Nota

Agronegocio y retenciones: el conflicto

Publicada

hace 15 años

10/06/2008

Norma Giarracca es profesora de Sociología Rural y coordinadora del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani (UBA). Trabajó sobre el Movimiento de Mujeres Agrarias, los movimientos campesinos y la biodiversidad. Es una de las pocas voces públicas que cuestionan el modelo del agronegocio, y lo explica en esta entrevista donde describe a los pooles, los fondos de inversión, los rentistas, los campesinos, y algunas claves para entender el fondo del conflicto que sigue estallando cada día.

Modelos

Cuando hablamos de modelo hablamos del tramado institucional para que cualquier parte de la economía se vaya orientando hacia determinada dirección. El modelo sojero del agronegocio tiene una lógica muy distinta del modelo agrario y agroindustrial que nos conformó como nación: tiene una lógica financiera, económica. Ahí hay una diferencia muy grande que se fue armando en los ’90, hubo una preparación para que pase. Este era un país de chacareros, de cooperativas, de industrias nacionales, de cadenas agroindustriales, tanto en los frigoríficos como en las harinas: Terrabusi o Bagley, por ejemplo eran algunas de las viejas empresas nacionales que estaban en la cadena agroindustrial y les iba bien. No era un mercado interno muy grande, como Brasil, pero era un país en el que toda la cadena participaba del sistema agroalimentario: alimentos baratos para salarios baratos. De ahí que a comienzos siglo se crearon la Junta Nacional de Carne y de Granos, y la Dirección de Azúcar. A diferencia de otros países de latinoamericanos, en la Argentina la producción era para el mercado interno y la exportación. En México el campesino producía para mercado interno y los empresarios para exportar. Aquí no, el pequeño y mediano abastecía a los dos mercados. Para equiparar los precios internacionales y que los precios internos no se dispararan había una serie de regulaciones, dos de las cuales era el tipo de cambio y las retenciones.

Dictadura

Eso se fue modificando con el cambio de modelo económico internacional, la globalización, el predominio del capital financiero. Lo primero fue que aparecieron grandes empresas transnacionales que producen agroquímicos y semillas en la agroalimentación, empresas que empezaron a tomar posiciones estratégicas en Latinoamérica. Ya estaban en México desde los ’70, pero en la Argentina había un sector medio muy grande en el agro y el sector industrial, y eso retrasó un poco la penetración trasnacional.

El Estado, a partir del ’75, tomó medidas para favorecer la incorporación del capital trasnacionalizado. Además, el 24 de marzo del 76 mataron a Atilio Santillán, la figura de los trabajadores rurales más importante del momento, los dirigentes de las ligas agrarias fueron presos, los productores quedaron aterrados, no salieron de sus fincas por años. La Sociedad Rural dio a sus mejores hombres para el gobierno militar, empezando por Martínez de Hoz. La Federación Agraria quedó en silencio, aunque hay que reconocer que Humberto Volando tuvo una posición muy digna en relación a los derechos humanos. La Federación Agraria, cuando nació, planteaba la reforma agraria, tiene perfil socialista.

En la dictadura el banco de semillas del INTA se desmontó, y ese conocimiento pasó a las corporaciones que llegaban al país. La dictadura abrió el banco genético de la biodiversidad y se empezó a compartir con las multinacionales.

Los proveedores de insumos extranjeros, entonces, empezaron a traer a los híbridos, una semilla que el productor no puede reproducir y que al mismo tiempo es más rendidora. Comenzó un proceso de agriculturación con cinco granos que utilizaban la semilla híbrida y agroquímicos, que subieron muchísimo la producción: el girasol, el sorgo, trigo, maíz y soja. Estos cultivos se expandieron progresivamente al interior. Hubo un aumento de la productividad con apertura del tipo de cambio y comenzó la trasnacionalización de la agricultura.

