Crónica desde El Plantón, un campamento levantado en Ciudad de México en recuerdo de los 43 estudiantes de Iguala desaparecidos hace 2 años.

Por Eliana Gilet para Brecha
Llueve de a ratos. En la entrada del Plantón, el grupo de las “Batallones Femeninos” rapea que “yo sólo menstrúo cuatro días al mes, tú eres un idiota todo el año”. Toda la semana hay actividades porque el 26 se cumplen dos años de la masacre de Iguala, en donde 5 personas fueron asesinadas y 43 estudiantes de magisterio fueron desaparecidos. Tres meses después de aquel 26, en diciembre de 2014 un grupo variado de gente y organizaciones montó un plantón en plena avenida Reforma, “la” avenida de la ciudad, en el cantero frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República.
La biblioteca está a la izquierda apenas entrar y más adelante, pasando el maíz sembrado a la derecha, en el pedazo de tierra que había disponible, están las mesas y la cocina; las carpas alrededor. El perímetro está rodeado por las fotos de los estudiantes, que apuntan hacia la PGR. Para “la cotidiana” de los padres de los jóvenes, que tienen una reunión al mes en ese punto, el plantón sirve de base y de apoyo. Allí, en la calle, ofrecían una conferencia de prensa apenas bajados de las oficinas de justicia, en dónde los padres planteaban públicamente cuáles eran sus puntos de acuerdo y discrepancia con la investigación oficial, y que acciones tomarían a continuación. Cada mes.
Sentado en una de las mesas, Reynaldo señala el portón de madera de la entrada e indica que el Plantón empieza en la alcancía esa que cuelga afuera, y que a ver si le deja usted algo cuando sale. Tiene 76 años y desconfía de las preguntas. Dice que es pesimista y que por eso se guarda lo que piensa. Por ahora cuenta que se alternan para cubrir los días, para que siempre haya gente y nadie se desgaste.
Luis, a su derecha, tiene 20 años y barba. Sonríe. Tiene pinta de estudiante. Lleva poco más de un año apoyando en el Plantón el que, dice, incluye también a la buena cantidad de presos políticos que tiene el país y cuyas fotos también están colgadas, así como las de otras personas desaparecidas. Se integró poco a poco, a través de otros compas que conocían el lugar. “No hay sólo un tipo de ideas que predominan, hay muchas personas que se acercan, y yo aprendí mucho de otro tipo de luchas. Ninguno de nosotros tiene un parentesco directo con los estudiantes, pero sí hay un sentimiento. Si esto nos hubiera pasado a nosotros, ellos estarían buscándonos”
¿Por qué hacerlo con un Plantón en el medio de la ciudad? “Es para mostrarle a la gente que la lucha no ha pasado, que seguimos buscando mantenerla viva, pero no somos nomás nosotros, hay mucha gente atenta y haciendo algo.”
Explicar los motivos de la dimensión que el ataque a los normalistas de Ayotzinapa  tuvo para este país no es tan importante como señalar algunas de sus consecuencias. Uno tras otros los familiares de desaparecidos de distintos puntos de la República, que vivían sus procesos de dolor y búsqueda más o menos aisladamente entendieron una básica: “si los padres de los 43 buscan, nosotros también podemos”. Otra fue una toma de conciencia de la fuerza de cierta mecánica del horror, que venía acechando a los mexicanos desde al menos diez años antes y que se sintetizó con un lema que se hizo carne: “Fue el Estado”.
“Explotó la olla, duele, es nuestra gente, nuestro país. Fue un gran abuso de poder y creo que los padres con dignidad exigen justicia con sobrada razón.” Rosa María, 74 años, lo vivió en carne propia durante otro período duro, el de la presidencia de Salinas de Gortari, en los noventa. Ella misma sufrió que sus hijos fueran torturados por integrantes del Ejército, cuando dieron alojo a un luchador social en su pobre casa. Violentaron sus derechos y luego se deslindaron de la situación, dice.
Adrián cierra la ronda, 37 años. “Ayotzinapa es un parteaguas en esta compleja sociedad mexicana. Tiene todos los elementos de una desaparición forzada, que no son algo nuevo tampoco, ya se practicaban en 1969. La diferencia es que antes los mataban, entonces había un auge de las ejecuciones extrajudiciales.” Explica que Ayotzi sucedió una vez que el norte del país ya había sufrido un recrudecimiento “bien cabrón” de las desapariciones masivas. “Lo que se logra ver con Ayotzi, ya sucedía en el norte, pero en este caso hubo una reacción inmediata, que no sé por qué fue.”

