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Vanesa Orieta, ocho años sin Luciano: “Nuestros pibes hoy no tienen derechos”

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Este sábado se conmemora un nuevo aniversario de la muerte y desaparición del joven de 16 años, símbolo de la brutalidad policial y judicial y las violaciones cometidas por el Estado en democracia. Será una movilización desde General Paz y Mosconi hasta el barrio 12 de Octubre. Vanesa Orieta, su hermana, sintetiza las principales consignas de la actividad: el “No a la baja” de la edad de imputabilidad, la construcción de una agenda propia y por qué hay que hablar de represión estatal y no de violencia institucional.
El 31 de enero se cumple el octavo aniversario de la muerte y desaparición de Luciano Arruga, el joven de 16 años que se ha convertido -a través de la organización y movilización de sus familiares y amigos- en símbolo contemporáneo de la brutalidad policial y judicial y las violaciones a los derechos humanos en democracia por parte del Estado argentino. Como cada enero, este sábado se convoca a una marcha desde General Paz y Mosconi hasta la plaza que lleva su nombre, en el barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. La convocatoria es a las 15 horas y la movilización partirá a las 17. Habrá bandas de rap y el micrófono abierto para que cualquier familiar víctima de las violaciones del Estado pueda acercarse y hablar.
En diálogo con lavaca, Vanesa Orieta, hermana de Luciano, sintetiza la consigna principal de la jornada: “No es violencia institucional: es represión estatal. Por un lado pedimos saber toda la verdad sobre lo que ocurrió con Luciano: mantenemos la denuncia por su muerte y desaparición y la responsabilidad de la policía en este caso. Por otro lado, una de las cosas que plantearemos es no mezclar la represión estatal dentro de un gran marco de violencias institucionales que sufren los jóvenes a diario. Por eso nuestra consigna y es importante marcarla: desde el momento en que nacen, los niños, las niñas y los adolescentes sufren diferentes tipos de violencias. Pero también sabemos que hay una forma muy particular de violencia, bien planeada, desde los sectores de poder, que incluye a medios masivos de comunicación y funcionarios políticos y judiciales, que empezó hace mucho, instalando la idea del pibe peligroso, que son los pibes de nuestros barrios”.
La construcción de la impunidad
La movilización tendrá como destino la plaza Luciano Arruga, en el barrio 12 de Octubre. En ese barrio Luciano fue detenido ilegalmente y transportado en un patrullero hasta un destacamento que no podía retener personas, mucho menos un menor, a tan solo unas cuadras de su casa. Allí estuvo privado ilegalmente de su libertad desde las 11 hasta las 19 horas del 22 de septiembre de 2008, según dictaminó el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Matanza que en mayo del 2015, cuando condenó por torturas a 10 años de prisión a Julio Diego Torales, el oficial principal a cargo de la dependencia policial que convalidó esa detención arbitraria.
 La última vez que lo vieron con vida fue en ese mismo destacamento el 31 de enero de 2009.
Cinco años y ocho meses después la lucha de su familia -hábeas corpus mediante- logró encontrarlo. Se enfrentaron cara a cara con la ingeniería social de la impunidad: Luciano “cruzó” a las 3.21 de la madrugada del 31 de enero con ropa que no era de él por un lugar inaccesible de la General Paz “desesperado, como si estuviera escapando de algo”. Fue atropellado, murió en el Hospital Santojanni -donde su familia fue a preguntar si había ingresado un joven y le respondieron que no-, lo derivaron al Cuerpo Médico Forense y fue enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita. El circuito revela cuál fue la trama de encubrimiento de uno de los casos más resonantes de nuestra democracia. Las prendas nunca aparecieron, y un testigo declaró ante el Juzgado Federal de Morón (donde se tramita la causa) que vio desde la autopista una camioneta doble cabina de la Bonaerense con las luces bajas. Estaba sobre la colectora de la General Paz. “No fue un accidente”, resalta Vanesa.
En el medio, y a lo largo de todos estos años, una fiscal que derivó la investigación en la propia Bonaerense denunciada (Roxana Castelli), otra fiscal que pidió “pinchar” los teléfonos de la propia familia (Celia Cejas) y un juez que lo convalidó (Gustavo Banco). Sobre estos tres funcionarios pesa un pedido de jury político.
Vanesa: “Seguimos esperando que avance”.
La agenda basura
Vanesa Orieta sabe que esta actividad llega en un contexto en el cual desde el Gobierno se impulsa la baja de punibilidad de los 16 a los 14 años. El debate es promovido desde las corporaciones mediáticas, pese al fuerte rechazo de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Esa discusión será una de las consignas de la movilización. “Decir ´No a la baja´ tiene relación directa con la causa de Luciano: él se negó a salir a robar para la policía y se negó cuando tenía 16 años. Todo eso repercutió en su vida de tal manera que terminó en detenciones y su posterior desaparición. La sociedad tiene bien claro dónde está el delito concentrado. Saben que no lo manejan chiquilines de 14 o 16 años. El tema es que sería conmocionar a la sociedad decir que esos negocios son controlados por las fuerzas policiales, es decir, los que deberían generar la seguridad”.
