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Violento desalojo a una comunidad mapuche en Esquel: “Se llevaron a mujeres y niños a la rastra”

Publicada

hace 8 años

27/05/2016

Efectivos policiales, Gendarmería y GEOP desalojaron durante la mañana del viernes la recuperación de tierras ancestrales que el lof mapuche del Departamento de Cushamen había iniciado el año pasado en una estancia de la multinacional Benetton en la zona de Leleque, provincia de Chubut. Según nos informa la Red de Apoyo de la recuperación, quedaron siete detenidos. “Se llevaron a mujeres y niños a la rastra en autos particulares sin patente”, dice Martiniano Jones Huala, uno de los voceros.

Violento desalojo a una comunidad mapuche en Esquel: “Se llevaron a mujeres y niños a la rastra”
Según especificó la radio comunitaria FM Kalewche, la detención de Facundo Jones Huala –sobre quien pesaba una orden de captura internacional- fue la que motivó la participación del GEOP, la fuerza especial de operaciones de la provincia. Fue el primero en actuar a las 7:30 de la mañana. Después llegaron los efectivos policiales y la Gendarmería con una supuesta orden de desalojo que, según Martiniano, nunca mostraron. ”No hay nada. Nunca apareció una orden. Era una orden verbal”. Según el periodista Pablo Quintana, “la orden para intervenir en el territorio fue dictada el juez Martín Zacchino y acompañada por la fiscal general Camila Banfi de Comodoro Rivadavia”.
Martiniano, en comunicación telefónica con lavaca: “Era impresionante la cantidad de armas que había. Fue muy violento, hacía mucho tiempo que no veía tanta violencia. Nos pegaron y nos tiraron gas lacrimógeno”. Cuenta que ahora en la recuperación quedaron dos mujeres con cuatro niños. “Están cercadas por Gendarmería. Por eso necesitamos difusión”.
La brutalidad tiene su contexto: la recuperación motivó el año pasado una causa judicial donde la Justicia provincial intentó aplicar por primera vez en Chubut la Ley Antiterrorista para perseguir a los mapuche, pero el Juzgado Federal rechazó los argumentos.
MU viajó a Esquel y a la recuperación mapuche en septiembre del año pasado, donde habló con las familias que el viernes fueron desalojadas. Aquí reproducimos el artículo.

Benetton, espías & cía: Esquel contra las corporaciones

La recuperación de un territorio ancestral por parte de una comunidad mapuche derivó en una causa por terrorismo. En ese expediente se encontraron fichas de espionaje a integrantes de la asamblea No a la mina. Qué hay detrás de estos procedimientos ilegales de la justicia.
Desde la ruta se ve una casita, y eso en la estepa patagónica llama la atención. La imagen es la postal que cualquier turista puede sacar desde el micro: las sierras, los picos nevados, el bello infinito y otros sustantivos poéticos, pero en la intersección de la ruta nacional 40 con la ruta provincial hacia El Maitén, hay una casita y eso llama la atención.
El auto se detiene a la vera de la ruta tras un viaje de 100 kilómetros desde Esquel, provincia de Chubut. Sobre el alambre que abraza ese infinito, en el paraje Vuelta del Río, localidad de Leleque, departamento de Cushamen, hay tres banderas que anuncian:

Territorio recuperado.
Empresas multinacionales.
Territorio mapuche.

