Sigamos en contacto

Nota

El largo camino por la verdad y la justicia: 3 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

Publicada

el

A tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la movilización que reclamó justicia fue dedicada a las víctimas de los tres sismos que azotaron a México durante septiembre. Los familiares de los estudiantes apuntaron las cuatro pistas de investigación que están estancadas. Y remarcaron la hipótesis de la desaparición vinculada a la cuestión narco. Quién busca a los 43, por Eliana Gilet desde Ciudad de México.
Fotos de Ernesto Álvarez
En la marcha que conmemoró los tres años de la desaparición forzada de los normalistas, las consignas se mezclaban. Además de las organizaciones de izquierda y estudiantiles que acompañan al comité de padres de los 43 desde hace tiempo, se sumaron personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre y gente solidaria que colaboró en la extenuante semana que pasó.

Mujer camina durante la manifestación por los tres años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa. La marcha fue dedicada a las personas fallecidas por el sismo del pasado 19 de septiembre, y las personas desaparecidas en la catástrofe.
Foto: Ernesto Álvarez


El comité de padres de los 43 decidió que “donaría” esta acción global (que es como se llama a la convocatoria que lanzan el 26 de cada mes, a movilizarse en todo rincón del mundo que se desee) para las víctimas de los tres sismos que han asolado la República mexicana durante septiembre: el 7, el 19 y el sábado 23, que terminó por destruir lo que quedaba en pie en el sur del país, en Oaxaca sobre todo, en la región del Istmo de Tehuantepec.
La marcha fue en silencio desde el Ángel de la Independencia hasta el llamado Anti-monumento, que es un “+43” grandote, que desde abril de 2015 ocupa el cruce de las avenidas Bucareli y Reforma. Cuando la cabecera de la marcha llegó a ese punto, un grito resonó desde el estrado:
-“¡Porque vivos se los llevaron!”.
-“¡Vivos los queremos!” – respondió la multitud.

Las pistas

Cristina Bautista Salvador, la madre de Benjamín Asencio Bautista uno de los normalistas que continúan desaparecido, tomó el micrófono y dijo unas palabras en su lengua originaria. Agradeció a los presentes, «porque si se han logrado avances, ha sido por la lucha de los padres y del pueblo de México», dijo. Y siguió: “El gobierno no protege nuestros derechos, nuestras tierras, nuestra agua, y es importante para nosotros defenderlos, porque es luchar por la vida de nuestros hijos. Este caso no puede quedar en la impunidad, aunque el gobierno apueste al paso del tiempo y a nuestro cansancio.”
Cristina Bautista dijo que el gobierno los pone contra la pared estancando las líneas de investigación del caso, que son cuatro:
La participación del Ejército, que también estuvo presente en Iguala la noche en que se llevaron a los normalistas. Ningún militar ha declarado en la causa y se sabe, indicó Cristina Bautista, que ellos tomaron fotos, videos y elaboraron documentos sobre su accionar, que no han aparecido aún. El Ejército manejó además el C4 esa noche, que es el centro de video vigilancia, que monitoreó todo el tiempo los movimientos de los estudiantes, lo que descarta una versión inicial que decía que los atacaron por confundirlos con sicarios de una banda de narcos llamada “Los Rojos”.
El rol de la policía de Huitzuco, que es una localidad vecina a Iguala, en donde un testigo señaló que al menos 25 de los estudiantes fueron llevados, luego de su secuestro en el centro de Iguala. Vale recordar que fueron los policías los que se llevaron a los estudiantes. En un momento, se señaló sólo a la corporación policial de Iguala, pero luego se supo también que participaron agentes de Huitzuco, de Cocula, policías federales, soldados del 27 batallón de infantería de Iguala, policía militar y del servicio de inteligencia, según demostró el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que trabajó hasta abril de 2016 en el caso, enviados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Bandera mexicana durante la manifestación a tres años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa. La marcha fue dedicada a las personas fallecidas y desaparecidas en el sismo del martes 19 de septiembre.


