Nota

30.001

Publicada

hace 19 años

26/09/2006

Este ex albañil de 76 años que tuvo el coraje de prestar su crucial testimonio en un juicio por genocidio, está desaparecido desde el 17 de septiembre. La hipótesis del shock emocional es casi tan temible como la del secuestro policial: las personas que buscan justicia abandonadas a su suerte, en un país donde la impunidad no es una pieza de museo y la defensa de los derechos humanos vuelve a estar en los pies de quienes salen a la calle con una consigna: aparición con vida. Nilda Eloy, la otra querellante de esta causa, calcula: “Menos de un 5 por ciento de los represores están en la cárcel. Mientras el otro 95 por ciento esté libre, nosotros estamos en peligro. No hablo de nosotros los testigos, hablo de nosotros como sociedad”. De eso se tratan las movilizaciones e iniciativas por la aparición con vida de Julio López, para reafirmar dos palabras: nunca más.

Jorge Julio López, 76 años, ex albañil, testigo crucial y querellante en el primer juicio oral y público por genocidio tras la anulación de las leyes de impunidad, no contaba con cuidado ni protección alguna. Está desaparecido desde el 17 de septiembre. Fue un desaparecido durante la dictadura. Es un desaparecido ahora en democracia. En la Casa de Derechos Humanos que comparten varias organizaciones de la provincia de Santa Fe apareció un volante con su foto y la siguiente leyenda:
“Jorge Julio López terrorista 30.001. ¿Quién será el 30.002?”
Jorge Julio López fue durante dos años y medio un desaparecido, pero tuvo el extraño privilegio de sobrevivir para contarlo. Estuvo prisionero en un circuito clandestino de detención que representa el nido de los amos de la vida y de la muerte en esa ciudad de La Plata de tiempos de la dictadura y de la policía comandada por Ramón Camps y su secuaz, Miguel Etchecolatz. “Tenía cara de mono”, describió López en su primera declaración en los llamados Juicios por la Verdad. No sabía todavía el nombre de ese “mono” que terminó condenado a prisión perpetua y que en los tiempos en que López era una desaparecido acompañaba a Camps en las torturas. A López le quedó el pecho marcado con los rastros de la picana y por eso ofreció mostrarle sus heridas a los jueces como prueba. Él, junto a tantos otros, lograron así reconstruir con lo que tenían –pedazos de nombres, fragmentos de lugares, terrores y heridas- ese nido de impunidad de la policía bonaerense: lo allí pasaba y quiénes pasaban. Nombraron a los represores y nombraron a sus víctimas.
El 18 de setiembre López iba a terminar un capítulo de esa historia que comenzó cuando lo secuestraron, el 27 de octubre de 1976 y que a lo largo de 30 años tropezó con las más increíbles formas de impunidad. La causa que lo tuvo como testigo puede ser también considerada un nido: solo contabilizando los últimos tropiezos judiciales, tuvo desde marzo de 2000 –fecha en que se llevaron adelante las audiencias de los llamados Juicios por la Verdad- tantas idas y vueltas que cuesta creer que en el momento crucial, López no estuviera allí para escuchar el fallo. Pero no estuvo. No hay metáforas para explicar el por qué: una vez más, nadie vio qué pasó.

Romper el silencio
“Callate la boca y no digas nada”, le dijeron cuando lo soltaron dos años y medio después, luego de haber soportado cuatro centros clandestinos de detención –el Pozo de Arana, la Unidad de Cuatrerismo, la Comisaría 5 de La Plata y la Comisaría 8, también de esa ciudad- hasta que lo “legalizaron” poniéndolo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en una cárcel, de donde salió finalmente el 25 de junio de 1979.
Pero López habló –como tantos otros- y el represor Miguel Etchecolatz fue condenado. Sin embargo, la historia no terminaba allí: el nido de impunidad que denunció López involucra a –por lo menos- 62 militares y policías. Sólo 7 están detenidos.
Ahora, López volvió a ser un desaparecido.
En tanto, el funcionario que en la actualidad oficia como ministro del Interior -Aníbal Fernández- se reunió con el grupo que impulsa la causa por el genocidio cometido por el Estado argentino durante la dictadura, y realizó una revelación asombrosa. Les dijo que la desaparición de Jorge Julio López le produce preocupación, pero que se trata de “un problema provincial”.
Adriana Calvo, en cambio, sostiene ante lavaca: “A Julio López lo secuestró la Policía Bonaerense. Y que siga desaparecido es una respuesta a la condena por genocidio contra Etchecolatz”.

El caso
Desde que Jorge Julio López desapareció, hubo diversas formas de explicar la ausencia:

Un shock emocional que pudiera causarle pérdida de memoria, o alguna forma de extravío.
Simple y puro miedo, y que López decidiera esconderse en alguna parte ante la exposición que significaba la condena de Etchecolatz.
El secuestro: la desaparición forzada por sectores policiales o “bolsones” de represores en actividad (la idea transmitida hace ya una semana por lavaca tras conversar con ex detenidos desaparecidos, ratificada por el ministro bonaerense León Arslanián y luego por el propio gobernador Felipe Solá).

