Nota
Violento desalojo a una comunidad mapuche en Esquel: «Se llevaron a mujeres y niños a la rastra»
Efectivos policiales, Gendarmería y GEOP desalojaron durante la mañana del viernes la recuperación de tierras ancestrales que el lof mapuche del Departamento de Cushamen había iniciado el año pasado en una estancia de la multinacional Benetton en la zona de Leleque, provincia de Chubut. Según nos informa la Red de Apoyo de la recuperación, hay aproximadamente 20 detenidos. “La mitad son mujeres”, dice Martiniano Jones Huala, uno de los voceros. «Se llevaron a mujeres y niños a la rastra en autos particulares sin patente».
Efectivos policiales, Gendarmería y GEOP desalojaron durante la mañana del viernes la recuperación de tierras ancestrales que el lof mapuche del Departamento de Cushamen había iniciado el año pasado en una estancia de la multinacional Benetton en la zona de Leleque, provincia de Chubut. Según nos informa la Red de Apoyo de la recuperación, quedaron siete detenidos. “Se llevaron a mujeres y niños a la rastra en autos particulares sin patente”, dice Martiniano Jones Huala, uno de los voceros.
Según especificó la radio comunitaria FM Kalewche, la detención de Facundo Jones Huala –sobre quien pesaba una orden de captura internacional- fue la que motivó la participación del GEOP, la fuerza especial de operaciones de la provincia. Fue el primero en actuar a las 7:30 de la mañana. Después llegaron los efectivos policiales y la Gendarmería con una supuesta orden de desalojo que, según Martiniano, nunca mostraron. ”No hay nada. Nunca apareció una orden. Era una orden verbal”. Según el periodista Pablo Quintana, “la orden para intervenir en el territorio fue dictada el juez Martín Zacchino y acompañada por la fiscal general Camila Banfi de Comodoro Rivadavia”.
Martiniano, en comunicación telefónica con lavaca: “Era impresionante la cantidad de armas que había. Fue muy violento, hacía mucho tiempo que no veía tanta violencia. Nos pegaron y nos tiraron gas lacrimógeno”. Cuenta que ahora en la recuperación quedaron dos mujeres con cuatro niños. “Están cercadas por Gendarmería. Por eso necesitamos difusión”.
La brutalidad tiene su contexto: la recuperación motivó el año pasado una causa judicial donde la Justicia provincial intentó aplicar por primera vez en Chubut la Ley Antiterrorista para perseguir a los mapuche, pero el Juzgado Federal rechazó los argumentos.
MU viajó a Esquel y a la recuperación mapuche en septiembre del año pasado, donde habló con las familias que el viernes fueron desalojadas. Aquí reproducimos el artículo.
Benetton, espías & cía: Esquel contra las corporaciones
La recuperación de un territorio ancestral por parte de una comunidad mapuche derivó en una causa por terrorismo. En ese expediente se encontraron fichas de espionaje a integrantes de la asamblea No a la mina. Qué hay detrás de estos procedimientos ilegales de la justicia.
Desde la ruta se ve una casita, y eso en la estepa patagónica llama la atención. La imagen es la postal que cualquier turista puede sacar desde el micro: las sierras, los picos nevados, el bello infinito y otros sustantivos poéticos, pero en la intersección de la ruta nacional 40 con la ruta provincial hacia El Maitén, hay una casita y eso llama la atención.
El auto se detiene a la vera de la ruta tras un viaje de 100 kilómetros desde Esquel, provincia de Chubut. Sobre el alambre que abraza ese infinito, en el paraje Vuelta del Río, localidad de Leleque, departamento de Cushamen, hay tres banderas que anuncian:
- Territorio recuperado.
- Empresas multinacionales.
- Territorio mapuche.
Y cruzando el alambre, la casita. Es de madera. Una mujer golpea sus palmas. De la casita asoma alguien. Está encapuchado, y según tres fiscales y un juez, se trata de un terrorista. El encapuchado saluda con un apretón de manos, doble beso, y le dice que pase. La mujer separa los alambres y pasa. Todos la imitan. Atrás queda la postal patagónica y la casita, que resulta ser una garita de seguridad para alertar sobre las visitas.
Claro: desde el 13 de marzo, cuando el Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen inició la recuperación de sus territorios ancestrales en una de las estancias de la multinacional textil italiana Benetton, las visitas han sido varias. Muchas fueron de la policía chubutense, que los reprimió con balas de plomo, sin dejar muertos de casualidad. Hasta casi reciben la visita del GEOP, pero una movilización y un hábeas corpus evitó la sorpresa. En este mediodía patagó- nico, sin frío ni viento y con un sol que pica, la visita es de MU, acompañados por integrantes del grupo de apoyo de la recuperación.
El suelo es rocoso, con arbustos bajos, duros y espinosos, que no dificultan la caminata, pero advierten que las noches en este lugar no son fáciles. Al fondo se asoman dos estructuras construidas con piedras, troncos, barro y chapas. Al lado, un tendero con ropa húmeda que se entrega al sol. Salen otros hombres mapuches encapuchados. A rostro descubierto hay mujeres, niños, niñas y bebés.
Todos son jóvenes.
Saludan: “Mari mari”.
Apretón de manos o doble beso en la mejilla.
Nos sentamos en ronda.
Una de las mapuche comienza a amamantar a su hijo.
El pecado originario
Durante el viaje, el imputado y también acusado de terrorista, Martiniano Jones Huala -51 años, cinco hijos, albañil- nos señaló las coordenadas del conflicto: “Acá comienza Benetton”.
El límite es difuso para cualquiera, pero no para los ojos entrenados de Martiniano: con precisión marca un arroyo y un alambre. Esa línea perdida en la inmensa estepa patagónica, nos indica Martiniano Jones Huala, es la marca de la multinacional que concentra casi un millón y medio de hectáreas en suelo argentino. Su historia es la historia de una entrega: tras el genocidio de la Conquista del Desierto, The Argentinian Southern Land Company fue fundada en Londres en 1889 para realizar actividades comerciales en la Patagonia. En 1896 fue beneficiada con la donación de 10 estancias, de casi 90 mil hectáreas cada una. A cambio de financiar la Campaña, obtuvo tierras estratégicas para el desarrollo del ferrocarril que les sirvió para exportar la producción ganadera. En 1982 la empresa tradujo su nombre -Compañía de Tierras del Sud Argentino- e integró su directorio con un 60% de directores argentinos. Ese paquete accionario fue comprado en 1991 por Benetton por 50 millones de dólares. Negocio redondo: una hectárea es tasada hoy en 2 millones de pesos. Detalle: a mediados de los 90, la empresa modificó su estatuto para incorporar la explotación minera entre sus objetivos.
Benetton y la capucha
Tanta tierra para qué”, se pregunta la mapuche que nos conduce hasta Vuelta del Río. En mitad del trayecto, exactamente frente de la estancia central de Benetton, se ve otra casita, y sobre el césped, gracias a unas piedras estratégicamente acomodadas, se lee: “Territorio mapuche recuperado”. Señala así la recuperación de esas 600 hectáreas conocidas como Santa Rosa que, en 2007, tras una lucha que llevó años y un viaje a Italia para entrevistarse con el propio Benetton, germinó en un triunfo que concretó aquello que reconoce la legislación nacional e internacional: el regreso a la tierra ancestral.
Ahora es Atilio Curiñanco -63 años, cuatro hijos-, quien proclama: “Nosotros somos mapuche y pertenecemos a este territorio. Para nosotros Benetton no es nada: somos nosotros los que tenemos que decirle dónde tiene que estar. Si nos seguimos callando, nos vamos a dejar pisotear”.
Define así qué significa esta nueva recuperación de Vuelta del Río.
Tras esta recuperación, Benetton presentó una denuncia por “usurpación”. Se abrió una causa judicial. Técnicamente, hay un solo imputado: Martiniano Jones Huala, que fue uno de los voceros que dejó en claro el interés del lof por entablar una mesa de diálogo con el gobierno nacional. No sólo lo dice él: esa actitud de diálogo está registrada en el legajo fiscal.
En ese expediente hay otras cuatro personas identificadas, tres son mujeres, que ahora tienen pedidos de captura internacional. ¿Por qué? Nunca les llegó la notificación judicial y por eso nunca se presentaron formalmente ante sede judicial. Un detalle que acentúa la ridiculez de la medida judicial: MU habló con ellas. No fue debajo de un puente ni dentro de un estacionamiento oscuro: fue cuestión de viajar una hora desde Esquel.
Otro detalle: estas cinco personas perseguidas judicialmente fueron las caras públicas de la recuperación.
Primer consecuencia: imputaciones y pedidos de captura.
Segunda consecuencia: empujaron a los otros mapuche a cubrirse los rostros, para evitar la persecución judicial.
Terrorismo judicial
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a través de la nota N° 132/2015, desconoció el reclamo: como no ubicó al lof dentro de las comunidades con “personería jurídica reconocida” y con matrícula (como generalmente procede), calificó la recuperación como una acción de “personas aisladas” y no de “comunidad indígena organizada”. Martiniano Jones Huala, el imputado, retruca: “Por eso necesitamos el territorio: para organizarnos”. Y exige que se cumpla con lo que dicta la Constitución (artículo N° 75, inciso 17), el Convenio 169 de la OIT (artículos 14 y 16) y la ONU: el reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y sus derechos a la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocuparon.
