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Gabinete y modelo extractivo: el perfil de los nuevos ministros

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Minería, agronegocios, fracking, glifosato: símbolos de un modelo que ha generado resistencias a lo largo de las últimas décadas en Argentina. El nuevo gabinete, y algunos puntos de continuidad con las políticas anteriores. Por Darío Aranda

Alberto Fernández continuará una política de Mauricio Macri: la explotación de recursos naturales, con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Lo había adelantado en la campaña electoral. Y lo ratificó en el armado de su Gabinete. Desde el Ministerio de Ciencia hasta Agricultura, de la Secretaría de Minería a YPF. Los funcionarios cambian, el extractivismo continúa. Los antecedentes de los ministros de las áreas claves para el modelo extactivo

Roberto Salvarezza, Ciencia

Gabinete y modelo extractivo: el perfil de los nuevos ministros

Fue presidente del Conicet entre 2012 y 2015. Estuvo alineado en la política científica marcada por su amigo Lino Barañao. El entonces Ministro influyó para que lo elijan al frente del Conicet. Eran tiempos de un presupuesto en ascenso para el sector científico, donde no solía haber manifestaciones en el edificio de Godoy Cruz al 2300 (Palermo), sede del Ministerio. “Hubo un incremento del financiamiento, que nos ha parecido beneficioso pero también paralizó cualquier postura crítica. Se dio aval a una política científica a cambio de más recursos. Entonces no sorprende que Barañao justifique el uso de agroquímicos, los compara con los antibióticos y ningún científico le salga al cruce (…) Es de una enorme irresponsabilidad no ver las consecuencias de fomentar este modelo de ciencia”, describió la investigadora del Conicet y la UBA Mirta Varela en diciembre de 2015.

Barañao y Salvarezza tuvieron coincidencias en impulsar un modelo de ciencia que quedó plasmado en el documento oficial llamado Plan Argentina Innovadora 2020, presentado en 2013 en Casa de Gobierno, basado principalmente, en la “biotecnología” -no mencionan la palabra “agronegocio”-, la megaminería -oro, plata, litio- y el fracking de YPF.

También tuvieron una coincidencia menos publicitada: ambos atacaron y desprestigiaron al científico Andrés Carrasco, que en 2009 había confirmado el efecto letal del herbicida glifosato.

Carrasco era uno de los más reconocidos científicos en su especialidad -había sido presidente del Conicet y era director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA- cuando cometió el pecado de no quedarse encerrado en su laboratorio ni de contentarse con un paper científico, que sólo lee un círculo mínimo de académicos. Denunció el efecto del agrotóxico en un diario de tirada nacional y comenzó a visitar distintas ciudades del país, acompañado por asambleas socioambientales y pueblos fumigados.

Barañao lo descalificó en programas de televisión y congresos públicos de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). Salvarezza fue más sutil. Lo boicoteó dentro del sistema científico, bloqueando posibles subsidios, desprestigiándolo ante pares y, la última estocada, como observador cómplice de una comisión que le negó la promoción en el escalafón científico del Conicet, cuando Carrasco -en 2013- había solicitado su promoción de Investigador Principal a Superior. Lo evaluaron tres personas. Una especialista en filosofía budista -Carmen Dragonetti-, un científico ligado a las empresas de agronegocios -Néstor Carrillo- y un académico denunciado por su rol durante la dictadura -Demetrio Boltoskoy-.

Carrasco se reunió con Salvarezza. Cuestionó lo insólito e irregular de la comisión evaluadora. Y exigió una reconsideración. Incluso propuso nombres de científicos ajenos a cualquier conflicto de intereses. “Al presidente del Conicet (Roberto Salvarezza) le cabe toda la responsabilidad de haber firmado la resolución que niega mi promoción. Ni siquiera echó una mirada sobre cómo fue el procedimiento. Él sabe que al firmar convalidó la injusticia”, denunció Carrasco a fines de 2013. Y apuntó al modelo científico: “El Conicet está absolutamente consustanciado en legitimar todas las tecnologías propuestas por corporaciones, modelos de hacer ciencia que implica un profundo y progresiva asociación con la industria. Ellos (Barañao y Salvarezza) promueven un modelo de investigadores al servicio de empresas, de patentes, de formación científica con transferencia al sector privado”.

