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El dengue y los repelentes: en off side

La epidemia de dengue puso a prueba las ideas reinantes sobre la salud pública y la prevención. El negocio de los repelentes. El peligro de las fumigaciones. La empresa que sigue contaminando. Y los nuevos paradigmas de salud cotidiana, para vivir mejor.

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La epidemia de dengue puso a prueba las ideas reinantes sobre la salud pública y la prevención. El negocio de los repelentes. El peligro de las fumigaciones. La empresa que sigue contaminando. Y los nuevos paradigmas de salud cotidiana, para vivir mejor.

El dengue y los repelentes: en off side
El futbolista Pablo Aimar quiere patear un tiro libre y no puede: lo pican los mosquitos. Una familia intenta cenar y tampoco: ahora los insectos se han metido adentro de la casa.
Esta publicidad compuesta en dos actos conlleva una lectura urgente de la realidad: la proliferación del mosquito Aedes Aegipty, transmisor del dengue, el zika y la fiebre chikungunya, criado principalmente en el seno de los hogares.
¿Cómo se llama la obra? Un locutor corta y propone la solución: “Nuevo OFF, apto para dengue”.
Entonces Aimar y la familia se rocían del repelente, y comen y patean la pelota.

Paren de fumigar

El modelo de salud pública dibujado por el gobierno nacional durante la epidemia de dengue puso en la misma bolsa a los panfletos que llamaban a la gente a limpiar de sus hogares los criaderos del mosquito, como al uso de repelentes y a la aplicación de fumigaciones en espacios públicos. La demostración de que esta reacción oficial fue tardía (frente a una epidemia anunciada) se demuestra en que estas últimas dos políticas sólo previenen el mosquito adulto, y no actúan sobre las causas del problema.
El Ministerio de Salud de la Nación compró 15 mil litros de los insecticidas permetrina y diclorvos, según consta en el pliego de la contratación directa n° 30694167 con cierre el 3 de marzo de este año. Según amplió la Coordinación General de Información Pública y Comunicación a MU, estos pesticidas forman parte de un “kit” enviado por el Ministerio a las provincias más afectadas, acompañados también de repelentes. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la agenda de fumigaciones de “hospitales, escuelas, edificios y espacios públicos” (sic), es decir qué día y dónde iba a fumigarse, podía verse alegremente colgada en la web del gobierno municipal.
Las campañas oficiales se plantearon así en términos bélicos: se habló de “combatir” el dengue y se publicitó la acción con fotos de brigadas de fumigadores vestidos de astronautas y sus pistolas chispeantes de humo blanco.
Ése humo blanco es tóxico: la permetrina y el diclorvos son sustancias consideradas por la Organización Mundial de la Salud como “moderadamente peligrosas”, la segunda categoría toxicológica en cuanto a peligrosidad y con efecto “nocivo”. Distintas investigaciones asocian las consecuencias a su exposición en humanos con excitaciones en el sistema nervioso, convulsiones, temblores, alergias, malestares gástricos, alteraciones de conciencia y otras.
Un grupo llamado Voluntarios Civiles en Epidemia, compuesto por médicos de distintos hospitales públicos y privados, informó sobre las probables consecuencias residuales en el neurodesarrollo en niños y abrió una convocatoria en change.org pidiendo firmas para cortar la moda de la fumigación. Por su parte, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados también se pronunció en contra y denunció la inefectividad de la medida y la “falsa sensación” que genera de haber eliminado el mosquito.

