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Justicia para Lucas Cabello: los ejes de un fallo histórico

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Justicia para Lucas Cabello: los ejes de un fallo histórico
Foto: Daniela Morán.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 condenó a 16 años de prisión al oficial de la Policía Metropolitana Ricardo Ayala que en 2015 fusiló y dejó cuadripléjico a Lucas Cabello, en La Boca. Su caso fue la antesala de la Doctrina Bullrich con Luis Chocobar como estandarte. Por eso, la familia de Lucas y las organizaciones destacaron la importancia de un veredicto que confirmó que el joven fue víctima de gatillo fácil y que tuvo en cuenta la precariedad habitacional del barrio. Los jueces también intimaron a investigar el posible encubrimiento de las fuerzas por parte de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad.

Por Lucrecia Raimondi

La formalidad del Palacio de Tribunales se ve distorsionada cuando los barrios del sur irrumpen a reclamar justicia. A las 11.30 llegaron en micros desde La Boca. Alrededor de 100 personas entre vecinos, vecinas y organizaciones sociales se acercaron al centro de la Ciudad para hacer el aguante a Lucas Cabello. El 5 de diciembre de 2019 fue la última audiencia del juicio contra el policía que lo dejó cuadripléjico. El fusilador Ricardo Ayala fue condenado a 16 años de prisión.

Las últimas palabras del acusado fueron: “Le agradezco a mi familia y amigos por acompañarme. Que se haga justicia”. Los presentes en la sala de la Corte Suprema de Justicia entraron en un silencio inquietante. El TOC 1 anunció un cuarto intermedio hasta las 14 que dio a conocer el veredicto.

Adentro aumentaba la ansiedad de Lucas y sus familiares. Afuera, se repartía una olla popular de almuerzo. Una bandera con la cara del joven y otra con la consigna «Justicia para Lucas Cabello» fueron pintadas a mano. De fondo, redoblantes y cantos contra el gatillo fácil. Lucas sobrevivió, denunció a su verdugo y logró justicia. La resolución de este juicio demoró cuatro años y tres suspensiones. El policía Ricardo Ayala fue excarcelado en 2017. Llegó al debate en libertad pero la Justicia lo condenó a prisión.

“El tribunal logró entender que era un crimen que no podía quedar impune. Entendió que no era una pelea de Lucas contra el policía Ayala sino que era contra un juzgado de instrucción que impidió que él ejerza su derecho como víctima, contra la policía institucionalmente, e incluso contra la jefatura de gobierno de ese momento”, analizó Ataliva Dinani, querellante en representación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.“Y tuvo en cuenta que sucedió todo en un marco de precariedad habitacional de las personas de la Ciudad de Buenos Aires que es una situación muy común y que los gobiernos que tenemos en la Ciudad nunca se han ocupado. Este fallo pone a la Justicia en el lugar en el que debe estar: imponer justicia y establecer la protección para aquellas personas mas débiles y vulnerables socialmente”.

El veredicto

Los alegatos de las querellas y la Fiscalía fueron tan contundentes que el TOC 1 sostuvo la calificación que pidieron las partes acusadoras. El juicio demostró que el oficial Ricardo Ayala era “autor del delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso en su función policial y por el uso de arma de fuego”. El Tribunal lo condenó a 16 años de prisión y a 10 años de inhabilitación para tener o portar armas de fuego. Un grito generalizado de alivio, emoción y justicia interrumpió la lectura del fallo unánime: los jueces Pérez Lance, Fernando Ramírez y Luis Salas votaron por rechazar el pedido de absolución de la defensa.

El oficial Ayala tampoco podrá “desempeñarse en la labor de prevención y/o seguridad en el ámbito público o privado” hasta dentro de 19 años, cuando termine su condena. Y ordenó la restricción de acercamiento a menos de 500 metros de Lucas Cabello y su grupo familiar.

El Tribunal solicitó informar el fallo al Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA para que inicie “las medidas administrativas correspondientes en relación a las funciones y condiciones de servicio que desempeña (actualmente) Ricardo Ayala” en la Policía de la Ciudad. Y extraer testimonios para que la Cámara Nacional de Apelaciones de la Ciudad “impulse una investigación orientada a determinar la responsabilidad en que pudieron haber incurrido los miembros de las fuerzas de seguridad que intervinieron o los superiores que dieron órdenes y la presunta comisión del delito de encubrimiento cumpliendo los deberes de funcionario público”.

Además, comunicar la sentencia al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y al titular del Ministerio Público Fiscal de la CABA para que “evalúen las medidas que puedan adoptarse frente a los hecho comprobados en este caso”.

El 7 de febrero de 2020 el TOC 1 dará su fundamento.

La prisión de Ayala será efectiva cuando la sentencia quede firme.

