Nota
¿Y Julio López?
Adriana Calvo contó a lavaca algunos pormenores políticos y judiciales de lo que define como Monumento a la impunidad: la causa que investiga la desaparición de Julio López. Y los absurdos: las visiones de una “mujer pájaro” o la incriminación de la Cámara de Apelaciones al perro Kintín. Hay un procesado por pedir por López, pero ninguno por la responsabilidad de su secuestro. ¿Por qué el gobierno no impulsa a fondo la investigación? La percepción de una actitud diferente y positiva de la sociedad.
Varios integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se sorprendieron al salir a repartir volantes invitando a la marcha que, desde Congreso a la Plaza de Mayo, reclamaría por Jorge Julio López, a dos años de su desaparición. “Tengo años de repartir volantes” dice Adriana Calvo a lavaca “y esta vez la reacción fue impresionante: sorpresa, consternación, solidaridad y bronca. Te preguntaban ¿y qué hizo el gobierno? Nos agradecían que alguien esté haciendo algo”. El volante tenía la pregunta que nadie responde: “¿Y Julio López?”
Adriana integra el Encuentro que desde hace años viene coordinando con cientos de organizaciones las marchas de los 24 de marzo, aniversario del golpe militar. “Pero además hemos tomado este tema desde la desaparición de Julio. Este es un caso que va a ser estudiado a futuro como un ejemplo de todo lo que pueden hacer el poder judicial y el poder político para entorpecer una investigación: es un monumento a la impunidad”.
Adriana agrega otra cuestión, ¿un posible punto en común?: “Este es un momento de fragmentación del campo popular, con el llamado conflicto del campo y demás. Nos parece importante dejar de lado diferencias fuertes que todos podemos tener, pero unirnos para reclamar por la aparición con vida de Julio y denunciar la complicidad y encubrimiento alrededor de esta causa.
¿Por qué el caso Etchecolatz fue histórico?
Adriana Calvo misma fue secuestrada y desaparecida durante la dictadura, parió a su beba en un móvil policial, y desde siempre (CONADEP y juicio a las juntas militares de 1985) ha sido una de las testigos centrales con respecto al accionar de la Policía Bonaerense, comandada por el general Ramón Camps secundado por el Comisario Miguel Etchecolatz, responsables de convertir a la provincia de Buenos Aires en una carnicería que no obvió el homicidio, la desaparición, la tortura sistemática, y el robo de bebés.
A su vez el juicio a Etchecolatz hace dos años tuvo a Jorge Julio López como uno de sus principales testigos. “Y no es casualidad que hayan apuntado al testigo de una causa que fue un enorme triunfo, un hecho inédito en la historia de la humanidad. La cadena perpetua a Etchecolatz por delitos cometidos en el marco de un genocidio. Fue la primera vez que un juez, un tribunal, reconoce la existencia de un genocidio en su propio país. Nunca había ocurrido. Siempre los reconocimientos de genocidio estuvieron dados por tribunales extranjeros. La desaparición de Julio se da justamente en el marco de un enorme impulso y aprobación popular sobre estos juicios, y para frenar ese avance. Lo que debió ser una profundísima discusión alrededor del al figura del genocidio, se desplazó a centrar la atención en la búsqueda de Julio”.
Cómo se construye el monumento
Así puede contarse sintéticamente el estado de las cosas, según Adriana Calvo: “En el poder judicial provincial, se dedicaron centralmente a no hacer nada. ninguna línea de investigación, permitir todas las irregularidades habidas y por haber de la policía Bonaerense, la Policía Federal, la SIDE (a la que siempre se nombra en femenino pero es el Servicio de Inteligencia del Estado) o el Servicio Penitenciario”.