Amigo de todo el Mundo

En el mismo pliego de los 15 mil litros de plaguicidas tóxicos y con carácter “urgente”, el Ministerio de Salud nacional ordenó también la compra de 35 mil repelentes para insectos “tipo crema”, luego distribuidos en distintos municipios del país. Si bien la Coordinación General de Información Pública y Comunicación no supo informar la cantidad total de repelentes comprados, la marca comercial de éstos y la cantidad de dinero gastado, MU recorrió distintos centros de salud porteños y todos recibieron la misma marca: OFF.
La relación entre el Estado y la empresa que produce OFF, Sc Johnson & Son, había tenido su bautismo el 28 de enero. Fue cuando la Secretaría de Comercio anunció un acuerdo de precios con diez cadenas de supermercados para descontar un 25% del precio normal del repelente. La marca era una sola y en un solo formato: el OFF Family de 165cm cúbicos, y salía $35.
El convenio incluyó, según revela el portal Infobae, la provisión del repelente a las ONG Fundación Sí y Mundo Sano, ésta última comandada por el magnate Hugo Sigman, CEO de Chemo Group (farmacéutica líder en el mercado), dueño de Le Monde Diplomatique, productor de Relatos Salvajes, entre otros berretines empresariales.
La Fundación Mundo Sano hace campañas contra “enfermedades desatendidas”, principalmente chagas y dengue, metiéndose de lleno en cuestiones de salud pública como provisión de equipos a hospitales y tareas en comunidades locales. Desde esta hibridación, Sigman pisa fuerte en el Ministerio de Salud desde antes del cambio de gobierno, e incluso el periodista de La Nación Carlos Pagni sugirió en una de sus columnas que el empresario de los laboratorios influyó en que José Cano no fuera el ministro de Salud como se había anunciado.
Pocos meses antes que Jorge Daniel Lemus fuese nombrado el Ministro, el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas del cual él era director científico organizó un simposio junto a la Fundación Mundo Sano de Hugo Sigman. El tema: “Enfermedades desatendidas”.
El círculo cierra al clickear sobre el apartado “Alianzas estratégicas” de la web de la fundación Mundo Sano, donde se revela que “apoya” su labor la empresa Sc Johnson & Son, productora del OFF.
En Argentina existen 3 marcas conocidas de repelentes contra mosquitos. En Uruguay, para dar una idea, existen más de 20. Aquí sólo la marca OFF tiene 8 variantes de productos según consistencia, edades y duración. “El OFF es como la Coca-Cola”, sintetiza un gerente de ventas de los laboratorios que producen productos de limpieza e higiene. “Por más que pongas 10 marcas al lado, hoy ésta ya está instalada no sólo a nivel marketing, sino en la cantidad de producción: te llenan la góndola”.
La empresa que produce este repelente, SC Johnson & Son, es una firma con sede en Wisconsin que aglutina otros productos como Lysoforom, Mr. Musculo, Glade, Raid, Blem Fuji y otros. En su lema se promocionan como una “Family Company” pero son en verdad una de las empresas líderes en higiene y limpieza en el mundo: sus productos se venden en más de 72 países y sus ganancias estimadas son de 7.5 billones de dólares, según sus propias confesiones.
En Argentina, antes del 2013 los repelentes de SC Johnson & Son sólo competían contra los productos producidos por las cadenas de supermercados. Desde ese año apareció el grupo Qeruclor – una empresa argentina autora de marcas como Querubín – a disputar en las góndolas con el repelente Trap. Según esta empresa, las ventas de Trap aumentaron este año más del 60% con respecto a enero del 2015 y “en dos años captamos un 15% del negocio”. Alrededor del 80% sigue estando del lado de Johnson.
Antes de la entrada de Queruclor al mercado otro laboratorio argentino ya había intentado competir con el monopolio: WD SRL diseñó un repelente que, ya en la etapa de ser comercializado, fue frenado por la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica(ANMAT). La producción incluía tres tipos de repelentes (en crema, en gel y con aloe de vera), todos ellos prohibidos ante una inspección “no programada” de la ANMAT a la planta del laboratorio. Este laboratorio, que mantiene otros productos en el mercado relacionado a lociones capilares, se limitó a contestar a MU que en aquel momento “no cumplían con los requerimientos”. Pero la otra firma involucrada en el negocio en la parte de ventas recordó al suceso como “totalmente injusto” producto de una “inspección mal intencionada”.