Y cruzando el alambre, la casita. Es de madera. Una mujer golpea sus palmas. De la casita asoma alguien. Está encapuchado, y según tres fiscales y un juez, se trata de un terrorista. El encapuchado saluda con un apretón de manos, doble beso, y le dice que pase. La mujer separa los alambres y pasa. Todos la imitan. Atrás queda la postal patagónica y la casita, que resulta ser una garita de seguridad para alertar sobre las visitas.
Claro: desde el 13 de marzo, cuando el Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen inició la recuperación de sus territorios ancestrales en una de las estancias de la multinacional textil italiana Benetton, las visitas han sido varias. Muchas fueron de la policía chubutense, que los reprimió con balas de plomo, sin dejar muertos de casualidad. Hasta casi reciben la visita del GEOP, pero una movilización y un hábeas corpus evitó la sorpresa. En este mediodía patagó- nico, sin frío ni viento y con un sol que pica, la visita es de MU, acompañados por integrantes del grupo de apoyo de la recuperación.
El suelo es rocoso, con arbustos bajos, duros y espinosos, que no dificultan la caminata, pero advierten que las noches en este lugar no son fáciles. Al fondo se asoman dos estructuras construidas con piedras, troncos, barro y chapas. Al lado, un tendero con ropa húmeda que se entrega al sol. Salen otros hombres mapuches encapuchados. A rostro descubierto hay mujeres, niños, niñas y bebés.
Todos son jóvenes.
Saludan: “Mari mari”.
Apretón de manos o doble beso en la mejilla.
Nos sentamos en ronda.
Una de las mapuche comienza a amamantar a su hijo.
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El pecado originario

Durante el viaje, el imputado y también acusado de terrorista, Martiniano Jones Huala -51 años, cinco hijos, albañil- nos señaló las coordenadas del conflicto: “Acá comienza Benetton”.
El límite es difuso para cualquiera, pero no para los ojos entrenados de Martiniano: con precisión marca un arroyo y un alambre. Esa línea perdida en la inmensa estepa patagónica, nos indica Martiniano Jones Huala, es la marca de la multinacional que concentra casi un millón y medio de hectáreas en suelo argentino. Su historia es la historia de una entrega: tras el genocidio de la Conquista del Desierto, The Argentinian Southern Land Company fue fundada en Londres en 1889 para realizar actividades comerciales en la Patagonia. En 1896 fue beneficiada con la donación de 10 estancias, de casi 90 mil hectáreas cada una. A cambio de financiar la Campaña, obtuvo tierras estratégicas para el desarrollo del ferrocarril que les sirvió para exportar la producción ganadera. En 1982 la empresa tradujo su nombre -Compañía de Tierras del Sud Argentino- e integró su directorio con un 60% de directores argentinos. Ese paquete accionario fue comprado en 1991 por Benetton por 50 millones de dólares. Negocio redondo: una hectárea es tasada hoy en 2 millones de pesos. Detalle: a mediados de los 90, la empresa modificó su estatuto para incorporar la explotación minera entre sus objetivos.
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Benetton y la capucha

Tanta tierra para qué”, se pregunta la mapuche que nos conduce hasta Vuelta del Río. En mitad del trayecto, exactamente frente de la estancia central de Benetton, se ve otra casita, y sobre el césped, gracias a unas piedras estratégicamente acomodadas, se lee: “Territorio mapuche recuperado”. Señala así la recuperación de esas 600 hectáreas conocidas como Santa Rosa que, en 2007, tras una lucha que llevó años y un viaje a Italia para entrevistarse con el propio Benetton, germinó en un triunfo que concretó aquello que reconoce la legislación nacional e internacional: el regreso a la tierra ancestral.
Ahora es Atilio Curiñanco -63 años, cuatro hijos-, quien proclama: “Nosotros somos mapuche y pertenecemos a este territorio. Para nosotros Benetton no es nada: somos nosotros los que tenemos que decirle dónde tiene que estar. Si nos seguimos callando, nos vamos a dejar pisotear”.
Define así qué significa esta nueva recuperación de Vuelta del Río.
Tras esta recuperación, Benetton presentó una denuncia por “usurpación”. Se abrió una causa judicial. Técnicamente, hay un solo imputado: Martiniano Jones Huala, que fue uno de los voceros que dejó en claro el interés del lof por entablar una mesa de diálogo con el gobierno nacional. No sólo lo dice él: esa actitud de diálogo está registrada en el legajo fiscal.
En ese expediente hay otras cuatro personas identificadas, tres son mujeres, que ahora tienen pedidos de captura internacional. ¿Por qué? Nunca les llegó la notificación judicial y por eso nunca se presentaron formalmente ante sede judicial. Un detalle que acentúa la ridiculez de la medida judicial: MU habló con ellas. No fue debajo de un puente ni dentro de un estacionamiento oscuro: fue cuestión de viajar una hora desde Esquel.
Otro detalle: estas cinco personas perseguidas judicialmente fueron las caras públicas de la recuperación.
Primer consecuencia: imputaciones y pedidos de captura.
Segunda consecuencia: empujaron a los otros mapuche a cubrirse los rostros, para evitar la persecución judicial.
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Terrorismo judicial