López había sido un testigo fundamental en el juicio. Explicó detalladamente su propio secuestro y torturas, pero además el modo en el que fueron sometidos y asesinados Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco, y la participación de Etchecolatz en esos crímenes. Además fue uno de los tres querellantes en la causa, junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y a otra sobreviviente del terrorismo de Estado, Nilda Eloy.
Teniendo en cuenta estos datos, ¿tenía Jorge Julio López alguna forma de cuidado o protección?
Adriana Calvo: “Ninguna, en absoluto. La verdad es que nadie pensó en el tema, ni el gobierno ni el Tribunal”. En el caso de la propia Asociación, “lo que nos pasa es que pensamos: ¿quién es que nos va a cuidar? ¿La Bonaerense? ¿Los mismos que nos secuestraron? Nunca en todos estos años de democracia hemos pedido esa protección” reconoce Adriana. “Por el lado del gobierno es imprevisión, irreponsabilidad, le quitaron importancia. Jamás se pusieron a pensar en esto”.
Nilda Eloy, la otra querellante, calcula:
-La realidad te indica que menos de un 5 por ciento de los represores están en situación de cárcel. Mientras el otro 95 por ciento esté libre, nosotros estamos en peligro. No hablo de nosotros como “testigos”, nosotros como “sobrevivientes”, hablo de nosotros como sociedad.
-Pero el caso de López tiene la particularidad de tratarse de un testigo muy importante, incluso para futuros juicios.
-La desprotección es hacia todos. Si nos vamos a lo chiquito, a este juicio solamente, te pido que pienses: ¿Para quién hubo medidas de seguridad? Para el reo (Etchecolatz), para el abogado del reo, y para el testigo del reo, Raúl Alfonsín. Punto. Nada más. En el Estado no se evalúa que la seguridad pasa por otro lado: que no haya impunidad, que haya justicia plena, que no se nos rían en la cara en plena calle.
-¿No se consideró que alguien como López podía estar en peligro?
-No. Parece que éste fuera el tema de un grupito, unos locos que estamos reclamando. Y nos dan esta respuesta: acá estamos, miren lo que podemos hacer. Un secuestro en la cara, como si fuese la Triple A en 1974. (Triple A, o Alianza Anticomunista Argentina, fue el grupo paramilitar que dio inicio a la represión ilegal previa al golpe de 1976).

Los que no se resignan
La hipótesis de que López se haya escondido por miedo, cada vez más descartada, es en sí misma temible, por lo que indica acerca del desamparo en que se encuentra una persona que quiere impulsar la justicia. Con la teoría del “shock emocional” ocurre algo similar: si existió tal shock, sólo puede ser visto como la consecuencia de las enormes dosis de miedo a vencer, pesadillas de décadas y compromiso de cuerpo y alma que una persona debe poner en juego en una situación como esta.
En realidad, siempre ocurrió lo mismo. Fueron personas concretas las que hablaron, revelaron, dijeron lo que había pasado. Personas como López son las que han hecho que la justicia no sea una mera metáfora en los escenarios. Cuando Jorge Julio López declaró por primera vez en 1999, el objetivo ni siquiera era el castigo de los responsables, sino simplemente el conocimiento de la verdad. Y esas declaraciones (de López, de Nilda Eloy, y de cientos de testigos) se hicieron en el marco de un tremendo silencio oficial, estatal, mediático y social. Y ese conocimiento de la verdad, y la movilización, y la acción de organismos de derechos humanos, es el que fundó el clima para la anulación de las impresentables leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Y eso motorizó los juicios como el actual. Son décadas y décadas de luchar contra la resignación y el silencio. Así se entiende el estallido de H.I.J.O.S el día de la sentencia a Etchecolatz, con lágrimas, gritos, abrazos, la emoción de sus abuelos, y algo que corearon juntos:
“Vas a la cárcel, Etchecolatz, no es el Estado, es la lucha popular”.
Actualmente hay toda una movilización de fuerzas buscando el paradero de Jorge Julio López. La pregunta es: cuando era crucial protegerlo realmente ¿tuvo López algún apoyo, acompañamiento? Ninguno, salvo el de los otros testigos, como si se tratara de un problema privado. Consulta a Nilda Eloy:
-¿Tiene lógica en este marco la posibilidad de que López haya huido o se haya escondido por miedo?
-No. Él estaba chocho, radiante. Había declarado por primera vez en 1999, en los Juicios por la Verdad. Lo hicimos juntos. Pero esta era la primera vez que iba a declarar con el apoyo y la compañía de sus hijos. Eso lo tenía feliz. Al contrario, estaba medio enojado porque Etchecolatz no estuvo el día que él declaró, y quería ir a la lectura de la sentencia para verle la cara.
-¿Y la hipótesis del shock emocional?
-No. Con lo único que encaja esto es con un secuestro.
Adriana Calvo sabe que todo esto es una especie de diálogo con el mal: uno de los campos de concentración, el Pozo de Quilmes, era llamado El Infierno por sus administradores; “de aquí nadie sale”, decían para justificar el nombre. Tal vez por eso calcula: “Una vez que lo secuestraron, también lo pueden hacer aparecer en un puente al lado de dos linyeras, como si hubiera fallecido de muerte accidental”. En la Argentina de monseñor Enrique Angelleli, ya hay experiencia sobre el contenido real de ciertas muertes accidentales.
De todos modos la insistencia de algunos medios acerca del shock emocional la irrita: “¿Y éste, para quién trabaja?” dice sobre uno de los empleados del periódico Página 12 que sostuvo tal teoría en una nota del martes, como para moderar las declaraciones del propio gobernador Felipe Solá, quien reconoció que López podría ser “el primer desaparecido en democracia”. Esa frase, luego, recibió la respuesta de Rosa Schönfeld, la madre de Miguel Bru, estudiante de periodismo desaparecido en 1993, secuestrado también por la Policía Bonaerense: “Se olvidó de Miguel y de unos cuantos más”. (Puede mencionarse, entre otros, el caso de la desaparición de Iván Torres en Comodoro Rivadavia en octubre de 2003, en el que tres posibles testigos murieron asesinados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado argentino que tome recaudos para defender a los otros testigos de una causa con olor a policía, petróleo e impunidad, sumadas al silencio oficial. Aunque tal vez se trate de un problema provincial).

