Nota

El desierto verde

Publicada

hace 14 años

19/09/2012

El 21 de septiembre es el Día Internacional contra el monocultivo de árboles. Un caso paradigmático en la Argentina es el de la provincia de Misiones, donde provoca las mismas consecuencias que el modelo sojero. Desaloja campesinos e indígenas, usa agrotóxicos y concentra la tierra en pocas manos. Los campesinos exigen la expropiación de tierras a la multinacional Alto Paraná, el mayor terrateniente de Misiones. Frente a la fecha, este es el trabajo del periodista Darío Aranda, desde Puerto Piray, Misiones, publicado originalmente en la revista Mu.

Zona rural misionera. El camino ancho zigzaguea entre el verde. Casas humildes a ambos lados, la mayoría de madera. Gallinas, algún chancho y perros. Cada parcela tiene entre diez y treinta metros de frente, no más de 70 metros de largo, siempre menos de una hectárea. Ya no existen las extensas huertas, ni los animales pastando, como antaño. Cercados por monocultivo de árboles, pinos y eucaliptos, de la multinacional Alto Paraná, empresa propietaria de –al menos– el 8,4 por ciento de Misiones (256.000 hectáreas) y el 62 por ciento del municipio de Puerto Piray, donde los campesinos cercados por el monocultivo denuncian los efectos de los agrotóxicos, la concentración de tierras en pocas manos, la expulsión de familias rurales y apuntan a los responsables: “Los políticos gobiernan para Alto Paraná, no para el pueblo”.
“Piray” significa en guaraní pescado. Es también el nombre de un municipio al noroeste de Misiones, 190 kilómetros al norte de Posadas. El nombre formal es Puerto Piray, fundado en 1874, zona de excelente pique y amarre obligado de la región.
Sábado a la mañana en Eldorado, ciudad cercana a Puerto Piray. Día gris, llovizna y frío. La antigua ruta nacional 12, de tierra, está desierta. Viaje corto, 25 minutos por un camino ancho. Los primeros minutos, sobresale la vegetación alta, árboles añosos, con largas ramas como brazos que extienden sobre el camino. Cruza un puente que deja ver el “Piray Guazú” (pescado grande), arroyo que riega las fincas cercanas y epicentro del refresco en el verano.
El paisaje cambia gradualmente. Las viviendas están a pocos metros del camino. Y el horizonte es un verde monocolor, pinos altos, en fila, equidistantes, ramas cortas, sembrados hasta en la banquina. Todo es pino. Para el foráneo (o el desentendido) hasta parece un paisaje agradable, prolijo, pero llega un valdazo de realidad. “Es como la soja, monocultivo, con uso de agrotóxicos, desalojos de campesinos e indígenas y ganancia para pocos”, resume Enso Ortt, técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, ocasional guía, militante 24 horas formado en la teología de la liberación junto al obispo Joaquín Piña (quien en 2006 lideró una coalición que, mediante el voto popular, frenó un proyecto de reelección indefinida impulsado por el entonces gobernador kirchnerista Carlos Rovira).