Como si esta legislación no existiera, en el expediente puede leerse que la fiscalía investiga los delitos de “usurpación, coacción, atentado contra la autoridad agravado y hurto de un cartel rutero”. Además vinculan al lof con otras tendencias como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y con acontecimientos previos a la recuperación que se adjudicó ese sector del Movimiento Mapuche. Sin embargo, esa vinculación sólo está justificada con recortes periodísticos. La paranoia crece foja a foja: los fiscales sostienen que “el accionar” mapuche “afecta directamente los intereses de la Nación, hasta el punto de poner en riesgo la seguridad interior”, pues consideran que el reclamo afecta no sólo a Chubut sino a otras provincias argentinas y hasta chilenas. En Chile, la movilización mapuche es significativa, y la respuesta del Estado siempre fue la misma: aplicación de la Ley Antiterrorista. Eso motivó en 2014 una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado chileno por violaciones a los derechos humanos del pueblo mapuche.
La conclusión de las fiscales María Bottini y Fernanda Révori y del fiscal Fernando Rivarola fue otra: aplicación de la Ley Antiterrorista por primera vez en territorio chubutense. El juez provincial Martín Zacchino la convalidó.

Los fiscales María Bottini y Fernando Rivarola
Textual de su fallo:
- “Ha quedado demostrado que ha existido un despliegue tendiente a obligar a las autoridades públicas nacionales a reconocer derechos de un modo cuasi extorsivo”.
El temor de los organismos de derechos humanos y juristas que criticaron la Ley Antiterrorista, aprobada en 2011, por abrir una zona gris de interpretación que posibilitara la represión de una demanda social, se cumplió en una causa contra mapuches que reclamaban por sus territorios.
La causa pasó así al Juzgado Federal de Esquel a cargo del juez Guido Otranto, que debía definir si aceptaba la competencia.
La rechazó.
Sus argumentos:
- Deja en claro que la intención mapuche siempre fue “formar una mesa de diálogo”.
- “La definición de un acto como terrorista no deriva de un ejercicio de voluntarismo, sino que debe ser contextualizado en las fuentes principales del Derecho Internacional”.
- “La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha cuestionado determinadas legislaciones que definieron al delito de terrorismo con excesiva amplitud y falta de precisión, por afectar las exigencias del principio de legalidad y poner en riesgo a los ciudadanos de ser perseguidos penalmente por motivos políticos, religiosos o ideológicos”.
- “No hubo atentados a la vida ni lesiones de gravedad contra nadie. (…) Por todo armamento han mostrado gomeras”.
Pese a esto, la justicia provincial apeló: la Corte Suprema es la que tuvo que resolver. Rechazó la apelación en nueve líneas.
Patagonia rebelde
“Mari mari”, saluda el mapuche. “Mari mari”, responde la ronda, chiquita, alrededor de una parrilla que a base de ramas asa carne, hierve una olla con futuro guiso y calienta la pava para el mate. Nos sentamos en troncos y sillones viejos. El que saluda se presenta en mapudungum, “el hablar de la tierra”, el hablar de los mapuche, y como una muestra de respeto al territorio ancestral, explican el motivo de esta reunión. Luego, en español, da la bienvenida y cuenta de qué se trata lo que llaman este “proceso”, que no implica sólo una recuperación de su tierra, sino de su cultura, de su política, de su filosofía y concepción del mundo.
Luego saluda otro. Y otro. Y otro. Lo mismo: agradecen la visita y, respetuosamente, se excusan por el recibimiento en capuchas. Dicen que es la única forma de resguardarse de la persecución política.
Luego habla una nena, chiquita, hermosa, a través de una sonrisa: “Gracias por venir”.
Luego se presenta MU.
La entrevista recién comenzará casi tres horas después. En el medio, y durante el almuerzo, los mapuches proponen al periodista una charla que deriva en ricos intercambios que giran desde Fanon, Gramsci y Marx hasta el movimiento trans y Marlene Wayar, con escalas en Cuba y Syriza, todo en medio de esta estepa ancestral, todo en medio de un debate sobre si es posible pensar movimientos de transformación social luego del fracaso de los proyectos y las ideas políticas latentes durante los 70. Los mapuche dejan así en claro dónde radica la eficacia de cualquier proceso comunicativo: en tejer vínculos.
Ya con el grabador encendido, el primer mapuche dice: “Desde el primer día que entramos, incluso desde antes, sostuvimos que la solución a todo conflicto de tierras con el pueblo mapuche es política. ¿Cuál es? En principio, la devolución de los territorios en conflicto. Ni siquiera de la totalidad del territorio ancestral. En principio, porque no partimos del análisis más radical, sino de los propios planteos del Estado. La reforma a la Constitución en el 94 incorporó el artículo N° 75, donde en el inciso 17 se reconoce nuestra preexistencia étnica y que se va a respetar la tradición de las tierras que tradicionalmente ocupamos. Pero no ocurrió: por eso nuestro planteo es político. Recordemos: ellos fueron quienes reformaron la Constitución. Ahora, si no cumplen, no tenemos otra opción que recuperarla. No podemos esperar 20 años más de trámites y vueltas burocráticas para solucionar nuestras necesidades y problemas reales: hambre, pobreza, la mortandad de nuestros animales, que repercute en nuestra alimentación y calidad de vida. Somos una cultura a punto de extinguirse. Si no hacemos nada, desaparecemos. Difícil que incluso el gobierno más progresista pueda solucionar un problema de 130 años, pero al menos tiene la oportunidad histórica de empezar a conversar”.
Señala que la intervención del Estado, hasta el momento, fue represiva. “La policía nos reprimió con balas de plomo, con un cerco impresionante y mucha militarización. Tiraron a quemarropa, al cuerpo. Las balas nos zumbaban. Sentíamos cuando rebotaban en las piedras y se levantaba la polvareda. Si vas a confrontar al poder, una de las posibilidades es que te repriman, pero esperábamos balas de goma. Tenemos las pruebas concretas: las vainas. No sé si es suerte o las fuerzas de la naturaleza nos acompañan, pero hasta el momento no ha habido un muerto de casualidad”.
¿A qué atribuyen esa respuesta del Estado y el Poder Judicial? Mirta Curruhuinca, una de las mapuche con pedido de captura, quiere hablar: “Temen el levantamiento de más personas y comunidades. Porque nosotros, en este proceso, estamos demostrando que se puede. Más allá de todo lo que ha pasado, le llevamos la delantera al Poder Judicial. Y temen eso: si se llega a levantar más gente que quiera recuperar sus territorios, no va a haber forma de pararlo. Esto es una demostración de que se puede pelear contra todos los poderes”.
Vanesa Millañanco, otra de las “prófugas”: “Son estrategias para transmitir miedo a otras comunidades. El mensaje es que, si salen, se los va a judicializar”.
Otro de los mapuche: “Lo cierto es que la realidad social en la que nos encontramos no ha cambiado mucho. Seguimos teniendo las peores tierras y la calidad del suelo es abismalmente distinta respecto de las grandes estancias: tienen los mejores pastos, las mejores vertientes, las nacientes de los ríos, los arroyos. Y ese es uno de los motivos por los cuales seguimos viviendo en una situación de extrema pobreza. Así, obligan a nuestra gente a migrar a las ciudades, a vivir en los barrios periféricos, con una calidad de vida peor de la que tenían en los campos, pasando a ser mano de obra barata y trabajando por miseria. Por eso temen esta recuperación: porque cuestiona el estado de las cosas”.
Todas las personas que hablan en esta recuperación son jóvenes. Lo explican: “No son ideas nuevas, vienen de hace varios años. Nos nutrimos de todo un bagaje histórico y lo profundizamos. Nos fuimos politizando, compartiendo procesos de recuperación en varias zonas, nos fuimos reencontrando y nos dimos cuenta de que había un enemigo estratégico. En todo caso, los autores intelectuales de esta supuesta ‘sedición’, según nos califican los analistas del Estado, son nuestros antepasados, nuestros abuelos y bisabuelos, que sufrieron en carne propia la masacre de la Conquista del Desierto. Somos los descendientes de los que sobrevivieron a esa guerra. Ellos hablan en nosotros. Y al caracterizar al enemigo sabemos que en esta zona tiene nombre y apellido: Benetton. Él tiene nuestras tierras. Y frente a la disputa de petroleras y mineras, más el avance del capital transnacional, nos dimos cuenta que era hora de avanzar, y la única manera de oponer resistencia al empresariado era mediante una táctica: recuperar las tierras”.
Luciana Jaramillo, la tercera mujer con pedido de captura, concluye: “Detrás de estas caras visibles, hay una propuesta. Estamos peleando por algo que nos corresponde. Estas tierras fueron de mis abuelas y estoy dispuesta a dar la vida para que las futuras generaciones no tengan que avergonzarse, y así pueda decirle a mi hijo que peleé por estas tierras. Nuestros antepasados tenían esperanza en nosotros, y esa convicción es tan fuerte que podemos enfrentar cualquier cosa sabiendo que no estamos solos. Tenemos fuerza suficiente para seguir sosteniendo esta lucha. No se termina acá: vamos a volver a ser libres y esa es la idea que nos lleva con más fuerza. Estamos convencidas que todas estas tierras usurpadas por Benetton, por las petroleras y las mineras, van a volver a ser nuestras”.
