Nota
Inquilinos presos en San Telmo: víctimas de la mafia inmobiliaria
Este miércoles 27 de agosto a las 12, los hijos de las víctimas de la mafia inmobiliaria de San Telmo estarán en el comedor de las Asambleas del Pueblo (México 640) para denunciar la causa armada que retiene en la cárcel a sus madres y padres desde hace tres semanas. Tras una violenta represión, 23 personas fueron apresadas, acusadas de delitos desproporcionados como “coacción agravada” y “privación ilegítima de la libertad” cuando intentaban dialogar con los dueños del inquilinato en el que vivían, que había triplicado el precio del alquiler. Como en la Legislatura: las víctimas fueron a la cárcel.
Los hechos: El viernes 8 de agosto, 20 familias que vivían en el inquilinato llamado “Hotel Carlos V» fueron atacadas por las fuerzas de choque de la Policía Federal, cuando intentaban dialogar con los propietarios del inquilinato, que amenazaban con desalojarlos si no pagaban la nueva tarifa por habitación, que aumentaron de 400 a 1.200 pesos.
La consecuencia: Veintitrés inquilinos e integrantes de la Asambleas del Pueblo detenidos en la cárcel de Ezeiza, Devoto y Marcos Paz. Entre ellas siete mujeres, jefas de hogar y madres de varios niños. Todos están acusados de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad.
La trampa: El mecanismo es idéntico al usado con los presos de la Legislatura (en 2005): la gravedad de la imputación impide su excarcelación. Para cuando llegan a juicio y se comprueba su inocencia pueden pasar –como ocurrió aquella vez con vendedores ambulantes y mujeres en estado de prostitución-catorce meses en la cárcel.
Por eso el miércoles 27 a las 12 las Asambleas del Pueblo (México 640, teléfono 4307-8599, asambleaspueblo@yahoo.com.ar) invitan a conocer y a recibir a los hijos de las víctimas de la mafia inmobiliaria del barrio, para denunciar la situación.
Las víctimas de la mafia inmobiliaria de San Telmo
Unidad 2 – Cárcel de Devoto
Segundo Carlos Maldonado
Guillermo Cárdenas Acuña
Fernando Valenzuela Pradenas
Carlos Pourrain
Juan Carlos Maldonado
León Fernandez
Pedro Navalle
Indelfonso Sánchez
Fabián Pinares
Cesar Gusto Rojas
Unidad 3, Ezeiza, Cárcel de Mujeres
Evangelina Paniagua Sanchez
Mariela Aguirre
Nancy Cordero
María del Cármen Silvera
Cármen Sanchez de los Santos
Elizabeth Sanchez de los Santos
Natalia Soledad Silva
Complejo Federal N° 2 Marcos Paz
Raul Jorge Besión
Alfredo Gauna
Roque Pereyra
Gustavo Ayala
Eugenio Espinoza
Lo que ocurrió
El viernes 8 de agosto tras una respresión desproporcionada, 20 familias que vivían en el inquilinato llamado “hotel Carlos V”, con niños y ancianos incluidos, fueron atacadas por la Guardia de Infantería, el grupo GEO y otras fuerzas de choque de la Policía Federal, cuando intentaban dialogar con los propietarios del inquilinato, que amenazaban con desalojarlos si no pasaban a pagar la nueva tarifa por habitación, que aumentaron de 400 a 1.200 pesos. Además de los insultos de los propietarios (“no hablamos con inmigrantes” entre los más suaves) las personas sufrieron maltratos, golpes, y lo peor: 23 de ellos (incluyendo 7 mujeres, madres de varios de los niños que vivían allí, inquilinos e integrantes de la Asamblea de San Telmo) quedaron detenidos en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz y Devoto, acusados de delitos como coacción agravada y privación ilegítima de la libertad.
El mecanismo es idéntico al usado con los presos de la Legislatura (en 2005): estas personas no pueden ser excarcelada debido al tipo de delito que se les imputa. Para cuando llegan a juicio y se comprueba su inocencia pueden pasar –así ocurrió aquella vez con vendedores ambulantes y mujeres en estado de prostitución- 14 meses en la cárcel.