Estoy acá por todos los pibes”

La abogada particular del joven Cabello, Gabriela Carpineti, no pudo asistir a la audiencia pero dejó por escrito: “Gracias Lucas. Por ganarle a la impunidad. Esta querella logró convencer al Tribunal no solo de la responsabilidad penal del agente Ayala sino también del conjunto de responsabilidades políticas y civiles que deben ser investigadas judicialmente. Una causa que arrancó amarilla en noviembre de 2015 y se va con una condena popular, como sus posibles encubridores, en diciembre de 2019”.

“Lucas, Lucas, Lucas”, alentaban sus vecinos cuando lo vieron llegar a la entrada principal del Palacio, en Talcahuano 550, acompañado por su familia. Tenía los ojos llorosos de emoción. De a uno se le acercaron para abrazarlo, felicitarlo por la valentía de denunciar, por la entereza para sostener el largo proceso del juicio.

“Gracias a todos los que vinieron, adentro se sintió el apoyo, me voy a acordar de sus caras toda mi vida. Esta no es solo mi lucha, hay muchas personas que no pudieron llegar a un juicio y la gente se olvida. Estoy acá por todos esos pibes también”, dijo Lucas animado por recibir tanto amor. En su proyecto de futuro espera seguir la rehabilitación, terminar de estudiar y tendrá una columna deportiva en FM Riachuelo.

Carolina Vila, su mamá, expresó conmovida que está contenta con el fallo aunque siente que “no es un festejo del todo por las secuelas que le quedan a mi hijo pero si es un gran logro que hayamos podido conseguir esta condena de 16 años y la inhabilitación”.

Respecto de los casos de gatillo fácil, Carolina entiende que el caso de su hijo es un ejemplo para todas las familias víctimas de violencia institucional: “Este logro va por todos, muchos casos no nos enteramos o no llegan a Tribunales. Hay que unirse y no abandonar la lucha porque al final del camino lo logramos. Hay que seguir insistiendo y luchando por nuestros pibes para que esto no vuelva a pasar”.

Mentiras y encubrimiento

El lunes 9 de noviembre de 2015, Ricardo Ayala cumplía servicio en una consigna policial por un conflicto entre vecinas en el PH contiguo a la casa de Lucas Cabello. El oficial le disparó tres veces al joven de 20 años por una discusión verbal. Eran las tres de la tarde. Estaba Lucas con su bebé de dos años, su pareja y su hermana. Una trabajadora de la cooperativa Eloísa Cartonera vio todo. La Comisaría 24 de la Policía Federal no quiso tomar la denuncia.

Al día siguiente de que Ayala acribilló a Lucas dentro de su casa, la entonces gobernadora electa de la Provincia de Buenos Aires y ex vicegobernadora de la Ciudad, María Eugenia Vidal, declaró a los medios de comunicación: “El origen es un caso de violencia de género. Se le había dado un botón antipánico a la pareja de esta persona. Además se agregó una consigna policial para la protección de esta mujer. Ya había denunciado que la había amenazado de muerte. Y cuando esta mujer salió de su casa gritando, el policía de la Metropolitana le da la voz en alto a la persona herida. No atiende y es ahí que se da la reacción de la policía”.

La Federal no quiso hacerse cargo del caso. La Metropolitana creó una versión falsa de los hechos. Los altos funcionarios políticos de la Ciudad reprodujeron ese discurso para justificar el accionar de la fuerza. La defensa de Ayala, puesta por la Policía, sostuvo hasta el final este argumento de una supuesta situación de violencia de género.

Pero los hechos y las pruebas dicen más que una pantalla. La Justicia pudo comprobar que no había tal contexto de agresión y que Lucas Cabello fue víctima de gatillo fácil. También tuvo en cuenta la precaria situación habitacional impuesta por el IVC que derivó en el conflicto vecinal por el que estaba la consigna policial. E intimó a que se investigue el posible encubrimiento de las fuerzas de seguridad y los funcionarios públicos para desviar la atención del accionar criminal del oficial Ricardo Ayala.

Desde el Gobierno de la Ciudad nunca más hablaron oficialmente del caso. Y la realidad mostró cuál es la política de seguridad de la gestión de Cambiemos. El caso de Lucas Cabello en el barrio porteño de La Boca fue precursor de la “doctrina Chocobar”. La Correpi pudo registrar que en la Ciudad, “un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. La Policía de la Ciudad (ex Metropolitana) mató 43 personas en los últimos 26 meses. Más de dos personas por mes”.

Uno de los abogados querellantes, representante de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), Matías Busso, analizó que este fallo “asienta un precedente muy importante porque no solo asume la responsabilidad de Ayala sino que marca un quiebre respecto del intento de impunidad que se pretendía con la doctrina Chocobar. Esto es fundamental porque no es solamente el agente que comete el delito sino la corporación policial y los funcionarios políticos son parte esencial para garantizar la impunidad y que los casos no lleguen a juicio. Este fallo lo que marca es que no fuimos solo contra Ayala sino contra toda la institución”.

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Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

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El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año. 

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia. 

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero. 

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10. 

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo. 

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

 La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil; 

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena. 

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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