Hábeas corpus y correo
La desesperación judicial en identificar a los mapuche casi se cristaliza en la intervención del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), cuyas actuaciones han dejado huellas aterradoras en Chubut. Los casos más recordados son los allanamientos de 2009 en la localidad de Concorvado: hubo torturas, heridos y desaparecidos. Bajo ese historial, vecinos y vecinas acudieron a la Comisaría 1° de Esquel en horas de la noche del 18 de agosto y presentaron un hábeas corpus preventivo. No se lo quisieron aceptar porque, alegaron, faltaban las firmas de los abogados. “Eso no existe. Lo puede presentar cualquier persona”, dice Susana Pérez, abogada adjunta de la defensoría pública. De todas maneras, los defensores firmaron, e instaron al Poder Judicial a que diera a conocer las causas del operativo. Según informaron estaba orientado al “secuestro de armas de todo tipo”, y “teléfonos celulares o cualquier medio de comunicación electrónicos” y “a aprehender a todas las personas presentes en el predio”.
El hábeas corpus fue rechazado por el juez Jorge Criado, quien consideró que no cumplía los “requerimientos legales”. Finalmente, el fiscal Fernando Rivarola ordenó detener el procedimiento. ¿Por qué? El allanamiento habría perdido el “factor sorpresa para evitar acciones de resistencia”. Criado calificó la cancelación de “gravedad institucional” y remitió copias del rechazo al Superior Tribunal, pero la Cámara Penal desconoció los planteos del juez y sostuvo que el hábeas corpus era el “proceso constitucional” adecuado.
La defensora oficial Susana Pérez concluye: “¿Por qué la fiscalía no prosiguió con la medida? Hubieran ido igual, con la presencia del juez, que es lo que solicitábamos. ¿Por qué temían que ese operativo se hiciese público?”. La pregunta plantea una hipótesis: ese hábeas corpus evitó una masacre.
La inteligencia
La causa sumó ahora una derivación escandalosa, cuando los defensores denunciaron un delito. El 28 de mayo “una persona” se presentó “espontáneamente” ante el Ministerio Público Fiscal para dejar información sobre la investigación. Era un disco externo que los tres fiscales aceptaron en el despacho del fiscal general Fernando Rivarola y la guardaron en su computadora.
Pasaron tres meses.
El viernes 28 de agosto, semana y media después del frustrado operativo GEOP, se convocó a una audiencia pública para formalizar la constitución de Benetton como querellante. Minutos antes, el defensor público Fernando Radziwilowski consultó el legajo para buscar elementos dentro de las medidas de prueba solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, y llegó a las carpetas guardadas desde mayo. Entre ellas, había una con una sigla: “RAM”. Y dentro, entre otros archivos y carpetas, un word que en mayúsculas titulaba: “Activistas antimineros en Zona de Comarca Andina”.
¿Qué hacía un archivo así en una causa sobre la recuperación de tierras mapuche?
Doble click.
La pantalla se pobló con 26 fichas de inteligencia sobre periodistas, activistas, asambleístas, empleados públicos, docentes y otras profesiones reales o supuestas de personas vinculadas a la asamblea No a la Mina, el movimiento que detuvo el avance del modelo extractivo en la región gracias a movilizaciones, boca a boca, comunicación y a un plesbicito que, en 2003, no dejó dudas: el 82% de Esquel se opuso al ingreso de la minera Meridian Gold.
El defensor público imprimió las fichas y denunció el delito en la audiencia. Nadie sabía de qué estaba hablando, ni siquiera las fiscales Bottini y Révori.
Las fichas se viralizaron por Facebook y Twitter. Ante la repercusión, el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado aclarando que las fichas “nunca” habían sido parte de una línea de investigación propia. El repudio creció. Convocaron entonces a una conferencia de prensa para el día siguiente: era sábado. “¡Los hicieron laburar un sábado!”, fue el comentario en los pasillos de tribunales y en la calle. ¿Por qué esa información estaba allí? ¿Para qué? No había respuestas: sólo mencionaron a esa “persona” que en mayo se había acercado. ¿Quién era? No podían decirlo: se excusaron en la Ley de Inteligencia Nacional.
El lunes siguiente los fiscales se presentaron ante la justicia federal de Esquel para denunciar ese acto de espionaje ilegal. Dos días después, una manifestación frente a tribunales exigió la renuncia de los tres fiscales. A su vez, el Concejo Deliberante local aprobó por unanimidad una declaración de “repudio” al espionaje, y algunos de sus integrantes viajaron a Buenos Aires para entrevistarse con el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli, y su segundo, Juan Martín Mena.
“Lo hecho en Esquel es delito”, dejó en claro Parrilli, según contó el concejal y candidato a intendente del Frente Vecinal, Osvaldo González Salinas (uno de los fichados: “Opositor a todo con alto perfil de izquierda”) a la radio comunitaria FM Kalewche. González Salinas: “Todavía no está claro si (el agente) pertenecía a la AFI o a alguna otra fuerza”.
Los funcionarios especificaron que las fichas no pertenecen a ninguna investigación institucional porque “no consta en ningún registro oficial” y no hay orden judicial: “El que lo hizo, lo hizo por su cuenta”. Parrilli y Mena hicieron referencia a la interna de los sectores de inteligencia, tras el affaire Stiusso y sus derivados: “Hay vicios del pasado. Es parte de la depuración”. Mena señaló: “Este no es el formato de información que manejamos nosotros”, y agregó que, al margen de la investigación federal, abrirían un sumario administrativo.
Que la inocencia te valga
El fiscal general de Esquel, Fernando Rivarola, recibe a MU en su despacho. A su lado, la fiscal jefe María Bottini. Sólo falta Fernanda Révori, que está en una audiencia. Dice Rivarola: “Hace 20 años que trabajo en la justicia: nunca vino a verme un agente público. No tenemos la experiencia. ¿Cómo puedo inferir que me va a dejar algo ilegal? ¿A partir de qué? No podíamos inferir que un agente de un servicio nacional, que se presenta de esta forma, infligiera la ley y nos dejara un documento ilegal”.
Los fiscales detallan que la “persona” se presentó “espontáneamente” el 28 de mayo, que estuvo “una hora” y les dejó sus datos (“número de teléfono, mail”) y un disco externo que copiaron en sus computadoras. Rivarola: “Por supuesto arranca presentándose, exhibiendo credencial”.
-¿En este mismo despacho?
-Sí.
-En el despacho hay cámaras.
-Quedó filmado.
-¿Cómo se presentó la “persona”?
-Rivarola: Como un agente, empleado, funcionario de un organismo nacional.
-¿Ese detalle no debería haber activado una alarma?
-Para nosotros no… La Ley Nacional de Inteligencia nunca la manejamos. Recién el viernes (día de la audiencia) fuimos a leerla para ver nuestras obligaciones.
-¿No debería llamarles la atención que una persona que se presenta como agente de -inteligencia les deje información?
-Rivarola: No, es información que debe ser luego certificada. Habitualmente decimos que cualquier persona que pueda aportar información en un caso, se arrime o lo considere.
-Bottini: Hasta recibimos información por WhatsApp.
-Pero una cosa es un vecino con wasap y otra un agente de inteligencia.
-Bottini: Pero un vecino por wasap también te puede acercar algo ilegal.
-¿Pero al presentarse como agente de inteligencia no lo ubica en otro plano?
-Bottini: ¡Es un agente público! ¿Por qué yo voy a pensar que los agentes públicos cometen ilegalidades?
Fiscales en el banquillo
El fiscal Rivarola admite: “Este archivo es ilegal desde su origen. Además, este documento no tiene nada que ver con el resto de la información ni con el objeto de nuestra investigación”.
Por ese motivo se abrió una causa sobre las fichas ilegales en el juzgado Federal a cargo del doctor Guido Otranto. Una alta fuente de ese juzgado encargada de la investigación asegura que el proceder de los tres fiscales fue irregular: “No hay protocolo en estos casos, porque la respuesta debe ser una: no hay que recibir ese tipo de información. No es lo mismo un vecino que un agente de inteligencia”.
También interpreta que esta causa ya tiene demasiadas interpretaciones forzadas. La más importante es la que deriva de la aplicación de la Ley Antiterrorista? “Los parámetros bajo los que se intenta aplicar esta ley son graves. En esta causa se materializaron todas las críticas y peligros que traía la norma. Además, para justificar su aplicación se intentó usar como prueba información que obtuvieron de Internet sin chequear”.
El Juzgado Federal procesó al agente de inteligencia. El auto de procesamiento –al que tuvo acceso lavaca– revela la promiscua relación entre espías, funcionarios judiciales y policiales. Los tres fiscales fueron apartados y estuvieron al borde de un jury político, pero el Consejo de la Magistratura resolvió por mayoría archivar el proceso.
Lo natural
En Esquel se marcha: los 4 de cada mes hay movilización para garantizar el No a la Mina, y el de este septiembre incluye el reclamo por las fichas de inteligencia. “No somos terroristas” y “Fuori Benetton” son las consignas que más se repiten entre las cientos de personas que caminan, tocan bombos y soplan silbatos y cornetas. Los cantos proclaman: “La montaña no se vende, se defiende”. En el medio de esa agitación, nos dice Mariela Massacese: “Hace mucho tiempo que estamos luchando y hoy nos toca vivir una nueva experiencia de persecución. Sabíamos que todos, de alguna manera, estábamos fichados. Pero acá estamos y seguiremos: es imposible no pensar que tenemos que estar en pie porque lo único que ha frenado a las corporaciones ha sido la movilización popular. Es lo único que puede salvarnos”.