Democracia

Con el proceso de agriculturización hubo cierta esperanza de que el agro iba a contribuir al desarrollo que había prometido Raúl Alfonsín. Pero cuando comenzaron a caer los precios internacionales hubo un paro agrario, que lo hicieron ochenta y cinco ganaderos, la Sociedad Rural. Recuerdo que los diarios hablaban de la patota ganadera. La Federación Agraria no participó de aquellos tractorazos. La sensación era que el agro andaba bien con los cultivos pampeanos, pero mal con la ganaderia. La esperanza comenzó a decaer. Llegó Menem y planteó que la agricultura argentina debía ponerse a nivel internacional. En el ’91 lanzó la desregulación de granos, carnes y azúcar. A fines de los ’80 las empresas alimentarias comenzaron a pasar a manos extranjeras. Aparecieron los hipermercados como un nuevo actor. En la cadena industrial agraria hay núcleos de poder que deciden qué producir, cómo producir y cuándo producir y este lugar fue ocupado por los hiper. Mientras tanto, se iba extranjerizando la parte industrial de la cadena. Aparecieron las trasnacionales. No se puede decir que a los industriales de la alimentación argentinos les iba mal, pero hubo una vocación de entrega. Empresas que los padres habían amasado durante toda la vida fueron entregadas por los hijos por cinco millones, en un momento en que la renta financiera era importante.

Agronegocio

Al mismo tiempo, en el agro comenzó la propaganda del pool; el gran ideólogo era Clarín Rural, con el discurso de que el agro tenía que modernizarse como el resto del país. El diario hablaba continuamente sobre las ganancias extraordinarias de los pooles de siembra y los fondos de inversión. Insistía en que el campo tenia que cambiar al ritmo que cambiaba el resto del país. Decía que ganaban las consultoras agronómicas y los grandes inversores, no el pequeño productor.

La última gran jugada fue la autorización de las semillas transgénicas, en 1996. Esa no fue una cosa mas: hay sólo diecinueve países que autorizan los transgénicos, apenas cinco autorizaron su uso a gran escala y uno de ellos es la Argentina. El motivo de que en el resto del mundo no estén autorizadas es que no se sabe todavía cuáles son las consecuencias de los transgénicos para la salud humana. Si aquí se autorizaron fue por el lobby de las transnacionales extranjeras, sobre todo de Monsanto.

La manera de producir es conocida como labranza cero. Las transnacionales siempre encuentran el discurso progresista para presentarse, y dicen en este caso que la labranza cero es ecologista porque no rompe la tierra. La semilla transgénica, modificada para resistir a los herbicidas, se siembra y luego se fumiga el campo con glifosato, un agroquímico que arrastra con todas las malezas y también con toda la biodiversidad, menos con la soja. La labranza cero lleva a que se necesiten muchísimos menos trabajadores por hectárea. Sin pagar mano de obra, contratando servicios a determinada escala de producción, son cultivos que rinden muy bien. Los chacareros y productores que venían de la época del endeudamiento, de precios internacionales muy bajos, entran en el modelo.

Perdedores

Hay un discurso oficial construido desde el gobierno –Felipe Solá fue la cara visible desde la Secretaría de Agricultura y desde la gobernación bonaerense-, y desde Clarín, a través de Expoagro, que muestran a los grandes sojeros exitosos. Este discurso también dice que si tratás de cuidar la tierra, fomentar la agricultura familiar, la soberanía alimentaria y la biodiversidad, sos un atrasado y un perdedor. El mundo y el éxito van hacia la modernización absoluta. Va hacia el negocio y no hacia la chacra, al agronegocio y no la unidad de producción. «Yo soy un sin tierra porque tengo apenas 20.000 hectáreas, un hombre sin trabajo porque no tengo empleados, y casi sin capital», dijo Gustavo Grobocopatel. Efectivamente el sistema financiero es el que adelanta el capital, las tierras se las alquila al pequeño productor y utiliza contratistas para labrar la tierra. Así funciona el modelo.

El pool

Hay pooles de siembra y hay fondos de inversión, que son aún más grandes que los pooles de siembra. A un pool, como el de Grobocopatel, todavía lo podemos identificar, conocés quién lo maneja. Pero los fondos de inversión son más peligrosos: no los vemos, y van de un lado a otro. Muchos ahorristas ponen la plata y otro lo gestiona. Son los grandes sectores financieros los que operan. El que antes apostaba a renta financiera, ahora lo hace en el campo. Los pequeños productores estaban muy mal, endeudados, y entraron en la soja. El que tiene un tambo lo levanta y se dedica a la soja.

El rentista

Otro nuevo actor es el rentista, el que tiene pocas hectáreas y, sin capital para tecnología, arrienda su tierra y se va a la ciudad. Hay encuestas que están mostrando un fenómeno nuevo: pequeños o medianos productores que cuando les preguntan si prefieren darle la tierra a quien la cuide o a quien pague más, contestan «a quien pague más».