Carrasco falleció el 10 de mayo de 2014. Salvarezza, ni ningún otro funcionario del Conicet, le contestó su pedido de reconsideración del dictamen de promoción.

Salvarezza se distanció de Barañao con la llegada del macrismo. En 2017 hizo campaña junto al kirchnerismo para ser diputado nacional, cargo que obtuvo. Siempre reivindicó la ciencia cómo aliada de la minería, de la explotación de litio, del agronegocio y de la explotación petrolera. Aunque en las últimas entrevistas (ya como Ministro de Ciencia de Alberto Fernández) se aggiornó: ahora también menciona el cuidado del ambiente y el “diálogo” con las organizaciones territoriales. Propuesta similar a la que tuvo en su inicio de gestión Sergio Bergman, secretario de Ambiente de Macri.

Luis Basterra, Agricultura

Gabinete y modelo extractivo: el perfil de los nuevos ministros

Gildo Isfrán es gobernador de Formosa desde hace 24 años. Cumplió otros ocho años como vicegobernador. Acaba de asumir su séptimo mandato. El primero fue en 1995. Controla el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los medios de comunicación y todo lo que pueda ejercer un mínimo control sobre las políticas de gobierno. Policías y punteros políticos ejercen un aparato de vigilancia y represión contra los opositores. Solo los que no pisaron Formosa pueden ignorar esto.

Insfrán es oficialista de todos los gobiernos nacionales. Su mayor exposición estuvo dada en noviembre de 2010, cuando la policía provincial reprimió a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh -La Primavera- y produjo dos asesinatos: el abuelo qom Roberto López y el policía Eber Falcón. El conflicto se nacionalizó cuando la comunidad acampó durante meses en la porteña Avenida de Mayo y 9 de Julio.

En junio de 2011, cuando estaba en plena campaña para ser diputado nacional, Luis Basterra describió la realidad formoseña: “Insfrán encaró una profunda transformación en la provincia, dejando de ser olvidada, con altísimas potencialidades que son hoy una realidad concreta”. Ya como diputado, Basterra fue la mejor espada de Gildo Insfrán en el Congreso Nacional. Hizo numerosas defensas de su jefe político. En 2013, con el conflicto aún latente del Pueblo Qom, Basterra fue uno de los impulsores de una solicitada en defensa de Insfrán: “Un nuevo ataque al Gobierno Nacional encarnado esta vez hacia el pueblo y gobierno de Formosa”. Firmada por los legisladores de Formosa que responden al Gobernador, rechazaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos con argumentos insólitos: “Un feroz ataque mediático en el marco de una campaña sistemática hacia todos aquellos gobernantes y líderes populares que desde siempre apoyaron y sostienen a este modelo nacional”. Acusaba a los medios de comunicación de “esconder la política inclusiva más abarcativa del país hacia las comunidades aborígenes”.

El escrito calificaba a Gildo Insfrán como un defensor de los derechos indígenas y retrucaba a los críticos: “Desprecian la voluntad popular, representada por ocho de cada diez formoseños que apoyan este modelo, porque en definitiva (lo denunciantes) no son democráticos”. Luego de las elecciones de octubre pasado, cuando Insfrán obtuvo su séptimo mandato consecutivo, Basterra celebró: “El pueblo nuevamente reconoció el modelo formoseño que encara el Gobernador y acompañó el modelo de país que queremos. Ganó la democracia, ganó la voluntad popular”. Basterra juró como diputado en el Congreso Nacional el 4 de diciembre de 2019. En su cuenta de Twitter exhibió el video del momento y en su escrito fue elocuente: “Sí, juro. Por la patria, por nuestra provincia de Formosa y por nuestro gran gobernador y conductor Gildo Insfrán”.

También jugó un papel central en el avance del algodón transgénico cuando era ministro de Producción de Formosa y luego, como vicepresidente del INTA. En 2008 el gobierno nacional aprobó la primera semilla de algodón. Fue luego de que las cámaras empresarias del sector, con impulso de los gobiernos de Formosa y Chaco -principal zona algodonera- firmaran un acuerdo para “el desarrollo sustentable” de las nuevas semillas.