La pista de los teléfonos celulares de los estudiantes, que fueron utilizados después del 26 de setiembre de 2014. En la primera versión que dio el Estado mexicano sobre los normalistas, que fue falseada por el GIEI y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), dijo que todos los pibes y sus pertenencias habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Esa versión ya se descartó ampliamente, un año atrás.
El motivo de la agresión hacia los estudiantes que fue planteada por el GIEI, que tiene que ver con el trasiego clandestino de droga en camiones de pasajeros, siguiendo una ruta que nace en Iguala y termina en Chicago, Estados Unidos.

Qué se sabe

Para entender este punto, hay que repasar los hechos: un grupo de más de cien normalistas estaban tomando colectivos de transporte, sobre la ruta, para trasladar a sus compañeros a la Ciudad de México el 2 de octubre, día en que se conmemora la masacre de 1968. Esto es algo que los normalistas hacen desde hace décadas y está tan extendido y aceptado que las empresas de transporte indican a sus choferes que se queden viviendo en la Normal mientras los jóvenes usan el transporte. Son los mismos chóferes de las empresas los que los manejan. Eventualmente los devuelven, liberándolos en una estación de transporte y toman otras unidades cuando precisan y así. No usan armas, no usan la fuerza. Suben, se presentan y se los llevan.
El 26 de Setiembre de 2014, un grupo de jóvenes hizo esto, pero el chofer les dijo que le permitieran llevar al pasaje que traía hasta Iguala. Los normalistas aceptaron. En vez de dejarlos sobre la ruta, antes de ingresar a la ciudad, el chofer los metió en la terminal de autobuses de Iguala. Los estudiantes pensaron que era buena idea llevarse una de las unidades que estaba estacionada en la terminal y así hicieron. El ataque policial comenzó una vez que salieron de la terminal: acabó con 43 estudiantes desaparecidos (los que entran sentados en un ómnibus de estos); y otros seis ejecutados extrajudicialmente: tres estudiantes de Ayotzinapa y tres personas (entre ellas, un menor de edad) que se encontraron azarosamente en medio de las varias balaceras de la policía, además de al menos 40 heridos, uno de ellos es un estudiante que sigue en estado vegetativo tras recibir una bala en la cabeza en la primera emboscada policial.

Foto: Ernesto Álvarez

La hipótesis narco

Según la hipótesis de los expertos internacionales para explicar por qué tanto exceso y coordinación represiva, los estudiantes habrían interferido, sin saberlo, en un sistema de distribución  – protegido institucionalmente – de cocaína y heroína, que las saca de Iguala y las lleva a Estados Unidos.
De las 129 personas que han sido detenidas por el caso Ayotzinapa, ninguna está acusada por el delito de desaparición forzada. Se les acusa de “secuestro”, una figura penal que convenientemente deja de lado la responsabilidad del Estado mexicano en lo sucedido, a pesar de que buena parte de los detenidos también eran policías en actividad.  “La procuraduría se niega a corregir las irregularidades en su investigación. El Estado no profundiza ni dilucida estas 4 líneas, que son el último reducto de esperanza que tenemos. No hay resultados concretos porque ellos se han negado a avanzar”, dijo Cristina Bautista al terminar la marcha. “El gobierno mantiene un pacto de impunidad que ha hecho desangrar más la herida causada por la desaparición”
Todo cambió en México el 26 de setiembre de 2014. No hay un colectivo de familiares, o madre de un desaparecido que no diga que fue a partir de Ayotzinapa, y la búsqueda de esos 43 padres, que decidieron que ya no esperarían más para buscar a los suyos. La misma lección pareció replicar en las calles desde el sismo. Las familias, los vecinos y la gente solidaria tuvieron que movilizarse para impedir que las búsquedas de sobrevivientes se detengan, hasta que no concluyan de manera exhaustiva.
«Vivos o muertos no somos desechos», decían las pancartas con las que se manifestaron las familias de un edificio sobre la Avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma, el domingo 24 por la noche, para exigir que continúen las tareas de búsqueda.
Si la gente no busca y reclama por los suyos, el Estado no lo hará.
Y eso fue algo que Ayotzinapa les enseñó.

Foto: Ernesto Álvarez

Nota

Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

Publicada

el

Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

Seguir leyendo

Nota

Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

Publicada

el

La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

Seguir leyendo

Nota

Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

Publicada

el

En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
Seguir leyendo

LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.