El trabajador

La mano de obra está polarizada: hay contratistas que tienen avionetas de fumigación y cosechadoras, con empleos altamente calificados, y están los peones. Las estadísticas dicen que el 50 por ciento trabaja en negro, pero yo creo que son más. Llegan a vivir en campamentos en las peores condiciones. Muchos son golondrinas. Están apenas mejor que un desocupado.

Los campesinos

Los campesinos no entraron en el modelo sojero. Uno puede decir que no tienen escala o tierra buena, pero lo real es que están intentando sacarles las tierras. Ellos tienen agrónomos, podrían haber formado cooperativas sojeras, pero no entraron. Es la fuerza de la cultura, de las ideas. El movimiento está muy ligado a Vía Campesina, que estimula el cuidado de la tierra y la naturaleza, el cuidado de la biodiversidad. Son valores que se defienden. Si ellos pueden, quiere decir que se puede. En este momento ellos están mucho mejor, produciendo, intercambiando en mercados regionales, trabajando con productos orgánicos y ferias francas.

Ciencia y dinero

Los grandes fondos de inversión, que proveen el capital para el modelo sojero, se fueron metiendo en toda la sociedad, y fueron sacando autonomía a todos los sectores sociales vinculados a los agricultores. El discurso se mete con dinero: con fondos para las fundaciones y las facultades. En la Facultad de Agronomía los posgrados son Siembra directa y Agronegocios. El nuevo secretario de Ciencia y Técnica dice «le vamos a dar prioridad a la biotecnología». El Conicet saca un premio a la innovación tecnológica con Monsanto, la empresa más criticada del mundo, la que tuvo un juicio en Estados Unidos por haber sido la fabricante del agente naranja.

Gramática del poder

Creo que desde una posición progresista no hay que pedir retenciones, sino un cambio del modelo sojero. Ellos crearon un Frankestein, se hicieron socios de un monstruo que les hizo creer en la idea del desarrollo. El gobierno dice que con las retenciones enfrentan a la soja, pero el Estado y el agronegocio son socios. Si el gobierno los grava es para convertirse en socio de sus ganancias. Hay que volver a la idea de producir alimentos, porque en este país hay diez millones de personas sin alimentos. Hay que volver a la soberanía alimentaria. La política, para mi, es la capacidad de alterar la gramática del poder. El tema es si el gobierno quiere producir política y modificar esa gramática del poder.

«Micrófonos para el pueblo»: Bajo Flores escribe su propia historia

“La comunicación hoy está en función de algo que el periodista profesional humilla y degrada cotidianamente: el mensaje”

Nota

Blas Correa, y la condena a 11 policías responsables de su muerte: “Esto recién comienza”

Publicada

hace 15 horas

01/04/2023

11 agentes policiales fueron condenados por la muerte de Blas Correas en agosto de 2020 en Córdoba, después de 7 meses, 36 audiencias y el testimonio de más de medio centenar de testigos. La sentencia es histórica no solo porque demostró cómo funciona la máquina de violencia institucional, sino porque incorpora la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, y obliga que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Estos argumentos fueron planteados por la familia de Blas, que dice: “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Por Bernardina Rosini desde Córdoba. Fotos: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

“Prometo hacer todo lo posible para que las cosas cambien”.
Soledad Laciar en una carta dirigida a su hijo.

Soledad Laciar es la mamá de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que la noche del 5 de agosto de 2020 salió a comer una pizza junto a cuatro amigos -Mateo, Cristóbal, Camila y Juan Cruz- y quien horas se convertiría en una nueva víctima de la policía de Córdoba.

Vale recordar: los cinco jóvenes regresaban a casa a bordo de un Fiat Argo cuando divisan un control vehicular; Juan Cruz (19 años, quien conduce) al ver que uno de los policías tiene un arma en la mano, se asusta, se saltea el control. Entonces se escuchan disparos. Seis. Uno de impacta en la espalda de Blas, quien siente la herida y le pide a Camila que le de la mano. Van rápidamente a un clínica, la primera que ven, lo bajan a Blas pero en la puerta se niegan a recibirlo, lo suben nuevamente al auto, intentan llegar al Hospital de Urgencias pero nuevamente son detenidos por un control policial; no los dejan avanzar y los obligan bajarse del auto; los amigos de Blas desesperados ruegan que atiendan al amigo herido pero los agentes policiales niegan cualquier asistencia, les piden documentos y hablan por radio.