Hay carteles y consignas satíricas. Una la porta Betty Romeo, que lleva colgada una pancarta con el nombre: “Betty Boop Patagónica”. Debajo, la imagen del dibujo animado con una aclaración escrita a mano: “¡Yo también estoy fichada!”. Se ríe, pícara, pero dice muy seriamente: “Vamos perdiendo la esperanza en los tres poderes, pero no bajamos los brazos: ante el amedrentamiento y el acecho, nos fortalercemos más. Los pueblos originarios hace 500 años que están viviendo así. Y bueno: es hora de despertar”.
La caravana llega a Tribunales. Hay escrache. En la puerta del Ministerio Público Fiscal pegan fichas que satirizan a las que recibieron los fiscales. Llevan fotos de los asambleístas, un espacio para la firma solidaria y una descripción que se repite en todas:
- “Habitante de estas tierras, defiende la vida y el territorio. Anda sin ocultarse de los servicios de inteligencia. Se indigna y lucha contra las injusticias”.
Luego, la marcha se detiene frente a la Comisaría 1°, desde donde se evitó el desalojo a la comunidad mapuche. Hacia la puerta caminan Martiniano Jones Huala con su hija e hijos, se encapuchan y levantan bien alto el cartel: “Resistencia no es terrorismo”.
“Es la misma lucha”, dice Daniela Baigorria, del grupo de apoyo al lof mapuche, que entiende que ambos casos no pueden mirarse por separado. “La explotación minera y la lucha de los pueblos es continental. Si ves el mapa completo, la lucha cruza todo el continente, desde Ecuador a Ushuaia. Después, hay focos. Si Esquel fue una punta de lanza para la conformación de otras asambleas, quizá no sea casual que aquí sea también el lugar desde donde mirarse nuevamente”.
Pablo Quintana, de la radio comunitaria FM Kalewche, uno de los fichados, lleva a su hijo en los hombros: “No es descabellado este espionaje que han realizado, ya que se suma a una serie de atropellos que viene cometiendo el Ministerio Público Fiscal en la causa por la recuperación del territorio mapuche, que es lo que está de fondo en todo esto. No nos olvidemos: están tocando los intereses de Benetton y de las mineras. Y lejos de tener miedo, nos juntamos más. Son actos reflejo que tiene esta comunidad, con acciones muy claras en la calle”.
Pablo saca conclusiones: “La asamblea demostró que durante más de 12 años ha sabido cómo reaccionar ante cada situación. También que no tenemos miedo, y por eso ellos nos temen a nosotros. Le temen a la contundencia, a la convicción, y tienen terror de la combinación entre asambleístas y comunidades indígenas. Para ellos sería letal, definitivamente. Está claro que hay un hilo conductor entre lo que ambas defienden. Y ese es el proceso que, de manera natural, se está dando”.
Nota
Entrevista al hermano de Luciano Arruga, a 17 años de su desaparición: “Los pibes no son lo que nos dicen”

Sebastián Alegre es uno de los hermanos del joven desaparecido el 31 de enero de 2009 y finalmente encontrado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita en 2014. Una parábola que solo deja en evidencia el encubrimiento por parte del Estado y que tiene a la Policía Bonaerense en el centro de las denuncias sobre el asesinato de este joven de 16 años, crimen que jamás se investigó a fondo. El pedido de memoria, verdad y justicia sigue intacto, y también la asociación de amigos y familiares empujando desde hace años un centro de memoria y arte, todo en un destacamento donde Luciano fue torturado, hecho por el que un policía fue condenado a 10 años de prisión. Este sábado recordarán a Luciano con una radio abierta, a las 16.30 horas, en Indart 106, Lomas del Mirador.
En esta nota -que recuerda a Luciano a 17 años de su desaparición y asesinato- repasamos el derrotero del caso que se convirtió en bandera de lucha contra la desapariciones en democracia en el país de los 30 mil, pero cuya impunidad persiste cada día. Sebastián, que tenía 13 años cuando Luciano, de 16 años, desapareció, recuerda a su hermano, cuenta quién verdaderamente era y lo conecta con los discursos actuales de la baja de imputabilidad.
Lo que cambió, y empeoró, en el barrio de 12 de octubre de Lomas del Mirador, con el avance del narco y la facilidad para conseguir armas. Lo que nunca llega: oportunidades y asistencia estatal para salir de la pobreza. Lo que ellos mismos encaran: organización y cultura “para darle otro camino a las juventudes”.
Por Lucas Pedulla
Su primera interacción con la policía fue a los 13 años.
Estaba con su hermano Luciano y un amigo de él caminando hacia la Plaza del Cañón, en Lomas del Mirador. No hacía mucho que se habían mudado a esa localidad de La Matanza tras haber vivido en una pensión porteña de Flores y, luego, en la bonaerense Ciudadela. Sebastián sabía de la hostilidad de esos oficiales porque más de una vez lo habían amenazado sólo por estar jugando al rinraje en el barrio: “Pendejo, tomatelá, porque te voy a llevar”.
Pero esa tardenoche fue distinta. Caminaban por avenida Mosconi cuando un patrullero los abordó a la altura de la Clínica del Buen Pastor, a tres cuadras de la plaza. “Me acuerdo que se bajó un oficial con la escopeta en la mano y se la pone en el pecho al amigo de Luciano. Le dice: Ponete ahí contra la pared. A Luciano le hace lo mismo. Vos también, me dice. Luciano se da vuelta y le dice: Él es menor. ¿Entendés? Él también era menor, nos llevábamos tres años de diferencia, según la época del año cuatro. Qué me importa, dice el policía y me pegó una patada que me hizo abrir las piernas y apoyarme contra la pared. Uno me palpaba, el otro seguía con la escopeta en la mano”.
Por esos años Sebastián (13) y Luciano (16) trabajaban juntos en una fábrica a pocas cuadras de su casa, en el barrio 12 de Octubre, un asentamiento de casas humildes que abarca una manzana. Uno de los límites del barrio da a una plaza que hoy lleva el nombre de su hermano. El otro límite, justo en diagonal a la casa en la que vivían, da a una zona residencial de clase media, vecinos que pidieron la creación de un destacamento policial ante la llamada “inseguridad” en la zona.
Por esas calles caminaban Sebastián y Luciano para ir a la fábrica de hebillas para zapatos y cinturones, en la que trabajaban de ocho a diez horas al día. Hacían todo el proceso –tirar los moldes, lijar, pulir– menos la fundición, ya que era una máquina gigante que veían con mucho respeto. A los mediodías se iban a almorzar bajo algún árbol con sombra de la General Paz, la enorme avenida que divide a estos conurbanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando llegaban los fines de semana, con sus salarios se iban a Liniers –frontera entre ambos mundos– a comprar ropa. Sebastián recuerda los consejos administrativos de su hermano: “Lu me decía: Comprate esto, comprate aquello y esto dámelo que lo guardo para casa. Todo pasaba así, hasta que hubo un momento en el que Luciano ya no estaba más…”.
El 31 de enero de 2009, hace 17 años, Sebastián cruzó a su hermano mayor caminando por la calle Perú, la de su hogar. “Andá para casa, me dijo. Tengo el recuerdo que era de tarde, porque el sol le pegaba de frente. Fue la última vez que lo vi”.
Desde entonces comenzó un recorrido que tuvo a su mamá, Mónica Alegre, y a su hermana, Vanesa Orieta, haciendo lo impensado para saber dónde estaba y qué le había pasado. Sebastián empezó a ver cómo el nombre y el rostro de su hermano, Luciano Arruga, comenzó a imprimirse en carteles, pintarse en banderas, escribirse en paredes y gritarse en marchas. El pedido era “aparición con vida”, una consigna que se gritaba para los desaparecidos de la última dictadura militar, y congregó multitudes para saber qué había pasado con un chico pobre de 16 años. Su hermano, Luciano.
“Soy la mamá de un negro villero que se negó a robar para la policía”, escuchó Sebastián, de boca de Mónica, ese enero y cada enero en adelante, cuando se cumplían años de su desaparición. Y así, fue viviendo este doloroso camino a partir de los 13 años, la misma edad desde la que hoy quieren meter presos a los chicos con el nuevo proyecto de baja de imputabilidad, defendido por el Gobierno nacional y sus aliados. Su recuerdo de esa tardenoche camino a la Plaza del Cañón cobra entonces una triste actualidad, como las realidades que Luciano nos sigue revelando, a 17 eneros de su desaparición.

Racconto de un encubrimiento
Sebastián recibe a lavaca en el Espacio para la Memoria Luciano Arruga. El lugar está en Indart 106, en Lomas del Mirador, y es el mismo chalet donde funcionó el Destacamento Policial N°8, dependiente de la Comisaría 8°, un ex centro clandestino de detención en dictadura conocido como “El Sheraton”, una turbia ironía de los represores. El destacamento fue creado a instancias de un grupo de vecinos nucleados en la asociación Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (VALoMi). Su fundador, Gabriel Lombardo, sigue al día de hoy apareciendo en televisión reclamando “más seguridad” ante cada hecho del barrio. Sin embargo, esa dependencia, en verdad, sólo debía cumplir tareas administrativas porque no tenía las condiciones para llevar a personas detenidas, mucho menos un adolescente menor de edad. Pero allí detuvieron y llevaron a Luciano el 22 de septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición. “Vane, sacame de acá porque me están cagando a palos”, escuchó su hermana, Vanesa, que gritaba Luciano cuando lo fue a buscar a ese destacamento. Por ese hecho, en un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza condenó al policía Julio Diego Torales a diez años de prisión por torturas físicas y psicológicas.
