Nota
Juicio por la represión del 19 y 20 de diciembre: El Poder Ejecutivo en el banquillo
El miércoles pasado terminó la primera indagatoria a Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad del ex presidente Antonio De la Rúa, el único cargo ejecutivo imputado por cinco crímenes ocurridos en las jornadas del 19 y 20 de diciembre. La declaración duró cinco extensas jornadas e incluyó preguntas de la fiscalía, los abogados querellantes y defensores, y del Tribunal que juzga presidido por el juez José Martínez Sobrino. Si Mathov había comenzado la indagatoria respondiendo con celeridad, en las últimas jornadas se lo notó irritado, en un tono de voz más elevado y contradiciéndose en cuestiones elementales: en la última audiencia respondió al Tribunal que ya tenía conocimientos de la represión a manifestantes el día 20 a media tarde, lo cual venía negando desde que comenzó este juicio. Este ejemplo es uno de los tantos que señalaron las querellas y que intentan marcar contradicciones de acuerdo a otras declaraciones del ex secretario, de las de otros imputados y testigos y de distintos tipos de pruebas (imágenes, llamadas, fax).
En última instancia, más allá de estos detalles, o precisamente lo que se juega en ellos, es cómo se prueba la responsabilidad penal de un cargo ejecutivo.
Mathov en el banquillo
Lo inverosímil
“Lo que él trata en su extensísima declaración es contestar a los planteos y contradicciones que se le marcaron ante sus evasivas”, es el balance de Rodrigo Borda, uno de los abogados de la querella del CELS. “Según su declaración es lo mismo que exista un secretario de Seguridad de que no exista”. El análisis de Borda recorta el accionar de Mathov según lo que no habría hecho: la responsabilidad ejecutiva se la endilga al ya fallecido Ramón Mestre, por entonces ministro del Interior, y con sutileza transfiere responsabilidad hacia abajo, cuidándose de no inculpar al comisario Rubén Santos – ex jefe de la Policía Federal- con quien parece tener un pacto de supervivencia.
Mathov se escuda entonces en su carácter de secretario federal, planteando que su tarea los días 19 y 20 se centró en solucionar los problemas de las provincias. Además de lo inverosímil que resulta que el secretario de Seguridad no esté al tanto del operativo represivo más grande desplegado en democracia en este país, quedan las preguntas sobre su papel en las reuniones y los señalamientos que hacen distintos testigos. “En dictadura gobiernan las fuerzas de seguridad; en democracia, lo que caracteriza a nuestra democracia en particular, es que las fuerzas de seguridad se cuadran a las personas que son votadas por los ciudadanos. Desde el punto de vista institucional es muy significativa la declaración de Mathov; que un secretario de Seguridad se desligue tiene efectos terribles. Es tanto como blanquear la autonomía de las fuerzas de seguridad”.
Autonomía represiva
En las distintas audiencias Mathov fue interrogado sobre las órdenes que impartió, las reuniones que mantuvo y la información que manejaba de los sucesos. La fiscalía intentó ser incisiva, pero careció de carácter para contrarrestar el clima desfavorable – los imputados y abogados defensores son mayoría en la sala- e incomodar a un Mathov que venía mostrando celeridad en sus declaraciones. El abogado del CELS Rodrigo Borda mantuvo, en cambio, un tono que no ocultó la confrontación – al punto que llegó a irritar al propio Mathov, ni hablar a su abogado- pero se mantuvo protocolar y concreto para señalar las contradicciones del imputado, utilizando a favor incluso las respuestas dadas a la fiscalía.
El procedimiento se vio entorpecido por el abogado defensor, que intervino reiteradas veces sin pedir permiso al juez, y también por el resto de los abogados defensores en una clara estrategia conjunta para contener a Mathov en la soledad del banquillo. Para dar una idea de lo que habilita la burocracia judicial, entre una pregunta de la querella y la respuesta de Mathov llegaron a pasar treinta minutos de dilación entre discusiones sobre el orden, la pertinencia, las valoraciones personales, en fin, sobre la modalidad de la indagatoria. El presidente del tribunal habilitó todos los planteos, pero se mostró firme en la actitud de dinamizar la audiencia.