Necropolítica

Las lonas que hacen de techo suenan cuando las levanta el viento que viene a vaciarlos del agua acumulada a unos metros de la mesa en dónde estamos sentados. Nadie parece inmutarse, como si esta gente hubiera nacido en la intemperie.
Muchos de los que se acercan tienen presos o desaparecidos, otros no, vuelcan los que están en la conversa. Pura sociedad civil que, como en cualquier proceso del estilo, tuvo y tiene altibajos. Pero la razón común en la que acuerdan es que, si los padres no se han rendido, ellos tampoco pueden hacerlo. Llevan 629 días de convivencia y han aprendido a bancarse. Esa es otra de las consecuencias del ataque a los normalistas, la lucha por la presentación con vida de los 43 ha llevado a gente de diversa estirpe a aunarse y “vivir un proceso de tolerancia”, todo frente a los ojos de la gente que pasea en una de las zonas más caras de la ciudad.
Hay otro punto en el que están de acuerdo los “plantonistas”: el efecto devastador de las campañas mediáticas. “La gente tiene idea de quien lo hizo, pero cuando viene y platica con nosotros, nos dicen ´ya están muertos´, tal y como se promueve desde arriba para cerrar el caso sin que nada se resuelva. Desde que comenzaron la guerra contra el narco, la gente tenía idea de lo que sucedía, pero con Ayotzinapa armó ese rompecabezas.” Ya no se contentaron las familias con una caja de cenizas y la frase “fueron los zetas” (en alusión a uno de cárteles de narcotraficantes) por parte de la justicia como explicación del destino de sus familiares.
“Nadie sabe el número de muertos, ni siquiera los asesinos”, como si Jaime Sabines hubiera podido ver el futuro en los primeros versos de su poema a Tlatelolco – otra gran masacre, crimen de estado, en 1968 –, se estima que en los últimos diez años fueron desaparecidas entre 27 mil y 30 mil personas y asesinadas otras 50 mil. La participación de las fuerzas estatales en uno y otro es ampliamente abrumadora.
¿De qué se dio cuenta la gente pues? “De que el gobierno indica que aumenta la violencia porque hay narco, pero en este país siempre ha habido narco, pero no esa violencia. Para lo que sirvió el narco fue para crear un enemigo interno, culpable de todos nuestros dolores, con lo que se diluye la responsabilidad del Estado en esta situación. ¡Y hay gente que lo cree! Que acepta que a su familiar se la llevaron “los zetas” o “los templarios”. Incluso nosotros, al primer lugar al que fuimos a buscar a los estudiantes, a los 15 días, fue a los cerros de Iguala: estábamos buscando fosas, los estábamos buscando muertos”
Serafín se suma a la conversación. Él también se remonta al año 2006, pero no al comienzo de la guerra contra el narco, sino a la represión en San Salvador Atenco, en un pueblito del estado de México – que rodea a la capital y concentra la mayor población del país, la zona de los extintos grandes lagos – que resiste aún la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México para el que, entre otras tantas, habría que secar el Lago de Texcoco. A los presos en Atenco los habían condenado a cumplir 132 años de cárcel – fueron liberados en 2010 – hubo heridos y violencia sexual de los uniformados hacia un grupo de mujeres, por el que se ha condenado internacionalmente al estado mexicano.  Habla Serafín: “Lo que Atenco enseñó al Pentágono es que el despojo al que nos sometieron no iba por ahí, con una confrontación directa. Entonces la estrategia de quita de nuestros recursos varió. Sembrando el terror, vimos cómo nos sometieron a una despoblación estratégica de ciertas partes del país. ¿Por qué sucedió en el norte? Porque allí se encuentra la cuarta reserva más grande de gas natural en el mundo, la cuenca de Burgos. Si no hay gente, no hay quien se oponga a sus proyectos extractivos.”
Así la supuesta guerra contra el narco, opinan a distintas voces, sólo ha tenido victimas que no lo son. La otra gran cara de esta crisis es la entrega a grupos paramilitares del cordón migratorio, tanto en la frontera sur como en la norte, en dónde se les permite actuar con libertad. Serafín cita a Achille Mbembe, intelectual africano, las máquinas de guerra y la necropolítica. El poder último de decidir quien vive y quien muere.
“Creo que Ayotzinapa no fue algo que hubiesen planeado, sino algo que se les salió de las manos. Y en eso es importante la hipótesis planteada por el Grupo de Expertos Internacional (GIEI) del quinto autobús como parte de la ruta de tráfico de drogas al norte”
Los miembros del GIEI sostuvieron desde su primer informe al año de la masacre, que las pistas indicaban que el móvil de un ataque tan flagrante y obsceno – decenas de policías persiguieron a los normalistas por la ciudad llamando la atención de todo el mundo – pudo deberse a que, el quinto autobús tomado por los estudiantes en la terminal de Iguala – para trasladarse a la capital a conmemorar un nuevo aniversario de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre  – estaba acondicionado para aquella travesía, y que los jóvenes se lo llevaron sin saber el infierno que eso les desató encima.
“Desde la década del sesenta, en el estado de Guerrero hay señales de la colusión entre el Ejército y el narco, al propio Lucio Cabañas (maestro, ex estudiante de Ayotzinapa y líder guerrillero) lo entregaron dos narcos al Ejército cuando lo toparon en la sierra en 1974. O con figuras como la de Ruben Figueroa Figueroa” El Partido de los Pobres, integrado por Cabañas, había secuestrado ese mismo año a Figueroa, caudillo del PRI, pieza central en la guerra sucia de los setenta y de la coordinación con el narco. Los Figueroa Figueroa son la familia dominante en Huitzuco, un municipio vecino de Iguala, al que se señala como destino final de los estudiantes, según un testimonio recabado este año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. “¿Por qué el presidente y toda su estructura meten las manos para manipular la verdad y proteger a un municipio como Huitzuco? Porque hay un poder mayor al del presidente que lo quiere así”, dice Serafín, y todos coinciden en el plantón.