Kilómetro 18 de la ex ruta 12. Barrio Unión y Santa Teresa. Alambrado al frente, un perro malo que recibe y una casa con techo a dos aguas. En la pared de frente, en prolijas letras negras: “Productores Independientes de Piray” (PIP). Una suerte de amplia antesala, sin paredes, es el espacio de reunión. Bancos largos de madera en ronda, trece personas (mayoría de mujeres), mate que circula y pan casero recién cocinado.
“Vivimos desde siempre acá, desde nuestros padres, desde nuestros abuelos. Antes éramos muchos, había chacras, animales para carnear, ni siquiera había que ir al pueblo para tener comida. Pero nos fueron encerrando”, explica Basiliza Pérez, unos 40 años, morocha, y un mate plateado que no para de cebar.
El encierro es literal. El fondo de cada vivienda limita con pinos, una suerte de pared verde que no deja pasar el sol, ni el viento, pero si los agroquímicos y el polen de los árboles. “Los dos nos tienen mal. Los agrotóxicos no han arruinado los pocos cultivos que tenemos y matado muchas gallinas. No se puede respirar cuando fumigan. Y cuando florecen los árboles, en agosto, se mete dentro de las casas, hasta en las camas y cocinas, ahí empiezan los problemas respiratorios y las alergias de piel. No las pasamos en el (hospital local) Samic”, explica Germán Monges, hombre fornido, manos grandes que gesticulan.
Todos los meses se enteraban de un nuevo enfermo. Reclamaron a la Municipalidad, pero no hubo suerte. Fueron al Hospital, tampoco atendieron. Decidieron hacer su propio relevamiento sanitario. Asesorados por médicos, armaron una encuesta y fueron casa por casa, todos vecinos linderos a Alto Paraná. Relevaron 200 familias. En la última década, en 70 familias hubo algún fallecido de cáncer (hay familias con hasta dos y tres fallecidos) y veinte abortos espontáneos. En doce familias hay chicos con discapacidades físicas, y hubo al menos 110 casos de problemas de embarazos. En los últimos años hubo, siempre sobre 200 familias, 136 chicos con infecciones urinarias y en 180 casos se detectaron enfermedades respiratorias crónicas.
José Espíndola tiene 48 años, es delgado, piel colorada y hablar pausado. Trabajó seis años como fumigador de los pinares de Alto Paraná (a través de una empresa tercerizada). De la mañana hasta el atardecer, con una mochila con agroquímicos. “Eran mezclas de hasta diez venenos. No sabría decirle justo cuáles, pero sí había glifosato y simazina. Se llenaban las mochilas y con el andar muchas veces se nos chorreaba encima. Y después cuando usted va rociando, ese veneno le viene encima, moja todo. No hay nada de protección, ni guantes, ni botas”, avisa Espíndola.
Padre de siete hijos, recuerda el silencio en los pinares. “No hay ningún animal, ni pajaritos quedan”. Afirma que se arrepiente de haber trabajado para ellos, pero se excusa: “No había muchas posibilidades (de otro trabajo)”. La cuadrilla de fumigadores estaba conformada por 40 personas. “El veneno te come despacio. Los primeros meses vas bien, pero al segundo tercer año ya respirás con problemas, las manos las tenés arruinadas y después ya te enfermás. Al principio los médicos de la empresa me decían que no era nada, que siga, después ya me largaron (despidieron). Así le hacen a todos”, cuenta Espíndola.
En diciembre de 2011, falleció en el Eldorado Celso Aníbal Fernández, 52 años, durante los últimos doce años fue peón rural de Alto Paraná. Entre otras tareas, fumigaba los pinares. La familia culpó a los agrotóxicos, y a la empresa.

La tierra
Piray, como muchas otras regiones de Misiones, no es zona de llanura, predominan las lomadas (“cerranías” le llaman los misioneros). Pequeñas y medianas ondulaciones en el terreno que por momentos –cuando se llega arriba de la loma– se observa la panorámica. Siempre sobresalen pinos, y más pinos.
Enso Ortt y Julio Duarte conocen los caminos internos. Transitan a velocidad. En subida y en bajada, siempre el mismo paisaje. De golpe, en medio de tanto pino, un descampado, kilómetro 19.
“Hace dos años la empresa (Alto Paraná) intentó poner pino acá”, recuerda Duarte, hombre joven, no más de 30 años, cabello bien corto y prolija camisa a cuadros. Hace un silencio largo, que remata con una sonrisa: “Es la única cancha (de fútbol) de toda la zona. ¡Se armó un quilombo! Hubo muchachos que hasta vinieron con machetes a defender la cancha”.
La cancha se salvó. Hay pinos detrás del arco y a los laterales, pero aún hay fútbol los fines de semana.
Menos suerte hubo en el kilómetro 22. Paredes descascaradas blancas, el piso de cerámicos ya está invadido por el pasto, las aberturas y el techo son un recuerdo. El pizarrón aún cuelga de la pared. Son los restos de la escuela primaria.
“Acá había más de cien casas. Era un pueblo pujante, hasta había un colectivo que entraba. Pero los fueron encerrando con pinos. Y nos les quedó otra que irse. Ni bien se iba la familia, la empresa metía pino, para que ya no vuelvan. Lo mismo pasó en el kilómetro 10 y en el 18”, recuerda Duarte y avisa que no dejarán que a Barrio Unión y Santa Teresa le suceda lo mismo.

Mucha tierra en pocas manos
El 22 de diciembre de 1881, el presidente Julio Argentino Roca declaró por decreto a Misiones como “territorio nacional” y nombró como gobernador a su hermano Rudecindo Roca. Bajo el gobierno de Roca, todo el territorio misionero fue repartido entre 30 familias. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, el Estado impulsó la colonización del sur y centro de la provincia. El norte, bordeando el recorrido de la ruta nacional 12 y donde ahora se ubica Alto Paraná, el asentamiento de colonos fue impulsado por el sector privado, que necesitaba mano de obra para sus campos. Durante gran parte del siglo XX, Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria: yerba mate, té y tabaco. Aún subsistía el pequeño colono que, una vez cosechado, comercializaba su producción.
Todo comenzó a cambiar en las últimas décadas, principalmente por la desregulación en la producción (por ejemplo con la yerba, las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían subsistir, perdieron sus chacras y migraron a los cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia cambió el perfil productivo. Dejó de lado la actividad agropecuaria e impulsó los negocios forestales. En Misiones funcionan tres pasteras (Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero). Todas igual de cuestionadas por su rol respecto al medio ambiente, las condiciones laborales y el desalojo de campesinos e indígenas.
El último Censo Nacional Agropecuario (2002) confirma esa concentración: en la provincia existen 27.000 “explotaciones agropecuarias”. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). El mismo estudio afirma que, en la última década y en la zona de Alto Paraná, descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. Alto Paraná es propietaria del 8,4 por ciento de Misiones (256.000 hectáreas). Puerto Piray es la capital de la desigualdad: la compañía es dueña del 62,5 por ciento de la tierra. De las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa posee 22.500.