A su turno, las defensas realizaron preguntas que no tendieron a incomodar a Mathov, sino a clarificar la situación de cada acusado para despegarse de la difusa distribución de culpas del ex secretario. El ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, el entonces Superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreotti, y el director general de operaciones, Norberto Gaudiero, son otros de los acusados por homicidio culposo en esta causa, además de otras causas conexas que buscan determinar la responsabilidad de 11 efectivos policiales como autores materiales.
Lo que está en juego
Las cuestiones más interesantes que se desprenden de la declaración del ex secretario Mathov son las siguientes:
Las órdenes. Mathov dijo no haber impartido ninguna orden en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, sino sólo haber transmitido (“repetido”) las directivas del ex Secretario del Interior, Ramón Mestre, hoy fallecido. De este modo su estrategia busca transferir la responsabilidad ejecutiva hacia arriba. Sin embargo, en declaraciones pasadas (recordemos que el juicio lleva ya 12 años) Mathov sí había reconocido la autoría de la orden que planteaba “desalojar” la Plaza de Mayo para cuidar el perímetro de la Casa Rosada, supuestamente en peligro.
Las tres fuerzas. ¿Qué fuerzas participaron del operativo desplegado? Es decir, a quienes se le dieron o transfirieron las órdenes. La discusión se centra en la presencia de Prefectura y Gendarmería en la reunión en que se ordenó el desalojo de la Plaza de Mayo. Mathov declaró no haber transmitido órdenes a esas fuerzas, sino sólo a la Policía Federal, y para explicarlo apeló a la dimensión de la mesa de la reunión: “No deben haber escuchado”. Según la información que maneja la querella no fue ésa la única reunión que mantuvo el ex secretario con altos mandos de las tres fuerzas de seguridad. Esa respuesta de Mathov no fue la única tibia de su declaración: ante una pregunta del Tribunal que cuestionaba por qué el ex presidente De la Rúa le había pedido que averiguase por medio de la policía si había muertos, Mathov respondió que “porque estaba más cerca”.
El Comité de Seguridad. ¿Se constituyó o no el Comité? Mathov dijo que no. En otra declaración menciona su conformación “de hecho”. La cuestión no es menor porque esa constitución tiene carácter decisional, y es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad confeccionar su agenda. Mathov argumentó que no pudo existir Comité porque no asistieron los miembros necesarios que la ley indica: gobernadores o responsables de seguridad de las provincias. Y mostró actas de reuniones en 2006 y 2007 que intentan demostrar cómo era su protocolo de formación. La contradicción de la querella marca que, si hubo comité, hubo responsabilidad; y si no lo hubo, también, ya que era una facultad propia de la secretaría a cargo de Mathov. Además, sobre el punto de la protocolización, el presidente del tribunal, Martínez Sobrino, preguntó astutamente si sobre las tareas que le delegó el ex ministro Mestre constaba alguna formalización por escrito. Mathov respondió: “No, no vamos a plasmar una conversación en escritura pública”, en tono jocoso. Sin embargo, la pregunta apuntaba a cómo Mathov maneja a su beneficio la protocolización o no de las órdenes. Por ejemplo, sobre el control de la policía y su fiscalización operativa respondió: “Para que yo tenga esa responsabilidad, el ministro me la tendría que haber delegado y esas delegaciones no se hacen así nomás, se hacen por escrito, por acto administrativo”. Entonces: cuando le conviene, hizo falta protocolización; y si no, ¿para qué hacerla?
El contacto con la SIDE. Al preguntársele acerca de si tuvo algún contacto con el organismo de inteligencia, Mathov dijo que no más allá de una reunión con su entonces titular, Carlos Becerra. Sin embargo, el CELS señaló que, según el cruzamiento de llamadas que dejaron los peritajes, el celular de Mathov recibió una llamada de otro celular cuya titularidad pertenecía a la SIDE. No sólo eso, sino que habría al menos un llamado más de una sociedad anónima asociada a la inteligencia, la misma que llamó en tres oportunidades al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, la madrugada del día 20. “Pregúntele a Santos”, fue la conclusión de este cuestionamiento.
