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Más muerte, tortura, hacinamiento y descontrol: Informe sobre cárceles bonaerenses

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El doble de detenidos de lo que soporta el sistema carcelario, más muertes, más torturas, más represión, corrupción y complicidad judicial, todo como parte de una acción sistemática. El Informe anual 2011 de la Comisión Provincial por la Memoria, y Comité Contra la Tortura releva todo un retroceso práctico en las cárceles, a partir de datos, estadísticas, análisis y recomendaciones sobre la política penitenciaria, de seguridad y niñez durante 2010 en la Provincia de Buenos Aires. El descontrol policial frente a la niñez  adolescencia, la situación trans en las cárceles. Aquí compartimos el Informe completo y también una breve síntesis de sus puntos más sobresalientes, que alarman con respecto a la actual violación de los derechos humanos.
Informe anual 2011
Comisión Provincial por la Memoria
Comité Contra la Tortura
blog.comisionporlamemoria.org
Más muerte, tortura, hacinamiento y descontrol: Informe sobre cárceles bonaerenses

Informe de la Comisión Provincial por la Memoria, área Comité contra la Tortura (en formato .pdf)

Políticas penitenciarias
Sobrepoblación
Capacidad de alojamiento del Sistema Penitenciario Bonaerense: 15.600 plazas.
Índice de ocupación carcelaria: 167%.
Los números arrancan mal. Según la estadística el Informe el sistema carcelario está superpoblado en casi el doble: sumando a las comisarías bonaerenses, el índice de ocupación llega al 192%.
Muertes
Las muertes se han incrementado paralelamente a los índices de hechos violentos y casos de tortura en lugares de detención. Durante 2010 murieron 133 personas, 11 cada mes, frente a 117 en 2009. Las denominadas “muertes traumáticas”, es decir en hechos forzados, de violencia o represión, representan el 29% del total, y dentro de ésta casi un 70% por heridas de arma  blanca y 29% en suicidios. Cabe recordar que los datos son relevados por el propio Sistema Carcelario Bonaerense, por lo que las causales de “suicidios” e incluso la inexistencia de rótulos como “represión” hacen parcial a la estadística.
Sobre las muertes “no traumáticas” o por enfermedades se registraron 95 casos, 28 de ellos por SIDA y en las restantes no se informó causal ni patología alguna. De nuevo, la imprecisión de los registros. De cualquier modo, en los dos casos ascendieron respecto a 2009.
La Plata es el complejo con mayor cantidad de muertes durante 2010: 55.
La justicia
Hay 45 causas abiertas por muertes en lugares de detención, 25 de ellas ya archivadas antes de los 6 meses y 14 sin abrir. En su mayoría el archivo acontece sin que se realicen autopsias ni se pericie la historia clínica del paciente. En suma, según los números, en el 70% de los casos no se realiza investigación alguna.
Otro capítulo es el de las “torturas o malos tratos”. De los 675 hechos registrados por el flamante Registro Civil de Torturas y Malos Tratos, la mayoría fueron calificados por los fiscales como “apremios o vejaciones”, clasificación que implica una pena mucho menor a la de “tortura”.
Las denuncias que llegan a esta instancia se originan por los partes disciplinarios enviados por el SPB o por denuncias de jueces de ejecución y/o garantías o defensores oficiales (de origen), y en menor medida por denuncias directas de víctimas o familiares. Interpreta el Informe: “Eso invita a problematizar la presencia y control judicial en las cárceles y lugares de encierro así como la desconfianza de víctimas y familiares en la procedencia y avance de las causas abiertas”.
Más muerte, tortura, hacinamiento y descontrol: Informe sobre cárceles bonaerenses
Represión y torturas sistemáticas
El índice que más creció respecto a 2009 es el de “hechos de represión”: 1552 en 2009 y 1785 en 2010. Paradójicamente, el relevamiento de las peleas entre internos descendió respecto a otros años, por lo que ante menos hechos de violencia se utilizó más represión.
El Informe celebra la creación del Registro Civil de Casos de Torturas y Malos Tratos, inaugurado el pasado año, que contabilizó sólo en el último trimestre de 2010, 675 hechos padecidos por 166 víctimas en la provincia. La nota: los fiscales que investigan estos casos suelen calificarlos como “apremios y vejaciones”  que, como queda dicho, implica una pena mucho menor al de “torturas”. Los métodos relevados indican que nada ha cambiado:

  • submarino seco o húmedo,
  • picana eléctrica,
  • palazos con bastones de madera o goma maciza,
  • golpizas reiteradas,
  • duchas o manguerazos de agua helada,
  • aislamiento como castigo,
  • traslados constantes.