La planta contaminante

Muy lejos de Wiscosin, en Pablo Podestá, hay un olor dulzón flotando en el aire. Lo advierten quienes llegan desde otros lugares, ya que los podestenses ya no perciben la diefrencia. “La vara de tolerancia a los químicos sube cada vez más”, indica Ángel Navarro, vecino de Podestá que vive a menos de cien metros de la planta que Johnson supo tener en el barrio durante más de 40 años, produciendo todo tipo de productos químicos.
El olor que flota en el ambiente proviene de adentro, ya que si bien Johnson se fue, aún subalquila el predio para que otras empresas utilicen las instalaciones. Desde afuera parece no haber rastros del gigante de Wiscosin, pero si uno afina la vista, un tanque enorme mantiene un borroneado logo de Johnson. “A ese tanque lo dieron vuelta, para que el logo no se vea desde afuera”, relata Navarro sobre el espejismo. Así se grafica la huida que encaró la empresa en el año 2007 hacia el Parque Industrial Pilar, ante una catarata de denuncias por contaminación ambiental.
El garaje de los Navarro lleva una inscripción que hoy parece anacrónica, pero no lo es: “Denuncie a Johnson”, y los números de teléfono de la comisaría. Al lado, una pequeña puertita da entrada a la base operativa de la ONG Terratox, la principal denunciante y divulgadora de la información que prueba la contaminación de los habitantes, el agua, la tierra y el aire de Podestá.
Según la página de Jhonson, la empresa desembarcó en tierras bonaerenses en 1963 ya instalada como la primera en el país en fabricar aerosoles. En ese momento no existían los chalets y las casas humildes que hoy habitan a sus alrededores, y es por eso, cuenta Ángel, que la empresa tiene el síndrome de Cristóbal Colón: “Se jactan de haber fundado Podestá”. Ángel, que es docente de arte en las escuelas de barrio, se ríe y dice que lo que de verdad ilustra la antigüedad de Johnson en la localidad son las seis manzanas que ocupa su planta, rodeadas por un muro de ladrillos que se pierde en el horizonte.
A pesar del perfil bajo de Podestá, la estadía de Johnson no pasó desapercibida: su planta tuvo tres accidentes ambientales, uno más grave que el otro. En 1994, con una fuga de ácido metacrílico inhibido que inundó el barrio. En 1999, también con derrames y focos de incendio. Y la última y más grande el 25 de febrero del 2004, un incendio que requirió el trabajo de casi 50 dotaciones de bomberos. Esa madrugada, los aerosoles de Johnson salieron disparados como cañitas voladoras y tapizaron los techos, jardines y patios de las casas del barrio, hasta tres cuadras a la redonda.
También de esa noche los vecinos recuerdan a un cronista de anteojos que, micrófono de TN en mano, cubría el incendio desde el lugar de los hechos. Los adjetivos abundaban y, en cambio, había algo que el notero obviaba: el nombre de la empresa que había producido el desastre. “¡Decí el nombre!, ¡decí que fue Johnson!”, le empezamos a gritar”, cuenta Ángel, hasta que el novato notero sinceró: “Si digo el nombre no trabajo más acá ni en ningún lado”.
“Y tenía razón”, cierra Ángel. “Hoy sigue trabajando en TN y es conductor del noticiero. Era Sergio Lapegüe”.

Caso archivado

Cuando ocurrió la lluvia de aerosoles, Ángel ya sabía que tenía en su sangre fenol, benceno y mercurio por niveles fuera de lo normal. “Me tocó un médico con experiencia en medicina laboral y me dijo que lo que yo tenía se encontraba en los operarios industriales expuestos a este tipo de tóxicos. Estamos hablando de gente que labura ocho horas de lunes a viernes”, relata. “Bueno, nosotros vivimos acá”.
Corría el año 99. Ángel mandó a su señora y sus hijos a hacerse los mismos estudios que él se había hecho, y también logró convencer a otros vecinos. “Todos teníamos lo mismo”, sintetiza pero recuerda cuál fue el caso más grave: el de su hija. “Tuvo problemas respiratorios y hasta le salieron dos quistes a la altura del fémur”, relata con una mezcla de compunción y orgullo porque, a pesar de todo, su hija hoy tiene 25 años y lo convirtió en abuelo.
“Por un lado ocurrieron los accidentes, los incendios y explosiones que nos sometieron a intoxicaciones agudas”, dice sobre las causas de esas enfermedades. “Y por otro, la contaminación crónica que es silenciosa, de todos los días”. Con la evidencia reunida, abrió ese mismo año una causa judicial contra SC Johnson & Son por presunta infracción a la Ley 24051 de Residuos Peligrosos.
La causa se asentó en el fuero federal y, 8 años más tarde, llegó a convocar a indagatoria a toda la plana mayor de la empresa, imputados por las consecuencias de los accidentes químicos de 1999, 2004 (confirmado por una pericia de la Gendarmería Nacional) y por el impacto ambiental cotidiano. “Lo único que hizo Johnson en el marco de esa causa fue presionar para que pasara al fuero provincial”, cuenta Ángel sobre la defensa, que se pareció más bien a algún tipo de cobro de favores. “Y lo lograron: a la semana siguiente de que los directivos declararon, y luego de 9 años de causa, el juez se considera incompetente y dicta que la causa pasaba al fuero provincial”.
En la justicia provincial la causa duró un año y medio, archivada en el 2009. Dos años antes, la empresa Johnson ya había huido de Podestá, dejando alquiladas sus instalaciones y latente el daño ambiental. “Cuando se fue la planta, en el imaginario de la gente se acabó el problema. Pero ahí donde estuvo la planta quedó una mancha viva y actuando: llegando a las napas y extendiéndose siempre en pendiente, en dirección al arroyo Morón”, una de las cuencas más contaminadas del país.
La ONG Terratox considera que la asociación de la contaminación de Johnson con las enfermedades “es una batalla perdida”, pero sigue sosteniendo el grito de la “contaminación continuada” que la ex planta de Johnson generó y sigue generando en Podestá. Un último estudio elaborado por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en 2013 llamado “Informe del Estado de Situación Ambiental del Suelo de Pablo Podestá” le da la razón: AySA encontró niveles de benceno, fenol, mercurio e hidrocarburos por encima de los niveles guías establecidos para calidad de suelo de uso residencial.
Más allá de Podestá y más acá que Wiscosin, 17 personas fabrican un repelente propio para todos los centros de salud de la Ciudad de Córdoba. Son el equipo del laboratorio municipal y demostraron, así, que la decisión de sostener la producción pública de medicamentos rinde sus frutos ante estos casos epidémicos.
“Comprar el repelente era muy caro”, sintetiza la directora de la farmacia de la Municipalidad, Belén Botazo. “Hicimos la prueba hace 4 años, nos salió fantástico y nos ahorramos mucho dinero”. El cálculo que hace Botazo habla de hasta un 70% menos de gasto en repelentes gracias a esta iniciativa.
En lo que va del 2016 el laboratorio municipal produjo cerca de 50 mil repelentes en crema, frente a 20 mil producidos el año pasado. “Es exactamente igual que el más conocido: tiene la misma concentración y la misma droga”, cuenta Belén.
En la Ciudad de La Plata se replicó este año la experiencia “ante la falta de repelente en algunas salas sanitarias”, relata Lucía Vottero, estudiante de biotecnología en la UNLP y parte del proyecto. Así, en el marco de la Universidad se diseñaron alrededor de 80 litros de repelente que fueron destinados a salas de salud y también a los estudiantes que caminan por las boscosas universidades platenses.
“No hace falta de fórmulas mágicas ni de fábricas extraordinarias”, sintetiza la médica Botazo. El Director General de Salud del municipio, el doctor Adrián Slavin, plantea lo que sí hace falta: “Decisión política. Es una política que acompaña a otras, porque más allá de los repelentes y las fumigaciones que hacen las provincias la medida más eficiente es el descacharreo”.