Qué viene

“Soy pesimista y creo que estamos en un proceso de descomposición muy fuerte. Como en el 68, que se resistió para intentar parar y bloquear la represión, pero eso no evitó Aguas Blancas, tampoco Acteal”, replica Reynaldo, el veterano, aludiendo a dos masacres cometidas por fuerzas policiales y parapoliciales, la primera en 1995 en el estado de Guerrero y la segunda dos años después, en Chiapas.
“Tampoco detuvo a Nochixtlán” apunta otro, en referencia a las nueve personas asesinadas el 19 de junio último, por la Policía Federal en el pueblito mixteco de la sierra de Oaxaca, durante la resistencia al avance de la Reforma Educativa. “Esa reforma, la energética o las otras promovidas fueron resistidas por la gente durante años y sólo se lograron aprobar cuando la gente estuvo lo suficientemente aterrorizada. Las reformas del despojo son las leyes que requiere el capitalismo para un nuevo proceso de acumulación.”
Replica Adrián: “Creo que estamos en un momento en que la sociedad tiene que evolucionar en sus formas de resistencia. El mensaje enviado con la remoción de Tomás Zerón de Lucio en este caso fue un mensaje para los que estamos luchando”
A mitad de Setiembre, Tomás Zerón de Lucio renunció a su cargo como director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y coordinador de las investigaciones oficiales sobre la matanza de los normalistas. El GIEI lo había acusado – apoyándose en evidencias – de diversas manipulaciones. Fue él, señaló el grupo de expertos, quien “plantó” restos humanos en el río San Juan y quien contruyó la verdad oficial, la “verdad histórica” como se la llama en México, de que los cuerpos de los 43 estudiantes habían sido quemados en el basurero del municipio de Cocula, un relato desmentido por los antropólogos y especialistas que han trabajado en el caso. Los padres de los 43 habían cortado el diálogo con la PGR hasta que Zerón fuese separado del cargo y entregado a la justicia.
Al día siguiente de su renuncia, se supo que en realidad fue trasladado a un cargo de dirección en la Comisión Nacional de Seguridad, sin consecuencias penales hasta ahora. Lo ascendieron.
Los del plantón refieren a otra pelea legal que se batalla ahora: la sanción de una ley que tipifique el delito de desaparición forzada adecuándose a los estándares internacionales. La que existe actualmente, excluye de la categoría de “servidores públicos” a los cuerpos policíacos y el Ejército, ni contempla un mecanismo nacional de búsqueda, que las familias exigen que incluya a la sociedad civil.
“La ley que exigimos contiene lo mínimo para acreditar el cuerpo del delito y armar un mecanismo nacional de búsqueda. Pero como son ellos que legislan, nos dicen que la ley está bien salvo algunas cosas que quieren cambiar, que son las que a nosotros nos parecen medulares”. Buscan el apoyo del parlamento de la Unión Europea para que, al menos en el papel, México cumpla los estándares internacionales de derechos humanos. La ley sería un candadito mínimo que permitiera empezar a acusar al Estado. Y mientras tanto, resistir, dicen. “Resistir como hasta ahora”.