Así muere Blas, en el asiento trasero del auto, solo.

Pero el horror no termina ahí: en minutos las dos duplas policiales que participaron del tiroteo se reúnen y resuelven plantar un viejo revólver calibre 22 y así intentar justificar sus disparos. El elenco policial interviniente lo conforman 13 agentes. 11 acaban de ser condenados (debajo de la nota, el detalle de las condenas).

Amigos de Blas Correa y la madre del joven Correa el día de la lectura de la sentencia — Amigos de Blas y Sonia Torres, Abuela de Plaza de Mayo de Córdoba, el día de la sentencia. Credito: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

Hacer historia

La sala del primer piso de Tribunales II en la ciudad de Córdoba está repleta, desborda hacia los pasillos. Amigos de Blas y de los sobrevivientes, hinchas de Belgrano (club del cual Blas era fanático), Abuelas de Plaza Mayo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, madres que llevan remeras de sus hijos también víctimas fatales de la policía, mucha prensa, y ningún funcionario.

Es una jornada histórica, no sólo por la cantidad de agentes policiales condenados, sino porque la sentencia reconoce a Blas Correas, a su familia y a los sobrevivientes, como víctimas de actos de violencia institucional. Soledad Laciar, la madre, luego señalaría que éste reconocimiento fue el momento más conmovedor de la lectura, puesto que señala a la maquinaria en su totalidad.

Y es que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dió lugar al señalamiento de la familia de Blas, por un lado, con respecto a la ampliación del alcance de responsabilidades y ordenó investigar al ahora ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actualmente legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate.

Al primero, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios. Mosquera declaró en el juicio que se trató de “una gauchada personal”.

En cuanto a Zárate -que se desempeñaba como titular de Recursos Humanos de la fuerza para aquel entonces- se la responsabiliza de que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (autores de los disparos) se encontraran en ejercicio a pesar de que sus legajos estaban nutridos con varias imputaciones anteriores al hecho y, en el caso particular de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro. A Zárate se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes policiales.

El Tribunal también indicó que se inicie investigación judicial y se identifique a los uniformados policiales que durante esa madrugada detuvieron el Fiat Argo y no permitieron que los amigos de Blas lo llevaran al hospital a pesar de la evidente necesidad de atención médica.

Conforme con la sentencia, la mamá de Blas expresó: “Siento que me acerqué enormemente a la justicia, confieso que tenía muchas dudas. Pero para mí es importantísimo que hayan incorporado la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Un mes más o menos en las condenas no me significa nada, pero que se realicen cambios para asegurar que ésto no siga pasando, es lo que me importa”.

Además de las capacitaciones a la totalidad de los agentes de la fuerza, se indicó al Ministerio de Seguridad que se retenga el armamento a todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.

“Esto recién comienza” añadió Soledad, porque ahora asegura que irá tras los demás responsables, estará pendiente de la implementación efectiva de lo expresado en la sentencia, y acompañará a las demás familias que buscan justicia por sus hijos. “Ahora será buscar justicia para Joaquín Paredes, tenía 15 años. Les pido que nos acompañen, que no les quede lejos Cruz del Eje”.

Unas horas antes de conocerse la sentencia Soledad ya lo había adelantado “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Marcha en conmemoración de un año del asesinato de Valentino Blas Correa, asesinado en Córdoba por la policía de Córdoba cuando transitaba con tres personas mas en las calles de la Ciudad. Foto: Sebastián Salguero / Amnistía Internacional.

Las condenas:

Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) ,autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos: condena a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público.

Wanda Esquivel (34), la oficial que plantó el arma que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria.

La oficial Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
Leando Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión.
El cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años.
El subcomisario Sergio González (44); subcomisario Enzo Quiroga (36); comisario inspector Walter Soria (45); el comisario inspector Jorge Galleguillo (46) el comisario Juan Antonio Gatica (46) condenados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal a cuatro años y diez meses de prisión.

16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

Seguir leyendo

Nota

Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

Publicada

hace 4 días

29/03/2023

Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.

La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Pedidos de justicia por Daniel Solano en 2012, a meses de su asesinato.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.

Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.

Compartimos la investigación de MU sobre este caso:

El cuerpo del delito

Seguir leyendo

Nota

Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

Publicada

hace 1 semana

25/03/2023

Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.

En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.

La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.

Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.

El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.

Mu 83: Podemos

Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:

la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.

Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:

Sí: sí a la vida.
Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.