De Menem a Kirchner
A finales del gobierno de Carlos Menem, en 1999, se aprobó la Ley 25.080, llamada de “Inversiones para bosques cultivados”. Subsidia todos los pasos productivos: implantación, mantenimiento, riego y cosecha. No deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras sembradas y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Cuenta con devolución del IVA y pueden amortizar el impuesto a las ganancias. El artículo ocho es la envidia de cualquiera otra industria. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años. “No se podrá incrementar la carga tributaria”, explicita la ley. El artículo 17 no utiliza la palabra subsidio. Prefiere el eufemismo “apoyo económico no reintegrable” para explicar que el Estado cubrirá, para las plantaciones de hasta 300 hectáreas, el 80 por ciento de los costos de implantación. Para los campos de entre 300 y 500 hectáreas se cubrirá el 20 por ciento.
La Asociación Forestal Argentina (AFOA), donde participan las empresas del sector, participó en la década del 90, en la redacción de la norma. En sus publicidades admiten sin sonrojarse que tomaron como referencia las leyes mineras (también aprobadas durante el menemismo y que aún siguen vigentes).
Las estadísticas del Ministerio de Agricultura de Nación muestran que en 1999, primer año de vigencia de ley forestal 25.080, se extrajeron 4,7 millones de toneladas de “madera de bosque implantado” (como llaman eufemísticamente al monocultivo). En 2006, el tonelaje aumentó a 7,9 millón. Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el 59 por ciento, seguida de lejos por Entre Ríos con el 11 por ciento, Buenos Aires y Corrientes con el 8 por ciento. Río Negro y Neuquén son jugadores menores, pero en ascenso. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) reconoce que Argentina tiene un polo productivo por excelencia (Mesopotamia) y otro en desarrollo (Patagonia).
La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada –por otros diez años– por el Congreso en noviembre de 2008.
La implantación industrial de árboles tiene como fin, casi en su totalidad, las fábricas de celulosa y los aserraderos. El país cuenta con 1,2 millón de hectáreas de monocultivo forestal, de las cuales la mitad fue sembrada en la última década, al abrigo de la 25.080. El objetivo, a diez años, es llegar a los tres millones de hectáreas y, en 20 años, a las 4,5 millones de hectáreas.

Corporación
Alto Paraná se instaló en Misiones en 1974. Adquirida en 1996 por la multinacional Arauco, una de las empresas líderes del sector a nivel mundial. Con su eslogan “sembremos futuro”, Arauco cuenta con oficinas y representantes comerciales en 70 países. Se autopublicita como la “mayor compañía forestal del hemisferio sur”. Cuenta con 1,6 millones repartidas entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. En Argentina reconoce la propiedad de 256.000 hectáreas.
“Eso es lo que declara. ¿Y los testaferros? ¿las que alquila? ¿los privados con los que tiene contratos por décadas? Todos sabemos que tienen muchas más, pero nadie las controla, muchos menos el Gobierno”, denuncia Miriam Samudio, 34 años, siempre sonriente, rostro aguileño, cabello lacio negro.
El 5 de enero pasado, la ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió a directivos de Alto Paraná, quienes le anunciaron una “inversión de 50 millones de dólares” para ampliar su producción. La Ministra celebró: “La cadena de valor foresto maderera en Argentina es un sector que cuenta con una ventaja competitiva concreta que permite fortalecer las economías regionales por la distribución federal de sus recursos”.