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a través de la nota N° 132/2015, desconoció el reclamo: como no ubicó al lof dentro de las comunidades con “personería jurídica reconocida” y con matrícula (como generalmente procede), calificó la recuperación como una acción de “personas aisladas” y no de “comunidad indígena organizada”. Martiniano Jones Huala, el imputado, retruca: “Por eso necesitamos el territorio: para organizarnos”. Y exige que se cumpla con lo que dicta la Constitución (artículo N° 75, inciso 17), el Convenio 169 de la OIT (artículos 14 y 16) y la ONU: el reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y sus derechos a la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocuparon.
Como si esta legislación no existiera, en el expediente puede leerse que la fiscalía investiga los delitos de “usurpación, coacción, atentado contra la autoridad agravado y hurto de un cartel rutero”. Además vinculan al lof con otras tendencias como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y con acontecimientos previos a la recuperación que se adjudicó ese sector del Movimiento Mapuche. Sin embargo, esa vinculación sólo está justificada con recortes periodísticos. La paranoia crece foja a foja: los fiscales sostienen que “el accionar” mapuche “afecta directamente los intereses de la Nación, hasta el punto de poner en riesgo la seguridad interior”, pues consideran que el reclamo afecta no sólo a Chubut sino a otras provincias argentinas y hasta chilenas. En Chile, la movilización mapuche es significativa, y la respuesta del Estado siempre fue la misma: aplicación de la Ley Antiterrorista. Eso motivó en 2014 una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado chileno por violaciones a los derechos humanos del pueblo mapuche.
La conclusión de las fiscales María Bottini y Fernanda Révori y del fiscal Fernando Rivarola fue otra: aplicación de la Ley Antiterrorista por primera vez en territorio chubutense. El juez provincial Martín Zacchino la convalidó.

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Los fiscales María Bottini y Fernando Rivarola

Textual de su fallo:

“Ha quedado demostrado que ha existido un despliegue tendiente a obligar a las autoridades públicas nacionales a reconocer derechos de un modo cuasi extorsivo”.

El temor de los organismos de derechos humanos y juristas que criticaron la Ley Antiterrorista, aprobada en 2011, por abrir una zona gris de interpretación que posibilitara la represión de una demanda social, se cumplió en una causa contra mapuches que reclamaban por sus territorios.
La causa pasó así al Juzgado Federal de Esquel a cargo del juez Guido Otranto, que debía definir si aceptaba la competencia.
La rechazó.
Sus argumentos:

Deja en claro que la intención mapuche siempre fue “formar una mesa de diálogo”.
“La definición de un acto como terrorista no deriva de un ejercicio de voluntarismo, sino que debe ser contextualizado en las fuentes principales del Derecho Internacional”.
“La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha cuestionado determinadas legislaciones que definieron al delito de terrorismo con excesiva amplitud y falta de precisión, por afectar las exigencias del principio de legalidad y poner en riesgo a los ciudadanos de ser perseguidos penalmente por motivos políticos, religiosos o ideológicos”.
“No hubo atentados a la vida ni lesiones de gravedad contra nadie. (…) Por todo armamento han mostrado gomeras”.

