Sigamos en contacto

Nota

El desierto verde

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

El 21 de septiembre es el Día Internacional contra el monocultivo de árboles. Un caso paradigmático en la Argentina es el de la provincia de Misiones, donde provoca las mismas consecuencias que el modelo sojero. Desaloja campesinos e indígenas, usa agrotóxicos y concentra la tierra en pocas manos. Los campesinos exigen la expropiación de tierras a la multinacional Alto Paraná, el mayor terrateniente de Misiones. Frente a la fecha, este es el trabajo del periodista Darío Aranda, desde Puerto Piray, Misiones, publicado originalmente en la revista Mu.
El desierto verde
Zona rural misionera. El camino ancho zigzaguea entre el verde. Casas humildes a ambos lados, la mayoría de  madera. Gallinas, algún chancho y perros. Cada parcela tiene entre diez y treinta metros de frente, no más de 70 metros de largo, siempre menos de una hectárea. Ya no existen las extensas huertas, ni los animales pastando, como antaño. Cercados por monocultivo de árboles, pinos y eucaliptos, de la multinacional Alto Paraná, empresa propietaria de –al menos– el 8,4 por ciento de Misiones (256.000 hectáreas) y el 62 por ciento del municipio de Puerto Piray, donde los campesinos cercados por el monocultivo denuncian los efectos de los agrotóxicos, la concentración de tierras en pocas manos, la expulsión de familias rurales y apuntan a los responsables: “Los políticos gobiernan para Alto Paraná, no para el pueblo”.
“Piray” significa en guaraní pescado. Es también el nombre de un municipio al noroeste de Misiones, 190 kilómetros al norte de Posadas. El nombre formal es Puerto Piray, fundado en 1874, zona de excelente pique y amarre obligado de la región.
Sábado a la mañana en Eldorado, ciudad cercana a Puerto Piray. Día gris, llovizna y frío. La antigua ruta nacional 12, de tierra, está desierta. Viaje corto, 25 minutos por un camino ancho. Los primeros minutos, sobresale la vegetación alta, árboles añosos, con largas ramas como brazos que extienden sobre el camino. Cruza un puente que deja ver el “Piray Guazú” (pescado grande), arroyo que riega las fincas cercanas y epicentro del refresco en el verano.
El paisaje cambia gradualmente. Las viviendas están a pocos metros del camino. Y el horizonte es un verde monocolor, pinos altos, en fila,  equidistantes, ramas cortas, sembrados hasta en la banquina. Todo es pino. Para el foráneo (o el desentendido) hasta parece un paisaje agradable, prolijo, pero llega un valdazo de realidad. “Es como la soja, monocultivo, con uso de agrotóxicos, desalojos de campesinos e indígenas y ganancia para pocos”, resume Enso Ortt, técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, ocasional guía, militante 24 horas formado en la teología de la liberación junto al obispo Joaquín Piña (quien en 2006 lideró una coalición que, mediante el voto popular, frenó un proyecto de reelección indefinida impulsado por el entonces gobernador kirchnerista Carlos Rovira).
El desierto verde
Kilómetro 18 de la ex ruta 12. Barrio Unión y Santa Teresa. Alambrado al frente, un perro malo que recibe y una casa con techo a dos aguas. En la pared de frente, en prolijas letras negras: “Productores Independientes de Piray” (PIP). Una suerte de amplia antesala, sin paredes, es el espacio de reunión. Bancos largos de madera en ronda, trece personas (mayoría de mujeres), mate que circula y pan casero recién cocinado.
“Vivimos desde siempre acá, desde nuestros padres, desde nuestros abuelos. Antes éramos muchos, había chacras, animales para carnear, ni siquiera había que ir al pueblo para tener comida. Pero nos fueron encerrando”, explica Basiliza Pérez, unos 40 años, morocha, y un mate plateado que no para de cebar.
El encierro es literal. El fondo de cada vivienda limita con pinos, una suerte de pared verde que no deja pasar el sol, ni el viento, pero si los agroquímicos y el polen de los árboles. “Los dos nos tienen mal. Los agrotóxicos no han arruinado los pocos cultivos que tenemos y matado muchas gallinas. No se puede respirar cuando fumigan. Y cuando florecen los árboles, en agosto, se mete dentro de las casas, hasta en las camas y cocinas, ahí empiezan los problemas respiratorios y las alergias de piel. No las pasamos en el (hospital local) Samic”, explica Germán Monges, hombre fornido, manos grandes que gesticulan.