Según el Informe, estás prácticas “siguen acrecentándose” año a año y forman parte no de hechos puntuales sino de una “práctica sistemática” de la policía bonaerense.
Se extiende sobre esto: “Existen además estructuras de ilegalidad y arbitrariedad ancladas en el propio SPB (…) Ello se materializa en la ineficacia del sistema de justicia bonaerense y federal para controlar y sancionar a los responsables (…) Hay un patrón general de negligencia y falta de efectividad del Estado”.
De septiembre de 2010 a marzo 2011 el Comité Contra la Tortura relevó 743 hechos de tortura y/o malos tratos, que involucraron a 179 víctimas, 4 mujeres y 175 hombres. El 93% involucra a funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense. El 16,2% fue por agresiones físicas, 15,2% por malas condiciones materiales de detención, 14,9% denuncias por aislamiento, 12,7% falta o deficiente alimentación, 11,3 impedimento de vínculos familiar y social, 9,6% falta o deficiente asistencia de salud, 5,9% traslados constantes, 5,4% requisa vejatoria, 3,8% amenazas 3,1% robo de pertenencias.
Salud: “graves retrocesos”
Las “muertes no traumáticas”, se dijo, treparon a 96 casos, 28 de ellas por SIDA y en el resto no se relevó causal ni patología. Según el Informe, la estadística “ratifica el crecimiento vertiginoso de esta causal”, es decir, la de las enfermedades. Y anota que la solución propuesta desde el Estado sostiene un enfoque centrado en la propia enfermedad y no cuestiona las condiciones materiales de detención, la asistencia, el régimen penitenciario y el encubrimiento de las torturas y malos tratos.

Género: la situación trans
En ese sentido, es el colectivo trans quien más ha sufrido daños a la salud física y psicológica. Unas pocas frases del Informe ilustran la situación:

  • “No existe capacitación ni sensibilidad en los operadores judiciales y en el personal penitenciario para respetar sus derechos”
  • “No tienen acceso a continuar con el tratamiento hormonal que realizaban en libertad, lo que provoca afectaciones importantes en su salud física y psicológica”.
  • “No pueden acceder a visitas íntimas con sus parejas”.
  • “Casi no acceden a la escuela y al trabajo dado que las autoridades argumentas que no pueden compartir esos espacios con otros hombres heterosexuales”.
  • “en la mayoría de las unidades intentan imponerles que se vistan como hombres y se corten el pelo”.
  • Sufren “abusos sexuales, discriminación sistemática, falta de atención a la salud”

Datos sobre las mujeres con arresto domiciliario:

  • No se le realizan controles médicos
  • No reciben asistencia psicológica
  • No reciben ninguna capacitación en oficios
  • No son promovidas para ningún empleo
  • No son promovidas para estudiar