Un caso: los presos policiales (Etchecolatz y compañía) supieron en el penal de Marcos Paz sobre una inmediata requisa, tema que sólo conocían el propio juez y el ministro de justicia de la Nación, Alberto Iribarne: “La responsabilidad de Iribarne fue directa. Los presos escondieron todo, casi le tomaron el pelo al juez Arnaldo Corazza dejando tarjetas de celulares, pero ningún teléfono. Fue tan grosero, que la segunda vez el juez no le avisó a Iribarne, y así se pudo encontrar el libro de guardia falsificado, ingresos de personas con distinto nombre y el mismo DNI, visitas no asentadas, y la comprobación de que tenían computadoras, celulares y toda clase de prerrogativas”. Puede recordarse que los que participaron en esas investigaciones salieron diciendo –sin darse a conocer- que “si algún lugar es bueno para pergeñar un secuestro, es el penal de Marcos Paz”. Allí, además, los funcionarios judiciales observaron que Etchecolatz principalmente, y otros 40 policías procesados por delitos de lesa humanidad eran tratados por sus guardianes como héroes. “Por esas cosas hablamos de monumento a la impunidad”.
Sala VIP
Adriana relata que se abrió una causa por esa situación VIP para personas condenadas en el marco de un genocidio. “Quisimos imputar al propio Iribarne, pero hace poco se declaró la falta de mérito de todos los imputados. No hay ningún funcionario que haya pagado por toda la serie de irregularidades. Ahí se ve la responsabilidad del poder político, que no ha hecho nada al respecto”. Otro dato: “La causa estuvo mucho tiempo en manos del comisario Oscar Farinelli, que entró a la policía en 1973, a la Dirección de Inteligencia, justamente durante la dictadura”. Los avances logrados por Farinelli pueden ser imaginados por cualquier lector.
¿A quién le conviene la impunidad?
El razonamiento de Adriana apunta a responsabilidades del gobierno, pero el gobierno puede ser visto como una víctima más de la desaparición de López. “Depende de lo que tenga que pagar a cambio. Por supuesto que el gobierno no fue el que secuestró a Julio, sería absurdo pensarlo. Pero sí pensamos que el gobierno sabe hace mucho tiempo que fue la policía, y debe saber quiénes de la policía, pero decidió en algún momento que esos autores quedaran impunes, a cambio de la así llamada gobernabilidad de la fuerza”. Los que ven esta perspectiva, aseguran que son demasiados los implicados potenciales, y todos en actividad. Por otra parte el tema de la “gobernabilidad” forma parte de la historia argentina de las últimas décadas, donde la Bonaerense funcionó en un marco de negociaciones con el ámbito político, intercambiando libertad para negocios varios, por cierta tranquilidad pública. (El crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas fue un botón de muestra de lo que se puede esperar de estos representantes de la ley).
Adriana: “El primero que habló de eso fue Felipe Solá, todavía como gobernador. Julio desapareció un lunes. El viernes ya estábamos haciendo una marcha multitudinaria en La Plata bajo una lluvia torrencial. Solá nos recibió y dijo una frase que me resonó como una cuchillada pero no logré entender en su integridad. Dijo: ‘Está en peligro la gobernabilidad de la fuerza’. Ahí ya lo tenían claro. Dos años después lo tenemos claro todos. Mucha gente dice: ¿cómo puede ser que el ‘gobierno de los derechos humanos’ –por favor poné comillas- no quiera llegar a fondo con el caso de Julio López? Y bueno, parecería que el gobierno prefiere aceptar ese costo y garantizar así el funcionamiento de la bonaerense. Y desde mi punto de vista eso incluye tenerla en disponibilidad para la represión de los reclamos, las huelgas, las marchas y cualquier forma de protesta”.
¿No hay avances en la justicia?
Adriana Calvo considera que los juicios que se están llevando adelante representan un triunfo, “pero un triunfo de las luchas, las movilizaciones, la constancia, lo justo de los reclamos. Kirchner no impulsó la anulación de las leyes de impunidad porque sí, ni porque le preocupara de antes, porque busqué y busqué y no encontré una sola manifestación previa suya sobre estos temas. Hay que valorar ese logro de la movilización y la constancia. La desaparición de Julio se da en el marco de un enorme triunfo popular por esa cadena perpetua en el marco de un genocidio”.
Otro avance logrado en esta causa fue el cambio de carátula: “Con la causa en la Justicia Federal, se logró caratularla como Desaparición forzada de personas, lo cual significa que hay participación estatal”. (Un secuestro producido por extorsionadores no es desaparición forzada de personas, figura focalizada en la represión ilegal cometida por el Estado). Otro avance fue separar a la Bonaerense de la investigación. “Los jueces lo aceptaron pero con otros argumentos, la separan por inoperante, cuando para nosotros es cómplice”.
