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La tenés adentro

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Una nueva semilla de soja fue aprobada el mismo día de un fallo histórico que condenó a los agrotóxicos. Darío Aranda investigó el expediente de aprobación y las denuncias sobre las irregularidades del trámite.


Monsanto es la mayor corporación del agro mundial, productora de semillas transgénicas y agroquímicos. Acaba de avanzar un paso más en Argentina con su nueva semilla de soja: Intacta RR2 Pro. El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) accedió al expediente de aprobación y confirmó las sospechas: los organismos de control no hicieron su trabajo, el Estado no realizó estudios propios (se basó en informes de la propia empresa) y se violaron, al menos, dos leyes nacionales que obligan a audiencias públicas y que, al no cumplirse, debieran volver nula la aprobación.
El pecado original
El 25 de marzo de 1996 marcó un antes y un después en la Argentina. El gobierno de Carlos Menem aprobó la soja transgénica con uso del agroquímico glifosato. Cambiaría para siempre el modelo agrario del país: de seis millones de hectáreas sembradas entonces se pasó a los 20 millones que hay sembradas hoy.
El expediente de aprobación siempre fue secreto. En 2009, el periodista Horacio Verbitsky accedió a las 146 fojas y en un artículo publicado en el diario Página/12 confirmó las irregularidades: se destacó la falta de estudios independientes, ausencia de información sobre posibles consecuencias en la salud y excesiva confianza en los estudios presentados por la parte interesada, Monsanto.
Dos años después, un grupo de científicos de distintas especialidades convocado por MU analizó el expediente en clave académica. Algunas conclusiones:

  • “El expediente de aprobación es, desde el punto de vista científico, tendencioso, arbitrario y poco científico. La mayor parte de los resultados, en puntos de extrema importancia, corresponden a reportes técnicos de Monsanto. Son juez y parte”. Norma Sánchez, profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) e investigadora independiente del Conicet.
  • “Hay razones para pedir una reevaluación porque se han omitido los efectos potenciales más serios, como el perjuicio ecológico y los efectos sobre la salud humana”. Oscar Scremin, especialista en neurofisiología, estudia las afecciones que sufre el sistema nervioso central como consecuencia del contacto con plaguicidas, profesor e investigador de la Universidad de California (Estados Unidos).
  • “Llama la atención que de 100 páginas sólo haya una referencia respecto del herbicida glifosato. Para analizar la seguridad de un nuevo producto se deben investigar, parte por parte, todo lo que conlleva el paquete tecnológico”. Raúl Horacio Lucero, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Confesión de parte
En enero de 2009, la justicia de Córdoba sorprendió con una decisión con escasos precedentes: hizo lugar a una denuncia presentada por la Subsecretaría de Salud municipal en el barrio Ituzaingó Anexo. El fallo estableció límites para resguardar al barrio de las fumigaciones con agrotóxicos, entre ellos el glifosato y el endosulfán, ambos usados para soja.
Con la resolución 125 aún en la agenda política, la Presidenta anunció la creación, por decreto, de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. Seis meses después, trascendió un informe titulado Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente. Son seis capítulos y 130 carillas que recopiló estudios. Conclusión recurrente: la necesidad de investigaciones sobre los efectos del glifosato. No definió si era inocuo o perjudicial.
A pesar de la incertidumbre, la Comisión no cuestionó que se continúen utilizando en el país 200 millones de litros de glifosato al año. En el escrito influyó la mirada del ministro de Ciencia, Lino Barañao, reconocido funcionario afín a la industria biotecnológica y con pasado laboral en empresas del sector.
El informe oficial fue muy cuestionado por utilizar bibliografía sesgada, equiparar estudios de Monsanto (la principal empresa involucrada) con trabajos de científicos independientes y, sobre todo, por la total ausencia del principio precautorio: ante incertidumbre, prevenir consecuencias en la salud y el ambiente. Incluso el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que formaba parte de la Comisión Nacional y aparecía avalando el trabajo, aclaró que no suscribía al informe.
