Nota
Un fallo que le pone freno a los DNU
La Sala V de la Cámara del fuero Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el decreto que había modificado, sin intervención del Congreso, la Ley de Migraciones. Cuestiona los datos con los que el Gobierno justificó el DNU y advierte sobre el uso de esa herramiento “como una apropiación ilegítima de facultades legislativas por parte del Ejecutivo”. El CELS advierte: “Ahora el Gobierno tendría que explicar cuáles fueron las razones políticas que originaron el decreto. Suponemos que quisieron forzar una asociación entre migración y delincuencia y eso es peligroso”.
Por Giansandro Merli para lavaca.org
“No solo constituye una apropiación de facultades legislativas sin causa constitucional que la legitime, sino que también recoge en su articulado soluciones que son incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos”, reza el fallo que puso freno al DNU 70/2017 del Gobierno, que modificaba la ley de Migraciones bajo un sesgo xenófobo, ya que había calificado como “crítica” la situación argentina con respecto al ingreso de inmigrantes, reclamando el derecho estatal de controlar las fronteras y regular el flujo de personas. La medida judicial estuvo firmada por los jueces Jorge Aleman, Pablo Gallegos Fedriany y Guillermo Treacy. El planteamiento de la sentencia es doble: declara ilegítimo tanto el uso del decreto como instrumento legislativo fuera de las circunstancias previstas por la ley, como la lógica de regresión en un tema de derechos considerados universales.
Por un lado, los jueces afirman que en la Argentina no existe emergencia de seguridad relacionada a la inmigración. Para hacerlo, mencionan el informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), que prueba cómo en los últimos seis años la población extranjera en las cárceles ha mantenido la misma proporción: alrededor del 6% del total. Los jueces desmienten así de manera oficial los datos utilizados por el Gobierno, según los cuales el 21% de los presos serían extranjeros. Al faltar las circunstancias excepcionales exigidas constitucionalmente para justificar el DNU, la utilización del decreto como instrumento es juzgado como una “apropiación” ilegítima de facultades legislativas por parte del Ejecutivo.
Un abuso que es costumbre
En diálogo con lavaca, el director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, Diego Morales, analiza el fallo: “La Cámara sostiene que el gobierno usó datos incorrectos para acreditar la ‘necesidad y urgencia’. Por lo tanto, no podía dictar un decreto para modificar la Ley de Miigración”. Y añade: «El fallo critica la forma de interpretar el artículo N° 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional, que regula el uso de los decretos. Si bien para que un DNU sea rechazado se deben pronunciar las dos cámaras, el silencio del Congreso no le da validez. Se necesita que los jueces sigan indagando. Es decir, que si el Congreso se demora, el DNU no es automáticamente válido».
Por su parte, Lucia Galoppo, abogada de CAREF –otro de los organismos que presentaron el recurso contra el DNU- afirma: «La sentencia marca en qué situación corresponde un DNU y en qué situación no, y le pone un límite a la actividad legislativa del Ejecutivo». Por lo tanto, el planteamiento de la sentencia, más allá de declarar inconstitucional el DNU 70/2017, constituye también una advertencia al Gobierno con respecto al abuso del decreto como instrumento normativo. Un abuso que el macrismo convirtió en costumbre”.
Los jueces también rechazaron la medida haciendo referencia a la esfera de los derechos humanos. En este sentido, el decreto es considerado discriminatorio de un entero grupo social que ya sufre una “condición de vulnerabilidad”. El decreto, en efecto, perjudicaba a los inmigrantes del derecho a recibir un debido proceso, disponiendo la expulsión en limitación de la posibilidad de defenderse. Además, autorizaba formas de detención administrativa. Los jueces consideran estas disposiciones contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales, citando sobre todo la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
La lógica regresiva
Toda una lógica política para abordar el tema de las migraciones internacionales es la que rechaza esta sentencia. Gabriela Liguori, coordinadora general de CAREF señala: “Este Gobierno parte de la perspectiva del inmigrante como persona que no está en igualdad de derecho con los nacionales. Opera en la política migratoria desde una lógica de seguridad interna y no de derechos humanos. El DNU, que facilitaba las expulsiones de cualquier migrante con cualquier tipo de antecedente, aún ante de tener condena, respondía a esa perspectiva”.
Los jueces, en resumen, recuerdan que los derechos fundamentales son superiores a los intereses de un Gobierno. Es lo que subraya la abogada Gaído: “Más allá del contenido literal, el fallo dice que los derechos humanos no son susceptibles de regresar en función de las necesidades del Poder Ejecutivo de turno”. Esta perspectiva sienta un precedente: la sentencia podría ser interpretada en forma más ancha, hacia otras materias. Por ejemplo, hacia el tema del acceso de las personas migrantes a la salud y a la educación. Una cuestión que fue recientemente al centro del debate político nacional.
