Hoy se cumplen 4 años desde que el ex oficial Ricardo Ayala disparó a matar a Lucas Cabello, que logró permanecer con vida hemipléjico en una silla de ruedas. Así logró también hacer de su relato la principal herramienta de una posible condena al policía, cuya suerte empieza a juzgarse en la etapa final del debate oral. La querella solicitó esta semana una pena de 20 años de prisión y pidió también medidas para los responsables políticos: el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, la vicejefa Vidal y el ministro de Seguridad de la Ciudad Guillermo Montenegro. “Se considerará también el actual contexto político, en el cual los funcionarios civiles que conducen a las fuerzas de seguridad promueven a través de ciertos dichos un inusitado clima de violencia social”, amplió la abogada Gabriela Carpineti. El caso puede verse como la antesala de la promovida Doctrina Chocobar luego desde el mandato nacional, y la búsqueda de justicia para Lucas como una necesidad para cambiar un paradigma que hizo bandera de los abusos y violencia estatal.

Por Lucrecia Raimondi 

Lucas Cabello es un fusilado que vive. Uno de los únicos públicamente conocido de los últimos 36 años de democracia que sobrevivió a las balas de la policía. Y que logró llevar a juicio al responsable de que su vida transcurra, con solo 24 años, hemipléjico en una silla de ruedas. Este 9 de noviembre se cumplen cuatro años desde que Ricardo Ayala, ex oficial de la Policía Metropolitana y en actual servicio pasivo en la Policía de la Ciudad, le disparó a Lucas Cabello tres veces con su arma reglamentaria por una discusión verbal. En diciembre de 2015, un mes después del hecho, la Cámara Nacional de Apelaciones señaló que el accionar de Ayala implicó “una gravísima violación a los derechos humanos”. Las próximas semanas el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 resolverá si el policía es condenado por el intento de fusilamiento.
El debate oral llegó a su etapa final: la querella particular de Lucas, representada por Gabriela Carpineti, inició el martes 5 de noviembre la exposición de los alegatos y pidió la pena de 20 años de prisión. También la inhabilitación perpetua para que Ayala porte armas y ejerza como funcionario de seguridad público o privado, incluso en tareas administrativas. El policía está siendo enjuiciado por “tentativa de homicidio agravado por la condición del imputado de ser miembro de una fuerza de seguridad”. Además, Carpineti solicitó la detención inmediata de Ayala por entender que cuenta con los medios para fugarse. 
“Lucas Cabello fue víctima de un intento de fusilamiento por parte del agente Ayala. No existió ni legítima defensa ni exceso en su legítima defensa, como se pretendió instalar desde sucedido esto. A Lucas quiso matarlo la Policía”, aseveró Carpineti. En este sentido, la abogada expuso una contundente descripción del contexto social y político en que se desarrolló la tragedia. Y expresó a los jueces que deben considerar la violencia institucional como una causal sistemática del accionar de Ayala como funcionario de la Policía de la Ciudad.
Durante los dos meses de audiencias testimoniales se presentaron a declarar vecinos y familiares. “Los testimonios fueron producto de lo que vieron personas comunes, sin responsabilidades públicas ni cargos en una estructura estatal”, explicó Carpineti respecto de los testigos. Quienes presenciaron los hechos antes o después de que Ayala intente asesinar a Lucas coincidieron en cómo sucedió. Pero, principalmente, el testimonio clave en este debate fue el del propio Lucas Cabello, que vivió para denunciarlo. “El relato de la víctima Lucas Cabello ha sido contundente. Profundamente conmovedor y verídico. Congruente con los demás testimonios que hemos escuchado en esta sala. Tiene sentido y es creíble. Resulta reforzado también por los dichos de cada uno de los familiares y vecinos que lo vieron inmediatamente luego de ocurridos los hechos, y otros testimonios de relevancia”, expresó Carpineti en su alegato.
La próxima audiencia será el jueves 14 de noviembre y expondrán sus alegatos la Liga Internacional por los Derechos Humanos, que actúa también como querellante, y la fiscal Irma Adriana García Nietto en representación estatal del Ministerio Público Fiscal. Luego de los argumentos de las partes acusadoras, tendrá su lugar la defensa a cargo del defensor de la Polícia, Santiago de Jesús, quien fuera también abogado del policía metropolitano Daniel Castagnasso, asesino de Nehuén Rodriguez. 