“Lo que el productor siembre finalmente va a poder cosechar. Y si partimos de semillas que son de calidad y certificadas, que es lo que nosotros como provincia venimos haciendo desde hace bastante tiempo, se garantiza que el esfuerzo del productor tenga una producción acorde”, celebró

Basterra el 21 de agosto de 2009, en el marco de una reunión para difundir el uso de las semillas de algodón transgénico. Y afirmó: “Argentina pueda acceder a la máxima genética que existe en el mercado mundial, vinculado a algodones que tienen cualidades sobresalientes, como en el caso de aquellos que son resistentes a plagas y a herbicidas”.

El algodón transgénico reemplazó casi por completo al cultivo tradicional. Y aumentó la dependencia de los productores a la compra de insumos, en dólares. La empresa beneficiada es la dueña de la semilla y proveedora de los agrotóxicos: Monsanto.

Desde la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados Basterra siempre se mostró dispuesto a tratar una nueva ley de semillas, solicitada por las grandes multinacionales del agro y rechazada por los sectores campesinos. Y reclamó una ley de “fitosanitarios” (no los llama agroquímicos ni muchos menos agrotóxicos), para dar “seguridad jurídica a la producción agropecuaria”.

Albeto Hensel, Minería

Gabinete y modelo extractivo: el perfil de los nuevos ministros

En plena campaña electoral Alberto Fernández afirmó que su modelo para minería sería San Juan, donde la minera Barrick Gold opera el proyecto Veladero e impulsa Pascua Lama, emprendimiento binacional frenado por una medida judicial en Chile. Su enorme poder quedó en evidencia cuando Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley de glaciares (2008). Alberto Fernández era Jefe de Gabinete.

Enrique Martínez, entonces presidente del INTI y parte del oficialismo, lo bautizó como “el veto Barrick”. Finalmente, dos años después la ley volvió a aprobarse en el Congreso Nacional.

Las asambleas socioambientales de San Juan y de toda la cordillera desmienten desde hace años las falsas promesas de “progreso” de mano de la minería. Jáchal en San Juan y Andalgalá en Catamarca son la prueba viva del desastre minero.

Barrick Gold también ocasionó el mayor desastre minero de la historia de Argentina. El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.

En 2018, La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.

La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5). Los análisis de la Universidad de Cuyo muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.

A pesar de la situación en San Juan, Alberto Fernández nombró como secretario de Minería de Nación a Alberto Hensel (que ocupaba el mismo puesto, pero en la provincia). Una veintena de asambleas socioambientales (encabezada por las de Jáchal No Se Toca y El Algarrobo –de Catamarca–) escribieron una cara pública al Presidente: “Nos dirigimos a usted a fin de hacerle llegar nuestra preocupación ante la designación de Alberto Hensel. Resulta al menos inoportuno tener en cuenta a un reconocido lobbista megaminero para que cumpla función pública, lugar reservado para quienes deben representar los intereses de la gente, no de las corporaciones transnacionales”.

“Hensel sostiene la impunidad de Barrick Gold por sus innumerables derrames contaminantes en Veladero, es el mismo que discrimina a grupos ambientalistas diciendo que ni siquiera se debe debatir con ellos, el que impidió que el pueblo de Jáchal se exprese en una consulta popular, el que coopta instituciones desde su cargo plenipotenciario otorgado por el gobernador Sergio Uñac, el mismo que ya reconoció que busca la destrucción de la Ley de Glaciares”, denuncian en el escrito público.

Además de las asambleas de San Juan y Catamarca suscriben organizaciones de Córdoba, Santa Cruz, La Rioja, Chubut, Jujuy, Mendoza y Salta, entre otras. Afirman que Jáchal es más pobre que antes de la minería, su economía regional ha sido destruida, y que la minería solo generó contaminación y abuso de poder. Exigen recuperar el perfil agroindustrial y turístico de la provincia. “La corporación megaminera es vergonzosa en San Juan, el papel desempeñado por los funcionarios es patéticamente repulsivo. No podemos evitar sentirnos insultados cuando se premia a esta clase de políticos y se pone como ejemplo el manejo feudal de esta provincia”, denuncian las organizaciones en su carta a Alberto Fernández.