Pese a esto, la justicia provincial apeló: la Corte Suprema es la que tuvo que resolver. Rechazó la apelación en nueve líneas.
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Patagonia rebelde

“Mari mari”, saluda el mapuche. “Mari mari”, responde la ronda, chiquita, alrededor de una parrilla que a base de ramas asa carne, hierve una olla con futuro guiso y calienta la pava para el mate. Nos sentamos en troncos y sillones viejos. El que saluda se presenta en mapudungum, “el hablar de la tierra”, el hablar de los mapuche, y como una muestra de respeto al territorio ancestral, explican el motivo de esta reunión. Luego, en español, da la bienvenida y cuenta de qué se trata lo que llaman este “proceso”, que no implica sólo una recuperación de su tierra, sino de su cultura, de su política, de su filosofía y concepción del mundo.
Luego saluda otro. Y otro. Y otro. Lo mismo: agradecen la visita y, respetuosamente, se excusan por el recibimiento en capuchas. Dicen que es la única forma de resguardarse de la persecución política.
Luego habla una nena, chiquita, hermosa, a través de una sonrisa: “Gracias por venir”.
Luego se presenta MU.
La entrevista recién comenzará casi tres horas después. En el medio, y durante el almuerzo, los mapuches proponen al periodista una charla que deriva en ricos intercambios que giran desde Fanon, Gramsci y Marx hasta el movimiento trans y Marlene Wayar, con escalas en Cuba y Syriza, todo en medio de esta estepa ancestral, todo en medio de un debate sobre si es posible pensar movimientos de transformación social luego del fracaso de los proyectos y las ideas políticas latentes durante los 70. Los mapuche dejan así en claro dónde radica la eficacia de cualquier proceso comunicativo: en tejer vínculos.
Ya con el grabador encendido, el primer mapuche dice: “Desde el primer día que entramos, incluso desde antes, sostuvimos que la solución a todo conflicto de tierras con el pueblo mapuche es política. ¿Cuál es? En principio, la devolución de los territorios en conflicto. Ni siquiera de la totalidad del territorio ancestral. En principio, porque no partimos del análisis más radical, sino de los propios planteos del Estado. La reforma a la Constitución en el 94 incorporó el artículo N° 75, donde en el inciso 17 se reconoce nuestra preexistencia étnica y que se va a respetar la tradición de las tierras que tradicionalmente ocupamos. Pero no ocurrió: por eso nuestro planteo es político. Recordemos: ellos fueron quienes reformaron la Constitución. Ahora, si no cumplen, no tenemos otra opción que recuperarla. No podemos esperar 20 años más de trámites y vueltas burocráticas para solucionar nuestras necesidades y problemas reales: hambre, pobreza, la mortandad de nuestros animales, que repercute en nuestra alimentación y calidad de vida. Somos una cultura a punto de extinguirse. Si no hacemos nada, desaparecemos. Difícil que incluso el gobierno más progresista pueda solucionar un problema de 130 años, pero al menos tiene la oportunidad histórica de empezar a conversar”.
Señala que la intervención del Estado, hasta el momento, fue represiva. “La policía nos reprimió con balas de plomo, con un cerco impresionante y mucha militarización. Tiraron a quemarropa, al cuerpo. Las balas nos zumbaban. Sentíamos cuando rebotaban en las piedras y se levantaba la polvareda. Si vas a confrontar al poder, una de las posibilidades es que te repriman, pero esperábamos balas de goma. Tenemos las pruebas concretas: las vainas. No sé si es suerte o las fuerzas de la naturaleza nos acompañan, pero hasta el momento no ha habido un muerto de casualidad”.
¿A qué atribuyen esa respuesta del Estado y el Poder Judicial? Mirta Curruhuinca, una de las mapuche con pedido de captura, quiere hablar: “Temen el levantamiento de más personas y comunidades. Porque nosotros, en este proceso, estamos demostrando que se puede. Más allá de todo lo que ha pasado, le llevamos la delantera al Poder Judicial. Y temen eso: si se llega a levantar más gente que quiera recuperar sus territorios, no va a haber forma de pararlo. Esto es una demostración de que se puede pelear contra todos los poderes”.
Vanesa Millañanco, otra de las “prófugas”: “Son estrategias para transmitir miedo a otras comunidades. El mensaje es que, si salen, se los va a judicializar”.
Otro de los mapuche: “Lo cierto es que la realidad social en la que nos encontramos no ha cambiado mucho. Seguimos teniendo las peores tierras y la calidad del suelo es abismalmente distinta respecto de las grandes estancias: tienen los mejores pastos, las mejores vertientes, las nacientes de los ríos, los arroyos. Y ese es uno de los motivos por los cuales seguimos viviendo en una situación de extrema pobreza. Así, obligan a nuestra gente a migrar a las ciudades, a vivir en los barrios periféricos, con una calidad de vida peor de la que tenían en los campos, pasando a ser mano de obra barata y trabajando por miseria. Por eso temen esta recuperación: porque cuestiona el estado de las cosas”.
Todas las personas que hablan en esta recuperación son jóvenes. Lo explican: “No son ideas nuevas, vienen de hace varios años. Nos nutrimos de todo un bagaje histórico y lo profundizamos. Nos fuimos politizando, compartiendo procesos de recuperación en varias zonas, nos fuimos reencontrando y nos dimos cuenta de que había un enemigo estratégico. En todo caso, los autores intelectuales de esta supuesta ‘sedición’, según nos califican los analistas del Estado, son nuestros antepasados, nuestros abuelos y bisabuelos, que sufrieron en carne propia la masacre de la Conquista del Desierto. Somos los descendientes de los que sobrevivieron a esa guerra. Ellos hablan en nosotros. Y al caracterizar al enemigo sabemos que en esta zona tiene nombre y apellido: Benetton. Él tiene nuestras tierras. Y frente a la disputa de petroleras y mineras, más el avance del capital transnacional, nos dimos cuenta que era hora de avanzar, y la única manera de oponer resistencia al empresariado era mediante una táctica: recuperar las tierras”.
Luciana Jaramillo, la tercera mujer con pedido de captura, concluye: “Detrás de estas caras visibles, hay una propuesta. Estamos peleando por algo que nos corresponde. Estas tierras fueron de mis abuelas y estoy dispuesta a dar la vida para que las futuras generaciones no tengan que avergonzarse, y así pueda decirle a mi hijo que peleé por estas tierras. Nuestros antepasados tenían esperanza en nosotros, y esa convicción es tan fuerte que podemos enfrentar cualquier cosa sabiendo que no estamos solos. Tenemos fuerza suficiente para seguir sosteniendo esta lucha. No se termina acá: vamos a volver a ser libres y esa es la idea que nos lleva con más fuerza. Estamos convencidas que todas estas tierras usurpadas por Benetton, por las petroleras y las mineras, van a volver a ser nuestras”.
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Hábeas corpus y correo