Dice Gabriela Liguori: “Si bien el fallo no tiene impacto directo en aspectos relativos a salud y educación, que pretenden ser restringidos a través de diversos proyectos de ley recientemente presentados, hay algunas ideas desarrolladas que pueden ser útiles a la hora de debatir públicamente esas iniciativas. Por ejemplo, el considerar la población migrante como un colectivo vulnerable en situación de inferioridad en el ejercicio real de sus derechos”.
En ese sentido, Galoppo opina que la prohibición de retroceder en tema de derechos fundamentales “se aplica a lo que es el debido proceso, a la ley de inmigración y a la migración como derecho humano, pero se podría extender también al acceso a salud y educación”. Y agrega: “Son derechos humanos que se garantizan de forma universal y no se puede negar. Y mucho menos en función de la reciprocidad con otros Estados: tenemos la obligación como país de seguir sosteniendo los derechos que ya garantizamos por los compromisos internacionales que hemos asumido».
“Quisieron hacer una asociación entre migración y delincuencia que no existe”
La respuesta del tribunal siembra otras preguntas. Si no había emergencia, ¿por qué el gobierno quiso aprobar un DNU antimigratorio? No sería la primera vez que los inmigrantes son utilizados como chivo expiatorio de problemáticas económicas y sociales cuyas responsabilidades tienen sus raíces en otro lado. La sentencia del viernes pasado fortalece esta duda. Dice Diego Morales: “El Gobierno tendría que explicar por cuáles razones políticas aprobó el decreto. Porque otras razones no pudo dar. Nosotros suponemos que quisieron forzar una asociación entre migración y delincuencia, que no existe. De toda forma, hay que subrayar que este discurso, antes y más allá de la sentencia, ya tuvo efectos reales muy negativos para la población migrante. Se está intentando instalar una sospecha continua sobre estas personas”.
Sin embargo, la inconstitucionalidad del decreto no significa que terminen los abusos y violaciones de derechos hacia las personas migrantes. Lucia Galoppo recuerda: “Una cosa es lo que determina la ley, y otra lo que sucede en la práctica de ventanilla y de burocracia estatal”.
Por último, la historia del controvertido decreto no se puede considerar acabada. El Gobierno sigue teniendo derecho a apelar al fallo y acudir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Intentará seguir adelante con una medida ahora declarada inconstitucional? ¿Optará por seguir con una visión de las migraciones internacionales que lo acerca más a Trump que a la tradición argentina de respeto a los derechos humanos?
No hay respuestas definitivas a estas preguntas. Dependerá, más que por tribunales o gobiernos, de la capacitad de los organismos de la sociedad civil de seguir exigiendo derechos y de los colectivos de trabajadores migrantes de auto-organizarse y levantar su voz.
Nota
Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso
Mario Mainardi (en la foto tomada hoy), uno de los principales sospechosos por el femicidio de Cecilia Basaldúa cometido en Capilla del Monte, Córdoba, hace poco más de 5 años, finalmente fue citado por la fiscalía de Cruz del Eje para realizarle este martes una extracción de sangre. La abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, se enteró apenas un día antes de esta citación a Mainardi. El sospechoso (actualmente vive en Santa Fe) había sido encargado de alojar a Cecilia en Capilla, y fue la última persona que la vio con vida, el 5 de abril de 2020. Sobre su presencia hoy en Cruz del Eje, contó la abogada: “Sacó fotos a todo el edificio, selfis con tribunales de fondo y salió custodiado con personal de la policía de Córdoba. Se subió a un móvil y se fue”.
Las irregularidades y desinformación o manipulación en la causa han sido frecuentes en perjuicio de la familia y sus defensores (además de Pavón, el abogado Gerardo Batistón es querellante en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación). También ha significado un ocultamiento a la prensa. Audiencias para las que los testigos no eran notificados, falsos argumentos policiales para explicar su propia inoperancia, demoras incomprensibles en la causa, todos temas por los que hay iniciada una denuncia de la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la Dirección de Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad. Además se solicitó a la Fiscalía de Cruz del Eje que la policía de Capilla del Monte, ya no sea la que realiza las notificaciones.
Queda pendiente ahora la información que se brinde a la sociedad sobre este trámite, que permitió ver a un sospechoso clave que nunca dio la cara. La causa ha sido siempre un laberinto sacudido en todo caso por numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad. Aquí publicamos la crónica de lo ocurrido hace menos de un mes, al cumplirse 5 años del hallazgo del cuerpo de Cecilia Basaldúa.
Fotos y crónica de María Eugenia Marengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Lúquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
Nota
Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
Nota
Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
- Derechos HumanosHace 4 semanas
40 años del Juicio a las Juntas: ¿qué significa hoy?
- NotaHace 1 semana
Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
- ActualidadHace 3 semanas
Un legado del Papa Francisco: nuestra casa, el planeta
- ActualidadHace 3 semanas
El adiós del barrio
- ComunicaciónHace 4 semanas
‘Adolescencia’: el fracaso de la mirada adulta