Familiares y Amigos de Luciano, la organización que encabezó la lucha todos estos años, logró también que ese destacamento se cerrara, aunque la Municipalidad de La Matanza, entonces encabezada -al igual hoy- por el intendente Fernando Espinoza, lo trasladó al predio Monte Dorrego, a tan sólo unas pocas cuadras. Para la familia, Espinoza y Daniel Scioli, el entonces gobernador bonaerense –antes peronista, hoy reconvertido libertario–, son los principales responsables políticos de la desaparición del joven.
La expropiación del destacamento la consiguieron con acampes, radios abiertas y festivales multitudinarios. Allí abrieron un espacio para la “memoria social y cultural” de Luciano, que está pronto a comenzar sus jornadas de apoyo escolar para el barrio. “Queremos llenar de vida este lugar”, cuenta Sebastián, entusiasmado.
Tras la detención de Luciano en septiembre del 2008, el hostigamiento y el verdugueo policial se acentuaron al punto de que el joven ya tenía miedo de salir de su casa. El 31 de enero de 2009, Luciano no volvió más. Según testigos, lo subieron a un patrullero y lo llevaron a la comisaría. La familia inició una denuncia en el fuero provincial que luego pasó al federal como “desaparición forzada de persona”.
Cinco años y ocho meses después, el 17 de octubre de 2014, y tras presentar un nuevo hábeas corpus, la familia encontró el cuerpo de Luciano enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita.
Según la reconstrucción, había sido atropellado en la madrugada de ese mismo 31 de enero luego de intentar cruzar –con ropa que no era de él– la General Paz por el medio, un lugar imposible siendo que la avenida tiene sus cruces peatonales. Herido por el atropello, Luciano fue trasladado en ambulancia al Hospital Santojanni, donde murió. Fue inhumado como NN, pese a que la familia de Luciano salió desde el inicio a denunciar su desaparición. La lupa de la familia se posaba sobre la Bonaerense, y luego la investigación les dio la razón: la persona que lo atropelló declaró que esa noche había visto una camioneta doble cabina sobre la colectora de la avenida. El conductor también dijo que Luciano “corría desesperado, como si estuviera escapando de algo”. Nunca se profundizaron estas líneas de investigación.
La autopsia de Luciano estuvo en el expediente desde 2010 pero ningún juez ni fiscal a cargo de la causa la vio. En cambio, pusieron la lupa en el entorno familiar. La fiscal Roxana Castelli derivó la investigación en la propia Bonaerense denunciada, incumpliendo el reglamento de la Procuración provincial, y el juez Gustavo Banco y la fiscal Celia Cejas pincharon los teléfonos familiares 15 veces, durante 1 año y 6 meses. Por ello, hace 12 años que Mónica y Vanesa iniciaron un pedido de destitución de estos tres funcionarios. Ni el jury ni la causa por la desaparición tuvieron avances ni detenidos.
Palabras como negligencia, desorden burocrático, desidia o complicidad estatal son pocas para describir la impunidad que se construyó en torno a la causa de Luciano Arruga, en un país que evidenció, aún con 30.000 desaparecidos, la inexistencia de herramientas estatales para la búsqueda de personas desaparecidas.
Por eso, la familia afirma: “Lo mató la policía, lo desapareció el Estado”.

A través de Luciano
Sebastián, aquel niño de 13, hoy tiene 30 años. Trabaja en un vivero en Ramos Mejía y está por anotarse en las últimas materias para terminar el secundario. Hace pocos años que su voz se sumó a las de su mamá y su hermana para mantener viva la memoria de Luciano. Por eso accede a hablar con lavaca, y dice: “Hay algo muy tremendo que pasa cuando empezás a entender lo que es un desaparecido. Hace poco la pandemia se llevó a un montón de personas, pero a un amigo le podés decir: Che, tu abuelo está ahí, descansando. Lo viste, estuviste con él. Para nosotros, todos esos años fueron de un proceso de no poder darle nunca ese descanso, porque no lo tuvimos y hubo que aprender a lidiar con eso.
Se te viene la frase nefasta de Videla: No está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Es una mierda, porque es verdad. No teníamos forma de cerrar un ciclo.
Por eso conseguir este espacio fue un hito, tenerlo para la lucha, darse cuenta que esto no era una problemática social, sino que abarcaba una problemática política más grande. Particularmente, con 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, empecé a darme cuenta de que todo era parte de un problema sistemático: Luciano no era el único, no sería el último, y tampoco había sido el primero. Fue un camino de militancia entender eso. Y atravesar la adolescencia así. Fue muy groso ver a mi mamá y a Vane que supieron entender qué había detrás. No somos una familia que haya venido de la militancia. Mi abuela vino de Corrientes, del campo, con una mano atrás y otra adelante. Aprendimos a luchar a través de Lu, gracias a él. Y también con su humanidad, porque le gustaba la música, era hincha de River, estudiaba, alguna vez se enamoró. La lucha fue un simple acto de humanidad. Creo que por eso también se acercó tanta gente. Incluso hoy. A 17 años no tenemos una verdad concreta, una justicia absoluta de lo que pasó con Luciano. Seguimos reclamando el derecho a la verdad y a saber. Seguimos preguntándonos qué pasó. Es un hecho que sigue siendo doloroso, pero lo interpelamos desde otro lugar, proyectando cosas buenas, ideas para el espacio, para brindar oportunidades a los chicos del barrio”.
Sebastián dice eso y mira las calles del barrio con preocupación: “Veo con urgencia que están queriendo aprobar la baja de imputabilidad. Llegué a escuchar gente que pedía la baja hasta los 12 años. Podemos, si querés, meterlos desde que tengan chupete, pero sacame una ley para que eso se revierta porque en diez años, si no, vamos a tener a todos los pibes presos. No estás ofreciendo otro camino para que los jóvenes no delincan, para que no se metan en el narcotráfico. Los 13 es una edad donde el pibe está forjando su vida, pero hoy está atravesado por toda una falta de instituciones hasta llegar, finalmente, al penal”.
¿Qué ves que cambió de hace 17 años a hoy?
Lo narco avanzó mucho, y conseguir un arma es súper accesible. Pareciera que estamos en Estados Unidos, como si la compraran en WalMart. Hay muchos pibes con problemas de adicción, falta de contención, una población hecha mierda, otra pidiendo justicia, alguna gente que hace la diferencia y otra en situaciones cada vez más marginales.
Sebastián trae el caso de Uriel Giménez, el chico de 12 años asesinado por la policía en medio de una persecución en Tres de Febrero. Por las redes se viralizaron fotos de Uriel con un arma, lo que trajo una cloaca de comentarios estigmatizantes: “Siento que el eje de la lucha se perdió. No pasa por si somos más de izquierda o de derecha, sino entender que un chico de 12 años no tendría que estar en esa situación. Hoy llega más rápido el narcotráfico y la delincuencia a la puerta de tu casa que el asistente social. No es azar, estamos en una sociedad muy individualista, carente de valores y necesidades. Antes la maestra podía hacer un acompañamiento, pero hoy tiene que agarrar tres turnos para cubrir un alquiler que le vale el doble que cuando empezó a alquilar. A la abuela de ese chico, posiblemente, ni siquiera le alcanza lo que tiene para ir al súper. Vivimos en el medio de un montón de violencias institucionales que terminan encadenando hechos represivos”.
Lo que decís de Uriel me hace acordar a Santiago Beltrán, un chico de 15 años asesinado por una Policía de la Ciudad en Moreno. Las coberturas mediáticas y sus comentarios festejaban la muerte de un delincuente. ¿Cómo damos vuelta esa crueldad?
Hay que conectar con el de al lado, pensar qué pasó con este vecino, en vez de mirarlo por las redes, que te queman las neuronas. Hay que recuperar el contacto físico de acercarse al vecino. ¿Qué hubiese pasado acá si los vecinos decían lo que pasaba en este destacamento? Tendríamos que volver a las raíces, como comunidad, juntarnos para denunciar hechos violentos e institucionales. Que sean los vecinos los que se pregunten por qué en la escuela del barrio dejaron de ir 10 pibes. Uno, porque nos vuelve más empáticos. Dos, porque nos conecta con el otro. Y tres: porque es entender el barrio en el que vivimos.
Familiares y amigos recordarán a Luciano este 31 en el espacio con una radio abierta, a partir de las 16.30. Piden a quienes se acerquen que traigan como donación alimentos para la merienda y útiles para las jornadas de apoyo escolar que están por comenzar.
“No sé si encontrar a Luciano me dio justicia o paz, a mí lo que me da paz es esto”, dice Sebastián, señalando el espacio, y completa: “Saber que hay un lugar para la contención de los pibes, para que puedan venir a hacer una huertita, hacer una murga, hacer música. Que sepan que hay un lugar en el barrio donde se puede pensar la vida. Queremos enfocarnos a que haya infancias y juventudes. A transformar el dolor en más risas. A salir del negacionismo y del individualismo que plantea día a día esta sociedad. Los pibes no son lo que nos dicen, no nacieron así. Queremos otro camino para las juventudes. Y, acá, tienen ese espacio”.

