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El cianuro, Barrick, la ONU y San Juan: los informes de la polémica

El gobierno de San Juan destinó varios  millones de dólares para contratar a un equipo de las Naciones Unidas para monitorear el «desempeño ambiental de grandes proyectos mineros». Los resultados del trabajo de ese equipo son aún desconocidos.

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En el 2013 el gobierno de San Juan destinó varios  millones de dólares para contratar a un equipo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) cuya tarea sería la de monitoreara el “desempeño ambiental de grandes proyectos mineros”, entre  ellos Veladero, de Barrick Gold. Los resultados del trabajo de ese equipo son aún desconocidos, así como su responsabilidad en la prevención del derrame de un millón de litros de solución cianurada. Ahora el gobierno de San Juan y su ministro de Minería informan que ese mismo equipo de la ONU asegura que las aguas no están contaminadas. Falso: el equipo de la UNOPS aseguró a lavaca que no realizó aún los estudios. En tanto,  la asamblea de Jáchal presentó sus propios resultados sobre la contaminación del agua.
El rol de la ONU
La delegación de la ONU en el país que cita el gobierno sanjuanino para afirmar que el agua no está contaminada por el derrame que produjo Barrick Gold en Veladero  es conocida como UNOPS,  según una extensión de la sigla que habla de una Office Project Services, con sede en distintas ciudades del mundo, generalmente debajo de la línea del Ecuador, y se plantea “colaborar” con los gobiernos locales a partir de financiamiento o diagnósticos técnicos con “recomendaciones”.
En Argentina, la UNOPS colabora en consultas técnicas sobre el movimiento sísmico, pero según informa en su propia web sus proyectos hoy activos se encuentran en las provincias de Chaco y San Juan.
La UNOPS tiene una oficina en San Juan desde el 2011, año  en que el gobierno provincial “inició un proceso de consultas” hasta ahora con cuatro capítulos: dos consultas sobre movimiento sísmico y otras dos traducidas como “apoyo al gobierno del Estado de San Juan para la auditoría independiente y la revisión del cumplimiento de la legislación sobre el desempeño ambiental de grandes proyectos mineros”. Estos proyectos fueron anunciados como un shock de control a las empresas mineras que explotan cuatro yacimientos sanjuaninos: Lama, Veladero, y los emprendimientos de Gualcamayo y Casposo.
La auditoría ambiental
El primer proyecto fue iniciado en agosto del 2013 y el segundo es una extensión de éste, que terminaría el 31 de enero del 2016. Hasta hoy no publicaron oficialmente ninguno de los resultados de esos dos proyectos.Según especifica la página 23 del acta acuerdo firmada el 10 de septiembre de 2013  por la embajadora Paula Verónica Ferraris, secretaria de Cooperación Internacional, y Leonardo Gioja, sobrino del gobernador y secretario de Política Económica de San Juan, esa provincia aportaría 2.147.346 dólares más 64.420 en conceptos de costos de administración para que la UNOPS asuma, entre otros servicios “la responsabilidad técnica de la auditoría del desempeño ambiental” de los cuatro proyectos mineros “con sus propios técnicos”. También señala este acuerdo que “presentará los informes respectivos bajo su responsabilidad”. Esos informes aún no fueron presentados.
Las responsabilidades
Según una nota publicada en el portal de la Cámara Empresaria de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI) la firma de este acta acuerdo se realizó “en la Casa de Gobierno” sanjuanina “con la presencia del gobernador José Luis Gioja. Allí se informó: “Durante las próximas semanas se completará el proceso de puesta en marcha del proyecto así como las visitas de reconocimiento a los cuatro emprendimientos. Posteriormente tendrá lugar la auditoría legal, revisión de documentación técnica y realización y procesamiento de tomas de muestra en distintos puntos de las áreas de influencia directa e indirecta de los emprendimientos. Finalmente, se formularán las recomendaciones al Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan”.
El 13 de agosto de este año, el director Regional de América Latina y el Caribe de UNOPS, Fabricio Feliciano, declaró que “los primeros informes estarán para el mes de octubre y los de recomendaciones, (…) será el primer semestre del próximo año hacia el mes de junio”. Sin embargo, hizo saber que el proceso de “auditoría en campo para los proyectos Lama y Veladero” ya estaba concluido, no así los de Gualcamayo y Casposo. Por último, el representante regional de UNOPS reclamaba un acuerdo para prorrogar la vigencia del proyecto hasta el mes de Junio de 2016, lo cual todavía no fue confirmado por el gobierno ni por la UNOPS.
Los antecedentes
Los únicos antecedentes de trabajos sobre asuntos mineros de la UNOPS se remontan a cuatro países: Perú, Sierra Leona, Sudán del Sur y Argentina.
En Perú, el caso conocido fue la revisión de la cuestionada mina Tía María. En aquella oportunidad, el estudio de UNOPS resultó altamente crítico: elevó 138 observaciones a la empresa Southern Perú, entre ellas tres de gravedad: faltaban estudios de impacto, se criticaba la fuente del agua utilizada y alertaba sobre el uso del mercurio en el proceso para explotar el oro.
En Argentina, dos años después de comenzado el trabajo, aún no tenemos los resultados del monitoreo contratado, pero si las consecuencias de la falta de control.