La desesperación judicial en identificar a los mapuche casi se cristaliza en la intervención del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), cuyas actuaciones han dejado huellas aterradoras en Chubut. Los casos más recordados son los allanamientos de 2009 en la localidad de Concorvado: hubo torturas, heridos y desaparecidos. Bajo ese historial, vecinos y vecinas acudieron a la Comisaría 1° de Esquel en horas de la noche del 18 de agosto y presentaron un hábeas corpus preventivo. No se lo quisieron aceptar porque, alegaron, faltaban las firmas de los abogados. “Eso no existe. Lo puede presentar cualquier persona”, dice Susana Pérez, abogada adjunta de la defensoría pública. De todas maneras, los defensores firmaron, e instaron al Poder Judicial a que diera a conocer las causas del operativo. Según informaron estaba orientado al “secuestro de armas de todo tipo”, y “teléfonos celulares o cualquier medio de comunicación electrónicos” y “a aprehender a todas las personas presentes en el predio”.
El hábeas corpus fue rechazado por el juez Jorge Criado, quien consideró que no cumplía los “requerimientos legales”. Finalmente, el fiscal Fernando Rivarola ordenó detener el procedimiento. ¿Por qué? El allanamiento habría perdido el “factor sorpresa para evitar acciones de resistencia”. Criado calificó la cancelación de “gravedad institucional” y remitió copias del rechazo al Superior Tribunal, pero la Cámara Penal desconoció los planteos del juez y sostuvo que el hábeas corpus era el “proceso constitucional” adecuado.
La defensora oficial Susana Pérez concluye: “¿Por qué la fiscalía no prosiguió con la medida? Hubieran ido igual, con la presencia del juez, que es lo que solicitábamos. ¿Por qué temían que ese operativo se hiciese público?”. La pregunta plantea una hipótesis: ese hábeas corpus evitó una masacre.