Qué sabía. Mathov venía sosteniendo que él se enteró de los heridos en las manifestaciones el día 20, en horas de la tarde y por televisión. La madrugada del 19 Jorge Cárdenas ya había sido baleado en las escalinatas del Congreso, entre otros resultados de una represión que incluyó armas de fuego. El conocimiento que manejaba de los hechos es fundamental para entender la incidencia de lo que hizo y dejó de hacer. En la última audiencia confesó, ante una pregunta del Tribunal, que en una reunión pasada el mediodía con el ministro Mestre ya estaba enterado de la represión. La pregunta es entonces qué hizo ante esa información
Poder Judicial. Otro de los cambios de estrategia de Mathov fue transferir culpas al Poder Judicial a través de la figura de María Servini de Cubría, quien fue una de las juezas de primera instancia de esta causa. Mathov señaló que Cubría no pudo haber tomado su imputación, ya que fue partícipe de órdenes durante el día 20 de diciembre del 2001, por ejemplo a la comisaría 2°. El dibujo que trazó entonces es el de una conspiración en su contra, planteo que va en la línea de otras dos cuestiones que, dijo, ampliará en una segunda indagatoria: una interna policial y una teoría del complot para derribar al gobierno.
Muertos & Vivos
El abogado Borda plantea que De la Rúa, Mestre y Mathov, los tres cargos ejecutivos inculpados, “siempre funcionaron en bloque”. Hoy, mientras se estudia el sobreseimiento de De la Rúa y ya fallecido Mestre, la estrategia de Mathov cambió: “Nunca dijo que Mestre había dado la orden de evitar copamientos a la Casa Rosada: eso lo dice ahora”. Que los muertos contradigan a los vivos parece algo improbable. “Siempre había dicho que él había ordenado eso, pero que ´la orden fija un objetivo, no establece como hacerlo´. Después, cambió y negó tener conocimiento de nada. Ahora complejizo bastante su argumento. En 12 años fue rearmando la defensa”.
Aquella estrategia que planteaba que “la orden fija un objetivo” pero no define el ´cómo´ es una maniobra de un representante del Poder Ejecutivo para despegarse de homicidios concretos, que ahora Mathov debió cambiar. Es interesante este giro si lo leemos a la luz de los más de 12 años que tiene el proceso y que va en paralelo con discusiones que no son solamente jurídicas y que exigen avances en materia penal para cargos antes intocables. Así lo demuestran los juicios que investigan la muerte de Carlos Fuentealba, que trepa hasta Sobisch; la causa que recientemente negó el sobreseimiento a Mauricio Macri y otros funcionarios porteños por la represión en el Hospital Borda; y la del Parque Indoamericano, entre otras, que también investiga responsabilidades ejecutivas.
Negligencia o imprudencia
La figura que encuentra esta causa para encuadrar el accionar de Mathov durante el 19 y 20 de diciembre del 2001 es el carácter “culposo” de cinco muertes. Explica Borda: “La responsabilidad es culposa no porque esto es un accidente de tránsito o una mala praxis, sino porque conceptualmente al no poder acreditarse que De la Rua o Mathov dieron la orden de disparar a matar, nosotros planteamos que, sin embargo, eso no inhibe que se los puedan imputar a título de negligencia o imprudencia, como incumplimiento de sus deberes funcionales. No estamos discutiendo la responsabilidad política, estamos discutiendo si además es culpable penalmente. Por eso también se exige un nivel de precisión, de prueba y de requisitos para llegar a esa conclusión. La política es opinable y discutible; la penal, no. La sentencia penal fija un registro histórico”. Hacia allí va este juicio que, asegura Borda, ya ha servido para acercar jurisprudencia a los otros mencionados, que toman lo trabajado en este caso.