La mujer águila
El caso siempre fue contaminado de pistas falsas plantadas por los que pueden plantar pistas falsas, y además por toda clase de mediums y supuestos videntes cuyas pistas las fuerzas del orden siguieron con el mismo ahínco, o la misma hipocresía. En los primeros meses de búsqueda, una persona de nacionalidad peruana denunció que se comunicó telefónicamente con una amiga que vive en Perú. La “declarante” dijo que su amiga “por las noches se convierte en águila” y en uno de sus vuelos reconoció a Julio López en un campo cercano a La Plata. La declaración movilizó a tres comisarías y generó traslados, móviles, identificación de personas y declaraciones testimoniales. Mientras el águila volaba sobre América y la policía esperaba noticias, no se investigaba a los policías denunciados por López en sus declaraciones.
Primicia: los únicos acusados
Adriana Calvo cree que es casi un secreto que nadie conoce, pero hay dos imputados alrededor del caso. Un perro llamado Kintín, y el joven Fernando Grenno que pintó “Aparición con vida de Julio López” y fue procesado, por pintar, por “daño a la propiedad” y está esperando juicio oral. La pintada fue en 2007 en Río Bamba y Marcelo T. De Alvear de Buenos Aires, pero la inoxidable presteza policial permitió la captura del joven estudiante y militante de la agrupación Plan B de Ciencias Sociales (que hacía campaña por la aparición con vida de López). Fernando fue interrogado, requisado y quedó detenido durante diez horas en la comisaría 17º, lo dejaron ir por falta de antecedentes, y ahora debe esperar el juicio oral y público.
Kintín en cambio es un ovejero alemán. “Y es uno de los elementos que a través de parrafadas enteras utiliza la Cámara Federal de La Plata para demostrar la inoperancia policial”, cuenta Adriana. En el fallo firmado por los jueces Julio Reboredo, Alberto Durán y Alicia María Di Donato se lee, textual:
“Pero, si de hechos insólitos se trata, resulta de una manifiesta apatía que contraría el principio de rapidez inmerso en toda instrucción, la injustificada demora de casi un año y medio en descubrir que el can que «persiguió» las huellas y rastros de la víctima de autos aún desaparecida, se trata de una ejemplar de la raza Ovejera que solo cuenta con el instinto propio de su raza, mas no con el de la especialidad «búsqueda y rastreo», en tanto no se adoptó ninguna medida para tal logro; evidenciando una grosera negligencia que torna en utópica la tarea del can y su guía, merecedor del mayor de los reproches, ya que a partir de la pericia recientemente agregada surge nítidamente que no eran idóneos para haber descubierto los pasos seguidos por la víctima desaparecida de autos.
“Que sobrada elocuencia de la inoperancia investigativa en este proceso, surge del resultado de la pericia practicada por la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe obrante a fs. 5017/5018 cuando efectúa el estudio sobre can «Kintin», y de su guía el agente policial Adrián Badano. Para infortunio de la investigación, para desilusión de la familia López y de la comunidad toda, el broche de la actividad policial en esta causa se encuentra coronado con una desafortunada realidad.
“Ni el can, ni el guía policial demostraron ser aptos para cumplir eficazmente con la medida ordenada oportunamente, frustrándose el seguimiento de la pesquisa «Atalaya».
La conclusión de los jueces, una página más tarde, es: “Dichas circunstancias comprobadas de la causa nos convence que los errores por negligencia manifiesta que ha cometido la Policía de la Provincia de Buenos Aires en sus distintas etapas investigativas debe culminar con su apartamiento en el rol de investigadora, ya que no ha demostrado un desempeño convictivo, eficiente y profesional en este proceso”.
Conclusión: la Bonaerense fue apartada de la causa por la cuestión de Kintín.
La otra enseñanza de Kintín: la ficción de que se está haciendo algo, investigando e informando a la sociedad. El simulacro como estilo de desinformación y mentira.
De Julio López sigue sin saberse nada a dos años de su desaparición. Puede deducirse que las autoridades competentes seguirán investigando hasta las últimas consecuencias, para detectar quizá no a los culpables, pero sí al menos a los que pinten reclamando por la vida, o a los que crean estar oliendo cosas raras.
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Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
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Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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