Prevención
El Informe recopila además una serie de programas recomendados en 2010 para reducir los casos de violencia en las cárceles bonaerenses, como las “muertes traumáticas” que ocurrieron en un 70% por heridas de arma blanca durante enfrentamientos. Dos de esos programas nunca fueron implementados: uno buscaba clasificar a los detenidos en “penados” y “procesados”, y a la vez en “primarios” y “reincidentes”, para separarlos según esos rótulos que indican algo así como grado de peligrosidad. Y el otro se centraba en la mediación en ese contexto de encierro: capacitar a agentes penitenciarios y detenidos como mediadores para resolver conflictos.
Un tercer programa de prevención de la violencia fue puesto en marcha en su fase primera, y según el Informe este 2011 se celebran en las cárceles talleres voluntarios para “la solución no violenta de los conflictos, generar espacios de reflexión y comunicación, propender a que los detenidos internalicen la importancia del respeto a sus semejantes y generar estándares de convivencia”.
Corrupción
La descripción del modelo penitenciario general habla de una corrupción estructural y una práctica sistemática de torturas y malos tratos que son posibles gracias al encubrimiento de un sistema judicial cómplice. Los adjetivos del Informe para con la corrupción: “asombrosa e inagotable”. Y enumera esos kioskos: “Venta de mercadería pagada por el Estado, adulteración de remitos de descarga de productos; descarga de alimentos distintos a los que se acuerdan en los contratos o productos de segunda marca por los de primera; robo de pertenencias a los detenidos, distribución de drogas, permisión de salir a robar, compras inexplicables”.
Políticas de seguridad
El viejo paradigma: miedo al otro, mano dura y reclutamiento de chicos
El informe señala que en 2010 volvió a expresarse con fuerza el “viejo paradigma” de la seguridad basada en la mano dura y la demagogia punitiva. Sus puntos sobresalientes son:

  • Expansión de la seguridad como política principal del Estado, postulando que los efectos de los conflictos sociales que la desigualdad y la pobreza generan se solucionan por vía del sistema penal. Ejemplo: construcción del otro delincuente como aquél no incluido, desarrollando un enfoque clasista y discriminador
  • Pierde de vista la multicausalidad del delito y la necesidad de que el Estado actúe en común para reducir la violencia y el delito. Ejemplo: llaman a endurecer las leyes y a dar más poder a la policía
  • Utilización de la policía bonaerense como control social sobre los segmentos más empobrecidos y jóvenes de la sociedad. Ejemplo: reclutamiento por parte policías de pibes para robar
  • Delegación de las políticas públicas de seguridad en la policía. Ejemplo: unificación de la carteras de justicia y seguridad, delegando el control de esta última en manos policiales
  • El autogobierno policial desarrolla una corporación desprofesionalizada, con presión administrativa arbitraria desde la cúpula. Ejemplo: depuración del personal jerárquico de la fuerza policial; despojo de poder a las estructuras civiles del ministerio
  • Se han incrementado las represiones policiales frente a manifestaciones pacíficas de vecinos (…) No reprimir la protesta social es una clave del estado democrático, no constituye de por sí una política de seguridad. Ejemplo: Reiteradas veces se ha reprimido salvajemente a los vecinos de Vicente López que se manifestaban contra construcciones que entienden son un daño al ecosistema.