Campesinos
Entre diciembre de 2011 y enero de 2012, Alto Paraná cosechó parte de los pinos que rodean el barrio Unión y Santa Teresa, kilómetro 18 de la antigua ruta 12. Productores Independientes de Piray (PIP) entendió que era el momento para presionar y limitar una nueva siembra de pinos (retirar las plantaciones al menos 1000 metros de las casas). Y exigir que se les reconozca parte del territorio para poder desarrollar la vida campesina y producir alimentos.
Nacido en 2005, y conformado por 200 familias, PIP siembre exigió al Estado municipal y provincial el acceso a tierras. Y siempre chocaron con la misma excusa: hay plantaciones de pinos en plena crecimiento (tardan entre quince y veinte años entre siembra y cosecha).
Cuando Alto Paraná cosechó, se redoblaron los reclamos de los campesinos. Ni Gobierno ni empresa respondieron. El 3 de marzo de 2011, PIP cortó el paso a la compañía. “Se dicen dueños, pero nosotros siempre vivimos acá. Además nunca mostraron ni un papel (título). Cuando pedimos en la Municipalidad, dijeron que la oficina de Catastro se había prendido fuego”, recuerda Armóa Rosalia, mujer alta, cabello enrulado y tez colorada.
El mismo día del corte, hubo respuesta de Alto Paraná. Denunció por “usurpación” a tres vecinos. La Policía llegó para reprimir y Municipio y Provincia salieron en defensa de la multinacional.
Luego de una semana de reclamos, el Municipio aceptó dialogar. El jueves 10 de marzo de 2011, en la sede de PIP, el intendente Jorge Lezcano, y el subsecretario de Tierras de Misiones, Jaime Ledesma, firmaron un acta acuerdo. Los campesinos no contarían el paso y los funcionarios llamarían a una mesa de diálogo en el lapso de treinta días para encontrar una “solución duradera”. Durante ese lapso, Alto Paraná no rociaría con agrotóxicos ni sembraría pinos.
Tres días después, Alto Paraná violó el acuerdo. Fumigó con agroquímicos y comenzó a preparar la tierra para otra siembra de pinos.
“Alto Paraná demostró su poder una vez más. Su posición fue más fuerte que la del gobierno municipal y que la del gobierno provincial. Por eso decimos, en Misiones gobierna Alto Paraná”, denuncia el comunicado de PIP.
En marzo y abril de 2011 se continuó con la mesa de diálogo entre las partes. Municipio, Alto Paraná, Provincia y PIP. “Era impresionante como el intendente y los ministro de la Provincia parecían los empleados de la empresa. Nosotros preguntábamos a la empresa, y respondían los políticos. Hasta en un momento un compañera se enojó y les dijo que quería escuchar a la empresa”, recuerdaGerman Monges.
El viento fresco se hace sentir en la sede de PYP. El mate no para de circular, y todos quieren contar sobre las reuniones con la empresa. Todos tienen alguna anécdota, recuerdan el enojo campesino (ante la falta de respuesta de respuesta concreta), hoy convertido en sonrisa. “Nos ofrecían ‘proyectos’ (de computación, turismo rural, cocina). Nosotros no queremos proyectos, nosotros vamos por la tierra”, resume Samudio. Todos aplauden.
Asesorados por ingenieros agrónomos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, estudiaron una salida productiva. La propuesta campesina fue que cada familia cuente con catorce hectáreas, un mínimo para producir alimentos y criar animales de manera sustentable en el tiempo. En total, para 200 familias, serían 2800 hectáreas (equivalente al 1 por ciento de lo que la empresa posee en Argentina, o el 0,15 por ciento de los 1,6 millones de hectáreas que posee en Latinoamérica).
Alto Paraná nunca aceptó. Municipio y Provincia miraron para otro lado.
Y volvieron a sembrar pino en Piray.
El 7 se septiembre, los campesinos viajaron hasta Posadas y presentaron ante la Cámara de Diputados el proyecto de expropiación de 3000 hectáreas ocupadas en la actualidad por Alto Paraná. En el proyecto de expropiación la organización campesina asegura que se evitará el éxodo de jóvenes, generarán 400 puestos de trabajo y montarán un mercado de productos de chacra agroecológicos para abastecer a las localidades de Piray, Montecarlo y Eldorado. “Una vez expropiada la tierra se cambiará el actual uso forestal por el uso agrícola ganadero. Frenaremos el deterioro y abandono de parajes que lleva más de 30 años. No cerrarán más escuelas y no habrá más migración rural”, destaca el proyecto de expropiación.
Miriam Samudio, de PIP, resume el sentir campesino de Piray: “Alto Paraná tiene a los políticos, a los jueces y a la policía. Pero a todos ellos los mueve la plata. A nosotros nos mueve el amor a nuestros hijos y el amor a esta tierra. No vamos a dejar de luchar”.

Temas:

A un año del Occupy Wall Street: un balance

Mu sin kioscos y sin ley

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MU 212: El fin de un mundo

Publicada

hace 1 semana

09/04/2026

MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.

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El principio de todo: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia sin provocar un rechazo opositor visible. Un sitio clave en la geopolítica y a la vez una caja de 30.000 millones de pesos anuales que mezcla industria marítima, turismo, y la puerta a la Antártida. Los testimonios sobre la falta de control . Hablan el gobernador, funcionarios, trabajadores, ex combatientes. Trump y el misterioso avión, China y los acuerdos, Gran Bretaña adentro, la forma de la crisis y la resistencia contra el vaciamiento de un país.