Los informes
En San Juan, en cambio, los informes llegaron, en orden, desde la Universidad Católica de Cuyo, de la propia empresa Barrick Gold, de la Policía Minera, de la empresa de agua OSSE a través de Aguas Cordobesas y, finalmente, hoy la asamblea dio a conocer sus propios estudios, analizados en la Universidad Nacional de Cuyo.
Salvo los de la Asamblea, todos dieron valores negativos de cianuro y no estudiaron la presencia de otros metales pesados. La Universidad Católica de Cuyo, por ejemplo, dio a conocer un informe en el que todos los valores analizados daban “cero”, resultados que generaron la carcajada de Jorge, mecánico de la localidad sanjuanina de Rodeo, quién sugirió a los técnicos “que pongan aunque sea que el río tenía un poco de tieyita, ¡algo!”.
El informe de OSSE, por su parte, fue dado a conocer por la Municipalidad de Iglesia y halló, para el día 15-09 (dos días después del derrame), “presencia de ion cianuro 0,009 mg/L y 0,007 mg/L.”, lo  cual representaría concentraciones hasta diez veces más bajas que lo establecido por el Código Alimentario Argentino para la matriz de Agua Potable (0,1 mg/L). Para el día 14, en cambio, el informe sólo señala que los valores “se encuentran por debajo del límite de detección del método usado Merck Lote HC308196 – 2016/11/30”, pero no refiere las cifras específicas. El comunicado culmina sugiriendo que “se debe continuar realizando monitoreos, para estudiar la movilidad de iones en los distintos puntos”.
Rápidamente el gobierno sanjuanino, la empresa Barrick Gold y los medios comerciales hicieron eco de estos estudios bajo un título consensuado: “El agua no está contaminada”. La desconfianza fue creciendo entre jachaleros e iglesianos, que iban comprobando día a día cómo las versiones oficiales eran desmentidas por la evidencia. “Todos los días sacaban titulares de que el agua no estaba contaminada, a causa de esos estudios. Hasta que dos semanas más tarde la empresa aceptó que se derramaron 1 millón de litros de agua cianurada sobre el río”, dice Domingo Jofré, uno de los referentes de la Asamblea Jáchal No Se Toca.
El rol de la UNOPS: ¿prevenir o encubrir?
El siguiente paso fue “recordar” que había “expertos internacionales” trabajando sobre los efectos del derrame. Tales especialistas no eran otros que técnicos de la UNOPS en San Juan, para lo cual la gobernación desembolsó 2.147.346 dólares más un costo de “administración” de 64.420 dólares en 2011, provenientes del Fondo de Regalías Mineras del Ministerio de Minería de la Provincia.
Su misión: el cumplimiento de las garantías ambientales.
Los resultados: 1 millón de litros de agua cianurada derramados en la principal fuente de agua de la zona.
Ahora la UNOPS confirma que no tiene preparados los informes finales, pero según la información oficial de la gobernación ha dejado filtrar “resultados preliminares”. Fue el ministro de Minería de San Juan, el jachalense Felipe Saavedra, quien ayer aseguró: “El informe de la ONU concluye que no hay contaminación”.
El ministro aprovechó un comunicado que la UNOPS emitió el 29/09 en el que decía que, “en el marco de la elaboración de su plan integral”, los técnicos de la ONU realizaron el 18 de septiembre una “misión a la zona de influencia” para tomar “muestras de agua superficial en Agualasto y Río Blanco”. Ahí es donde el organismo expresa: “El resultado de los análisis de las muestras iniciales no presenta desviaciones con respecto a mediciones realizadas en junio de 2015, para las determinaciones analíticas realizadas”.
El detalle de “no presenta desviaciones” bastó para la frase del ministro Saavedra y los titulares de algunos medios: por ejemplo, Tiempo de San Juan tituló: “Veladero: el informe de la UNOPS concluyó que no hay contaminación”. En tanto, Diario de Cuyo afirmó: “La ONU elevó su primer informe por el cianuro y dice que no hay contaminación”. Y Télam: “Un informe de la ONU reveló que no hubo contaminación en San Juan”.
Sin embargo, la UNOPS rectificó al diario La Gaceta Mercantil  al que informó  que  “no emitió un informe señalando que el volcamiento de agua con cianuro en la mina Veladero, de Barrick, en San Juan no haya contaminado las aguas” (http://www.gacetamercantil.com/notas/86613/). Y detalló: la información publicada “es incompleta e inexacta, infiriendo una conclusión que no ha sido emitida por UNOPS y PNUMA como organismos responsables del estudio”.
Ante la consulta de lavaca, la UNOPS respondió con una propuesta detallada presentada al gobierno de San Juan para realizar un “estudio sobre la calidad de los cuerpos de agua en el área de influencia de la mina Veladero, posterior al incidente ambiental del 13/09/15”, pero aclaró que aún no fue aprobada. Culmina: “Más allá de estos resultados iniciales, no se ha presentado un informe, sino una propuesta de estudio. Una vez que sea aprobado por la autoridad, los resultados de dichos estudios se pondrán en conocimiento de todos los actores interesados”.
¿Puede la UNOPS ser ahora parte de la investigación del derrame de un millón de agua cianurada producida en la mina de Barrick Gold que debía controlar?  ¿O la justicia debería investigar primero su responsabilidad antes delegarle  una tarea que quizá incumplió? La respuesta no es un detalle menor: involucra a uno de los organismos internacionales más importantes de la geopolítica global.
 