Foto: lavaca.org
Nota
Comienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

A partir del próximo 2 de febrero, el Tribunal Oral Número 2 de Rosario comenzará a juzgar a siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos de la ciudad bonaerense de Pergamino –señalada como la capital del veneno– por contaminación ambiental y por ejecutar y permitir la fumigación con agrotóxicos en campos linderos a la zona urbana, a contramano de la normativa vigente. Todos los detalles de este juicio histórico en el que testimoniarán madres que luchan contra distintas enfermedades, entre ellas el cáncer, como Sabrina Ortíz y Paola Díaz que hablan en esta nota: «El impacto del juicio será inmenso. Lo cierto es que ya no se puede negar lo que está en nuestra sangre, en nuestro ADN, haciendo estragos: agrotóxicos».
Por Francisco Pandolfi
La causa penal empezó en 2018 en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, cuando Sabrina Ortiz, una de las vecinas damnificadas, fue escuchada por primera vez por la Justicia. Pero antes (y después) hubo mucha agua (contaminada) que pasó debajo del puente, como publicamos en esta nota de 2021:
Porque antes, en 2011, Sabrina comenzó a denunciar las fumigaciones a 10 metros de su casa en el barrio Villa Alicia de Pergamino. La intoxicación fue el causante, ese año, de perder el embarazo que llevaba de seis meses: un aborto (nada) espontáneo. Luego vino un primer ACV y luego un segundo ACV. Luego, los análisis que confirmaron que tanto ella como sus hijos chiquitos portaban en sus cuerpos niveles alarmantes de agrotóxicos. En 2013, ante la ausencia de abogados que quisieran tomar el caso, empezó a estudiar derecho. Y se recibió en 2018: cuando empezó la causa penal que deriva en este juicio.
Ahora es fin de enero de 2026 y Sabrina –41 años– le dice a lavaca: “Estoy con muchas emociones al mismo tiempo. Por un lado, la angustia, se me vienen al pensamiento todas las situaciones vividas con la salud de mis hijos y mía, las historias que conocí de otras personas que enfermaron por causa de los agrotóxicos, se me vienen palabras dolorosas, de abandono, de soledad, de desprecio por la vida ante el grito de ayuda. Siento que ya no tenemos que probar más nada, ya está todo expuesto y nuestros cuerpos lo manifestaron de esa manera, con mucho dolor”.
Envenenamiento sistemático
Una de esas historias entrelazadas (entre tantas) es la de Florencia Morales. Ella no estará de manera presencial, corpórea. En 2011 se había mudado a una quinta de Pergamino para criar a sus dos hijas en una calma impropia de la ciudad de Buenos Aires. En 2016, le descubrieron un cáncer que ya había hecho metástasis en la columna, sin posibilidades de cura. En 2021, le decía a MU: “Estoy con la salud muy deteriorada. Pero estoy. Y mientras siga, llevaré adelante la causa para frenar este desastre. Si bien estoy dolida, con el avance judicial siento algo de esperanza; empiezo a ver un poquito de luz al final del túnel”. Florencia falleció en mayo de 2023.
Otra de esas historias fue la de Paola Díaz –47 años–, que junto a varias vecinas se nuclearon en la organización Madres de Barrios Fumigados Pergamino. Paola sí declarará en el juicio. Y dirá (entre tantas cosas) que en 2014 falleció Mónica, su nena de 11 años, por leucemia aguda. A horas de empezar el proceso judicial, dice: “Es histórico que hayamos llegado a juzgar a quienes afectaron a nuestro barrio, a nuestras familias, a toda la comunidad. La salud y el ambiente son fundamentales y por eso necesitamos medidas que nos protejan y garanticen un futuro seguro. Tengo la esperanza de que será un paso hacia la verdad y la justicia y que nadie más sufra el envenenamiento sistemático”.
El juicio
Este lunes 2 de febrero será la audiencia preliminar. La causa, instruida por el fiscal federal Juan Ignacio De Lello y promovida por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, tiene como imputados a siete productores acusados de aplicar pesticidas a metros de viviendas y escuelas rurales, vulnerando la legislación: Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Tiribó, Hugo Sabattini, Cristian Taboada, José Luis Grattone y Carlos Sabbatini. Sabrina Ortiz denunció que en 2016, su vecino y productor agropecuario Mario Roces fue a “visitarla” a su casa. “Lo escucho gritar ‘estos negros se tienen que morir’, sacó un arma y disparó dos tiros con balas de plomo. Con una mató a mi perro, la otra dio en la pared. Mi hija había estado afuera un par de minutos antes. Me quedé paralizada. Al día siguiente me crucé a la hija en el supermercado. Me dijo: ‘Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso’”.
Además, se juzgará a dos exfuncionarios municipales de la gestión del aún intendente de Pergamino, Javier Martínez, por omisión en sus deberes de control: Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, titular y auditor de la Dirección de Ambiente Rural del municipio. Cuando desde este medio entrevistamos al intendente Martínez sobre las enfermedades de cuerpos y territorio, se desligó: “No manejo el tema”, esbozó, previo a cortar la llamada.

El cronograma del juicio estipula, por ahora, ocho audiencias en febrero y la declaración de alrededor de 100 testigos (además de las personas afectadas, médicos, químicos, biólogos, bioquímicos, ingenieros agrónomos y otros profesionales). Carlos Quintana es uno de los abogados querellantes junto a Fernando Cabaleiro. Es abogado ambientalista y de derechos humanos, y uno de los representantes legales de las Madres de Ituzaingó (proceso que en 2012 condenó a tres años de prisión a un productor y un fumigador por contaminación con agrotóxicos). Lo primero que subraya Carlos Quintana es que será un acontecimiento histórico para la Justicia de este país, por varias razones.
1) “Es el primer juicio penal ambiental de esta envergadura en la provincia de Buenos Aires, corazón productivo de la Argentina. No es cualquier lugar: ocurre en el núcleo duro del agronegocio”.
2) “Por primera vez se sienta en el banquillo a todo el arco operativo del agronegocio: productores, ingenieros agrónomos y funcionarios públicos. No solo a quienes fumigan sus campos sino también a quienes deciden, habilitan, controlan -o dejan de controlar- cómo, dónde y bajo qué condiciones se fumiga. Este juicio viene a romper con la tradición de impunidad que rodeó históricamente al modelo.
3) “Por primera vez el modelo productivo no aparece solo como una política económica, sino como un problema político, sanitario y de derechos humanos. Aunque faltan las grandes corporaciones que diseñan, promueven y lucran con este esquema productivo, que este juicio exista es una grieta muy importante en ese blindaje histórico”.
4) “Que esto ocurra a 30 años del desembarco del paquete tecnológico (1996), de la siembra directa, del modelo transgénico y el uso masivo de agrotóxicos, no es un dato menor. Es la primera vez que la Justicia se ve obligada a mirar los costos reales de ese modelo, no en términos de exportaciones o divisas, sino en términos de salud, ambiente y vida cotidiana de las familias que habitan los pueblos fumigados”.
Carlos Quintana también dirá: “Este juicio no nace de una decisión espontánea del sistema judicial, sino de años de resistencia, de denuncias, organización comunitaria y visibilización del daño. La Justicia llega tarde, como suele pasar, pero llega porque hubo personas que no se resignaron a enfermarse en silencio. Por eso Pergamino no es solo un juicio penal: es un acto de memoria, reparación simbólica e interpelación al poder. Es la prueba de que cuando las comunidades se organizan, incluso los modelos más sólidos empiezan a resquebrajarse. Este juicio no va a resolver todos los problemas, pero marca un antes y un después. Por primera vez la pregunta no es cuánto se produce, sino quiénes se enferman para que ese modelo funcione. No se juzga al campo: se juzga un modo de producir que naturalizó la enfermedad y llamó progreso a lo que era daño. Y esta vez, el daño tiene nombre, voz y prueba. Es una escena histórica donde se cruzan ciencia, territorio y justicia; donde el modelo productivo deja de ser intocable y empieza a ser interpelado; donde los cuerpos hablan, la ciencia acompaña y el silencio, después de treinta años, se rompe”.
La esperanza
Llegar a este juicio oral no es la primera conquista. Por las denuncias y las evidencias científicas, desde 2019 en Pergamino rige –pese a la presión empresarial y de las autoridades locales por boicotearla– una medida cautelar que prohíbe fumigar a menos de 1.095 metros de las viviendas por vía terrestre y a menos de 3.000 metros por vía aérea.
A Sabrina Ortiz le anda mal el teléfono, pero se las arregla para decir (como tantas otras veces): “Tengo la esperanza de que los jueces que resuelvan esta causa cambiarán la historia; una historia de tragedias, de sufrimiento y de sacrificio humano. Tienen en sus manos la posibilidad de hacer justicia y aunque no signifique retroceder en el tiempo para que no nos enfermen, sí estarán fallando en pos de los que quedamos, en memoria de los que murieron envenenados y preservando a las generaciones futuras”.
Y agrega, como puede (como tantas otras veces): “Tan inmenso será el impacto de sus decisiones que también afectarán en sus propios seres queridos. Habrá de todo, de lo que imaginen: desestimaciones a los afectados, chicanas y argumentos absurdos intentando corromper la verdad. Lo cierto es que ya no se puede negar lo que está en nuestra sangre, en nuestro ADN, haciendo estragos: lo que hay son agrotóxicos. En todo este tiempo también pasaron cosas buenas y personas inmensas, de esas que valen la pena, que hacen más liviana la lucha, la resistencia, los miedos. Hoy ya no me siento sola como en un principio, hoy somos muchas y muchos limando las patas a los gigantes. Como mamá, como afectada, como abogada, y por sobre todo como ser humana, deseo profundamente que haya justicia”.