Desconfiar del Estado
Nilda Eloy ya recibió llamadas de testigos que iban a presentarse a los futuros juicios orales y públicos contra represores:
-Llaman y dicen: yo no declaro. Es miedo, difícil de controlar.
-¿Y usted, Nilda?
-El miedo nunca se pierde. Pero no te podés paralizar. En algún momento una aprende a que el miedo sirva de motor. Lo que quieren es volver a manejarnos con el terror. Y la respuesta tiene que ser “no”. Como sociedad no podemos permitirnos eso. Vamos a seguir declarando, vamos a seguir adelante con los juicios.
La propia Nilda ahora cuenta con custodia, pero sus amigos relatan que ni ella quiere subirse al auto de sus guardianes. “El otro día estábamos en una reunión, se tuvo que ir, y armamos una colecta entre todos para que tomase un remis. Y atrás iba la custodia”, cuenta Adriana Calvo.
Nilda tuvo que salir de esa reunión cuando recibió un urgente llamado de su hija, 21 años, que estaba sola en su casa. Cuenta Nilda: “Empezaron a llamar, ella se daba cuenta que había alguien del otro lado de la línea, pero no le contestaban, y tampoco cortaban”. El miedo se apoderó de la joven. Nilda misma recibió una llamada el día anterior a la desaparición de López: “Me pasaban algo que quiero creer que era un simulacro de sesiones de tortura”.
Adriana Calvo no cree en las intenciones del gobierno.
“No tenemos ninguna confianza en estos discursos tan defensores de los derechos humanos. Se parte de un Estado ausente, con testigos y víctimas que le tienen desconfianza al Estado por la impunidad de décadas. No es solo la desconfianza por la impunidad de ayer, sino porque venimos con la certeza de que hay tipos vinculados a los campos de concentración en la policía actual y eso lo confirmamos al hablar con (León) Arslanián”.
Por eso considera que la desconfianza “va más allá del aparato de seguridad. Es el Estado. El mismo gobernador Solá, que ahora parece tan cercano a este tema, ¿qué hizo en estos últimos años, yo pregunto? ¿Qué hizo mientras las leyes de impunidad y obediencia debida estaban vigentes? Nunca lo escuché quejarse o pedir la anulación. ¿Y Kirchner? ¿Qué hizo antes del 2003 por la nulidad de las leyes de impunidad? Desde el represor hasta el gobernador o el presidente, no tenemos confianza”
Adriana recuerda que en su reunión con Felipe Solá, el gobernador pareció molesto y dijo “acá parece que partimos de la desconfianza”. Obviamente era así. Pero a partir de ese recuerdo, analiza una cuestión decisiva para entender el presente:
“Estamos ante un Estado que aniquiló, que impunizó, que reivindicó. Y que de buenas a primeras anula las leyes del perdón. Pero todos los personajes que aniquilaron, impunizaron y reivindicaron, ahora están de nuestro lado diciendo: bravo, bravo, hagamos justicia ¿En eso quieren que confiemos?”

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¿Dónde está Julio López?: Aparición con vida y castigo a los culpables

Testigo clave contra Etchecolatz: ¿Dónde está Julio López?

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Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

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hace 1 día

28/10/2025

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después

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hace 7 días

22/10/2025

Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.

Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla

Fotos Juan Valeiro

El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.

Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después — Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.

Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.

Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.

La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:

“Que no te vendan gato por león”.
“¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.

Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:

Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.

Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.

Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.

Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.

Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.

La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.

Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

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hace 2 semanas

17/10/2025

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas — Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.

Misión imposible: la ¿increíble? historia de Sabrina Ortiz

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.