Este viejo paradigma es herencia de la última dictadura militar argentina. La seguridad pública se construye así sobre una matriz autoritaria, militarizada y discriminatoria. Trabajan también sobre la idea de promover el miedo al “otro”: joven, empobrecido, morocho, argentino o inmigrante.
Averiguación de identidad
En el 38,3% de los casos de “averiguación de identidad” no se consignan datos sobre los detenidos. Sobre el resto, el 11,7% era de ocupación albañiles, 19,3% desocupados y 33% empleados. La franja sobre la que se concentran estas detenciones va de los 18 a los 25 años, representando el 50,4% de los casos.
Sobre el total de las actas por averiguación de identidad, el 88,4% no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención. En el 13,8% se utiliza la expresión “no pudiendo justificar su permanencia en el lugar” y en muchas de ellas se agrega “responde con evasivas”. Constituye esta carátula el máximum de la arbitrariedad policial.
Las actas que sí esgrimen circunstancias que supuestamente justifican los abordajes policiales, describen situaciones que evidencian que las detenciones tienen que ver con prejuicios o estigmatizaciones: actitud sospechosa, merodeo y nerviosismo. Sobre esta última, el Informe realiza una confesión: “Es pertinente agregar que ante el accionar arbitrario de la policía bonaerense (…) somos muchas las personas que nos sentimos nerviosas e intranquilas”.
La investigación: patrones comunes
El médico que omite elementos clave en su parte; alteración de la escena del crimen, adulteración o robo de elementos de prueba; la investigación penal a manos de la misma fuerza policial; los fiscales que no ordenan medidas urgentes como el secuestro de libros; no se investigan las omisiones funcionales o el incumplimiento de los deberes de funcionario público. En definitiva, no hay protocolos de actuación-investigación ante los casos de muertes o ejecuciones policiales.
El colectivo trans
De nuevo, el Informe focaliza en la particular situación de los travestis, transexuales y transgénero en general. La premisa es que son los más vulnerados por la violencia institucional y quienes más sufren la estigmatización social. Sintetiza el Informe todo un puñado de patrones comunes: robo de pertenencias y desaparición de documentos personales, homofobia y transfobia explícita, abuso sexual y violaciones, rechazo a las denuncias o testimonios, entre otras.
Desaparición forzada
Luciano Arruga, Andrés Nuñez, Miguel Bru, Jorge Julio López. En este apartado, el informe analiza esos cuatro casos y el desenvolvimiento judicial que garantiza impunidad. La desaparición forzada de personas es una de herencias directas de la dictadura, ahora propiciada más específicamente por las fuerzas policiales bonaerenses. Su práctica garantiza parte de la impunidad de la investigación (no hay cuerpo) al tiempo que funciona como mensaje de impacto para el entorno de la víctima. Los casos analizados coinciden en el encubrimiento o negligencia de los órganos jurisdiccionales en la investigación, así como en la ausencia de una respuesta estatal para proteger a las víctimas y testigos.
Inspecciones en comisarías del CCT
El Informe consigna siete de los casos más “relevantes” que consignó la Comisión Contra la Tortura en un monitoreo de comisarías en la provincia. Aquí ejemplificamos con tres de ellos:

FechaComisaríaCondiciones de detención
8-01-2010Comisaria 4° de Libertad, MerloHacinamiento del 300% (capacidad para 18, alojados 54). La mayoría dormía en el piso, encerrados 24hs. sin actividad, sin ventilación, sin ingreso de luz natural, sin atención, sin acceso a teléfono.
8-6-2010Comisaría 1° de BerissoHacinamiento del 100% (capacidad para 10 detenidos, había 21 personas). Sin atención médica, alimentación escasa, sin acceso al teléfono. La celda de contraventores no tiene luz eléctrica ni ventilación.
11-6-2010Comisaría 6° de Lomas de ZamoraInspección junto al relator del PPL (CIDH). Hacinamiento, falta de acceso al teléfono, a la salud, a alimentación adecuada, 24hs. de encierro sin actividad, condiciones edilicias y eléctricas muy precarias.

El otro camino
El Informe hace hincapié en la creación del Acuerdo para una Seguridad Democrática que propone, en cambio, un “paradigma democrático”. El Acuerdo articula ideas de fuerzas políticas, universidades, organizaciones de derecho sobre “cómo lograr menos violencia y delito”: operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad. Su presentación fue cubierta extensamente por lavaca en estas dos notas:

Propuestas de la Comisión por la Memoria

  • Recuperación del gobierno civil de las políticas de seguridad provincial
  • Creación de un Ministerio de Seguridad
  • Descentralización y reestructuración de la policía. Desarrollo de las policías regionales o comunales
  • Participación ciudadana
  • Creación por ley de la Policía Judicial, dependeiente del poder judicial, cuyo objetivo principal es la investigación penal a las órdenes de los fiscales generales
  • Creación por ley de una Observatorio de Violencia y Delito, como organismo autónomo destinado a la reunión, análisis y validación de la información de la violencia y el delito. Toma de decisiones hacia estrategias preventivas para la seguridad ciudadana y la política criminal y social
  • Organización de las policías destinadas principalmente a la persecución y desbaratamiento de las redes delictivas complejas