No se trata de ver a Mathov tras las rejas, o no sólo de eso, sino de definir límites a prácticas represivas estatales en materia de protesta social. “Quien debe hacer esto es el Poder Judicial. Es su responsabilidad. Y en la medida en que no le haga rendir cuentas a los funcionarios de eso, su poder se desdibuja”.
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MU 215: Sin chamuyo
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Crónicas del Más Acá: Parlantes
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MU 214: Mujer maravilla
Ella y sus dos hijos llevan glifosato en su sangre, al igual que muchos y muchas en
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La calle criminalizada: El derecho a la protesta en la era Milei-Bullrich
El teatro antidisturbios del presente: descontrol de las fuerzas represivas, cientos de heridos, detenciones arbitrarias, armado de causas, y un proceso judicial que poco tiene de justicia. Los casos de Milton Tolomeo y Eneas Gallo, aún detenidos por protestar el día de la Ley de Reforma Laboral, hablan de la impunidad con la cual se maneja el gobierno con aval de jueces y fiscales. Lo cuentan ellos, sus familiares y defensas en esta investigación especial.
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Década perdida: Marta Montero, mamá de Lucía Pérez
“Estamos como el día 1”. La frase de la madre de la joven asesinada en 2016 remite a aquel año: cuando denunciaron que dos narcofemicidas habían abusado y asesinado a su hija, hasta hoy, dos juicios después, pues la impunidad sigue consagrada. De motivar el Primer Paro Nacional de Mujeres a la decisión que tomó Marta ahora: estudiar abogacía. La injusticia como una tortura y la lucha como un tejido social que sigue en Mar del Plata, con un centro cultural, un bachillerato y un movimiento que no se amilana.
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La Cordobaza: 3J y el Ni Una Menos en la provincia de Agostina
La undécima edición del Ni Una Menos llegó a Córdoba con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. La gente salió a la calle bajo la lluvia once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta. Cómo se busca justicia.
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El modelo Redondo: El Indio Solari y la autogestión
¿Qué explica que una banda que rechazó las reglas de la industria se haya convertido uno de los fenómenos culturales más masivos de la Argentina? Desde la producción de sus discos hasta la organización de sus recitales, desde el vínculo con su público hasta la construcción de una comunidad capaz de sobrevivir a su propio fundador, la historia del Indio Solari y sus grupos también es la historia de una forma de crear, pensar, sentir y organizarse, con la autogestión como herramienta y filosofía de vida.
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Mundo Chueco: Jorge Chueco Romero, sacerdote de Ciudad Oculta
Es cura en Ciudad Oculta. Todos los miércoles acompaña el reclamo de jubilados en el Congreso, donde aguanta los palazos y el gas pimienta. No cobra la asignación de la Curia, sino que vive de su trabajo como obrero y albañil. Una “camicharla” entre los murales del barrio: qué hacer con la vida, Bergoglio, el Indio, el peronismo, y una lista de cosas importantes.
Por Sergio Ciancaglini
El trava power: Las Simbióticas
Nacidas en las sierras cordobesas, mezclan cumbia, humor travesti y compromiso político. Entre canciones, risas y reflexión, sus integrantes reivindican la construcción de redes, la diversidad y la alegría como forma de resistencia.
Por María del Carmen Varela
Ser de luz: Nina Suárez
Acaba de sacar el disco El lado oscuro, donde enfrenta algunos fantasmas y ausencias familiares y amorosas, acaso dos versiones de lo mismo. Lo hizo con un power trío que se suena todo. Ella compone, canta y toca la guitarra de una manera conmovedora y que remite inevitablemente a su madre, Rosario Bléfari. Breve semblanza de una artista capaz de brillar con la oscuridad.
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Crónicas del más acá: GPS
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La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina
Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.
Por Bernardina Rosini
El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.
El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.
Lo que no se puede creer
Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.
Varones
Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.
Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org
«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.
La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.
Dónde está Delicia
Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.
Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.
Justicia sin apellido
Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»
Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.
La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.
Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
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