Nota
El fusilado que vive: comienzan los alegatos para juzgar al policía que le disparó a Lucas Cabello
Hoy se cumplen 4 años desde que el ex oficial Ricardo Ayala disparó a matar a Lucas Cabello, que logró permanecer con vida hemipléjico en una silla de ruedas. Así logró también hacer de su relato la principal herramienta de una posible condena al policía, cuya suerte empieza a juzgarse en la etapa final del debate oral. La querella solicitó esta semana una pena de 20 años de prisión y pidió también medidas para los responsables políticos: el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, la vicejefa Vidal y el ministro de Seguridad de la Ciudad Guillermo Montenegro. “Se considerará también el actual contexto político, en el cual los funcionarios civiles que conducen a las fuerzas de seguridad promueven a través de ciertos dichos un inusitado clima de violencia social”, amplió la abogada Gabriela Carpineti. El caso puede verse como la antesala de la promovida Doctrina Chocobar luego desde el mandato nacional, y la búsqueda de justicia para Lucas como una necesidad para cambiar un paradigma que hizo bandera de los abusos y violencia estatal.
Por Lucrecia Raimondi
Lucas Cabello es un fusilado que vive. Uno de los únicos públicamente conocido de los últimos 36 años de democracia que sobrevivió a las balas de la policía. Y que logró llevar a juicio al responsable de que su vida transcurra, con solo 24 años, hemipléjico en una silla de ruedas. Este 9 de noviembre se cumplen cuatro años desde que Ricardo Ayala, ex oficial de la Policía Metropolitana y en actual servicio pasivo en la Policía de la Ciudad, le disparó a Lucas Cabello tres veces con su arma reglamentaria por una discusión verbal. En diciembre de 2015, un mes después del hecho, la Cámara Nacional de Apelaciones señaló que el accionar de Ayala implicó “una gravísima violación a los derechos humanos”. Las próximas semanas el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 resolverá si el policía es condenado por el intento de fusilamiento.
El debate oral llegó a su etapa final: la querella particular de Lucas, representada por Gabriela Carpineti, inició el martes 5 de noviembre la exposición de los alegatos y pidió la pena de 20 años de prisión. También la inhabilitación perpetua para que Ayala porte armas y ejerza como funcionario de seguridad público o privado, incluso en tareas administrativas. El policía está siendo enjuiciado por “tentativa de homicidio agravado por la condición del imputado de ser miembro de una fuerza de seguridad”. Además, Carpineti solicitó la detención inmediata de Ayala por entender que cuenta con los medios para fugarse.
“Lucas Cabello fue víctima de un intento de fusilamiento por parte del agente Ayala. No existió ni legítima defensa ni exceso en su legítima defensa, como se pretendió instalar desde sucedido esto. A Lucas quiso matarlo la Policía”, aseveró Carpineti. En este sentido, la abogada expuso una contundente descripción del contexto social y político en que se desarrolló la tragedia. Y expresó a los jueces que deben considerar la violencia institucional como una causal sistemática del accionar de Ayala como funcionario de la Policía de la Ciudad.
Durante los dos meses de audiencias testimoniales se presentaron a declarar vecinos y familiares. “Los testimonios fueron producto de lo que vieron personas comunes, sin responsabilidades públicas ni cargos en una estructura estatal”, explicó Carpineti respecto de los testigos. Quienes presenciaron los hechos antes o después de que Ayala intente asesinar a Lucas coincidieron en cómo sucedió. Pero, principalmente, el testimonio clave en este debate fue el del propio Lucas Cabello, que vivió para denunciarlo. “El relato de la víctima Lucas Cabello ha sido contundente. Profundamente conmovedor y verídico. Congruente con los demás testimonios que hemos escuchado en esta sala. Tiene sentido y es creíble. Resulta reforzado también por los dichos de cada uno de los familiares y vecinos que lo vieron inmediatamente luego de ocurridos los hechos, y otros testimonios de relevancia”, expresó Carpineti en su alegato.
La próxima audiencia será el jueves 14 de noviembre y expondrán sus alegatos la Liga Internacional por los Derechos Humanos, que actúa también como querellante, y la fiscal Irma Adriana García Nietto en representación estatal del Ministerio Público Fiscal. Luego de los argumentos de las partes acusadoras, tendrá su lugar la defensa a cargo del defensor de la Polícia, Santiago de Jesús, quien fuera también abogado del policía metropolitano Daniel Castagnasso, asesino de Nehuén Rodriguez.

El ex oficial Ayala junto a su abogado.
Foto: Colectivo de Medios Populares
Tirar a matar
El policía Ricardo Ayala tenía seis meses de servicio y estaba en La Boca por una consigna de un conflicto entre vecinas en Martín Rodríguez 561, el PH contiguo a la vivienda de la familia Cabello. Esa tarde del 9 de noviembre de 2015, Lucas había salido a comprar comida. Según relata, al volver Ayala le dijo: “metete para adentro, negrito de mierda”, “me dijeron que vos sos muy conflictivo”, y “yo soy policía y puedo hacer lo que quiero”. Lucas le contesta y discuten en un breve intercambio de palabras. Lucas piensa que se terminó y se dispone a seguir a su casa con dos sandwiches y una bolsita de panes. Pero según la reconstrucción Ayala se para en el escalón de la puerta de Martín Rodríguez 559, y desenfunda su arma: a menos de un metro, aprieta el gatillo. Tira a la cabeza: el impacto da en la mandíbula y la bala llega la médula ósea del cuello. Lucas quedó paralizado inmediatamente. En total tres disparos, los dos últimos con Lucas en el piso. Esa es la reconstrucción de la querella, que coincide con los impactos de bala: “Lucas estaba indefenso, nunca estuvo armado ni tuvo la posibilidad de defenderse ni de repeler dicha agresión. La acción de Ayala configuró una gravísima violación a los derechos humanos, en tanto se ha vulnerado la integridad física de Cabello con riesgo de su vida, mediante la potestad que el Estado le brinda a un agente de una fuerza de seguridad, cual es el monopolio de la fuerza”, reforzó Carpineti y refirió.
La vivienda de Martín Rodríguez, según el Instituto de Vivienda de la Ciudad, era temporal. Pero fue la casa de los Cabello por 15 años. El baño era compartido entre las familias que se alojaban en las ocho habitaciones del PH 559. En el cuarto de Lucas había ratas. La convivencia general entre vecinos era problemática por el hacinamiento y la precariedad del conventillo. La pelea entre las dos mujeres del PH 561 no involucraba a Lucas y la policía tampoco encontró armas en su domicilio. El IVC resolvió la situación habitacional de esta familia con Lucas cuadripléjico por las balas de un Policía con poca formación, que no comprendía la complejidad del lugar donde hacía la consigna y que abusó de sus funciones.
Se acreditó también durante el debate y la primera etapa de investigación que tanto Lucas como su familia sufrieron discriminación por su condición social. Aldana Cabello relató que el día de la agresión, la Policía se negó a socorrer a su hermano herido y que una agente le dijo textual: “Dejá de llorar pendeja, que llorando no se soluciona nada”, mientras pedía ayuda en medio de un estado nervioso que le provocó cinco desmayos. Y Carolina Vila, madre de Lucas, refirió que en enero de 2017, luego de la fusión de la Metropolitana con la Federal, una mujer oficial de la Policía de la Ciudad le dijo “que tu hijo vaya a correr una maratón”, episodio que derivó en la injustificada detención de Carolina bajo el ridículo tipo penal de “resistencia a la autoridad”.
Como si esto fuera poco, ell juicio fue suspendido tres veces y el inicio demoró casi cuatro años. En referencia a estos sucesos, Carpineti expresó: “Todo eso sufrió esta familia en este periplo judicial. Han sido víctima no de un solo hecho de violencia institucional. Si no de una historia de múltiples hechos de violencia institucional que han dañado su moral, su salud mental, y su materialidad cotidiana”.