Vanesa habla de pelear la agenda mediática.
“Siempre estamos corriendo atrás para tratar de explicar que lo que los medios intentan instalar no es más que una mentira y que la realidad es pensar profundamente cuáles son las situaciones que sufren nuestros jóvenes con anterioridad a un episodio violento, cuyo porcentaje es ínfimo. Desde hace tiempo en nuestras actividades proponemos un lazo bien fuerte entre familiares en lucha y medios comunitarios. Ahí tenemos que empezar a creernos todos el rol que ocupamos, y también la capacidad y la fuerza que tiene nuestra palabra. Nosotros no hablamos de odio, no balbuceamos palabras sin sentido. Somos responsables y nuestro mensaje tiene que ver con defender la vida. Ante eso me parece que hay que dejar de correr detrás de la agenda basura que proponen los medios comerciales, distinguir los objetivos que queremos cumplir y, en función de eso, generar nuestra propia agenda comunicacional”.
Las palabras y las cosas
Vanesa aclara que la alianza Cambiemos no es el primer gobierno que intenta instalar este debate. “Es un círculo que conocemos: después viene la criminalización de los barrios, el control por parte de diversas fuerzas policiales y el aumento de casos de gatillo fácil y de pobres encerrados en todo el país. Hoy tenemos decenas de miles de pobres encerrados, más de 5 mil casos de gatillo fácil y más de 200 desapariciones forzadas. Estas cifras son las que hablan de un plan estratégico. Hoy es este sector, pero mañana va a comenzar a atacar a otros. Ya estamos viendo que ocurre. Puede ser de forma indirecta o directa, como cuando reprimen a trabajadores por defender sus fuentes de trabajo. Pero la represión está instalada”.
Por eso, subraya Vanesa, hay que hablar con otras palabras.
“Me molesta la suavización de los términos. No es lo mismo hablar de violencia institucional y que todo quede en una misma bolsa de diferentes violencias, que hablar de represión estatal. Tampoco es lo mismo en causas judiciales. Porque cuando decís represión estatal, cuando hablás de gatillo fácil y desaparición forzada, hablás de responsabilidades, no sólo materiales, sino también políticas y judiciales. Entonces nos perdemos el foco del asunto, nos perdemos la gravedad de denunciar la represión estatal y la empezamos a mezclar en un combo de violencias, que también hay que denunciarlas. Pero hay que entender que nuestros pibes hoy no tienen derechos. Y si estamos hablando de que los pibes no comen ni acceden a la educación, que es un derecho fundamental que consta en la Constitución, tenemos que ver qué forma de responsabilidad le cabe a cada uno de los gobiernos. Nadie piensa en llevar al banquillo a los funcionarios porque los pibes no comen”.
Avanzar con los pies
¿Cómo está hoy la causa que investiga la desaparición y muerte de Luciano? Responde Vanesa: “La causa está en proceso de instrucción. No hay ningún procesado, y tiene el mismo curso que tienen todas las causas donde se responsabilizan a las fuerzas de seguridad. La realidad es que uno no tiene claridad para saber dónde va dirigida. Uno le pone la fuerza que tiene, pero estos procesos son muy lentos y tortuosos. Necesitamos que no se siga pensando siempre que sea la familia o los amigos los que tengan siempre que declarar, hay que empezar a jugarse más en la investigación judicial. Pedir la presencia de quien era intendente de La Matanza en ese momento, Fernando Espinoza, y que cuente cómo se inauguró el destacamento, qué control había. Lo mismo con Daniel Scioli, entonces gobernador de la provincia. Para mantener una desaparición existen responsabilidades de diversas instituciones del Estado. Sí: hay responsables materiales. Son los policías, y hay que investigar su accionar esa madrugada, cómo llega Luciano a la colectora de la General Paz, con qué métodos lo obligan a cruzar por ese lugar para que pierda la vida, pero siempre estamos ubicando los mismos sujetos y no nos corremos de ahí. Hay un montón de accionares, como los del Hospital Santojanni, la morgue; es una causa muy compleja que requiere de un análisis en términos de cómo se logra la desaparición forzada de una persona. Y ahí hay una clara metodología: la policía ha visto la posibilidad de que ese cuerpo tenga un recorrido sin ninguna alarma y pueda quedar bien definida la desaparición. Eso nos desgasta. Esto es la impunidad, lo que mantiene las desapariciones forzadas, las injusticias. Y marchar tiene que ver con todo esto. Es decir: ‘Ustedes sigan generando la impunidad, nosotros seguimos avanzando en nuestra organización y lucha´”.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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