Políticas de Niñez y Adolescencia: el accionar descontrolado
Bajo la premisa que “los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables son las víctimas directas del accionar policial descontrolado de las fuerzas policiales”, el Informe inaugura su apartado de Políticas de niñez. Se parte de la preocupante base que la mitad de los municipios no adhirieron ni ratificaron el convenio con la ley de niñez. Y desde allí, en una creciente demanda punitiva sobre los más jóvenes: mediáticamente demonizados y construidos como principales responsables de la inseguridad.
Los institutos
Total entrevistados: 236 varones y 5 mujeres
El 58% tenía entre 16 a 17 años; el 36% entre 18 y 19
El 81% habitaba en el conurbano bonaerense
El 0,8% en Capital
88% tenía la primaria incompleta
El 47% contaba con familiar detenido
El 87% estuvo alojado en una comisaría antes de la actual detención
El 90% fue detenido por la policía bonaerense
Al 95% no se les leyó sus derechos
Al 7% se les permitió efectuar una llamada telefónica
El 42% de los jóvenes no sabía precisar de qué juzgado dependía su causa ni contaba con documentación escrita
El 68% estaba bajo la figura de prisión preventiva, detención, medida de seguridad, es decir, medidas cautelares
El 81% no obtuvo un permiso de salida de ningún tipo
El 25% reconoció haber sido víctima de agresiones físicas durante su detención, el 50% de ellos en más de una ocasión
El 28% no asistía a la escuela dentro del instituto
Centros de contención
Son de modalidad semi-abierta y los jóvenes sólo pueden ser derivados por orden judicial. En 2010 ingresaron tan 502 adolescentes, frente a 750 en 2009 e igual promedio en años anteriores.
Centros cerrados y de recepción
Según una serie de inspecciones que el CCT realizó durante 2010, las condiciones de estos lugares se muestra sumamente precaria. Sobre el Centro de Menores de Junín, por ejemplo, expresa: “Serios problemas de estructura edilicia, carencia de insalaciones sanitarias, inodoros  y duchas, deterioro de muros por alta de pintura, higiene deficiente, carencia de matafuegos, exiguas zonas de esparcimiento, insuficiente espacio de aulas educativas, instalación eléctrica primaria, reducido espacio en celdas”. El ejemplo se extiende y el Informe muestra su preocupación sobre las condiciones edilicias de detención que son sometidos los jóvenes en centros de detención. En éstos se alberga el 50% del total privados de su libertad.
Torturas
El Informe detalla una serie de casos de torturas y malos tratos a menores tanto en institutos como en centros cerrados y de recepción del propio Estado.
Jóvenes no punibles
A contrario de lo que recomiendan los organismos internacionales y lo que la propia legislación interna en materia de derechos humanos prohíbe, la nueva ley provincial permite la detención por tiempo indeterminado de jóvenes menores de 16 años: en el artículo 64 de la Ley 13.634 se estipula la posibilidad de aplicar a éstos la privación de la libertad en régimen cerrado bajo la figura de “medida de seguridad”, que no requiere establecer plazos.
El Comité de los Derechos del Niño
Según estos diagnósticos, y luego de una serie de audiencias donde se dio a conocer y discutió la realidad de la justicia penal juvenil de la Provincia de Buenos Aires, el Comité de los Derechos del Niño interpeló al Estado haciendo públicas una serie de recomendaciones, entre otras:

  • Derogue la ley 22278, relativa al régimen penal de la minoridad, y apruebe una nueva ley compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil
  • Garantice que los niños que se encuentren en conflicto con la ley puedan recibir asistencia letrada gratuita e independiente y acceder a un mecanismo de denuncia independiente y eficaz
  • Adopte las medidas necesarias (…) a fin de garantizar que los niños sean privados de libertad únicamente como último recurso y durante el menor tiempo posible
  • Garantice que los niños privados de su libertad puedan recibir educación, e incluso formación profesional, y realizar actividades recreativas y de aprendizaje
  • Adopte las medidas necesarias para que las condiciones de los centros de privación de libertad no entorpezcan el desarrollo del niño y se ajustan a las normas mínimas internacionales
  • Investigue con prontitud, exhaustivamente y de manera independiente todos los casos de suicidio y tentativa del suicidio
  • Adopte las medidas necesarias para que las personas que trabajen con niños en el sistema judicial, como los jueces de menores, reciban periódicamente una formación adecuada

Informe de la Comisión Provincial por la Memoria, área Comité contra la Tortura (en formato .pdf)

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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