La inteligencia

La causa sumó ahora una derivación escandalosa, cuando los defensores denunciaron un delito. El 28 de mayo “una persona” se presentó “espontáneamente” ante el Ministerio Público Fiscal para dejar información sobre la investigación. Era un disco externo que los tres fiscales aceptaron en el despacho del fiscal general Fernando Rivarola y la guardaron en su computadora.
Pasaron tres meses.
El viernes 28 de agosto, semana y media después del frustrado operativo GEOP, se convocó a una audiencia pública para formalizar la constitución de Benetton como querellante. Minutos antes, el defensor público Fernando Radziwilowski consultó el legajo para buscar elementos dentro de las medidas de prueba solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, y llegó a las carpetas guardadas desde mayo. Entre ellas, había una con una sigla: “RAM”. Y dentro, entre otros archivos y carpetas, un word que en mayúsculas titulaba: “Activistas antimineros en Zona de Comarca Andina”.
¿Qué hacía un archivo así en una causa sobre la recuperación de tierras mapuche?
Doble click.
La pantalla se pobló con 26 fichas de inteligencia sobre periodistas, activistas, asambleístas, empleados públicos, docentes y otras profesiones reales o supuestas de personas vinculadas a la asamblea No a la Mina, el movimiento que detuvo el avance del modelo extractivo en la región gracias a movilizaciones, boca a boca, comunicación y a un plesbicito que, en 2003, no dejó dudas: el 82% de Esquel se opuso al ingreso de la minera Meridian Gold.
El defensor público imprimió las fichas y denunció el delito en la audiencia. Nadie sabía de qué estaba hablando, ni siquiera las fiscales Bottini y Révori.
Las fichas se viralizaron por Facebook y Twitter. Ante la repercusión, el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado aclarando que las fichas “nunca” habían sido parte de una línea de investigación propia. El repudio creció. Convocaron entonces a una conferencia de prensa para el día siguiente: era sábado. “¡Los hicieron laburar un sábado!”, fue el comentario en los pasillos de tribunales y en la calle. ¿Por qué esa información estaba allí? ¿Para qué? No había respuestas: sólo mencionaron a esa “persona” que en mayo se había acercado. ¿Quién era? No podían decirlo: se excusaron en la Ley de Inteligencia Nacional.
El lunes siguiente los fiscales se presentaron ante la justicia federal de Esquel para denunciar ese acto de espionaje ilegal. Dos días después, una manifestación frente a tribunales exigió la renuncia de los tres fiscales. A su vez, el Concejo Deliberante local aprobó por unanimidad una declaración de “repudio” al espionaje, y algunos de sus integrantes viajaron a Buenos Aires para entrevistarse con el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli, y su segundo, Juan Martín Mena.
“Lo hecho en Esquel es delito”, dejó en claro Parrilli, según contó el concejal y candidato a intendente del Frente Vecinal, Osvaldo González Salinas (uno de los fichados: “Opositor a todo con alto perfil de izquierda”) a la radio comunitaria FM Kalewche. González Salinas: “Todavía no está claro si (el agente) pertenecía a la AFI o a alguna otra fuerza”.
Los funcionarios especificaron que las fichas no pertenecen a ninguna investigación institucional porque “no consta en ningún registro oficial” y no hay orden judicial: “El que lo hizo, lo hizo por su cuenta”. Parrilli y Mena hicieron referencia a la interna de los sectores de inteligencia, tras el affaire Stiusso y sus derivados: “Hay vicios del pasado. Es parte de la depuración”. Mena señaló: “Este no es el formato de información que manejamos nosotros”, y agregó que, al margen de la investigación federal, abrirían un sumario administrativo.