El informe del Conicet citó reiteradamente un trabajo de Gary Williams, Robert Kroes y Ian Munro del año 2000. Lo referencia en 32 oportunidades y lo utiliza como escudo de protección ante cualquier estudio crítico sobre glifosato. Es de público conocimiento, dentro del mundo científico, que la recopilación de Williams fue patrocinada por Monsanto.
Tampoco fue claro cómo el Conicet designó a los integrantes del Consejo Científico Interdisciplinario que realizó el informe. No hubo convocatoria abierta, ni concurso. De los nueve firmantes del informe, no hay epidemiólogos, sociólogos rurales ni especialistas en genética clínica, oncología, biología del desarrollo y genética molecular, todas áreas de incumbencia directa en la temática.
Sí intervino Claudio Marco Ghersa, ingeniero agrónomo, director del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas (Ifeva). Ghersa es asiduo concurrente a los encuentros que impulsan el modelo sojero. En Mundo Soja 2005, realizado en Buenos Aires, declaró al diario La Prensa: “No hay evidencias de que el cultivo de soja sea particularmente malo, en cuanto a su impacto ecológico, sobre la biodiversidad”. En 2008 fue director de “cursos de especialización” organizados por Aapresid (la oenegé que impulsó la sojización, donde participan los mayores productores del país) y la Facultad de Agronomía.
Claudio Ghersa también integró la Conabia (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología de la Secretaría de Agricultura), el cuestionado organismo que dio luz verde a la soja transgénica y al uso de glifosato, sin realizar estudios propios para su aprobación.
Veneno en sangre
Las Madres del barrio Ituzaingó Anexo, Córdoba, eran llamadas locas. Su locura consistía en confirmar que cada día existían en su barrio más casos de cáncer, alergias y problemas respiratorios. Luego de diez años de lucha y denuncias, lograron, en junio de 2012, llegar a juicio penal, algo que nunca había sucedido en Argentina.
Tres días después de iniciado el inédito juicio, el 15 de junio de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció, desde Estados Unidos, la instalación de una planta de Monsanto en el barrio Malvinas Argentinas, de Córdoba. La población de Malvinas se enteró por televisión. Y de inmediato nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida, que desde hace más de un año se opone a la instalación de la planta de Monsanto por sus efectos sociales, ambientales y, sobre todo, porque nunca se consultó a la comunidad.
Durante el juicio se confirmó, con un estudio oficial, que 8 de cada 10 niños del barrio tienen agrotóxicos en sangre. Sobre una muestra de 142 niños, a 114 se le detectó contaminación con agroquímicos. “El 80 por ciento de los chicos tiene agroquímicos en sangre”, explicó la médica Inés Flamini, de la Unidad de Pronta Atención 28 (UPA, centro de salud vecinal), una de las responsables del informe sanitario. La médica reveló que viven en el barrio niños con hasta cinco y seis herbicidas e insecticidas en el cuerpo e, incluso, se detectó presencia de agroquímicos en chicos de fuera del barrio. “Es una prueba más de que el modelo afecta la salud: ya no se puede ocultar”, resumió Darío Ávila, el abogado que inició la causa.
El 21 de agosto de 2012 fue una sentencia histórica. La Cámara I del Crimen de Córdoba encontró culpables a un productor (Francisco Parra) y a un aerofumigador (Jorge Pancello) de contaminar y afectar la salud de la población. Recayó sobre ellos una pena de tres años de prisión condicional, sin cumplimiento de cárcel. Medardo Avila Vázquez, ex subsecretario de Salud municipal y actual integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, destacó el vaso medio lleno: fue la primera vez que se juzgó a productor y fumigador con la Ley de Residuos Peligrosos y se los encontró culpables. “Es un fallo histórico”, remarcó. Similar mirada tuvieron las organizaciones sociales que acompañaron con un acampe en la puerta de los tribunales cordobeses.
El mismo día del fallo, 21 de agosto de 2012, el ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, presentó junto a los directivos de Monsanto la nueva soja transgénica: Intacta RR2 Pro.
La gacetilla de prensa del Ministerio actuó como una insólita oficina de prensa de la multinacional. El título cita al vicepresidente de Monsanto argentina, Pablo Vaquero: “Trabajamos con un Gobierno que ha abierto el diálogo”.