Nota
Adiós, Capitán Beto

¿Cómo es el pensamiento y la acción de quienes trabajan mirando siempre cómo encontrar luz al final del túnel? Así vivió Roberto Beto Pianelli, fundador de los Metrodelegados pero por encima de eso, una excelente persona. La noticia horrible es que falleció este jueves, aunque es de aquellos que hizo tanto que en muchos sentidos seguirá siempre presente.
Logró triunfos impensables en el plano laboral, y a su vez ayudó a gestar una dinámica sindical novedosa y potente, a partir de actitudes e ideas que empalman con lo mejor del gremialismo argentino. Fue un gran amigo de MU, suscriptor desde siempre, y al margen de eso recibió el premio que la revista le entregó como reconocimiento a su trayectoria. Fue una persona con permanente buen humor, compañerismo y creatividad para enfrentar los problemas más sórdidos.
De tantísimos materiales y entrevistas que recordamos en medio de esta tristeza elegimos esta nota (originalmente publicada en la revista MU n°30, en 2009), convertida en una clase magistral, en la que Beto nos hablaba de la pelea por el tiempo libre, democracia sindical, música, el sentido de lo que hacemos en la vida, la comunicación, el onanismo, el olfato, la izquierda, el cristianismo y los sacrificios, la sociedad democrática, la política de saber escuchar, y varias otras cuestiones que ayudan a iluminar tiempos oscuros. Y a recordar a un gran tipo.
Por Sergio Ciancaglini
Bajo tierra el clima puede ser ágil y fluido como un tren a horario, o denso como la oscuridad cuando no se ve la luz al final del túnel. O como un volcán.
Los trabajadores del subte han experimentado cada sensación. Vienen peleando estas últimas semanas por el reconocimiento de su Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (agtsyp): “Sigla totalmente impronunciable” se ríe Roberto Beto Pianelli, uno de los metrodelegados que hace ya década y pico comenzaron un trabajo primero clandestino (en la Edad Menemista), y luego tan público que llevó a que los trabajadores consiguieran algunas cosas que en la antigüedad (Edad Peronista) se llamaban “conquistas”. Y hasta comprendieron que podían tener su propio sindicato al que llaman –en jerga humana– Sindicato del Subte.
Para sustentar su reclamo las mujeres y los hombres del subte se fundamentan en su propia historia, creatividad, trompadas y olfato. Pero además leyeron un libro secreto, con algunos párrafos que destilan una ideología subversiva, a saber:
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.
Este texto corresponde al artículo 14 bis de un panfleto llamado Constitución Nacional, reformada por guerrilleros de la UCR y el PJ en 1994 (Edad del Pacto de Olivos). En el subte han puesto en marcha su “organización sindical libre y democrática” y llevaron los papeles para que fuera “reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. Su idea, independizarse de la uta (Unión Tranviarios Automotor, que concentra sobre todo a los choferes de colectivos, y abulta a los seguidores de Hugo Moyano y su sindicato de camioneros). Fue en septiembre de 2008, de la Edad Contemporánea. Pasaron todos los filtros de aprobación burocrática, direcciones, subsecretarías, todo como un viaje sin escalas hasta que el propio ministro Carlos Tomada detuvo el trámite. Los trabajadores acudieron a la justicia para destrabar la cuestión, la justicia les dio la razón, Tomada apeló, la justicia rechazó la apelación y así tres veces. Tienen además un fallo de la Corte Suprema (en su composición actual se trata de una asociación sin fines de lucro), que los favorece. La idea de la libertad sindical parece gozar de consenso salvo para los sindicatos burocráticos, las patronales, y los funcionarios que prefieren los colectivos y los camiones a los subtes.
Pianelli: “Nosotros no quisimos hacer el sindicato de un día para el otro, son años de trabajo y maduración, con muchas cosas que ganamos no por la uta sino pese a la uta, una burocracia patotera que sólo juega a favor de la patronal”.
Los metrodelegados consiguieron:
- La primera reincorporación de un despedido por una empresa privatizada, Marcelo Contreras. Fue con un paro en plena Era Menemista, y con trabajadores que no conocían a Marcelo pero que en todas las líneas se sentaron en las vías para lograr que no lo echaran. (En esa época los bienpensantes clamaban por lo insolidarios e individualistas que eran “los argentinos”). Desde 1997 no hubo más despidos.
- Bajar de 8 a 6 las horas de jornada laboral, por la insalubridad de la tarea.
- Romper el “neoliberal” sistema de las empresas tercerizadas, incorporando a Metrovías como personal estable a trabajadores de la limpieza y seguridad, por ejemplo.
- Sueldos que en su momento fueron de los más altos del país, aunque hoy perdieron la punta del campeonato (y rondan los 2.500 pesos para personal de limpieza, y 4.000 para las jerarquías más altas). El hecho de que hayan logrado salarios dignos parece resultar irritante, curiosamente, no para quienes ganan menos, sino para los que ganan más, como muchos comunicadores sociales.
La lista de conquistas es enorme. Cuando lanzaron la idea del sindicato organizaron un plebiscito realizado en enero de este año. Las patotas sindicales bajaron a pegarles a los trabajadores, y consiguieron hacerlo también a integrantes de la cta como Fabio Basteiro, pero no a una Madre del Plaza de Mayo como Nora Cortiñas, más bajita que Messi y tal vez mejor gambeteadora de patadas ajenas.
Esas batallas tienen una característica. Los trabajadores del subte son –esperemos no sonar excesivamente obvios– trabajadores del subte. Los gladiadores de la uta, en cambio, tal vez posean frondosos currículums pero no como trabajadores de subte, y no es seguro que como choferes. En el subte, cientos de mujeres y hombres de edades bien distintas, pidieron a mu fotografiarse mostrando sus credenciales, como para resolver el viejo enigma de quién es quién.
De Nick Cave a Jaime Roos
El nuevo sindicato planteó otra novedad. El cuerpo de delegados que era de 26 integrantes iba a subir a 40 en medio de todo el debate con la uta, pero ahora se armó con 85 trabajadores, como para lograr las mayores dosis de comunicación e intercambio con los 2.700 trabajadores del subte, 1.600 de los cuales ya están formalmente afiliados a ese sindicato que el gobierno no da por existente. “Es casi un problema filosófico –dice Pianelli– ¿Qué son las cosas? ¿Las que existen jurídicamente o las que existen realmente?”. Curiosidad: el propio Pianelli es delegado, pero no está en la directiva del nuevo sindicato. “Si uno quiere la democracia sindical es para que los compañeros hagan las cosas, entonces hay que dejar que eso ocurra”.
Pero además, una permanente obsesión de los metrodelegados ha sido la comunicación en todas sus formas. Este año inauguraron un programa de radio, 2 Horas Menos (en homenaje a la reducción de la jornada laboral) en el que no se habla de política ni de paros ni de sindicalismo, sino del ocio, el entretenimiento, el juego, el esparcimiento, la vida cultural. “Un programa sobre el tiempo libre, liberado y sin patrones” lo presenta Facha Méndez. Pianelli interviene poco, pero ha tomado un control cuasi autoritario sobre la parte musical: “Un músico por día. Puede ser Peter Hammill, Chico Buarque, Nick Cave o Jaime Roos. Me dijeron que lo haga más variado, pero no transo”. Fue un trabajador que toca el arpa, otros que tienen una murga, Raúl Daloy apareció con sus investigaciones sobre las viejas series como El Avispón Verde o Mujer Maravilla. “Y hasta sobre Titanes en el Ring” abunda Pianelli, ratificando que la lucha de clases o la sindical no son las únicas de las que se puede hablar, en un espacio que se permite menos Che y más Karadagián. Otro trabajador, Leonardo Tano Gervasi se encarga de la columna literaria.
Hablamos de esto, y uno se queda pensando. ¿Existe el tiempo libre?
Ésa es la cuestión. Cómo pensarlo sin que sea pasarte diez horas delante del televisor. Eso es tiempo enajenado. Para mí el discurso de los viejos socialistas y anarquistas de defender el ocio, la cultura, estar con la familia, disfrutar, es absolutamente revolucionario en una sociedad que te quiere hacer laburar 14 horas y de paso reventarte en ese tiempo.
Pero con la genealogía de conflictividad que tienen en el subte, ¿qué significa hablar del ocio?
Es ir a los verdaderos valores humanos. Uno en la vida va perdiendo el sentido de lo que hace. Y más en una ciudad donde ni tenés lugares a dónde ir. Lo que hacemos con el programa –cuando no tenemos que suspenderlo por todos los conflictos– es mostrar que uno puede sentarse a conversar, contar historias, sentirse placenteramente en un lugar sin hacer nada, o haciendo algo que te gusta. ¿Sabés qué es? No pensar tanto a dónde vas, sino disfrutar más el recorrido.
Cristo, Marx y Metrovías
El cristianismo, la izquierda y Metrovías, por poner apenas tres ejemplos de estos siglos, predican en cambio que lo relevante es la estación de llegada: Reino de los Cielos, Dictadura del Proletariado, o Carabobo, según la línea. El futuro subordina al presente y el fin justifica los medios, o al menos los explica. Pianelli, que viene del trotskismo, es de los que está intentando abandonar esas visiones tan terminales, poniendo la atención en el recorrido, como le gusta decir. O en qué son capaces de crear las personas por sí mismas y colectivamente en tiempo presente. O en formas menos repetitivas y dogmáticas de relacionarse con la vida.