Que la inocencia te valga

El fiscal general de Esquel, Fernando Rivarola, recibe a MU en su despacho. A su lado, la fiscal jefe María Bottini. Sólo falta Fernanda Révori, que está en una audiencia. Dice Rivarola: “Hace 20 años que trabajo en la justicia: nunca vino a verme un agente público. No tenemos la experiencia. ¿Cómo puedo inferir que me va a dejar algo ilegal? ¿A partir de qué? No podíamos inferir que un agente de un servicio nacional, que se presenta de esta forma, infligiera la ley y nos dejara un documento ilegal”.
Los fiscales detallan que la “persona” se presentó “espontáneamente” el 28 de mayo, que estuvo “una hora” y les dejó sus datos (“número de teléfono, mail”) y un disco externo que copiaron en sus computadoras. Rivarola: “Por supuesto arranca presentándose, exhibiendo credencial”.
-¿En este mismo despacho?
-Sí.
-En el despacho hay cámaras.
-Quedó filmado.
-¿Cómo se presentó la “persona”?
-Rivarola: Como un agente, empleado, funcionario de un organismo nacional.
-¿Ese detalle no debería haber activado una alarma?
-Para nosotros no… La Ley Nacional de Inteligencia nunca la manejamos. Recién el viernes (día de la audiencia) fuimos a leerla para ver nuestras obligaciones.
-¿No debería llamarles la atención que una persona que se presenta como agente de -inteligencia les deje información?
-Rivarola: No, es información que debe ser luego certificada. Habitualmente decimos que cualquier persona que pueda aportar información en un caso, se arrime o lo considere.
-Bottini: Hasta recibimos información por WhatsApp.
-Pero una cosa es un vecino con wasap y otra un agente de inteligencia.
-Bottini: Pero un vecino por wasap también te puede acercar algo ilegal.
-¿Pero al presentarse como agente de inteligencia no lo ubica en otro plano?
-Bottini: ¡Es un agente público! ¿Por qué yo voy a pensar que los agentes públicos cometen ilegalidades?

Fiscales en el banquillo

El fiscal Rivarola admite: “Este archivo es ilegal desde su origen. Además, este documento no tiene nada que ver con el resto de la información ni con el objeto de nuestra investigación”.
Por ese motivo se abrió una causa sobre las fichas ilegales en el juzgado Federal a cargo del doctor Guido Otranto. Una alta fuente de ese juzgado encargada de la investigación asegura que el proceder de los tres fiscales fue irregular: “No hay protocolo en estos casos, porque la respuesta debe ser una: no hay que recibir ese tipo de información. No es lo mismo un vecino que un agente de inteligencia”.
También interpreta que esta causa ya tiene demasiadas interpretaciones forzadas. La más importante es la que deriva de la aplicación de la Ley Antiterrorista? “Los parámetros bajo los que se intenta aplicar esta ley son graves. En esta causa se materializaron todas las críticas y peligros que traía la norma. Además, para justificar su aplicación se intentó usar como prueba información que obtuvieron de Internet sin chequear”.
El Juzgado Federal procesó al agente de inteligencia. El auto de procesamiento –al que tuvo acceso lavaca– revela la promiscua relación entre espías, funcionarios judiciales y policiales. Los tres fiscales fueron apartados y estuvieron al borde de un jury político, pero el Consejo de la Magistratura resolvió por mayoría archivar el proceso.