POR FRANCISCO PANDOLFI

El industricidio: Crónica desde el polo fabril de Río Grande

Un predio lleno de fábricas vaciadas. Trabajadores organizados resistiendo al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción en una provincia que de 16.000 obreros pasó a tener 6.400. Una política que golpea a empresas de todos los tamaños y rubros: tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Y todo esto sin que todavía se aplique la reforma laboral. Las propuestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.

POR FRANCISCO PANDOLFI

A contracorriente: La lucha fueguina frente a la industria salmonera

De espaldas a la sociedad y bajo presión del gobierno nacional, la Legislatura fueguina (la misma que en 2021 votó en contra) aprobó un proyecto que permite la instalación de megafactorías marítimas del salmón, uno de los productos que más se exportan al mundo. El impacto ambiental es conocido y hay un ejemplo cercano en la vecina Chile: peces hacinados, contaminación por antibióticos y heces, destrucción de otras especies, y una precarización total de las condiciones de trabajo. El cuadro de situación ante un “pescado químico”, la lucha de la asamblea, y el gobernador que responde sobre los principales contrapuntos.

POR FRANCISCO PANDOLFI

Agroecología en el principio del mundo: El modelo Panchito

Cultiva alimentos y medicinas en medio de temperaturas extremas, sin venenos y con semillas propias: “Una semilla viva significa una familia sana”, dice el productor agroecológico Francisco Pancho Barria. Cosechas asombrosas, zanahorias de 3 kilos, nabos de 12, acelgas de metro y medio de alto. Cómo volver posible lo inimaginable con ideas simples, ancestrales, trabajo a conciencia y sentimiento. La política para la foto, el lugar de los niños, la idea de agacharse, y los números que muestran que la vida sana es, además, rentable.

FRANCISCO PANDOLFI

La guerra invisible: la Antártida en la mira

Juan Rattenbach recoje el guante de su abuelo, autor del Informe Rattenbach que denunció a las jerarquías militares por los errores y delitos cometidos en Malvinas. El significado hoy, con Gran Bretaña ocupando el 25% de la superficie argentina. La Antártida y el Atlántico Sur en la geopolítica actual. El rol de Estados Unidos y China. El ataque a la industrialización fueguina. Dos cuestiones: ¿Cuál es nuestro centro geográfico? ¿Y cuándo nació el pueblo?

SERGIO CIANCAGLINI

Efecto Trump: Valeria Carbone y su mirada sobre EE.UU.

Es doctora y docente de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos en la UBA y en la UNLP. Integra grupos de trabajo sobre EE.UU. en CLACSO y universidades en Alemania y México, además de coordinar programas de intercambio internacional. Y acaba de dictar un curso sobre el tema en MU. En esta entrevista explica las movidas de Trump intentando sostener un imperio en crisis en medio de una conflictividad que él mismo provoca o acompaña: Irán, China, Israel, petróleo, Ormuz, Venezuela, OTAN, Malvinas, Antártida. Y hasta el caso de Jeffrey Epstein.

POR LUCAS PEDULLA

Decolonizar el presente: Walter Mignolo y el pensamiento decolonial

En medio de conflictos geopolíticos, disputas culturales y crisis del modelo occidental, el pensamiento decolonial nos recuerda una serie de preguntas fundamentales. Aquí, una conversación breve y magistral sobre la esfera pública, la organización social y las formas de acción colectiva vistas desde una perspectiva para ampliar, o retomar, los horizontes propios.

POR CLAUDIA ACUÑA

Tierras raras: Florencia Levy, artista, y su trabajo sobre el litio

Trabaja con instalaciones visuales y materiales que representan y denuncian las distintas formas del extractivismo. Su trabajo sobre el litio es impactante, pero también investigó sobre el fracking en Vaca Muerta, el basurero del mundo en China y la relación entre el cáncer y el agronegocio en Entre Ríos, motivada por su padre oncólogo. Cómo hablar de temas que casi nadie conoce desde un video o una sala de exposiciones, y hacer algo para transformar miradas, sentimientos e ideas.

POR MARÍA DEL CARMEN VARELA

Patagonia rebelde

Crónicas del más acá por Carlos Melone.

Astrolo-guías: Elisa Carricajo y su nuevo libro sobre Tarot

Dramaturga, actriz y directora, plantea al Tarot como un objeto “popero” e invita a jugar y llenar de sentido ese lenguaje. Un modo de recuperar la espiritualidad capturada por el mercado, para sentir, entender y actuar en tiempos espantosos. Lo individual y lo comunitario. Los fantasmas y cómo imaginar un mundo mejor. Un libro que es un oasis y una invitación a re-pensar el arte y lo político, tirando las cartas.

POR FRANCO CIANCAGLINI

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Capítulo II: Crónica de un industricidio

Publicada

hace 1 semana

09/04/2026

Río Grande, Tierra del Fuego: ee 16.000 obreras y obreros, la zona fabril pasó a tener 6.400. ¿Qué propuestas y actitudes surgen frente a eso? Estuvimos en el polo industrial, con trabajadores organizados que resisten al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción. La política económica que golpea a tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Las prouestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.