A descacharrear

La epidemióloga Silvana Figar, el investigador Nicolás Schweigmann, el sanitarista Mario Rovere y otros médicos y biólogos consultados por MU coinciden en que la solución de fondo para evitar la cría del mosquito es la acción de la gente.
Para ello no parecen alcanzar los folletos normativos que indican con el verbo “hacé”, ni tampoco el discurso bélico de “combatir” la epidemia: “Vos no te lavás las manos o cepillás los dientes para combatir las bacterias”, compara Schewigmann, parte del Grupo de Estudio de Mosquitos. “Lo que hacés es un acto de higiene básico”.
Junto a un grupo de seis investigadores de distintas disciplinas Nicolás lleva adelante un blog llamado Dengue In Foar en el que abordan las distintas complejidades del Aedes Aegipty, sobre todo desde la perspectiva de que las enfermedades que transmite no existen en ambientes naturales: son producto de la contaminación urbana. Es decir: producto de cómo vivimos. “El ambiente donde vivimos no necesita que se combata, en cambio necesita es que lo comprendamos mejor”, cierra Nicolás.
Silvana Figar, como parte del Equipo de Epidemiología del Hospital Italiano llama a hacerse cargo del problema pero no en un sentido idealista ni mucho menos señalador: usa la figura del “multiplicador” como aquél capaz de replicar y explicar la necesidad de actuar casera y domésticamente para eliminar los focos de cría del mosquito.
El médico sanitarista Mario Rovere, ex viceministro de salud de la Nación, da sustento a esta teoría práctica: “La salud pública hubo un debate muy importante en la década de los 80: unos decían “salud para todos” y otros “salud con todos”. Ese “para” en cierta manera lo que decía era: dejen que el Estado se ocupe. La salud pública, si uno lo piensa en términos focaultianos, tiene una lógica panoptista: ha sido, desde prácticamente mitad de siglo 19, parte consustancial de la organización del Estado moderno. Pero esa salud pública necesita cambiar porque también ha cambiado el tipo de enfermedades contra las que se lucha. En muchos casos tenemos problemas que no es que la sociedad puede suplir al Estado, pero en algunas dimensiones lo hace definitivamente mejor: hoy hay grupos de autoayudas vinculados a enfermedades específicas donde el paciente sabe más que el profesional que lo trata. Ese juego de si estamos hablando de una convocatoria a la sociedad o de la vieja policía sanitaria se da en el contexto de una transición donde empezamos lentamente a ver que los problemas de salud pública son tan complejos que hoy en día hay que pensar en alianzas fuertes entre la sociedad y el Estado. Responsabilizar a la población no es la idea, sino convocar, explicar. Y explicar a un nivel que resulte comprensible y atractivo”.
Dicho de otro modo: no patees la pelota.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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