Guillermo Nielsen, YPF

Gabinete y modelo extractivo: el perfil de los nuevos ministros

Es un economista/consultor muy conocido dentro del ámbito de las finanzas, pero muy poco en la sociedad. Comenzó en la noeliberal Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), fue gerente del Grupo Socma (familia Macri), director del Anses durante el gobierno de la Alianza y en 2005, referente en la negociación de la deuda externa argentina. Estuvo luego en el espacio político de Sergio Massa: fue precandidato a Jefe de Gobierno porteño. Es hombre de consulta de Alberto Fernández desde 2005.

En octubre pasado Nielsen presentó su plan de “blindaje” para Vaca Muerta. Difundido por la prensa con eufemismos – “medidas para atraer inversiones” y “seguridad jurídica”-, se trata de ventajas para las grandes empresas petroleras: libre disponibilidad de los dólares, exportar libremente (sin sujetarse a la obligación de priorizar el mercado interno), estabilidad tributaria (que no se modifique ningún impuesto a futuro), eliminación de impuestos para importar y contratos especiales que faciliten las demandas al país en tribunales internacionales.

En Vaca Muerta viven y trabajan desde hace generaciones más de veinte comunidades mapuches, que exigen se cumpla la normativa vigente que obliga al Estado a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades de cualquier actividad que pudiera afectarlas. Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén resumió los poderes detrás del petróleo: “No hay ninguna duda de que Vaca Muerta es la alianza entre multinacionales, gobierno nacional, sindicato petrolero y gobierno provincial. Es la forma de perpetuar políticas extractivistas, asistencialistas y discriminatorias hacia los pueblos originarios”. Adelantó que la próxima semana presentarán un espacio multisectorial que plantea como punto de partida que “Vaca Muerta no es el futuro -como plantean los gobiernos y empresas- sino que se trata de políticas de saqueo, contaminación y muerte”. Como segundo aspecto plantearan iniciativas de transición energética por fuera de los combustibles fósiles. Tecero: el reconocimiento de los derechos indígenas -vigentes en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos-, que respete las jurisdicciones indígenas para definir políticas de desarrollo territorial.

Antes de finalizar la entrevista aclaró, por las dudas, lo obvio: “Si las petroleras intentan avanzar, vamos a resistir en nuestros territorios, como lo hicimos con los anteriores gobiernos”.

Juan Cabandié, Ambiente

Gabinete y modelo extractivo: el perfil de los nuevos ministros

El Presidente creó el Ministerio de Ambiente y nombró al frente a Juan Cabandié, sin ningún antecedente en la materia. Aún no se hizo público quiénes serán sus colaboradores.

Las asambleas socioambientales recordaron un twitt de Cabandié del 19 de septiembre de 2010: “En tema minería hay que ser medidos. Chile vive de la extracción de cobre y nadie se queja. Sí a la minería cuidando el planeta”. Pasaron nueve años: quizá el flamante Ministro cambió de parecer. Pero hay eufemismos que las asambleas socioambientales, pueblos indígenas y campesinos ya no toleran: “Minería sustentable y con cuidado ambiental”, “fracking seguro”, “buenas prácticas agrícolas” (para fumigar con agrotóxicos hasta la vereda de las casas). Todas frases hechas para fomentar las explotaciones de recursos naturales. Para las poblaciones en lucha contra el extractivismo sucede, como en derechos humanos frente a la dictadura militar, que no hay términos medios: se está con las mineras o con las poblaciones locales, con las petroleras o con los mapuches, con los agrotóxicos de Bayer/Monsanto o con las víctimas de las fumigaciones. En poco tiempo se sabrá de qué lado se ubica el nuevo ministro.

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años. 

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio  de contundencia, ignorado

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas
Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión. 

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”. 

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”. 

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género. 

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”. 

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló. 

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”. 

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder. 

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.
La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes. 

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación. 

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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Un abrazo contra la motosierra

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Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

Un abrazo contra la motosierra

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora. 

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Un abrazo contra la motosierra

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo. 

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Un abrazo contra la motosierra

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”. 

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”. 

Un abrazo contra la motosierra

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”. 

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional 

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”. 

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Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina. 

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

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Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”. 

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La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

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Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.

Clases abiertas, presupuestos cerrados / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

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