Por Francisco Pandolfi Fotos: Juan Valeiro

(Enviados especiales a Tierra del Fuego)

No es lo gris, lo intensamente gris, lo que choca. Ni el viento, el ventoso viento, lo que entumece. Ni el silencio, el ensordecedor silencio, lo que aturde.
Lo que paraliza en el Parque Industrial de Río Grande, la ciudad más poblada de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es esto:
De las 11 fábricas textiles que había, cerraron 6.
Una de las sobrevivientes ya despidió a 50 trabajadores y suspendió a fines de febrero al resto de su personal (80) por tres meses.
De 1.200 trabajadores textiles hoy quedan 350.
Desde 2024 se perdieron más de 2.000 puestos en la industria metalúrgica.
140 trabajadores tomaron la fábrica de acondicionadores Aires del Sur, cuyos dueños presentaron la quiebra.
Hay empresas que ya no hacen contratos anuales, ni semestrales, ni mensuales ni quincenales: los hacen semanales o hasta diarios.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, informó que en la ciudad (99 mil habitantes) se perdieron más de 10 mil empleos.
Los dos grupos principales en la provincia son Mirgor, de la familia Caputo, y Newsan, de Rubén Cherñajovsky. Mirgor suspendió a 500 trabajadores de sus fábricas. Newsan despidió a 150.

Es esto (y más) lo que pasa desde que asumió Javier Milei la presidencia de la Nación.

El fin de la metáfora

Las telas que se usaban en la textil Blanco Nieve para fabricar sábanas, acolchados y como materia prima para las camisetas de la Selección Argentina, Boca, River y otros clubes, ahora cuelgan del lado de afuera, atadas al alambrado, ajadas, agujereadas, grafiteadas:
–Diego, nos dejaste en la calle sin pagar un peso, sinvergüenza.
–Queremos nuestro 100 por ciento de indemnización, Diego Russo.
–Pagá lo que debés, chanta.

Desde agosto de 2025 que no les pagaban el sueldo, pero ninguno de los 35 trabajadores imaginó que aquella mañana del 31 de octubre se encontrarían con la puerta cerrada, para siempre. Hoy, para subsistir, continúan vendiendo los productos que quedaron en ese cascarón de hormigón, vacío y desangelado.
En este Parque Industrial, el cierre de fábricas se ve así:
Paredes descascaradas, sin alma.
Banderas argentinas sucias colgadas en ventanas igual de sucias por donde nadie mira.
Pasto crecido, descuidado, en las puertas de lo que ya no es.
Carteles despintados con los nombres de las exfábricas.
Carteles coloridos, impolutos, de la inmobiliaria que vende edificios abandonados: “Remax – Fin del Mundo”.

No hay metáfora.

Despidos diarios

Germán Resquín tiene 40 años y trabajó 12 en la textil Barpla, hasta que cerró en octubre de 2024. Acompaña a MU en una recorrida a este pulpo de cemento amputado. En la puerta de lo que fue su lugar en el mundo, dice: “Todos los días hay despidos. Hay fábricas que te hacen contrato por jornada, hoy trabajás y mañana no sabés. No tiene sentido lo que está pasando en la provincia. Y pasa en todos los sectores. Quedarán 40 fábricas abiertas, cerca de 20 ya cerraron en el proceso 2015-2019 y en los últimos dos años de Milei”.
El Parque Industrial de Río Grande empezó a desarrollarse a partir de la sanción de la Ley Nacional 19.640 de promoción industrial, en 1972, con exenciones fiscales y aduaneras para las empresas, con el objetivo de poblar la isla. Se convirtió en un polo electrónico, que se diversificó en automotrices y autopartes, textil, transporte y logística, plástico y hasta una fábrica de escobas.
Ahora, detrás de Germán lo que queda del cartel de Barpla está teñido de un gris muerto. Era la tercera textil importadora de Argentina y abastecía de materia prima al resto del sector. Era una fábrica modelo en impermeabilización en seco. Era: de la noche a la mañana –literal–, 46 desempleados (más otros 35 contratos indirectos) indemnizados al 40%. “Presentamos un proyecto para hacerlo cooperativa, pero el gobierno nacional que debe habilitarnos no respondió. Es evidente que no buscan una solución”.