Lo natural

En Esquel se marcha: los 4 de cada mes hay movilización para garantizar el No a la Mina, y el de este septiembre incluye el reclamo por las fichas de inteligencia. “No somos terroristas” y “Fuori Benetton” son las consignas que más se repiten entre las cientos de personas que caminan, tocan bombos y soplan silbatos y cornetas. Los cantos proclaman: “La montaña no se vende, se defiende”. En el medio de esa agitación, nos dice Mariela Massacese: “Hace mucho tiempo que estamos luchando y hoy nos toca vivir una nueva experiencia de persecución. Sabíamos que todos, de alguna manera, estábamos fichados. Pero acá estamos y seguiremos: es imposible no pensar que tenemos que estar en pie porque lo único que ha frenado a las corporaciones ha sido la movilización popular. Es lo único que puede salvarnos”.
Hay carteles y consignas satíricas. Una la porta Betty Romeo, que lleva colgada una pancarta con el nombre: “Betty Boop Patagónica”. Debajo, la imagen del dibujo animado con una aclaración escrita a mano: “¡Yo también estoy fichada!”. Se ríe, pícara, pero dice muy seriamente: “Vamos perdiendo la esperanza en los tres poderes, pero no bajamos los brazos: ante el amedrentamiento y el acecho, nos fortalercemos más. Los pueblos originarios hace 500 años que están viviendo así. Y bueno: es hora de despertar”.
La caravana llega a Tribunales. Hay escrache. En la puerta del Ministerio Público Fiscal pegan fichas que satirizan a las que recibieron los fiscales. Llevan fotos de los asambleístas, un espacio para la firma solidaria y una descripción que se repite en todas:

“Habitante de estas tierras, defiende la vida y el territorio. Anda sin ocultarse de los servicios de inteligencia. Se indigna y lucha contra las injusticias”.

Luego, la marcha se detiene frente a la Comisaría 1°, desde donde se evitó el desalojo a la comunidad mapuche. Hacia la puerta caminan Martiniano Jones Huala con su hija e hijos, se encapuchan y levantan bien alto el cartel: “Resistencia no es terrorismo”.
“Es la misma lucha”, dice Daniela Baigorria, del grupo de apoyo al lof mapuche, que entiende que ambos casos no pueden mirarse por separado. “La explotación minera y la lucha de los pueblos es continental. Si ves el mapa completo, la lucha cruza todo el continente, desde Ecuador a Ushuaia. Después, hay focos. Si Esquel fue una punta de lanza para la conformación de otras asambleas, quizá no sea casual que aquí sea también el lugar desde donde mirarse nuevamente”.
Pablo Quintana, de la radio comunitaria FM Kalewche, uno de los fichados, lleva a su hijo en los hombros: “No es descabellado este espionaje que han realizado, ya que se suma a una serie de atropellos que viene cometiendo el Ministerio Público Fiscal en la causa por la recuperación del territorio mapuche, que es lo que está de fondo en todo esto. No nos olvidemos: están tocando los intereses de Benetton y de las mineras. Y lejos de tener miedo, nos juntamos más. Son actos reflejo que tiene esta comunidad, con acciones muy claras en la calle”.
Pablo saca conclusiones: “La asamblea demostró que durante más de 12 años ha sabido cómo reaccionar ante cada situación. También que no tenemos miedo, y por eso ellos nos temen a nosotros. Le temen a la contundencia, a la convicción, y tienen terror de la combinación entre asambleístas y comunidades indígenas. Para ellos sería letal, definitivamente. Está claro que hay un hilo conductor entre lo que ambas defienden. Y ese es el proceso que, de manera natural, se está dando”.

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Nota

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: