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El cianuro, Barrick, la ONU y San Juan: los informes de la polémica

El gobierno de San Juan destinó varios millones de dólares para contratar a un equipo de las Naciones Unidas para monitorear el «desempeño ambiental de grandes proyectos mineros». Los resultados del trabajo de ese equipo son aún desconocidos.

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hace 8 años

02/10/2015

El cianuro, Barrick, la ONU y San Juan: los informes de la polémica
En el 2013 el gobierno de San Juan destinó varios millones de dólares para contratar a un equipo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) cuya tarea sería la de monitoreara el “desempeño ambiental de grandes proyectos mineros”, entre ellos Veladero, de Barrick Gold. Los resultados del trabajo de ese equipo son aún desconocidos, así como su responsabilidad en la prevención del derrame de un millón de litros de solución cianurada. Ahora el gobierno de San Juan y su ministro de Minería informan que ese mismo equipo de la ONU asegura que las aguas no están contaminadas. Falso: el equipo de la UNOPS aseguró a lavaca que no realizó aún los estudios. En tanto, la asamblea de Jáchal presentó sus propios resultados sobre la contaminación del agua.
El rol de la ONU
La delegación de la ONU en el país que cita el gobierno sanjuanino para afirmar que el agua no está contaminada por el derrame que produjo Barrick Gold en Veladero es conocida como UNOPS, según una extensión de la sigla que habla de una Office Project Services, con sede en distintas ciudades del mundo, generalmente debajo de la línea del Ecuador, y se plantea “colaborar” con los gobiernos locales a partir de financiamiento o diagnósticos técnicos con “recomendaciones”.
En Argentina, la UNOPS colabora en consultas técnicas sobre el movimiento sísmico, pero según informa en su propia web sus proyectos hoy activos se encuentran en las provincias de Chaco y San Juan.
La UNOPS tiene una oficina en San Juan desde el 2011, año en que el gobierno provincial “inició un proceso de consultas” hasta ahora con cuatro capítulos: dos consultas sobre movimiento sísmico y otras dos traducidas como “apoyo al gobierno del Estado de San Juan para la auditoría independiente y la revisión del cumplimiento de la legislación sobre el desempeño ambiental de grandes proyectos mineros”. Estos proyectos fueron anunciados como un shock de control a las empresas mineras que explotan cuatro yacimientos sanjuaninos: Lama, Veladero, y los emprendimientos de Gualcamayo y Casposo.
La auditoría ambiental
El primer proyecto fue iniciado en agosto del 2013 y el segundo es una extensión de éste, que terminaría el 31 de enero del 2016. Hasta hoy no publicaron oficialmente ninguno de los resultados de esos dos proyectos.Según especifica la página 23 del acta acuerdo firmada el 10 de septiembre de 2013 por la embajadora Paula Verónica Ferraris, secretaria de Cooperación Internacional, y Leonardo Gioja, sobrino del gobernador y secretario de Política Económica de San Juan, esa provincia aportaría 2.147.346 dólares más 64.420 en conceptos de costos de administración para que la UNOPS asuma, entre otros servicios “la responsabilidad técnica de la auditoría del desempeño ambiental” de los cuatro proyectos mineros “con sus propios técnicos”. También señala este acuerdo que “presentará los informes respectivos bajo su responsabilidad”. Esos informes aún no fueron presentados.
Las responsabilidades
Según una nota publicada en el portal de la Cámara Empresaria de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI) la firma de este acta acuerdo se realizó “en la Casa de Gobierno” sanjuanina “con la presencia del gobernador José Luis Gioja. Allí se informó: “Durante las próximas semanas se completará el proceso de puesta en marcha del proyecto así como las visitas de reconocimiento a los cuatro emprendimientos. Posteriormente tendrá lugar la auditoría legal, revisión de documentación técnica y realización y procesamiento de tomas de muestra en distintos puntos de las áreas de influencia directa e indirecta de los emprendimientos. Finalmente, se formularán las recomendaciones al Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan”.
El 13 de agosto de este año, el director Regional de América Latina y el Caribe de UNOPS, Fabricio Feliciano, declaró que “los primeros informes estarán para el mes de octubre y los de recomendaciones, (…) será el primer semestre del próximo año hacia el mes de junio”. Sin embargo, hizo saber que el proceso de “auditoría en campo para los proyectos Lama y Veladero” ya estaba concluido, no así los de Gualcamayo y Casposo. Por último, el representante regional de UNOPS reclamaba un acuerdo para prorrogar la vigencia del proyecto hasta el mes de Junio de 2016, lo cual todavía no fue confirmado por el gobierno ni por la UNOPS.
Los antecedentes
Los únicos antecedentes de trabajos sobre asuntos mineros de la UNOPS se remontan a cuatro países: Perú, Sierra Leona, Sudán del Sur y Argentina.
En Perú, el caso conocido fue la revisión de la cuestionada mina Tía María. En aquella oportunidad, el estudio de UNOPS resultó altamente crítico: elevó 138 observaciones a la empresa Southern Perú, entre ellas tres de gravedad: faltaban estudios de impacto, se criticaba la fuente del agua utilizada y alertaba sobre el uso del mercurio en el proceso para explotar el oro.
En Argentina, dos años después de comenzado el trabajo, aún no tenemos los resultados del monitoreo contratado, pero si las consecuencias de la falta de control.
Los informes
En San Juan, en cambio, los informes llegaron, en orden, desde la Universidad Católica de Cuyo, de la propia empresa Barrick Gold, de la Policía Minera, de la empresa de agua OSSE a través de Aguas Cordobesas y, finalmente, hoy la asamblea dio a conocer sus propios estudios, analizados en la Universidad Nacional de Cuyo.
Salvo los de la Asamblea, todos dieron valores negativos de cianuro y no estudiaron la presencia de otros metales pesados. La Universidad Católica de Cuyo, por ejemplo, dio a conocer un informe en el que todos los valores analizados daban “cero”, resultados que generaron la carcajada de Jorge, mecánico de la localidad sanjuanina de Rodeo, quién sugirió a los técnicos “que pongan aunque sea que el río tenía un poco de tieyita, ¡algo!”.
El informe de OSSE, por su parte, fue dado a conocer por la Municipalidad de Iglesia y halló, para el día 15-09 (dos días después del derrame), “presencia de ion cianuro 0,009 mg/L y 0,007 mg/L.”, lo cual representaría concentraciones hasta diez veces más bajas que lo establecido por el Código Alimentario Argentino para la matriz de Agua Potable (0,1 mg/L). Para el día 14, en cambio, el informe sólo señala que los valores “se encuentran por debajo del límite de detección del método usado Merck Lote HC308196 – 2016/11/30”, pero no refiere las cifras específicas. El comunicado culmina sugiriendo que “se debe continuar realizando monitoreos, para estudiar la movilidad de iones en los distintos puntos”.
Rápidamente el gobierno sanjuanino, la empresa Barrick Gold y los medios comerciales hicieron eco de estos estudios bajo un título consensuado: “El agua no está contaminada”. La desconfianza fue creciendo entre jachaleros e iglesianos, que iban comprobando día a día cómo las versiones oficiales eran desmentidas por la evidencia. “Todos los días sacaban titulares de que el agua no estaba contaminada, a causa de esos estudios. Hasta que dos semanas más tarde la empresa aceptó que se derramaron 1 millón de litros de agua cianurada sobre el río”, dice Domingo Jofré, uno de los referentes de la Asamblea Jáchal No Se Toca.
El rol de la UNOPS: ¿prevenir o encubrir?
El siguiente paso fue “recordar” que había “expertos internacionales” trabajando sobre los efectos del derrame. Tales especialistas no eran otros que técnicos de la UNOPS en San Juan, para lo cual la gobernación desembolsó 2.147.346 dólares más un costo de “administración” de 64.420 dólares en 2011, provenientes del Fondo de Regalías Mineras del Ministerio de Minería de la Provincia.
Su misión: el cumplimiento de las garantías ambientales.
Los resultados: 1 millón de litros de agua cianurada derramados en la principal fuente de agua de la zona.
Ahora la UNOPS confirma que no tiene preparados los informes finales, pero según la información oficial de la gobernación ha dejado filtrar “resultados preliminares”. Fue el ministro de Minería de San Juan, el jachalense Felipe Saavedra, quien ayer aseguró: “El informe de la ONU concluye que no hay contaminación”.
El ministro aprovechó un comunicado que la UNOPS emitió el 29/09 en el que decía que, “en el marco de la elaboración de su plan integral”, los técnicos de la ONU realizaron el 18 de septiembre una “misión a la zona de influencia” para tomar “muestras de agua superficial en Agualasto y Río Blanco”. Ahí es donde el organismo expresa: “El resultado de los análisis de las muestras iniciales no presenta desviaciones con respecto a mediciones realizadas en junio de 2015, para las determinaciones analíticas realizadas”.
El detalle de “no presenta desviaciones” bastó para la frase del ministro Saavedra y los titulares de algunos medios: por ejemplo, Tiempo de San Juan tituló: “Veladero: el informe de la UNOPS concluyó que no hay contaminación”. En tanto, Diario de Cuyo afirmó: “La ONU elevó su primer informe por el cianuro y dice que no hay contaminación”. Y Télam: “Un informe de la ONU reveló que no hubo contaminación en San Juan”.
Sin embargo, la UNOPS rectificó al diario La Gaceta Mercantil al que informó que “no emitió un informe señalando que el volcamiento de agua con cianuro en la mina Veladero, de Barrick, en San Juan no haya contaminado las aguas” (https://www.gacetamercantil.com/notas/86613/). Y detalló: la información publicada “es incompleta e inexacta, infiriendo una conclusión que no ha sido emitida por UNOPS y PNUMA como organismos responsables del estudio”.
Ante la consulta de lavaca, la UNOPS respondió con una propuesta detallada presentada al gobierno de San Juan para realizar un “estudio sobre la calidad de los cuerpos de agua en el área de influencia de la mina Veladero, posterior al incidente ambiental del 13/09/15”, pero aclaró que aún no fue aprobada. Culmina: “Más allá de estos resultados iniciales, no se ha presentado un informe, sino una propuesta de estudio. Una vez que sea aprobado por la autoridad, los resultados de dichos estudios se pondrán en conocimiento de todos los actores interesados”.
¿Puede la UNOPS ser ahora parte de la investigación del derrame de un millón de agua cianurada producida en la mina de Barrick Gold que debía controlar? ¿O la justicia debería investigar primero su responsabilidad antes delegarle una tarea que quizá incumplió? La respuesta no es un detalle menor: involucra a uno de los organismos internacionales más importantes de la geopolítica global.

La Asamblea informa

Mientras la UNOPS se presenta en calidad de investigador cuando debe responder qué hizo durante dos los dos años previos al desastre, la Asamblea de Jáchal presentó este jueves sus primeros resultados, analizados por la Universidad Nacional de Cuyo.
De 9 muestras tomadas en distintos puntos de la cuenca que baja del arroyo Potrerillos – sobre el que se derramó el cianuro- hasta el Río Jáchal, se encontraron residuos de cianuro y de metales como plomo, manganeso, mercurio y cadmio, estos dos últimos inéditos para estos ríos. Sin embargo, “la mayoría de los niveles están por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud”, aclara Domingo Jofré, periodista y referente de la Asamblea Jáchal No Se Toca, quien aclara: “Pero la contaminación existió. Hay que ver si estos vestigios son parte del derrame o de un proceso más largo que viene de antes”.
En el primer caso, la Asamblea estudia el rumor que indica que la empresa Barrick Gold echó una “bomba química” para tapar el efecto del cianuro, dotando al agua de otros componentes tampoco amistosos. Y en el caso en que los metales sean parte ya del río, si su acumulación genera o no algún perjuicio para la salud.
En ese sentido, el dato que más preocupa a la Asamblea es la cantidad alarmante de aluminio encontrada en un muestreo del Río La Palca, afluente del Jáchal, muy por encima de los niveles aceptados (hasta 70 mg/L).
Dice Domingo Jofré: “No se puede decir que no hay cianuro en el río, ni que no hay metales pesados. Los hay, y queremos saber por qué están ahí, si es consecuencia del derrame o estamos consumiendo esto hace un tiempo”.
Según la asamblea, además, estos resultados echan luz sobre las sombras del resto de los informes que encontraban cero para todos los componentes y no analizaban la presencia de metales: “Estamos ratificando que están manipulando la información. Siguen manejándose en base a informes falaces y sesgados”. Por qué: “Un informe sería creíble sería si dicen que se controló la contaminación. Pero asegurar no hubo contaminación, ya sabemos que es mentira porque sí la hubo”.
La asamblea dice esto no en tono de denuncia sino de preocupación. “Lo que nos alarma es que no están escuchando al pueblo, que no quiere más este tipo de proyectos acá, más allá de los resultados de cualquier informe”, dice Jofré.

Más info:
https://www.lavaca.org/notas/el-legado-de-barrick/

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El agua no es apta, pero el informe sí

Ex Petinari: Diputados aprobó la expropiación

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Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

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hace 14 horas

28/09/2023

Los feminismos siguen siendo el único movimiento que tiene la capacidad de transversalizar la unidad, amplia, y poner en Avenida de Mayo, de cara a Plaza Congreso, cuadras y cuadras de columnas que van desde el sindicalismo, a los movimientos sociales, a la izquierda, al kirchnerismo.

Aún cuando por Hipólito Yrigoyen ingrese la enorme columna de la intersindical feminista seguida por poco del oficialismo; y por el otro costado, por Avenida de Mayo, ingrese la izquierda; todos los espacios comparten plaza a menos de un mes de elecciones generales que definen quién presidirá el país.

Esa es la noticia: seguimos transversalmente en la calle.

Video: Sebastián Smok.

De la economía popular a la formal

“Creían que el movimiento había desaparecido porque no estaba en la calle, pero estábamos en cada uno de nuestros territorios, ahí también damos la batalla y la lucha”, dice Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA Autónoma, frente a la enorme columna de trabajadoras que son protagonistas de esta marcha. Las tres banderas que encabezan: UTEP, CTA y CTA Autónoma. De la economía popular a la economía formal, todas adentro.

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo” — La cabeza de la marcha de este 28 S. (Foto: Sol Tunni).

Junto a ellas también marchan familias de víctimas de femicidios: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; y Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, que salieron desde la sede de MU junto a un grupo de mujeres que les siguen con los pañuelos blancos que bordan dos palabras: Nunca Más.

No con el FMI

Dice Leonor: “La derecha más fascista de nuestro país tiene una agenda muy clara contra el feminismo, quieren ir contra cada uno de los derechos que hemos conquistado con sangre y a fuerza de lucha; pero no lo vamos a permitir. Estamos en la más amplia y diversa unidad de vuelta en la calle porque a la derecha la vamos a enfrentar, pero también vamos a decir: no es con el FMI, porque somos las trabajadoras, las precarizadas, las compañeras del barrio, las que más sufren el ajuste”.

Leonor llegó a Plaza Congreso desde Tucumán, trayendo lo que se ve fuera del centro porteño: “En nuestra Argentina profunda lo que se ve es la pobreza, en todas sus dimensiones, pero el movimiento feminista en la provincia es lo más fuerte que hay, es donde está la unidad y donde nosotras resistimos”.

Sobre la transversalidad habla también Silvia León, referente de ATE Nacional: “Hoy el objetivo tiene que ser que las derechas no avancen en nuestro país. Los 30 mil compañeros desaparecidos y muertos no murieron en vano, y las víctimas de femicidio tampoco”.

Silvia, rodeada de pañuelos verdes, sostiene junto a las familias de víctimas de femicidios, que tienen las fotos de sus hijas colgando en el pecho, los pañuelos blancos. Los feminismos honran el legado que los derechos humanos construyeron en la calle, con los pies. Dice Silvia: “Nosotras peleamos por soberanía, por educación, por salud, y también seguimos el camino de las Madres, las Abuelas, de los 30 mil, pero también de los familiares. Hay un tiempo que se termina, el de la verticalidad, el del verticalismo y del patriarcado, ahora toca construir transversal y federalmente”

Significado de la libertad

Marta y Guillermo, llegaron desde Mar del Plata a las siete de la mañana; junto a Susana y Daniel, se colgaron las fotos de sus hijas en el pecho: Lucía Pérez y Cecilia Basaldúa, dos femicidios territoriales emblemáticos, donde las tramas narco barriales marcaron como alerta una emergencia que traen las periferias.

¿Por qué recorrer la Ruta 2 durante toda la noche para marchar? Contesta Marta Montero, mamá de Lucía: “Para gritar que no vamos a permitir perder nuestros derechos, lo que hemos conquistado en este tiempo de lucha que no es solo el reciente, me voy más lejos: en este tiempo de democracia que es el tiempo en el que podemos salir, podemos luchar, y también decir lo que pensamos. Todo esto está en peligro, no podemos permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos o lo que podemos hacer, que corten nuestros derechos y lo conseguido: por ejemplo un ministerio. Todas las mujeres no tenemos la suerte de que nos acompañen los gremios, las organizaciones; hay muchas mujeres que están solas, pero vos sabés que hay una puerta que podés golpear y que se va a abrir. Ahora corremos el peligro de que todo eso se termine».

Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía (Foto: Sebastián Smok)

¿Por qué creés que quieren que se termine?

Porque somos muchas, hemos tomado la calle, hemos salido, y nuestra palabra se ha hecho escuchar. Y así hemos logrado cambios: el más importante fue el aborto legal. Es imposible no pensar hoy en día que una mujer no tiene derecho de poder decidir sobre su vida.Yo soy una persona de fe, creo en dios, en la virgen, pero no creo en que alguien pueda decirnos que esto tiene que ser de una sola manera porque creo en la libertad de las personas, y si alguien no quiere tener un hijo es respetable.

Libertad es una palabra hoy disputada, ¿qué significa?

Libertad significa levantarme, salir a la calle y decir lo que pienso sin censura de nadie, poder acompañar a alguien, poder hablar, poder estar. El libertario es otra cosa: son los que nos quieren vender que vamos a estar mejor por cosas que no terminamos ni de entender, es un juego de palabras siniestro que termina en opresión.

Foto: Sol Tunni.

¿Qué tienen que hacer los movimientos feministas?

No los tenemos que dejar avanzar. A mí no me representa una persona que esté con una agresividad tal que se le nota, en su manera de hablar, de moverse, a mi no me representa esa violencia, pero estamos viviendo en un momento muy difícil que hoy todo es violencia. El enojo hoy está peor que nunca, o tal vez tenga otra visibilidad, antes se tapaba más, hoy lo ves en un medio, en una red social, es más visible, por eso parece que pasa más.

¿Cómo volvemos para volver a ser marea?

Es muy importante creer en nosotras mismas, en el valor que nosotras tenemos, valorar quienes somos. Es muy importante no tener miedo, no tener miedo al ridículo, estar seguras de lo que hacemos, de lo que queremos y si tenemos que salir a defender a una compañera, a una hermana, salir y hacerlo con convicción propia. Lo más libre que una puede hacer es salir. Si no es con cada una de nosotras, hasta acá no se hubiese llegado, sin las mujeres luchando por su propia vida, las más grandes ayudando a las más chicas, y las más chicas, por ellas mismas. Esa es la hermandad, todas nos necesitamos, yo sola no puedo, te necesito a vos, a otra, a la hermana, sola es imposible. Necesitamos la confianza en nosotras mismas, evitar la competencia. Nosotras luchamos por la vida, por eso luchamos por todas. Solas no llegamos a nada, pero juntas llegamos a todo.

Daniel y Susana (padres de Cecilia Basaldúa), Guillermo y Marta. Foto Sebastián Smok.

Foto Sol Tunni.

Foto: Sol Tunni

Foto: Sebastián Smok

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Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

Publicada

hace 2 días

27/09/2023

El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).

Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.

La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.

Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

Por Anabel Pomar

Resultado global presentado sobre las concentraciones de glifosato en seres humanos. Argentina lidera esa tabla con absoluta comodidad.

En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).

¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.

En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué se incluyó a nuestro país? Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.

Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.

Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.

Resultados de plaguicidas en las muestras en orina.

El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.

Omnipresentes

Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

Los resultados de los venenos en materia fecal.

En los hogares

Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.

Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.

A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.

Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.

La mordaza

En la conferencia virtual –toda en inglés– que duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.

Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.

Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.

El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.

Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.

“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la investigación.

En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.

La vida cotidiana asediada

En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.

En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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hace 4 días

25/09/2023

Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:

La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia» — El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.