborto no punible desde 1921. En 2012, el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la ILE en casos de violación, por lo que el Estado estableció un protocolo nacional para instrumentarla, pero no todas las provincias adhirieron. Tucumán es una de ellas.
La doctora Ousset: “Aquí vivimos fuera del Estado de Derecho. Esto es una forma de amedrentamiento para que ningún profesional haga una ILE, sabiendo que podrían tener una causa penal”.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía especializada en Homicidios, cuya titular, Adriana Giannoni, intervino de forma directa en el caso de la niña: no sólo mandó un oficio a los médicos del Hospital Eva Perón (donde estaba internada Lucía) para obstaculizar la ILE, sino que pidió la designación de un defensor oficial para el feto. La diputada nacional tucumana Teresita Villavicencio la denunció ante la Justicia provincial por los delitos de coacción y abuso de autoridad.
Ousset y Gijena se enteraron que el fiscal subrogante Diego López Ávila había determinado que se practicara la autopsia en el cuerpo del bebé. “Allí nosotros nos dimos cuenta que iba a pasar algo. Es prolongar la tortura para esta niña”.
El día después de la ILE, ambos médicos habían relatado en exclusiva a lavaca las irregularidades de un procedimiento que las autoridades sanitarias tucumanas eludieron durante casi un mes: amenazas, médicos que se declararon “objetores de conciencia” en el momento de la ILE y la trama en la que funcionarios estatales y judiciales buscaron dilatar la ILE para prolongar la gestación.
Todo se desarrolla en un contexto en el que la provincia se declaró “Pro Vida” durante el debate en el Congreso. Dijo el doctor Gijena a lavaca: “La provincia impide la Educación Sex1ual Integral (ESI) y no adhiere a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Todo bajo un cartel muy lindo desde lo enunciativo, que es: Salvemos las dos vidas. ¿Pero de qué dos vidas estamos hablando? ¿Cuántas vas a salvar? Pareciera que detrás de ese cartel hay otro que dijera: “Salvemos las dos vidas… o ninguna”.
La muerte de la beba refleja que lo único que se prolongó fue la tortura de una niña violada.
La entrevista completa puede leerse aquí: https://www.lavaca.org/notas/como-el-estado-tucumano-torturo-a-una-nina-violada/
Quiénes denuncian
La primera persona que aparece en la denuncia es María Teresa Mockevich, abogada, que vive en el Yerba Buena Golf Country Club, en Tucumán. Fue una de las expositoras en Diputados en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y se presenta en Twitter así: “Católica, abogada, madre. Soy PRO-VIDA, PRO-FAMILIA y PRO-EDUCACIÓN en valores y principios éticos”.
Comparte videos de Agustín Laje que hablan contra la supuesta “ideología de género” y su última publicación es de una web llamada Hispanidad Católica: “El hombre moderno sigue sin hacer ni caso a lo que la virgen nos pide con insistencia”.
Otro de los denunciantes, Jorge Ramaccioti, también fue opositor de la IVE en el Senado. Los otros: Luciana Colombres, Constanza del Carril, Raúl Lezana, Angella Lorna Vittini, Ricardo Auad. Todos firmaron un pronunciamiento en el que defendían a la fiscal Giannoni: manifestaron que había actuado “en resguardo de la Constitución”. El abogado representante es Salvador María del Carril.
Lo espeluznante