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“En el marco de la presentación de la nueva tecnología en soja Intacta RR2, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, destacó que ‘es un día muy especial para Argentina, porque vamos por una segunda generación de soja, hoy aprobamos el evento número 27 y la biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable’”.
El vicepresidente de Monsanto también festejó: “Esta nueva tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el medio ambiente”.
Expediente
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció en marzo de 2013 irregularidades en el proceso de aprobación de la nueva soja de Monsanto. El juez Ernesto Marinelli permitió que los denunciantes accedan al expediente. Luego del análisis del proceso administrativo, el Celma no tiene dudas: “La aprobación es nula”. Basa su argumentación en que no existió consulta pública (como establecen las leyes leyes N° 24.375 y 25.675) y que justifica la aprobación en los estudios de la propia empresa. También carece “del debido estudio de impacto ambiental”. La acción judicial solicita que se anule la aprobación de la soja transgénica y se suspenda la comercialización de la semillas.
La oenegé, compuesta en su mayoría por abogados especializados en medio ambiente, explicó que la soja Intacta RR2 Pro fue autorizada sin analizar los riesgos ambientales en todas las regiones donde se siembra la oleaginosa y cuestionó que Monsanto haya hecho uso de la norma de confidencialidad “siendo ello violatorio del derecho a la información en materia de salubridad y alimentos”. El Estado no realizó estudios y, según advierte el Celma, ni siquiera realizó preguntas sobre los estudios citados por Monsanto. Concluyó: debe ser declarada inconstitucional.
La organización denunciante también señaló que los estudios presentados por Monsanto tienen “carencias significativas”. A modo de ejemplo, señaló que los análisis en ratas y pollos fueron realizados “en escasos 90 y 42 días” y alertó que sólo se contempló la intoxicación aguda (la que se genera en un primer momento) y no se estudiaron los efectos crónicos (a largo plazo). Recordó que los estudios en ratas deben hacerse sobre toda la vida de los roedores: dos años.
El Celma apuntó contra la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria): “La aprobación se sustenta en estudios sólo de Monsanto”, recordó. Y también cuestionó el rol del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa): “El dictamen de inocuidad alimentaria realizado por el Senasa muestra groseros y graves errores de procedimiento que lo hacen nulo de nulidad absoluta. Tampoco realizó observaciones ni realizó preguntas sobre ningún estudio que presentó Monsanto”.
La denuncia judicial también explicita el rol de Moisés Burachik, quien intervino en el dictamen aprobatorio por parte del Senasa. Se trata del director de Asuntos Regulatorios de Bioceres, empresa dedicada al desarrollo de semillas transgénicas, y socio honorario de ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida), que tiene entre sus integrantes a las multinacionales de agroquímicos y transgénicos Bayer, Dow Agro Sciences, Syngenta y Monsanto.
Burachik es juez y parte.
En venta
El 2 de septiembre pasado, Monsanto anunció la comercialización de la soja Intacta RR2 Pro saldrá a la venta en dos semanas. “En la segunda semana de septiembre, se va a lanzar la Intacta en la Argentina. Por ahora lo que podemos anticipar es que de entrada el productor va a pagar un precio por la bolsa de semilla y después, pagará otro precio por la tecnología incorporada en cada tonelada producida”, señaló el vicepresidente, Pablo Vaquero. Puntualizó que primero se comercializará en el norte de Argentina.
Un dato para poner en contexto a la nueva Intacta: entre el 25 de marzo de 1996 y el 7 de marzo de 2013, el gobierno argentino aprobó 28 semillas transgénicas: cinco de soja, veinte de maíz y tres de algodón. Sólo se conocieron dos expedientes de aprobación. El que corresponde a la primera semilla de soja RR (marzo de 1996) y ahora, el de la soja de Monsanto Intacta RR2 Pro. Ambos con múltiples irregularidades.
Los otros 26 expedientes son celosamente guardados por el Ministerio de Agricultura.
Las empresas beneficiadas: Nidera, Novartis, Dow AgroSciences, Pionner, Syngenta, Bayer, Basf y Monsanto. Todas corporaciones del agro mundial, ganadoras del modelo.

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