Causas y consecuencias

Las enormes siglas rojas TRG (Textil Río Grande) serían lo más imponente de esa fachada si no fuera porque debajo un grafiti de letras negras ayuda a entender: “50 familias en la calle”.
Rodrigo Cárcamo es el Secretario General del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) de Tierra del Fuego, provincia donde vive desde bebé. Ahora tiene 51, de los cuales 26 trabajó en Fabrisur hasta que cerró el año pasado, pese a proveerle la tela a un gigante como Adidas. Él y otras 123 personas quedaron sin empleo.
Textil Río Grande, Teo Grande, Barpla, Fabrisur, Cordonsed y Blanco Nieve son las seis textiles que dejaron de producir desde diciembre de 2023, de las 11 que había en el Parque Industrial. “Teníamos 1.200 empleos directos en el sector y 1500 indirectos. Hoy no llegamos a 350, perdimos casi el 70%”. El panorama de las restantes tampoco es alentador. Sueño Fueguino suspendió a todos sus trabajadores por tres meses. Australtex tenía 300 y hoy son menos de 200. “Las cuatro activas –Hilandería Fueguina, Badisur, Armavir y Australtex– subsisten con menos del 30% de la productividad, todas habiendo echado o suspendido gente”.
Los causales hacen un combo inviable: apertura de importaciones, quita de beneficios fiscales a empresas del sector –excluyéndolas del régimen de promoción industrial– caída del consumo y suba de impuestos. “Con el gobierno de Alberto Fernández también tuvimos problemas, porque al sector textil nos excluyó de los beneficios. Con muchos reclamos acá y en Buenos Aires pudimos revertirlo, hasta que ganó este muchacho y destruyó todo. Ahora será peor con la reforma laboral, que de modernización ni una coma. La situación no tiene retorno porque este gobierno no va a cambiar. En todo el mundo se protege a la industria menos acá, donde hasta el mismo Ministro de Economía la critica”. Para pruebas, un botón (una frase reciente de Luis Caputo directo al corazón del rubro textil): “Nunca compré ropa en Argentina”.
El holding Caputo, a través de la empresa Mirgor, es el más poderoso en el polo fabril. Le siguen BGH, Carrier y el grupo Radio Victoria. Si en el gobierno de Milei las fábricas cierran –de golpe o lentamente–, en el de Mauricio Macri el proceso fue tipo Pac-Man. “Mirgor fue absorbiendo empresas más chicas, como Brightstar y Famar y así se fue agrandando. Vaya coincidencia con las políticas actuales, ¿no?”.
Cárcamo deja los números y los nombres y se pone el traje de cronista para describir a ese Parque Industrial que era y ya no es. A ese Río Grande que era y tampoco es. Habla de tristeza, de una profunda tristeza. De que no se podía circular por la cantidad de camiones y de colectivos que llevaban y traían gente, de fábricas que laburaban las 24 horas, de los cambios de turno como cosa del pasado, de una capacidad tecnológica de primera y ahora paralizada, igual que un montón de proyectos de vida. De trabajadores que se compraban su primer auto, la casa propia, que podían mandar a sus hijos a estudiar “al norte” –al continente–.
Dice que empezaron a ver lo que antes no: asaltos a kioscos con armas blancas; robos en supermercados de carne y pan; mayor demanda de bolsones de comida. Que hay 700 chicos sin vacantes en escuelas públicas, de los cuales 400 emigraron de privadas porque sus familias no pueden pagarlas. Que esto derrama hacia abajo, al comercio, al que tiene un localcito, al remisero.
Daniel Rivarola, representante del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, suma la pérdida de empleos registrados en los negocios durante la era Milei:
2024: 383 trabajadores menos.
2025: 134 trabajadores menos.
En lo que va de 2026 (hasta el cierre de esta edición): 29 trabajadores menos.

Rodrigo hace un balance general: “Todas son señales de que la gente la está pasando mal y hay una sola explicación: el contexto económico. ¿Cómo podría ser distinto si la industria electrónica pasó de 18 mil personas en su mejor momento a menos de 4 mil?”.

