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Un fallo que le pone freno a los DNU

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La Sala V de la Cámara del fuero Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el decreto que había modificado, sin intervención del Congreso, la Ley de Migraciones. Cuestiona los datos con los que el Gobierno justificó el DNU y advierte sobre el uso de esa herramiento “como una apropiación ilegítima de facultades legislativas por parte del Ejecutivo”. El CELS advierte: “Ahora el Gobierno tendría que explicar cuáles fueron las razones políticas que originaron el decreto. Suponemos que quisieron forzar una asociación entre migración y delincuencia y eso es peligroso”.

 
Por Giansandro Merli para lavaca.org
“No solo constituye una apropiación de facultades legislativas sin causa constitucional que la legitime, sino que también recoge en su articulado soluciones que son incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos”, reza el fallo que puso freno al DNU 70/2017 del Gobierno, que modificaba la ley de Migraciones bajo un sesgo xenófobo, ya que había calificado como “crítica” la situación argentina con respecto al ingreso de inmigrantes, reclamando el derecho estatal de controlar las fronteras y regular el flujo de personas. La medida judicial estuvo firmada por los jueces Jorge Aleman, Pablo Gallegos Fedriany y Guillermo Treacy. El planteamiento de la sentencia es doble: declara ilegítimo tanto el uso del decreto como instrumento legislativo fuera de las circunstancias previstas por la ley, como la lógica de regresión en un tema de derechos considerados universales.
Por un lado, los jueces afirman que en la Argentina no existe emergencia de seguridad relacionada a la inmigración. Para hacerlo, mencionan el informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), que prueba cómo en los últimos seis años la población extranjera en las cárceles ha mantenido la misma proporción: alrededor del 6% del total. Los jueces desmienten así de manera oficial los datos utilizados por el Gobierno, según los cuales el 21% de los presos serían extranjeros. Al faltar las circunstancias excepcionales exigidas constitucionalmente para justificar el DNU, la utilización del decreto como instrumento es juzgado como una “apropiación” ilegítima de facultades legislativas por parte del Ejecutivo.
Un abuso que es costumbre
En diálogo con lavaca, el director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, Diego Morales, analiza el fallo: “La Cámara sostiene que el gobierno usó datos incorrectos para acreditar la ‘necesidad y urgencia’. Por lo tanto, no podía dictar un decreto para modificar la Ley de Miigración”. Y añade: «El fallo critica la forma de interpretar el artículo N° 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional, que regula el uso de los decretos. Si bien para que un DNU sea rechazado se deben pronunciar las dos cámaras, el silencio del Congreso no le da validez. Se necesita que los jueces sigan indagando. Es decir, que si el Congreso se demora, el DNU no es automáticamente válido».
Por su parte, Lucia Galoppo, abogada de CAREF –otro de los organismos que presentaron el recurso contra el DNU- afirma: «La sentencia marca en qué situación corresponde un DNU y en qué situación no, y le pone un límite a la actividad legislativa del Ejecutivo». Por lo tanto, el planteamiento de la sentencia, más allá de declarar inconstitucional el DNU 70/2017, constituye también una advertencia al Gobierno con respecto al abuso del decreto como instrumento normativo. Un abuso que el macrismo convirtió en costumbre”.
Los jueces también rechazaron la medida haciendo referencia a la esfera de los derechos humanos. En este sentido, el decreto es considerado discriminatorio de un entero grupo social que ya sufre una “condición de vulnerabilidad”. El decreto, en efecto, perjudicaba a los inmigrantes del derecho a recibir un debido proceso, disponiendo la expulsión en limitación de la posibilidad de defenderse. Además, autorizaba formas de detención administrativa. Los jueces consideran estas disposiciones contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales, citando sobre todo la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

La lógica regresiva
Toda una lógica política para abordar el tema de las migraciones internacionales es la que rechaza esta sentencia. Gabriela Liguori, coordinadora general de CAREF señala: “Este Gobierno parte de la perspectiva del inmigrante como persona que no está en igualdad de derecho con los nacionales. Opera en la política migratoria desde una lógica de seguridad interna y no de derechos humanos. El DNU, que facilitaba las expulsiones de cualquier migrante con cualquier tipo de antecedente, aún ante de tener condena, respondía a esa perspectiva”.
Los jueces, en resumen, recuerdan que los derechos fundamentales son superiores a los intereses de un Gobierno. Es lo que subraya la abogada Gaído: “Más allá del contenido literal, el fallo dice que los derechos humanos no son susceptibles de regresar en función de las necesidades del Poder Ejecutivo de turno”. Esta perspectiva sienta un precedente: la sentencia podría ser interpretada en forma más ancha, hacia otras materias. Por ejemplo, hacia el tema del acceso de las personas migrantes a la salud y a la educación. Una cuestión que fue recientemente al centro del debate político nacional.
Dice Gabriela Liguori: “Si bien el fallo no tiene impacto directo en aspectos relativos a salud y educación, que pretenden ser restringidos a través de diversos proyectos de ley recientemente presentados, hay algunas ideas desarrolladas que pueden ser útiles a la hora de debatir públicamente esas iniciativas. Por ejemplo, el considerar la población migrante como un colectivo vulnerable en situación de inferioridad en el ejercicio real de sus derechos”.
En ese sentido, Galoppo opina que la prohibición de retroceder en tema de derechos fundamentales “se aplica a lo que es el debido proceso, a la ley de inmigración y a la migración como derecho humano, pero se podría extender también al acceso a salud y educación”. Y agrega: “Son derechos humanos que se garantizan de forma universal y no se puede negar. Y mucho menos en función de la reciprocidad con otros Estados: tenemos la obligación como país de seguir sosteniendo los derechos que ya garantizamos por los compromisos internacionales que hemos asumido».
“Quisieron hacer una asociación entre migración y delincuencia que no existe”
La respuesta del tribunal siembra otras preguntas. Si no había emergencia, ¿por qué el gobierno quiso aprobar un DNU antimigratorio? No sería la primera vez que los inmigrantes son utilizados como chivo expiatorio de problemáticas económicas y sociales cuyas responsabilidades tienen sus raíces en otro lado. La sentencia del viernes pasado fortalece esta duda. Dice Diego Morales: “El Gobierno tendría que explicar por cuáles razones políticas aprobó el decreto. Porque otras razones no pudo dar. Nosotros suponemos que quisieron forzar una asociación entre migración y delincuencia, que no existe. De toda forma, hay que subrayar que este discurso, antes y más allá de la sentencia, ya tuvo efectos reales muy negativos para la población migrante. Se está intentando instalar una sospecha continua sobre estas personas”.
Sin embargo, la inconstitucionalidad del decreto no significa que terminen los abusos y violaciones de derechos hacia las personas migrantes. Lucia Galoppo recuerda: “Una cosa es lo que determina la ley, y otra lo que sucede en la práctica de ventanilla y de burocracia estatal”.
Por último, la historia del controvertido decreto no se puede considerar acabada. El Gobierno sigue teniendo derecho a apelar al fallo y acudir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Intentará seguir adelante con una medida ahora declarada inconstitucional? ¿Optará por seguir con una visión de las migraciones internacionales que lo acerca más a Trump que a la tradición argentina de respeto a los derechos humanos?
No hay respuestas definitivas a estas preguntas. Dependerá, más que por tribunales o gobiernos, de  la capacitad de los organismos de la sociedad civil de seguir exigiendo derechos y de los colectivos de trabajadores migrantes de auto-organizarse y levantar su voz.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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