Los médicos denunciados por respetar el derecho de una niña de 11 años, embarazada por una violación. 
La doctora Ousset, de todos modos, está tranquila. “Tuvimos mucho apoyo de la gente, de la ciudadanía. Nos dimos cuenta de que muchos no sabían lo que era una ILE. Y, gracias a la difusión, muchas personas que no están a favor de la interrupción voluntaria, empatizaron con Lucía y se pusieron a favor de esto”.
Sin embargo, la tocoginecóloga comparte una preocupación. “Esto me certifica que Tucumán vive fuera del Estado de Derecho. Y que va a haber muchas más Lucías, muchas más mujeres pobres muy vulneradas porque viven en una provincia que no adhirió a la ESI, que no tienen salud sexual y reproductiva, y son arrojadas a la clandestinidad. ¿Qué hacemos con todas esas Lucías? El Estado no quiere que conozcan sus derechos, ni quiere que esas niñas sean atendidas como corresponde, y tampoco quiere que los médicos estén dispuestos a hacerlo. Es la naturalización constante”.
Ousset concluye: “Esto es un delirio jurídico. Pero acá lo importante no somos nosotros, sino la cantidad de mujeres pobres que no van a tener acceso a la salud. Eso es muy grave. Y espeluznante”.
Tortura de niños
Las organizaciones CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y ANDHES (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), junto a organizaciones sociales, políticas y feministas, repudiaron la denuncia contra Ousset y Gijena.
“En primer lugar, hay que advertir que en la práctica realizada por los médicos no hay delito”, apunta a lavaca la Directora Ejecutiva de ANDHES, Fernanda Marchese, que cita el artículo 86 del Código Penal garantizado por el fallo FAL.
Las organizaciones también recuerdan que la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instó al Estado argentino -a partir del caso de Lucía- a “garantizar de manera oportuna” el acceso a la ILE.
“La no prestación de determinados servicios a mujeres y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria, y las restricciones o prohibiciones absolutas en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir  tortura y malos tratos”, señaló la Representante para América del Sur, Birgit Gerstenberg.
“La demora injustificada en el acceso a la ILE por parte del Sistema Provincial de Salud y el Hospital del Este Eva Perón vulneró el derecho de la niña a la salud”, indicó Gerstenberg. “Ambas instituciones estaban obligadas a garantizar a la niña la interrupción legal de su embarazo de acuerdo con la legislación en Argentina, desde el momento en que tanto la niña como su madre manifestaron expresamente su deseo de interrumpirlo”.
Por su parte, a través de un comunicado, las organizaciones argentinas (que aún no fueron notificadas de la denuncia de los grupos antiderechos) precisaron:

• “La denuncia, además de no tener asidero legal, constituye un serio amedrentamiento hacia profesionales que lo único que hicieron es cumplir con el derecho al aborto no punible de Lucía, donde se cumplimentaron los requisitos por la causal de la violación. Además teniendo en cuenta que el retraso de dicha intervención se produjo por las dilaciones de los funcionarios y equipo de Salud de Tucumán. Estos obstáculos afectan gravemente la salud de Lucía y constituyen tortura”.
• Subrayan que la fiscal Giannoni debería desestimar la denuncia. Y recuerdan que la funcionaria fue denunciada por su accionar en el caso de Lucía. “Recordamos que el 11 de febrero las autoridades del Hospital del Este recibieron una advertencia de apercibimiento de Giannoni mediante el Oficio 10/2019. Su accionar malicioso y contrario a la ley generó el clima necesario para este tipo de denuncias. Es, al mismo tiempo, quien en su Fiscalía colgó carteles ´no cuenten conmigo´ cuando la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley para la legalización del aborto”.
• “Es innegable que la intención de la denuncia tiene como objetivo, además, lanzar un mensaje disciplinador para que los médicos y médicas se nieguen a garantizar derechos que ya existen”.

Marchese, de ANDHES, plantea a lavaca: “Un detalle: es el mismo Sistema Provincial de Salud de Tucumán quien solicitó el procedimiento, y Ousset y Gijena los únicos dos profesionales que podían hacerlo, porque todo el hospital se declaró objetor de conciencia, con muchos médicos por miedo por las amenazas de la fiscal. No hay justificación legal que pueda sostener esta denuncia, que no hay que verla sólo como una demanda de grupos antiderechos, sino como parte de un Estado que avala esto.  No hay que desenmarcarlo de un Poder Ejecutivo y Judicial que fogonea y habilita esta denuncias”.