Lucas junto a su familia en la puerta de los Tribunales, el día que la querella inició los alegatos: piden 20 años para Ayala.
El contexto de la violencia
El caso de Lucas no es un hecho aislado. La querella de Lucas remarcó en su alegato el contexto de accionar abusivo. “Claramente quedó probado en este juicio el aval institucional civil para actuar en los barrios como si fuese un cuartel a cielo abierto para el disciplinamiento moral y el ejercicio sistemático de la violencia institucional. Lejos está esta fuerza de seguridad -la Policía de la Ciudad- de brindar orden y seguridad a la población de estos barrios en el marco de procesos de integración urbana”.
También cuestionó la formación policial y, respecto al uso de armas de fuego, pidió se adecúen al protocolo de la ONU. “Es necesario que el caso de Lucas Cabello sirva también para concientizar a los encargados de formar a los futuros agentes de la actual Policía de la Ciudad y de todas las fuerzas de seguridad del país, que tengan una formación a la latura del grado de responsabilidad que ejercen”. Y recordó que Ayala se había capacitado en la Policía solamente seis meses: “Resulta inaudito que alguien con tan poco tiempo de entrenamiento y formación salga a la calle con un arma y se encargue de garantizar la seguridad”.
Las responsabilidades políticas no quedaron exentas del argumento de Carpineti. En su alegato solicitó al Tribunal que ordene al Ministerio Público Fiscal investigar el posible encubrimiento del policía Ayala por parte del entonces Jefe de gobierno Mauricio Macri, la Vicejefa María Eugenia Vidal, el que fue Ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, y al entonces jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Alberto Giménez. “Se considerará también el actual contexto político, en el cual los funcionarios civiles que conducen a las fuerzas de seguridad promueven a través de ciertos dichos un inusitado clima de violencia social”, enfatizó la abogada querellante.
Por la fusión de la Policía Metropolitana con la Policía Federal quedó en 2017 constituída la Policía de la Ciudad con una fuerza de 27.000 efectivos que la CORREPI analizó desmedido “para un territorio que tiene menos de tres millones de habitantes, es decir, un policía cada 107 habitantes. O más de 800 policías por cada 100.000 habitantes, casi el triple de los 300 por 100.000 que recomienda la ONU como óptimo”. Sin contar la cantidad de gendarmes y prefectos que suman todavía más poder de fuego estatal en los barrios populares.
La abogada de Lucas citó las cifras de la CORREPI para demostrar que, en estos últimos cuatro años de gobierno de Cambiemos, aumentó la violencia institucional y la militarización de los barrios en la Ciudad de Buenos Aires. El macrismo superó la barrera de un muerto por día e incrementó la frecuencia con un caso de gatillo fácil cada 21 horas, mientras que el gobierno nacional anterior había tenido su pico en 2015 con uno cada 28 horas. “Un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. La Policía de la Ciudad mató 43 personas en los últimos 26 meses. Más de dos personas por mes”, registró el organismo de derechos humanos.
Estos datos son refrendados por la campaña de legitimación de la “doctrina Chocobar” por parte de funcionarios de primera línea del gobierno de Cambiemos, ampliamente difundida por los medios de comunicación hegemónicos. Como fue el abrazo del presidente Mauricio Macri al policía Luis Chocobar y el de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la policía Carla Céspedes. Estas fotos muestran el rasgo distintivo de esta gestión, que explicitan y reivindican el gatillo fácil como política de Estado. Lo que suceda con la pena a Ayala contiene todos estos simbolismos.
Nota
La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.
Por Franco Ciancaglini
Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:
- su salud era cada vez más delicada;
- los medicamentos oncológicos no llegaban;
- y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.
Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.
Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

Contaminada
María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.
Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.
La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.
Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.
Contaminada
La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.
Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.
Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:
- “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
- “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».
Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”
Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.
En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”
Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:
- “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
- Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.
Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.
Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.



Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”
El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

Abandonada
Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.
Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.
Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».
Sino miren este video.
María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”
El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.
Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.
Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.
Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”
Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”
La respuesta era obvia: mal.
Insurgente
Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.
Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.
El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».
Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.
Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.
Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.
Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.
Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.
La muerte es el abandono.
La muerte es el olvido.
Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.
odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.
Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.
Mary: gracias.
Hasta mañana.
Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
Nota
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Docente:
Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.




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