Todos los meses se enteraban de un nuevo enfermo. Reclamaron a la Municipalidad, pero no hubo suerte. Fueron al Hospital, tampoco atendieron. Decidieron hacer su propio relevamiento sanitario. Asesorados por médicos, armaron una encuesta y fueron casa por casa, todos vecinos linderos a Alto Paraná. Relevaron 200 familias. En la última década, en 70 familias hubo algún fallecido de cáncer (hay familias con hasta dos y tres fallecidos) y veinte abortos espontáneos. En doce familias hay chicos con discapacidades físicas, y hubo al menos 110 casos de problemas de embarazos. En los últimos años hubo, siempre sobre 200 familias, 136 chicos con infecciones urinarias y en 180 casos se detectaron enfermedades respiratorias crónicas.
José Espíndola tiene 48 años, es delgado, piel colorada y hablar pausado. Trabajó seis años como fumigador de los pinares de Alto Paraná (a través de una empresa tercerizada). De la mañana hasta el atardecer, con una mochila con agroquímicos. “Eran mezclas de hasta diez venenos. No sabría decirle justo cuáles, pero sí había glifosato y simazina. Se llenaban las mochilas y con el andar muchas veces se nos chorreaba encima. Y después cuando usted va rociando, ese veneno le viene encima, moja todo. No hay nada de protección, ni guantes, ni botas”, avisa Espíndola.
Padre de siete hijos, recuerda el silencio en los pinares. “No hay ningún animal, ni pajaritos quedan”. Afirma que se arrepiente de haber trabajado para ellos, pero se excusa: “No había muchas posibilidades (de otro trabajo)”. La cuadrilla de fumigadores estaba conformada por 40 personas. “El veneno te come despacio. Los primeros meses vas bien, pero al segundo tercer año ya respirás con problemas, las manos las tenés arruinadas y después ya te enfermás. Al principio los médicos de la empresa me decían que no era nada, que siga, después ya me largaron (despidieron). Así le hacen a todos”, cuenta Espíndola.
En diciembre de 2011, falleció en el Eldorado Celso Aníbal Fernández, 52 años, durante los últimos doce años fue peón rural de Alto Paraná. Entre otras tareas, fumigaba los pinares. La familia culpó a los agrotóxicos, y a la empresa.
El desierto verde
La tierra
Piray, como muchas otras regiones de Misiones, no es zona de llanura, predominan las lomadas (“cerranías” le llaman los misioneros). Pequeñas y medianas ondulaciones en el terreno que por momentos –cuando se llega arriba de la loma– se observa la panorámica. Siempre sobresalen pinos, y más pinos.
Enso Ortt y Julio Duarte conocen los caminos internos. Transitan a velocidad. En subida y en bajada, siempre el mismo paisaje. De golpe, en medio de tanto pino, un descampado, kilómetro 19.
“Hace dos años la empresa (Alto Paraná) intentó poner pino acá”, recuerda Duarte, hombre joven, no más de 30 años, cabello bien corto y prolija camisa a cuadros. Hace un silencio largo, que remata con una sonrisa: “Es la única cancha (de fútbol) de toda la zona. ¡Se armó un quilombo! Hubo muchachos que hasta vinieron con machetes a defender la cancha”.
La cancha se salvó. Hay pinos detrás del arco y a los laterales, pero aún  hay fútbol los fines de semana.
Menos suerte hubo en el kilómetro 22. Paredes descascaradas blancas, el piso de cerámicos ya está invadido por el pasto, las aberturas y el techo son un recuerdo. El pizarrón aún cuelga de la pared. Son los restos de la escuela primaria.
“Acá había más de cien casas. Era un pueblo pujante, hasta había un colectivo que entraba. Pero los fueron encerrando con pinos. Y nos les quedó otra que irse. Ni bien se iba la familia, la empresa metía pino, para que ya no vuelvan. Lo mismo pasó en el kilómetro 10 y en el 18”, recuerda Duarte y avisa que no dejarán que a Barrio Unión y Santa Teresa le suceda lo mismo.  
El desierto verde
Mucha tierra en pocas manos