El ex oficial Ayala junto a su abogado.
Foto: Colectivo de Medios Populares

Tirar a matar

El policía Ricardo Ayala tenía seis meses de servicio y estaba en La Boca por una consigna de un conflicto entre vecinas en Martín Rodríguez 561, el PH contiguo a la vivienda de la familia Cabello. Esa tarde del 9 de noviembre de 2015, Lucas había salido a comprar comida. Según relata, al volver Ayala le dijo: “metete para adentro, negrito de mierda”, “me dijeron que vos sos muy conflictivo”, y “yo soy policía y puedo hacer lo que quiero”. Lucas le contesta y discuten en un breve intercambio de palabras. Lucas piensa que se terminó y se dispone a seguir a su casa con dos sandwiches y una bolsita de panes. Pero según la reconstrucción Ayala se para en el escalón de la puerta de Martín Rodríguez 559, y desenfunda su arma: a menos de un metro, aprieta el gatillo. Tira a la cabeza: el impacto da en la mandíbula y la bala llega  la médula ósea del cuello. Lucas quedó paralizado inmediatamente. En total tres disparos, los dos últimos con Lucas en el piso. Esa es la reconstrucción de la querella, que coincide con los impactos de bala: “Lucas estaba indefenso, nunca estuvo armado ni tuvo la posibilidad de defenderse ni de repeler dicha agresión. La acción de Ayala configuró una gravísima violación a los derechos humanos, en tanto se ha vulnerado la integridad física de Cabello con riesgo de su vida, mediante la potestad que el Estado le brinda a un agente de una fuerza de seguridad, cual es el monopolio de la fuerza”, reforzó Carpineti y refirió.
La vivienda de Martín Rodríguez, según el Instituto de Vivienda de la Ciudad, era temporal. Pero fue la casa de los Cabello por 15 años. El baño era compartido entre las familias que se alojaban en las ocho habitaciones del PH 559. En el cuarto de Lucas había ratas. La convivencia general entre vecinos era problemática por el hacinamiento y la precariedad del conventillo. La pelea entre las dos mujeres del PH 561 no involucraba a Lucas y la policía tampoco encontró armas en su domicilio. El IVC resolvió la situación habitacional de esta familia con Lucas cuadripléjico por las balas de un Policía con poca formación, que no comprendía la complejidad del lugar donde hacía la consigna y que abusó de sus funciones.         
Se acreditó también durante el debate y la primera etapa de investigación que tanto Lucas como su familia sufrieron discriminación por su condición social. Aldana Cabello relató que el día de la agresión, la Policía se negó a socorrer a su hermano herido y que una agente le dijo textual: “Dejá de llorar pendeja, que llorando no se soluciona nada”, mientras pedía ayuda en medio de un estado nervioso que le provocó cinco desmayos. Y Carolina Vila, madre de Lucas, refirió que en enero de 2017, luego de la fusión de la Metropolitana con la Federal, una mujer oficial de la Policía de la Ciudad le dijo “que tu hijo vaya a correr una maratón”, episodio que derivó en la injustificada detención de Carolina bajo el ridículo tipo penal de “resistencia a la autoridad”. 
Como si esto fuera poco, ell juicio fue suspendido tres veces y el inicio demoró casi cuatro años. En referencia a estos sucesos, Carpineti expresó: “Todo eso sufrió esta familia en este periplo judicial. Han sido víctima no de un solo hecho de violencia institucional. Si no de una historia de múltiples hechos de violencia institucional que han dañado su moral, su salud mental, y su materialidad cotidiana”. 

Lucas junto a su familia en la puerta de los Tribunales, el día que la querella inició los alegatos: piden 20 años para Ayala.

El contexto de la violencia

El caso de Lucas no es un hecho aislado. La querella de Lucas remarcó en su alegato el contexto de accionar abusivo. “Claramente quedó probado en este juicio el aval institucional civil para actuar en los barrios como si fuese un cuartel a cielo abierto para el disciplinamiento moral y el ejercicio sistemático de la violencia institucional. Lejos está esta fuerza de seguridad -la Policía de la Ciudad- de brindar orden y seguridad a la población de estos barrios en el marco de procesos de integración urbana”. 
También cuestionó la formación policial y, respecto al uso de armas de fuego, pidió se adecúen al protocolo de la ONU. “Es necesario que el caso de Lucas Cabello sirva también para concientizar a los encargados de formar a los futuros agentes de la actual Policía de la Ciudad y de todas las fuerzas de seguridad del país, que tengan una formación a la latura del grado de responsabilidad que ejercen”. Y recordó que Ayala se había capacitado en la Policía solamente seis meses: “Resulta inaudito que alguien con tan poco tiempo de entrenamiento y formación salga a la calle con un arma y se encargue de garantizar la seguridad”.  
Las responsabilidades políticas no quedaron exentas del argumento de Carpineti. En su alegato solicitó al Tribunal que ordene al Ministerio Público Fiscal investigar el posible encubrimiento del policía Ayala por parte del entonces Jefe de gobierno Mauricio Macri, la Vicejefa María Eugenia Vidal, el que fue Ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, y al entonces jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Alberto Giménez. “Se considerará también el actual contexto político, en el cual los funcionarios civiles que conducen a las fuerzas de seguridad promueven a través de ciertos dichos un inusitado clima de violencia social”, enfatizó la abogada querellante. 
Por la fusión de la Policía Metropolitana con la Policía Federal quedó en 2017 constituída la Policía de la Ciudad con una fuerza de 27.000 efectivos que la CORREPI analizó desmedido “para un territorio que tiene menos de tres millones de habitantes, es decir, un policía cada 107 habitantes. O más de 800 policías por cada 100.000 habitantes, casi el triple de los 300 por 100.000 que recomienda la ONU como óptimo”. Sin contar la cantidad de gendarmes y prefectos que suman todavía más poder de fuego estatal en los barrios populares.
La abogada de Lucas citó las cifras de la CORREPI para demostrar que, en estos últimos cuatro años de gobierno de Cambiemos, aumentó la violencia institucional y la militarización de los barrios en la Ciudad de Buenos Aires. El macrismo superó la barrera de un muerto por día e incrementó la frecuencia con un caso de gatillo fácil cada 21 horas, mientras que el gobierno nacional anterior había tenido su pico en 2015 con uno cada 28 horas. “Un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. La Policía de la Ciudad mató 43 personas en los últimos 26 meses. Más de dos personas por mes”, registró el organismo de derechos humanos.  
Estos datos son refrendados por la campaña de legitimación de la “doctrina Chocobar” por parte de funcionarios de primera línea del gobierno de Cambiemos, ampliamente difundida por los medios de comunicación hegemónicos. Como fue el abrazo del presidente Mauricio Macri al policía Luis Chocobar y el de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la policía Carla Céspedes. Estas fotos muestran el rasgo distintivo de esta gestión, que explicitan y reivindican el gatillo fácil como política de Estado. Lo que suceda con la pena a Ayala contiene todos estos simbolismos.