En un señorial salón de la Legislatura porteña, colmado de mujeres y travestis en estado de prostitución, se debatieron y desestimaron los proyectos de ley que buscaban imponer libreta sanitaria y zona roja con registro de prostitutas. Se desestimaron por inútiles desde el punto de vista de la salud y la profilaxis, y porque «convalidaría dos perversiones: la idea de la prostitución como trabajo, y una gigantesca industria de la explotación», según explicó didáctica a las y los legisladores la activista trans Lohana Berkins.

El salón de la Legislatura no estaba lleno, pero había suficiente cantidad de personas como para que fuera dificultoso caminar por allí. La travesti Lohana Berkins buscó al asesor del diputado Rodrigo Herrera Bravo y cuando lo tuvo a tiro le hizo una seña para indicarle que quería decirle algo. Herrera Bravo es autor del proyecto para legalizar prostíbulos y reinstalar la libreta sanitaria como un modo de control de las mujeres en estado de prostitución; y el hombre al que Lohana hacía señas -y ahora ya tenía enfrente- era el asesor en salud del diputado.
-¿Para qué queremos la libreta sanitaria? -le preguntó con una voz que no hubiera podido ser más educada y suave- No tiene ningún sentido, porque si vos sos mi cliente, por más que yo tenga libreta sanitaria lo que vos tenés que hacer es ponerte un preservativo. Eso es lo único que te va cuidar del sida.
-Claro -dijo el asesor. Parecía sentirse incómodo, pero Lohana insistió, docente: – Si vos te ponés preservativo, no te contagiás.
La reunión de la Comisión de Salud acababa de finalizar y el asesor había sido uno de los perdedores del debate: el proyecto de ley de Herrera Bravo (macrista), había sido rechazado por la mayoría de los integrantes del cuerpo. La iniciativa proponía, además la libreta sanitaria obligatoria para prostitutas y travestis, abrir en los hospitales un servicio de «control profiláctico sanitario», regular la actividad en los prostíbulos (permitiendo su funcionamiento en determinados bares y casas de citas marcados con una x) y crear una «unidad de inspección de profilaxis» para la ciudad e Buenos Aires.
Lohana continuó su razonamiento frente al asesor
-Suponete que yo voy al hospital, me hacen los exámenes y me dan la libreta sanitaria. ¿Sería para vos una garantía? Resulta que el primer cliente que atiendo no usa preservativo y vos sos el segundo: sonaste, ya estás desprotegido; hasta el próximo control es lo mismo que nada. Por eso este proyecto está mal encarado.
También una segunda iniciativa de Elio Rebot (kirchnerista) -que proponía crear zonas rojas con un registro de prostitutas y libreta sanitaria- había sido rechazado en la audiencia. Los asesores -por las razones mencionadas y otras que se explicarán más adelante- recomendarán ahora a los diputados que manden los dos textos al archivo.

Prometeo y los cafishios
Los organizadores de la audiencia pública eligieron realizarla en uno de los salones más elegantes del edificio, con candelabros en las paredes y molduras en los techos. En una esquina había una escultura de Manuel Belgrano a caballo y en otra la de un Prometeo encadenado. En la larga mesa ubicada en el centro, con sus correspondientes jarros de agua y vasitos, se sentaron los asesores. Y contra las paredes, en un semicírculo amplio, el público: mujeres y travestis en situación de prostitución e integrantes de organizaciones contra la trata de personas. Pero no había suficientes sillas para el público, de manera que una parte de las mujeres y las travestis tuvieron que permanecer paradas.
Los presentes eran integrantes de cuatro organizaciones: Ammar Capital, la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, la Asociación de Travestis y Transexuales y la Red No a la Trata en la Argentina. Llegaron con una posición común, que puede resumirse de la manera siguiente:
* En un país abolicionista de la prostitución –la Argentina firmó la Convención contra la Trata de personas y Explotación de la Prostitución Ajena- el Estado debería tomar medidas para ayudar a las mujeres y personas en situación de prostitución a no prostituirse. Pero los proyectos presentados apuntaban a controlar sanitariamente a las personas prostituidas y a establecer prostíbulos. Por eso su efecto sería un aumento de la explotación sexual.
Por turno, las integrantes de las organizaciones explicaron su rechazo. Dijo Noemí, de Ammar Capital: «Prostituirse es una circunstancia, algo que hacemos hasta que se nos presenten oportunidades de empleo, pero de empleo genuino».
Agregó su compañera Graciela: «En Ammar Capital nosotras organizamos cursos de capacitación, estudiamos costura y peluquería, pero tenemos una oficina muy chiquita, y eso gracias a que nos la presta el Partido Socialista. Ahí no hay lugar ni para abrir la peluquería».
Dijo una integrante de la Red No a la Trata en la Argentina: «estos son proyectos retrógrados». Legalizar el funcionamiento de prostíbulos, opinaban las presentes, no sería ninguna ayuda para que una mujer deje de prostituirse. Por el contrario, le daría vía libre a los fiolos de diversa estirpe para que multipliquen su negocio. Si hoy ser proxeneta es un delito, y aún así la explotación sexual existe, ¿qué pasaría en el caso de que abrir un prostíbulo fuera legal?