Ocupar la desocupación

La hemorragia en el sector electrónico se nota donde se mire y con quien se hable, aunque el proceso de desintegración no solo habla en tiempo presente. “En el macrismo cerraron 10 establecimientos metalúrgicos en Río Grande”, dice Oscar Martínez, secretario general de la UOM. Con Milei se agudizó la crisis por la apertura de importaciones y el decreto 333/25 que estableció la baja progresiva de aranceles a la importación de celulares, hasta su eliminación total en enero de este año. ¿Las consecuencias? Licencias, incertidumbre laboral y una primera víctima: Telecomunicaciones Fueguinas apagó la última máquina en las últimas horas de 2025. Fabricaba celulares. 50 personas desocupadas.
En mayo del año pasado el movimiento obrero local realizó una movilización masiva para frenar una sangría que continúa: “Todas las metalúrgicas –agrega Martínez– redujeron sus líneas de producción. Hay una diferencia del 30% interanual en la caída”. Pablo Ibañez, también delegado de la UOM, suma un dato: “Tenemos casi 2.300 puestos menos en la provincia comparado a 2024”.
Digital Fueguina es una mole de cemento que fabricaba para Garbarino, tan enorme como abandonada, con basura acumulada en la puerta que no deja dudas de su desenlace: 245 laburantes afuera en 2021. Lo único que vive en la vereda son unas margaritas y un cartel colgado por los trabajadores, que siguen reclamando cinco años después: “Fuerza, solidaridad y lucha sin tregua”.
En frente de Digital Fueguina, la fábrica Visteon, cerrada desde 2016. Al lado de Digital Fueguina, la empresa de acondicionadores Aires del Sur, tomada desde el 23 de febrero de este año por sus 140 trabajadores. No cobraban desde enero y el director, Roberto Ángel Ceretti, no les respondía. Tras la conciliación obligatoria dictada, Ceretti apareció: presentó la quiebra.
Aires del Sur elabora acondicionadores de las marcas Electra y Federer. Nació en 2008 y está concursada desde 2019, cuando el macrismo la hizo tambalear. “En 2023 volvieron las suspensiones ni bien asumió Milei, con quita de sueldo y de aportes”, cuenta Maximiliano Uriona, uno de los delegados. Otro de los representantes se llama José López y es el más conmocionado: “Vamos a seguir aguantando pese a la bronca: a dos compañeros ya los desalojaron porque no pudieron pagar el alquiler, quienes tenían hijos estudiando en el norte, debieron pedirles que vuelvan; a otro se le murió la mamá y no pudo viajar a su provincia para despedirla. Es todo muy triste”.
La UOM de Río Grande solicitó a la Legislatura provincial la expropiación del edificio, para que la administración pase al Estado provincial y posteriormente sea transferida a los trabajadores. José cuenta que pese a la angustia tiene fe en que la respuesta sea favorable. “Estamos dejando un precedente en la provincia para toda la lucha que vendrá. Vamos a seguir poniéndole el cuero”.

Capítulo II: Crónica de un industricidio — Foto: Juan Valeiro

Trabajar vs. despoblar

De los 140 trabajadores de Aires del Sur, 110 son afiliados a la UOM y los 30 restantes a ASIMRA (Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica) de Tierra del Fuego. Uno de los delegados, Leandro Le Bot, habla en la toma con una energía que contagia: “Nos vamos a quedar hasta recuperar el trabajo. Tenemos una familia atrás y no nos vamos a mover. Esto recién arranca”.
Javier Escobar es el secretario general de ASIMRA. A las políticas de Milei, le pone cifras: “Éramos 16 mil obreros en la provincia y hoy somos 6.400. Éramos 800 supervisores, hoy somos 380: nos redujeron el 60%. Estos tipos van directo al hueso, determinados a cerrar la industria en Tierra del Fuego”.
Tiene 44 años y es empleado de Brightstar, del grupo Mirgor, holding de los Caputo que elabora aires acondicionados, celulares, televisores y autopartes para Ford y Toyota. “Mirgor se convirtió en la empresa más grande, una bestia que creció por el lobby, los contactos y los dos gobiernos de ultraderecha”.
Hasta que Macri sacó en 2019 los aranceles a la importación de computadoras (lo mismo que hace ahora Milei con los celulares), la fábrica que supervisa tenía 2.300 trabajadores. Hoy son apenas 400. A Javier le cambia la voz cuando cuenta la tristeza de volver a ver a personas vendiendo frutas, tortillas “o lo que sea” en los semáforos, con un clima tan duro como el de Tierra del Fuego. “Esto no lo veíamos hace tiempo. Muchos están pensando en irse porque no da para más. Me da una bronca terrible, porque están logrando su objetivo de vaciar la isla. Estamos en un momento extremo”.
Todos los supervisores de la provincia nucleados en ASIMRA decidieron donar una hora de trabajo a sus pares de Aires del Sur que no cobran desde enero y mantienen la toma. Juntaron 7 millones de pesos destinados al fondo común. Paso siguiente: hacer un gran bingo provincial para apoyar la resistencia, en una isla que no da respiro económica ni climáticamente.
“Se está recuperando una unidad, desde abajo, ese sentimiento soberano de hermandad y que no se produce solo por el empleo”, cree Javier, representante de los supervisores, y trae una lucecita desde la calle oscura, desde las fábricas apagadas o trabajando a media máquina (en el mejor de los casos).
Dice que los golpes a la industria no van a parar y que solo hay una salida a este laberinto, que sintetiza en una palabra:
“Trabajar”.
Hace un silencio –que no aturde ni paraliza– y completa: “Trabajar fuerte con las bases para concientizar que esto no puede volver a ocurrir. Tenemos que hacer mucha autocrítica, desde quienes simulan ser sindicalistas hasta el pan y circo de la mayoría de la clase política. Y necesitamos un cambio generacional. Si no, la dirigencia será cómplice de que esta ultra derecha nos siga llevando puestos”.

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