Nota
Andalgalá: el referéndum de la desconfianza
El Concejo Deliberante de Andalgalá, Catamarca, aprobó el jueves 11 de marzo el llamado a referéndum por la instalación en el departamento de la empresa minera Agua Rica. La votación por sí o por no aún no tiene fecha, pero las posiciones entre los asambleístas de El Algarrobo oscilan entre quienes quieren dejar pasar la oportunidad de manifestarse electoralmente, como vienen pidiendo hace tiempo; y quienes se aferran al proyecto de ordenanza ya presentado ante la Intendencia para prohibir la minería a cielo abierto, ya que dudan de la transparencia que pueda llegar a tener la votación. Martín Musarra, miembro de la asamblea, explica el dilema: “Cuando presentamos el proyecto de ordenanza se incorporó el tema del referéndum por una cuestión burocrática: si pateaban la ordenanza había que esperar hasta el año siguiente. Pero ahora, que no se resolvió lo de la ordenanza pero sí lo del referéndum, cambió el panorama. Muchos no queremos dar ni margen al error”.
La decisión del Concejo se dio tras la negativa pacífica de los vecinos autoconvocados, instalados en la asamblea El Algarrobo, de permitir el paso de vehículos hacia Agua Rica, lo cual desencadenó el 15 de febrero una feroz represión policial con cientos de heridos y más de 40 detenidos, y una posterior pueblada que provocó el incendio de buena parte de la intendencia y la rotura de vidrios en el frente de las oficinas de la propietaria de la mina, la canadiense Yamana Gold.
Frente a los incidentes, el gobierno ordenó detener las obras hasta que vuelva la “paz social” (ver Mu de marzo). Un informe de la secretaría de Mineria de la provincia (más exactamente su Oficina de Catastro minero) colmó todas las paciencias al anunciar el proyecto Pilciao 16, de exploración y futura explotación minera, concedido a otra empresa supuestamente canadiense, Billinton, que abarca nada menos que al subsuelo de la propia Andalgalá, donde los vecinos comprendieron velozmente que no saben dónde están parados.
Miedos
A pesar de las discusiones, los asambleístas no dudan en hacerse cargo de buscar el triunfo en el referéndum si este se efectiviza, para garantizar un resultado contrario a la instalación de Agua Rica, emulando aquello que logró Esquel hace exactamente 7 años: el no a lamina, con el 81 por ciento de los votos “Aquí es todavía mayor el porcentaje” dice Urbano Cardozo, aunque él también es de los que sospecha que en una consulta popular puede esconderse algún grado de trampa oficial.
Martín: “En Andalgalá ya lo hemos vivido en la reelección del intendente José Perea: se han visto camionetas repartiendo colchones y frezeers hasta las 6 de la mañana”. Perea, actual intendente de Andalgalá y hombre de los freezers, aún tiene la última palabra sobre el referéndum. Perea acusó por los incidentes del 15 de febrero no al grupo especial de represión Kuntur (que hirió a mujeres y hasta agujereó de un balazo la imagen de la Virgen del Valle en el lugar de la asamblea El Algarrobo) sino a “hippies” y a “docentes”, tema que causó cierta perplejidad andalgalense.
“Lo que se habló en asamblea es que si sale el referéndum, hay que ponerle el pecho y trabajar en eso. Sobre todo para que los vecinos denuncien algún tipo de corrupción o fraude”, explica Musarra. La transparencia en el territorio catamarqueño es un tema difícil desde los hoy prehistóricos tiempos de Vicente Saadi y, luego, de su hijo Ramón.
Por otra parte, el intendente Perea aún puede vetar el referéndum. Explica Martín: “En Tinogasta se hizo una consulta y no se la tomó como vinculante. Fue a votar más gente de la que va a las elecciones, y un 80% se pronunció por el No. Pero después todo quedó en la nada. ¿Por qué? El gobierno provincial defiende la minería, y plantea que los departamentos no pueden disponer de lo que le pertenece a la provincia. Entonces hay algunas vueltas del tema que todavía estamos estudiando”.
Otra idea del gobierno catamarqueño es que, de hacerse, el referéndum, sea a nivel provincial. “Eso no nos sirve porque en la provincia hay departamentos que pueden votar a favor de la minería, porque están lejos”. Los andalgalenses creen que la publicidad y el dinero oficial pueden volcar una votación en zonas supuestamente ajenas a la minera, aunque se trataría de otro error. Las denuncias por contaminación de Bajo Alumbrera, que hace 13 años está trabajando en Catamarca, también cerca de Andalgalá, abarcan a Catamarca, pero también a Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero. Las filtraciones de las sopas ácidas y metales pesados contaminan las napas y los cursos de los ríos que bajan de las montañas hacia las zonas llanas, lo mismo que el drenaje de las propias rocas producido por las explosiones. En Bajo Alumbrera se utilizan 100 millones de litros de agua por día, en el proceso de lixiviación (separación de los metales y minerales de la tierra que queda como “material estéril”). Agua Rica triplicará el tamaño de Alumbrera. Todo agrava la aridez de la región, y la posibilidad de los tradicionales desarrollos frutihortícolas y ganaderos de la zona, además de poner en riesgo la propia salud de la sociedad.
Otro dato valioso sobre el tipo de desarrollo que promueven las mineras: Alumbrera es la mayor inversión minera de las últimas décadas, pero Catamarca sigue siendo una de las dos provincias más pobres del país, y Andalgalá es el departamento con mayor desocupación de Catamarca.
Pronósticos
Martín considera que el 15 de febrero, esa pueblada rechazando la represión a la que eran sometidos los vecinos autoconvocados, “permitió ver que se manifestó todo el mundo. En las marchas actualmente se movilizan 4 o 5 mil personas” (sobre 17.000 habitantes, como si en Buenos Aires salieran a la calle un millón de personas).
Lo que Andalgalá muestra, en paralelo, es el crecimiento de la desconfianza hacia los políticos, y hacia la relación que estos mantienen con las empresas mineras. “Hace dos semanas conocimos fotos que tomaron de policías dentro de las camionetas de Agua Rica” explica Martín. “Entonces uno se encuentra que la empresa debería estar sin trabajar, pero se siguen viendo movimientos, y para colmo se descubre que la policía, después de la represión a la gente, anda en las camionetas de la minera, y el intendente sigue sin importarle lo que opine la población”.
El resultado, según el asambleísta: “Con tanta desconfianza, la gente ya ni cree en las herramientas supuestamente democráticas o electorales”. Por lo tanto, Andalgalá sigue apostando a la prohibición de la minería (como ya rige en siete provincias argentinas). Y espera ver qué termina ocurriendo con la cuestión de la consulta popular.
Sin paz social
Los Vecinos Autoconvocados por la Vida y la Asamblea El Algarrobo han pedido además la destitución del intendente de Andalgalá, José Perea, por amenazas a los ciudadanos (está complicado además por el misterioso uso de unos 60 millones de dólares en los últimos años provenientes de supuestas regalías mineras, que no es muy claro a dónde han ido a parar).
Reclaman también la remoción del juez de Control de Garantías Rodolfo Cecenarro, y de la fiscal Marta Nieva, responsables de las órdenes que desencadenaron la represión en Andalgalá. Proponen también un juicio político al Ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Catamarca, Luis Oscar Javier Silva, a cargo de la policía provincial. Andalgalá es una muestra del perfil del proyecto minero en la Argentina. Los vecinos lograron detener Agua Rica. Saben que es sólo por ahora. Y que de lo que sean capaces de hacer, depende cómo continuará esta historia.
Nota
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Nota
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