La ley de la explotación
Los proyectos habían sido presentados como iniciativas para «brindar protección a las personas que se prostituyen» y «terminar con los negocios que rodean la prostitución», lo que generó que en el debate fuera, a su manera, una pequeña batalla.
«Los proyectos suponen que las personas que ejercen la prostitución así lo desean», abrió esta línea de argumentación el asesor del diputado Alberto Pérez (sciolista, del Frente para la Victoria). «Suponen que las personas trabajan de esto, que es mucho más noble que otras actividades (murmullos en la sala, el asesor eleva el tono)… porque son personas que no salen a robar, que están poniendo huevos».
-Ovarios, en todo caso –lo corrigió una colega
-También hay hombres que se prostituyen- la voz del asesor sonó con un pequeño brillo. Se acaba de anotar un punto a su favor, así que continuó:
-Estoy de acuerdo en que el proyecto de Rebot no alcanza. Pero la prostitución es una elección del que quiere. Y nuestra postura es no discriminar, porque al fin y al cabo la prostitución es un trabajo mucho más digno que otros. Entonces, hagamos que estas personas conozcan sus derechos
Pero una mujer del público lo interrumpió:
-Si vas a hablar de prostitución como un trabajo, aclará en qué condiciones se ejerce.
-En lugar de esta ley para ser explotados, que nos den elementos para salir de esta situación- apuntó otra.

 Un sistema recaudador
Un asesor pidió calma:
-Creo que discutir esto –el hombre buscó la palabra justa- …es un problema muy árido. Yo solicitaría que los proyectos pasen a diputados, para que ellos decidan si realmente tienen la voluntad de hacer esta ley, porque si su idea es no hacerla, nos ahorramos todo este debate.
Frente a tal aridez, ya empezaban a hablar los consejeros opositores a los proyectos:
-El centro que tendríamos que atacar son las organizaciones de trata de personas, y esto es lo más difícil, lo que nos excede –opinó una de las mujeres de la mesa-. Acá vemos que se elige atacar la oferta sexual, que es lo más vulnerable, y no se hace ninguna señal a la demanda. Habría que invertir la carga de la prueba: si el demandante es el que genera el mercado, ¿por qué no tendría que hacerse él un control sanitario?
-Es claro que a todo a aquel que ejerce la prostitución se le hace una marca- agregó el consejero de la diputada Ana María Suppa-. Pensamos que se debe hacer política social y cultural hacia el cliente, recordarle que hay una convención de la que Argentina es signataria.
La representante de Beatriz Baltroc anticipó que pediría «que los proyectos vayan a archivo sin ni siquiera discusión». Hubo aplausos en la sala.
El vocero de Dora Mouzo cerró la rueda:
-Estuvimos leyendo los dos proyectos y, más que de defensa de las personas, esto es la creación de un sistema recaudador. Una caja que alguien va a manejar, ¿o podemos creer que no? Por eso vamos a pedir su archivo.
El partido ya estaba terminado, y en la sala los funcionarios comenzaron a juntar sus carpetas para dar por cerrada la audiencia.

Reglamentación = industria del rufián
Las organizaciones redactaron un documento sobre el tema, que distribuyeron por mail: «Alemania ha reglamentado la prostitución como trabajo. Esto ha generado el aumento de la trata y tráfico de mujeres y niñas, dado que lo que en realidad se legaliza de esta manera es a los proxenetas y traficantes, que pasan a ser ‘empresarios’ de la mal llamada ‘Industria del sexo’”, plantea el texto.
Allí aportan datos concretos sobre los efectos de la legalización. Cuentan, por ejemplo, que en Alemania y Holanda desde que la prostitución se considera un trabajo, el número de prostitutas aumentó en más del 25%, y lo mismo pasó con la trata.
Por eso «reglamentar la prostitución o considerarla trabajo es contribuir a organizar el negocio de proxenetas y rufianes, cuando lo que se necesita son políticas de empleo, políticas de educación y erradicar la desigualdad».
Este no es el primer año en que proyectos de este tipo se presentan en la Legislatura porteña. Las modificaciones al Código Contravencional fueron, de hecho, una reglamentación para el sector, cuya consecuencia fue que se devolvió el poder a la policía para cobrar coimas y a los fiolos para regentear a las mujeres ofreciéndoles «protección» contra las razzias. El nuevo Código prohibió la oferta de sexo “de manera explícita” a doscientos metros de zonas urbanas, creando así zonas de explotación sexual o corralitos para su ejercicio (y su control) y una norma de nivel municipal que contradice a las legislaciones nacionales de mayor jerarquía: para el Código Penal sólo es delito la explotación de personas. No penaliza la oferta sexual. Los proyectos que ahora intentaban ahondar ese camino habían sido presentados en el 2004. A nadie sorprendería que los volvieran a resucitar en el próximo período.