El 22 de diciembre de 1881, el presidente Julio Argentino Roca declaró por decreto a Misiones como “territorio nacional” y nombró como gobernador a su hermano Rudecindo Roca. Bajo el gobierno de Roca, todo el territorio misionero fue repartido entre 30 familias. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, el Estado impulsó la colonización del sur y centro de la provincia. El norte, bordeando el recorrido de la ruta nacional 12 y donde ahora se ubica Alto Paraná, el asentamiento de colonos fue impulsado por el sector privado, que necesitaba mano de obra para sus campos. Durante gran parte del siglo XX, Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria: yerba mate, té y tabaco. Aún subsistía el pequeño colono que, una vez cosechado, comercializaba su producción.
Todo comenzó a cambiar en las últimas décadas, principalmente por la desregulación en la producción (por ejemplo con la yerba, las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían subsistir, perdieron sus chacras y migraron a los cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia cambió el perfil productivo. Dejó de lado la actividad agropecuaria e impulsó los negocios forestales. En Misiones funcionan tres pasteras (Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero). Todas igual de cuestionadas por su rol respecto al medio ambiente, las condiciones laborales y el desalojo de campesinos e indígenas.
El último Censo Nacional Agropecuario (2002) confirma esa concentración: en la provincia existen 27.000 “explotaciones agropecuarias”. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). El mismo estudio afirma que, en la última década y en la zona de Alto Paraná, descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. Alto Paraná es propietaria del 8,4 por ciento de Misiones (256.000 hectáreas). Puerto Piray es la capital de la desigualdad: la compañía es dueña del 62,5 por ciento de la tierra. De las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa posee 22.500.
El desierto verde
De Menem a Kirchner
A finales del gobierno de Carlos Menem, en 1999, se aprobó la Ley 25.080, llamada de “Inversiones para bosques cultivados”. Subsidia todos los pasos productivos: implantación, mantenimiento, riego y cosecha. No deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras sembradas y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Cuenta con devolución del IVA y pueden amortizar el impuesto a las ganancias. El artículo ocho es la envidia de cualquiera otra industria. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años. “No se podrá incrementar la carga tributaria”, explicita la ley. El artículo 17 no utiliza la palabra subsidio. Prefiere el eufemismo “apoyo económico no reintegrable” para explicar que el Estado cubrirá, para las plantaciones de hasta 300 hectáreas, el 80 por ciento de los costos de implantación. Para los campos de entre 300 y 500 hectáreas se cubrirá el 20 por ciento.
La Asociación Forestal Argentina (AFOA), donde participan las empresas del sector, participó en la década del 90, en la redacción de la norma. En sus publicidades admiten sin sonrojarse que tomaron como referencia las leyes mineras (también aprobadas durante el menemismo y que aún siguen vigentes).
Las estadísticas del Ministerio de Agricultura de Nación muestran que en 1999, primer año de vigencia de ley forestal 25.080, se extrajeron 4,7 millones de toneladas de “madera de bosque implantado” (como llaman eufemísticamente al monocultivo). En 2006, el tonelaje aumentó a 7,9 millón. Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el 59 por ciento, seguida de lejos por Entre Ríos con el 11 por ciento, Buenos Aires y Corrientes con el 8 por ciento. Río Negro y Neuquén son jugadores menores, pero en ascenso. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) reconoce que Argentina tiene un polo productivo por excelencia (Mesopotamia) y otro en desarrollo (Patagonia).
La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada –por otros diez años– por el Congreso en noviembre de 2008.
La implantación industrial de árboles tiene como fin, casi en su totalidad, las fábricas de celulosa y los aserraderos. El país cuenta con 1,2 millón de hectáreas de monocultivo forestal, de las cuales la mitad fue sembrada en la última década, al abrigo de la 25.080. El objetivo, a diez años, es llegar a los tres millones de hectáreas y, en 20 años, a las 4,5  millones de hectáreas.
 