Es cierto, la izquierda tenía una idea cristiana de sacrificio. Es algo trágico. Yo reivindico a todos los que quieren transformar las cosas y lograr una sociedad justa, porque lo hago. Pero no se te puede ir la vida en eso. Hay que tratar de cambiar las malas y disfrutar las buenas. El estalinismo (buscar José Stalin) liquidó esa idea.
¿Qué es ser sindicalista?
Es complicado. Hoy es ser un Moyano. Enriquecerse. Es un oficio, una desgracia, perdió en muchos casos el sentido transformador. Por supuesto que hay otra gente que no es así, que es honesta, pero pasa casi a creer que en un conflicto se va la vida, se va todo. O sea, hay gente que pone el cuerpo, que es valiosa, brillante, pero no por eso sabe ver bien qué es un conflicto.
¿Qué es un conflicto?
Es una situación donde jugás contra los malos. Las patronales y la burguesía son muy malas. Yo soy hincha de Boca, y sabía que un contrario no le podía ir a tirar un caño a Pernía, porque te partía al medio. Acá es parecido. Si pueden te pisan. Un conflicto implica saber avanzar, parar, negociar, avanzar otra vez, o incluso retroceder.
Muchas malas palabras: retroceder, negociar.
Pero es la realidad con la que te encontrás si querés ganar. Los maestros ciruela dirán que no queremos luchar. Cualquiera se da cuenta de que no es así. Queremos luchar, pero para ganar. Y la pregunta no es sobre la lucha, sino sobre por qué perdimos.
¿Y la respuesta?
En muchos casos es porque no se entiende algo que decía Claudio Marín hace tiempo en lavaca: tenemos una especie de contrato con la gente que te vota. Y si uno no lo entiende, vuela por el aire.
¿Cómo es ese contrato?
Significa que te votaron para conseguir mejoras, para defender al trabajador que es tu compañero, no para hacer la revolución. Creo que Horacio Tarcus decía que hacen falta más triunfos parciales que derrotas heroicas. Tenemos que poder pensar en eso.
¿Por ejemplo?
Con la crisis de 2000 surgieron muchas nuevas conducciones gremiales, chicas, focalizadas en los servicios. Muchas utopías y sueños, pero la mayoría se estroló contra la pared. Sobrevivieron muy pocos: subtes, telefónicos, ferroviarios con golpes muy fuertes… Los que sobrevivimos quedamos repudiados por esas izquierdas que descubrieron el agua tibia, y te dicen “no lucharon”. En realidad, no luchamos cuando no había que luchar. Es olfato. Entender los momentos en los que podés hacer las cosas. Y también suerte.
Cómo se divide la izquierda
O sea que al subte lo corren por izquierda.
Claro, pero el problema es la propia izquierda, que ya no tiene partidos, cada vez son más sectas. El Iluminismo y la Razón superaron a las sectas, se terminaron convirtiendo en nuevos dogmas, y ahora se vuelve a las sectas. Hay un norteamericano, Hal Draper, que explica eso: los partidos políticos son otra cosa, movimientos cada vez más amplios con acuerdos cada vez más generales para poder abarcar a más gente. Aquí es al revés, grupos cada vez más chicos, con acuerdos más específicos que se van dividiendo…, y yo lo digo porque fui parte de eso.
¿De qué modo?
Estaba en el mas (Movimiento al Socialismo) y llegué a participar de la fractura, formamos el prs (Partido de la Revolución Socialista). Y, ¿sabés por qué?
Ni idea.
Porque unos planteaban que en Yugoslavia los agredidos eran los bosnios y otros opinaban que eran los serbios. Capaz que ni sabíamos dónde quedaba en el mapa, pero nos sabíamos todas las discusiones y dividimos el partido aquí, en Argentina, por esa discusión. Yu-gos-la-via. Discusión totalmente onanista. Pero las sectas son así, cuantos menos somos, mejor, porque así tenemos más comprensión, nos gusta el mismo equipo, la misma fruta. Y la conclusión siempre es: se han ido estos compañeros, pero mejor, porque ahora somos menos, pero más sólidos.
Esto es algo descripto hasta en películas como La vida de Brian ¿Cuál es el atractivo de estos grupos y estilos para el militante?
El mundo es hostil, y uno se siente cómodo en la secta, en un ambiente ficticio. Los trabajadores, la gente normal, te discuten, no hacen lo que vos querés. En cambio los del partido son bárbaros, progresistas, maravillosos, tienen relaciones entre ellos, arman parejas, son amigos, el mundo gira a su alrededor. Y no tienen contradicciones. Pero la verdad, ¿cómo pretender que una clase o sectores sociales sean homogéneos? No entra en la cabeza de nadie. Pero bueno, yo me las comí todas, la del amor libre, la secta, los debates, las divisiones. Con el tiempo entendés que para hacer esto lo más importante es otra cosa: escuchar al otro, o estás muerto.
Mientras tanto el sindicalismo convencional parece estar cada vez más fortalecido.
Es que los espacios en política se ocupan. Los tipos repudiados en el año 2000, si no aparece un reemplazo o no armás alianzas para superarlos, terminan apareciendo de nuevo. Son los mismos cadáveres que no enterraste, que gozan de buena salud.
¿Es homogéneo ese sindicalismo “gordo”?
Para mí hay una confusión. Son distintos los “gordos” que Hugo Moyano. Si no entendés la diferencia se hace difícil actuar, como le pasó a la izquierda con el gobierno de Kirchner, que sintió que le robaban los discursos y se desesperó en lugar de decir “Bravo, muy bien, ahora vamos por más”. En cambio decís: “Demagogos, nos robaron las banderas”. Sí papá, las robaron. Es como los que critican al peronismo diciendo: “Pero las leyes de Perón eran las de Alfredo Palacios”. Fenómeno, pero las puso Perón. Nunca fui peronista, te aclaro, y creo que después metió verticalismo, burocracia, cosas monstruosas, pero si no entendés aquel aspecto positivo te quedás hablando solo.
¿Y Moyano?
A eso iba. Los gordos son un sindicalismo empresario, pero Moyano no es eso. Compararlo es no entender. En camioneros te dicen: “Nos hizo dignos, tenemos salario, nos hizo respetar”. No comparto su forma de hacer sindicalismo, pero hizo algo que no es lo mismo que Pedraza o Lescano. Si me dicen que no hay nada peor que Moyano yo contesto: sí, hay 50 peores que él. Y estoy muy lejos de reivindicarlo porque andamos enfrentados con un sector de la uta muy amigo del moyanismo, pero no dejo de entender que es otro sindicalismo. Y todavía hay otra variante que es la cta, un sindicalismo más abierto, de gente que no se enriquece. Ahí hay elecciones. El que pierde le da las llaves de la seccional al que gana. En la cgt ni te podés presentar, ni entrás. Ahí también es una estupidez decir que son lo mismo. De todos modos para mí el problema central no es ése, sino la patronal.
¿Cómo se encara a estas empresas?
La patronal, para decirlo fácil, es mala. Tiene un poder de coerción sobre los trabajadores, delatores, buchones, espías. Compran gente. Los compañeros se asustan, y es toda una relación condicionada por esa presión permanente.
¿Y cómo se hace sindicalismo entonces?
Sin discursos previos, discutiendo y sobre todo escuchando lo que te dicen, y tratando de interpretarlo. Cuanto más libres son los compañeros para hablar, expresar lo que sienten, más posibilidades hay para hacer las cosas juntos. Es el contrato del que te hablaba. No podés inventarte una realidad porque te agarra la patronal, te tira a la mierda, y en un error quemás todo lo que conseguiste. Por eso yo creo que el principal objetivo del sindicalismo es la autonomía.
¿Qué quiere decir autonomía en este caso?
Es poder pensar uno con los compañeros. No quiere decir no escuchar, al revés. Escuchar tampoco significa hacer lo que te dicen, sino intercambiar para llegar a la mejor variante. Y autonomía es no tener ninguna dependencia de ningún partido, ni del Estado, ni de la patronal, ni lo que venga. Hacer sindicalismo es juntarse con gente que tiene intereses comunes que no logran satisfacer. Si te lleva a pelear, pelearás. Si lo podés conseguir, mejor. Casi siempre hay que pelear. Pero es por intereses comunes, reivindicativos. Dicen que el sindicalismo es reformista. Claro, ¿qué iba a ser?
Hay varios volúmenes que lo consideran una opción revolucionaria.
Pero no es el sindicalismo… creo que hay que superar el ideario del cambio social, buscando paradigmas más libres. Que no haya explotación del hombre, que haya una sociedad democrática en lo ideológico y en las prácticas sociales. Si no, no hay posibilidad de cambio frente al saqueo, la guerra y la muerte que te propone todo el círculo vicioso del sistema. Entonces yo estoy a favor de una actitud que modifique esa relación social existente en el capitalismo. Pero a la vez, lo delirante es que haya revolucionarios que no les den bola a las reformas. Hay un pelado ruso (Lenin por elevación) que decía que las reformas son demasiado importantes para dejarlas en manos de los reformistas. Porque no me da lo mismo que un tipo gane 200 que 500 ó 1.000. La reforma, la reivindicación, le cambia la vida a la persona. Si no hago la reforma porque hablo de revolución, nunca consigo nada. Y un sindicato es otra cosa: un frente de los trabajadores para hacer reformas. Si pensás que es para la revolución, terminás en derrotas estrepitosas. Porque el contrato con tus compañeros no es para la toma del poder. Es para que vivan mejor.

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