Nota
Definición para los inquilinos presos: Justicia o aberración jurídica
En estos días la Cámara de Apelaciones deberá pronunciarse sobre la causa que mantiene presos desde hace mes y medio a 23 personas que reclamaban ante los aumentos en un inquilinato de San Telmo. El negocio detrás de la represión, y la opinión del abogado Norberto Soares, quien cree que los delitos imputados pueden anularse porque son una “aberracion jurídica”.
“Coacción agravada”, “robo”, “resistencia a la autoridad”, son algunas de las figuras penales que mantienen a ocho mujeres en el penal de Ezeiza y a quince hombres en la cárcel de Devoto. Desde hace un mes y medio esperan que se defina su situación procesal, esperan conocer algo parecido a eso que se llama justicia para volver a encontrarse con sus familias. La decisión está en manos de los doctores Mario Filozof, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich, integrantes de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Deberán responder, en un plazo no mayor a cuatro días hábiles, al fundamento del pedido de excarcelación de los detenidos presentado ayer por el abogado defensor Norberto Soares y su equipo.
El letrado explicó a lavaca que el tribunal tiene que resolver “si sobreseen o dictan la falta de mérito por los seis delitos que se les imputa. Cabe la posibilidad que mantenga la acusación por alguno de esos delitos. En este caso, deberá decidir si corresponde la excarcelación. Pero si los sobreseen por todas las imputaciones tienen ser puestos en libertad en forma inmediata porque no hay acusación”.
Soares admite que tiene la sensación de que gran parte de los cargos que les adjudicó el Juzgado de Instrucción Nº5 “van a quedar sin efecto, se van a caer porque se trata de una aberración jurídica”.
Discriminación y silencio oficial
Cuando los dueños del inquilinato, llamado casi sarcásticamente Hotel Carlos V, decidieron subir el precio del alquiler de 380 pesos a 1200, dejaron en claro que no iban a negociar con las 20 familias porque eran “peruanos y bolivianos”. Frente al nuevo precio, sólo cabía pagar, o irse. Durante las discusiones, agregaron que tenían “arreglos” con la policía de la Comisaría 26. Soares cuenta que todo esto fue denunciado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (INADI) pero la entidad no brindó respuesta alguna. Además, ocho días antes de las detenciones, en la Fiscalía 27 del fuero Contravencional, dos de las mujeres ahora detenidas habían realizado una denuncia contra la encargada del hotel. En aquel momento plantearon que para evitar que se realizara una reunión de inquilinos, esta persona empujó por las escaleras a una de las arrendatarias, cuyas lesiones comprobó el médico del SAME que tuvo que asistirla en el lugar.
¿Garantías?
El 8 de agosto quisieron hablar con los dueños, solicitaron ayuda a la Asamblea de San Telmo, terminaron encerrados con candado por la propietaria y allí llegaron unos 100 integrantes de las brigadas de la Policía Federal, que desencadenaron una represión de la que no se salvaron ni los chicos. Terminaron apresando a 23 personas. En esta parte del relato el abogado indica que también hubo serias irregularidades. “Se los puso a todos contra la pared y el ‘reconocimiento’ se hizo sin ningún resguardo constitucional, ni procesal”. Sin embargo, al Juzgado Nº5 le alcanzó con que los dueños señalaran a “los delincuentes” con el dedo, en una suerte de inversión de la carga de la prueba: culpables, hasta que demuestren lo contrario.
Soares recuerda que este procedimiento tiene sus códigos: “La persona que está imputada de un delito debe ser reconocida entre otras tres personas con fisonomía similar. Además en el momento de la detención las autoridades deben leer los derechos del demorado”. En este caso no se cumplieron ni con esas mínimas garantías.
Las víctimas, robadas
Como si todos estos atropellos fueran poco, los familiares de los detenidos denunciaron que los dueños del Hotel Carlos V se quedaron con todas sus pertenencias; ropa, dinero, electrodomésticos, entre otras. Esto ocurrió con el aval de la policía y del juzgado. Indica Soares: “Los uniformados no resguardaron la escena del hecho (que se supone delictivo) como se hace en todos los procedimientos. Se debió haber clausurado el hotel, se debió haber hecho pericias para saber qué es lo que hay, qué es lo que no hay dentro del lugar, pericias inclusive contables para saber en qué condiciones estaba el hotel”.
Ocurrió algo muy diferente: apenas los inquilinos fueron castigados con la cárcel y sus familiares desalojados con lo puesto, comenzaron las obras de remodelación que convertirán, una vez finalizadas, al inquilinato Carlos V en un “hostel” turístico.
Mafias inmobiliarias
El referente de la Asamblea de San Telmo, Rubén Saboulard denunció que todo el “corredor turístico” que incluye barrios como San Telmo, Monserrat y Constitución, es escenario de una guerra contra los inquilinos y luchas de mafias inmobiliarias “donde los que aparecen como supuestos dueños de los inquilinatos, tampoco tienen títulos de propiedad, y por eso buscan el apoyo de la policía y los jueces para conseguir los desalojos”. Allí está la clave para comprender por qué estas familias fueron reprimidas, privadas de vivienda, y de su libertad. Hasta que se demuestre lo contrario.
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Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
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Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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