La Asamblea informa

Mientras la UNOPS se presenta en calidad de investigador cuando debe responder qué hizo durante dos los dos años previos al desastre, la Asamblea de Jáchal presentó este jueves sus primeros resultados, analizados por la Universidad Nacional de Cuyo.
De 9 muestras tomadas en distintos puntos de la cuenca que baja del arroyo Potrerillos – sobre el que se derramó el cianuro- hasta el Río Jáchal, se encontraron residuos de cianuro y de metales como plomo, manganeso, mercurio y cadmio, estos dos últimos inéditos para estos ríos. Sin embargo, “la mayoría de los niveles están por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud”, aclara Domingo Jofré, periodista y referente de la Asamblea Jáchal No Se Toca, quien aclara: “Pero la contaminación existió. Hay que ver si estos vestigios son parte del derrame o de un proceso más largo que viene de antes”.
En el primer caso, la Asamblea estudia el rumor que indica que la empresa Barrick Gold echó una “bomba química” para tapar el efecto del cianuro, dotando al agua de otros componentes tampoco amistosos. Y en el caso en que los metales sean parte ya del río, si su acumulación genera o no algún perjuicio para la salud.
En ese sentido, el dato que más preocupa a la Asamblea es la cantidad alarmante de aluminio encontrada en un muestreo del Río La Palca, afluente del Jáchal, muy por encima de los niveles aceptados (hasta 70 mg/L).
Dice Domingo Jofré: “No se puede decir que no hay cianuro en el río, ni que no hay metales pesados. Los hay, y queremos saber por qué están ahí, si es consecuencia del derrame o estamos consumiendo esto hace un tiempo”.
Según la asamblea, además, estos resultados echan luz sobre las sombras del resto de los informes que encontraban cero para todos los componentes y no analizaban la presencia de metales: “Estamos ratificando que están manipulando la información. Siguen manejándose en base a informes falaces y sesgados”. Por qué: “Un informe sería creíble sería si dicen que se controló la contaminación. Pero asegurar no hubo contaminación, ya sabemos que es mentira porque sí la hubo”.
La asamblea dice esto no en tono de denuncia sino de preocupación. “Lo que nos alarma es que no están escuchando al pueblo, que no quiere más este tipo de proyectos acá, más allá de los resultados de cualquier informe”, dice Jofré.
 
Más info:
https://www.lavaca.org/notas/el-legado-de-barrick/

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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