Loli, a las patadas
Los propietarios del Hotel Carlos V, eufemismo por un conventillo de los tantos que hay en San Telmo, anunciaron en agosto la suba de la tarifa por habitación, de 400 a 1.200 pesos. Los inquilinos habían solicitado varias veces a la Asamblea de San Telmo que intercediera para evitar semejante suba, y la amenaza inminente de desalojo. Elizabeth Dos Santos, de la Asamblea, contó a lavaca: “Apareció una mujer diciendo que era la nueva dueña, sólo sabemos que le dicen Loli, y cuando los vecinos le propusieron dialogar, dijo que ella podía hacer que los echaran a las patadas. Y eso fue lo que ocurrió”.
El operativo de más cien efectivos contó con la actuación especial del grupo GEO y la Guardia de Infantería. Elizabeth recuerda que “entraron rompiendo los vidrios, tirando gases lacrimógenos y, a partir de ahí, comenzaron con una cacería dentro del edificio habitado mayormente por bebés, niños y mujeres, que terminó con los veintitrés detenidos”. Los que vieron lo que ocurrió lo definen como cacería humana, con policías golpeando a cualqquiera, allanando habitaciones, rompiendo las pertenencias de esas personas, mientras algunos de los inquilinos pudieron escapar por los techos. Elizabeth, que participó en un centenar de desalojos, resume su impresión sobre la represión: “Fue descomunal”.
Culatazos y silencio
Apenas concluido el operativo la policía se negó a dar información y no presentó ninguna orden judicial. La asambleísta cuenta: “No dejaban que se acerquen los abogados cuando sacaban a la gente de adentro del hotel a los culatazos. Tampoco nos decían donde los iban a llevar.” Los integrantes de la Asamblea se enteraron, a través de los medios de comunicación que estaban en el lugar, que intervenía la Comisaría 16ª y hacia ese lugar eran llevados los detenidos.
Al día siguiente, los presos fueron indagados por el Juzgado Nacional en lo Penal de Instrucción Nº 5. Este consideró que la “peligrosidad” de los imputados obligaba al trasladarlos a las cárceles de Marcos Paz, Ezeiza, y Devoto. Se les atribuyó los delitos de usurpación, daño, lesiones, amenazas de muerte, robo, atentado, resistencia a la autoridad y privación ilegitima de la libertad. Intervino la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA) con apoyo de abogados de Convergencia Socialista y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Los letrados denunciaron que el Servicio Penitenciario, separó además a las madres de sus hijos y no ha permitido ningún tipo de régimen de visitas a los detenidos.
Mafias hoteleras
Elizabeth relata que un hombre insulinodependiente descompuesto no tuvo atención médica debido a la acción policial, y que una madre fue detenida con sus tres hijos de un año, tres y cinco. Golpes y un trato “especial” a las mujeres y los hombres de origen peruano. Tan especial que mereció la presentación, por parte de la Asamblea, de una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
La explicación de tal ferocidad policial, plantea Elizabeth, se relaciona con la cuestión de las mafias hoteleras en San Telmo. “Nosotros hace meses que tenemos custodia por las amenazas telefónicas que recibimos, creemos que todo esto se hizo para mandarnos un mensaje a nosotros y a otras organizaciones que trabajamos por los inquilinos”. Agrega que los detenidos son “rehenes políticos de los hoteleros y de los negocios inmensos que se están haciendo en la zona”.
Conviene recordar que los desalojos compulsivos que se han hecho en este último tiempo tienen que ver con la transformación de los viejos y denigrantes hoteles, en modernos hostels para albergar turistas.
La Presidenta y los presos
La Presidenta, en junio, en pleno conflicto del gobierno y los ruralistas, recordó el caso de la Legislatura: “Me acordaba hace días de algún militante social que por pedir comida en un supermercado o cortar una calle, fue condenado y cumplió cárcel, dos años en Batán. Con los jueces de la Constitución y las leyes de la Constitución. También me acuerdo de vendedores ambulantes, o travestis en la puerta de la Legislatura porteña, un año presos. Me gustaría también que la misma Justicia fuera cuando un estanciero corta la ruta o desabastece, o no deja pasar combustible”. Puede verse que esos jueces de la Constitución han vuelto a operar del mismo modo. Los criminalizados son los de siempre, y nadie les devuelve el tiempo de vida que se ven obligados a pasar en la cárcel. Abogados de organismos derechos humanos como el CELS ya habían calificado aquellas detenciones como «privaciones ilegítimas de la libertad»
Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
Nota
Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:
- “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
- “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.
Por Francisco Pandolfi

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.
El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.
https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

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