   Corporación
Alto Paraná se instaló en Misiones en 1974. Adquirida en 1996 por la multinacional Arauco, una de las empresas líderes del sector a nivel mundial. Con su eslogan “sembremos futuro”, Arauco cuenta con oficinas y representantes comerciales en 70 países. Se autopublicita como la “mayor compañía forestal del hemisferio sur”. Cuenta con 1,6 millones repartidas entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. En Argentina reconoce la propiedad de 256.000 hectáreas.
“Eso es lo que declara. ¿Y los testaferros? ¿las que alquila? ¿los privados con los que tiene contratos por décadas? Todos sabemos que tienen muchas más, pero nadie las controla, muchos menos el Gobierno”, denuncia Miriam Samudio, 34 años, siempre sonriente, rostro aguileño, cabello lacio negro.
El 5 de enero pasado, la ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió a directivos de Alto Paraná, quienes le anunciaron una “inversión de 50 millones de dólares” para ampliar su producción. La Ministra celebró: “La cadena de valor foresto maderera en Argentina es un sector que cuenta con una ventaja competitiva concreta que permite fortalecer las economías regionales por la distribución federal de sus recursos”.
 
   Campesinos
Entre diciembre de 2011 y enero de 2012, Alto Paraná cosechó parte de los pinos que rodean el barrio Unión y Santa Teresa, kilómetro 18 de la antigua ruta 12. Productores Independientes de Piray (PIP) entendió que era el momento para presionar y limitar una nueva siembra de pinos (retirar las plantaciones al menos 1000 metros de las casas). Y exigir que se les reconozca parte del territorio para poder desarrollar la vida campesina y producir alimentos.
Nacido en 2005, y conformado por 200 familias, PIP siembre exigió al Estado municipal y provincial el acceso a tierras. Y siempre chocaron con la misma excusa: hay plantaciones de pinos en plena crecimiento (tardan entre quince y veinte años entre siembra y cosecha).
Cuando Alto Paraná cosechó, se redoblaron los reclamos de los campesinos. Ni Gobierno ni empresa respondieron. El 3 de marzo de 2011, PIP cortó el paso a la compañía. “Se dicen dueños, pero nosotros siempre vivimos acá. Además nunca mostraron ni un papel (título). Cuando pedimos en la Municipalidad, dijeron que la oficina de Catastro se había prendido fuego”, recuerda Armóa Rosalia, mujer alta, cabello enrulado y tez colorada.
El mismo día del corte, hubo respuesta de Alto Paraná. Denunció por “usurpación” a tres vecinos. La Policía llegó para reprimir y Municipio y Provincia salieron en defensa de la multinacional.
Luego de una semana de reclamos, el Municipio aceptó dialogar. El jueves 10 de marzo de 2011, en la sede de PIP, el intendente Jorge Lezcano, y el subsecretario de Tierras de Misiones, Jaime Ledesma, firmaron un acta acuerdo. Los campesinos no contarían el paso y los funcionarios llamarían a una mesa de diálogo en el lapso de treinta días para encontrar una “solución duradera”. Durante ese lapso, Alto Paraná no rociaría con agrotóxicos ni sembraría pinos.
Tres días después, Alto Paraná violó el acuerdo. Fumigó con agroquímicos y comenzó a preparar la tierra para otra siembra de pinos.
“Alto Paraná demostró su poder una vez más. Su posición fue más fuerte que la del gobierno municipal y que la del gobierno provincial. Por eso decimos, en Misiones gobierna Alto Paraná”, denuncia el comunicado de PIP.
En marzo y abril de 2011 se continuó con la mesa de diálogo entre las partes. Municipio, Alto Paraná, Provincia y PIP. “Era impresionante como el intendente y los ministro de la Provincia parecían los empleados de la empresa. Nosotros preguntábamos a la empresa, y respondían los políticos. Hasta en un momento un compañera se enojó y les dijo que quería escuchar a la empresa”, recuerdaGerman Monges.
El viento fresco se hace sentir en la sede de PYP. El mate no para de circular, y todos quieren contar sobre las reuniones con la empresa. Todos tienen alguna anécdota, recuerdan el enojo campesino (ante la falta de respuesta de respuesta concreta), hoy convertido en sonrisa. “Nos ofrecían ‘proyectos’ (de computación, turismo rural, cocina). Nosotros no queremos proyectos, nosotros vamos por la tierra”, resume Samudio. Todos aplauden.
Asesorados por ingenieros agrónomos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, estudiaron una salida productiva. La propuesta campesina fue que cada familia cuente con catorce hectáreas, un mínimo para producir alimentos y criar animales de manera sustentable en el tiempo. En total, para 200 familias, serían 2800 hectáreas (equivalente al 1 por ciento de lo que la empresa posee en Argentina, o el 0,15 por ciento de los 1,6 millones de hectáreas que posee en Latinoamérica).
Alto Paraná nunca aceptó. Municipio y Provincia miraron para otro lado.
Y volvieron a sembrar pino en Piray.
El 7 se septiembre, los campesinos viajaron hasta Posadas y presentaron ante la Cámara de Diputados el proyecto de expropiación de 3000 hectáreas ocupadas en la actualidad por Alto Paraná. En el proyecto de expropiación la organización campesina asegura que se evitará el éxodo de jóvenes, generarán 400 puestos de trabajo y montarán un mercado de productos de chacra agroecológicos para abastecer a las localidades de Piray, Montecarlo y Eldorado. “Una vez expropiada la tierra se cambiará el actual uso forestal por el uso agrícola ganadero. Frenaremos el deterioro y abandono de parajes que lleva más de 30 años. No cerrarán más escuelas y no habrá más migración rural”, destaca el proyecto de expropiación.
Miriam Samudio, de PIP, resume el sentir campesino de Piray: “Alto Paraná tiene a los políticos, a los jueces y a la policía. Pero a todos ellos los mueve la plata. A nosotros nos mueve el amor a nuestros hijos y el amor a esta tierra. No vamos a dejar de luchar”.
 

Nota

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

el

ley bases
Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

Seguir leyendo

Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

Seguir leyendo

Nota

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases
Seguir leyendo

LA NUEVA MU. No podrán

La nueva Mu
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido