CABA
Justicia para Lucas Cabello: los ejes de un fallo histórico

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 condenó a 16 años de prisión al oficial de la Policía Metropolitana Ricardo Ayala que en 2015 fusiló y dejó cuadripléjico a Lucas Cabello, en La Boca. Su caso fue la antesala de la Doctrina Bullrich con Luis Chocobar como estandarte. Por eso, la familia de Lucas y las organizaciones destacaron la importancia de un veredicto que confirmó que el joven fue víctima de gatillo fácil y que tuvo en cuenta la precariedad habitacional del barrio. Los jueces también intimaron a investigar el posible encubrimiento de las fuerzas por parte de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad.
Por Lucrecia Raimondi
La formalidad del Palacio de Tribunales se ve distorsionada cuando los barrios del sur irrumpen a reclamar justicia. A las 11.30 llegaron en micros desde La Boca. Alrededor de 100 personas entre vecinos, vecinas y organizaciones sociales se acercaron al centro de la Ciudad para hacer el aguante a Lucas Cabello. El 5 de diciembre de 2019 fue la última audiencia del juicio contra el policía que lo dejó cuadripléjico. El fusilador Ricardo Ayala fue condenado a 16 años de prisión.
Las últimas palabras del acusado fueron: “Le agradezco a mi familia y amigos por acompañarme. Que se haga justicia”. Los presentes en la sala de la Corte Suprema de Justicia entraron en un silencio inquietante. El TOC 1 anunció un cuarto intermedio hasta las 14 que dio a conocer el veredicto.
Adentro aumentaba la ansiedad de Lucas y sus familiares. Afuera, se repartía una olla popular de almuerzo. Una bandera con la cara del joven y otra con la consigna «Justicia para Lucas Cabello» fueron pintadas a mano. De fondo, redoblantes y cantos contra el gatillo fácil. Lucas sobrevivió, denunció a su verdugo y logró justicia. La resolución de este juicio demoró cuatro años y tres suspensiones. El policía Ricardo Ayala fue excarcelado en 2017. Llegó al debate en libertad pero la Justicia lo condenó a prisión.
“El tribunal logró entender que era un crimen que no podía quedar impune. Entendió que no era una pelea de Lucas contra el policía Ayala sino que era contra un juzgado de instrucción que impidió que él ejerza su derecho como víctima, contra la policía institucionalmente, e incluso contra la jefatura de gobierno de ese momento”, analizó Ataliva Dinani, querellante en representación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.“Y tuvo en cuenta que sucedió todo en un marco de precariedad habitacional de las personas de la Ciudad de Buenos Aires que es una situación muy común y que los gobiernos que tenemos en la Ciudad nunca se han ocupado. Este fallo pone a la Justicia en el lugar en el que debe estar: imponer justicia y establecer la protección para aquellas personas mas débiles y vulnerables socialmente”.
El veredicto
Los alegatos de las querellas y la Fiscalía fueron tan contundentes que el TOC 1 sostuvo la calificación que pidieron las partes acusadoras. El juicio demostró que el oficial Ricardo Ayala era “autor del delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso en su función policial y por el uso de arma de fuego”. El Tribunal lo condenó a 16 años de prisión y a 10 años de inhabilitación para tener o portar armas de fuego. Un grito generalizado de alivio, emoción y justicia interrumpió la lectura del fallo unánime: los jueces Pérez Lance, Fernando Ramírez y Luis Salas votaron por rechazar el pedido de absolución de la defensa.
El oficial Ayala tampoco podrá “desempeñarse en la labor de prevención y/o seguridad en el ámbito público o privado” hasta dentro de 19 años, cuando termine su condena. Y ordenó la restricción de acercamiento a menos de 500 metros de Lucas Cabello y su grupo familiar.
El Tribunal solicitó informar el fallo al Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA para que inicie “las medidas administrativas correspondientes en relación a las funciones y condiciones de servicio que desempeña (actualmente) Ricardo Ayala” en la Policía de la Ciudad. Y extraer testimonios para que la Cámara Nacional de Apelaciones de la Ciudad “impulse una investigación orientada a determinar la responsabilidad en que pudieron haber incurrido los miembros de las fuerzas de seguridad que intervinieron o los superiores que dieron órdenes y la presunta comisión del delito de encubrimiento cumpliendo los deberes de funcionario público”.
Además, comunicar la sentencia al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y al titular del Ministerio Público Fiscal de la CABA para que “evalúen las medidas que puedan adoptarse frente a los hecho comprobados en este caso”.
El 7 de febrero de 2020 el TOC 1 dará su fundamento.
La prisión de Ayala será efectiva cuando la sentencia quede firme.
“Estoy acá por todos los pibes”
La abogada particular del joven Cabello, Gabriela Carpineti, no pudo asistir a la audiencia pero dejó por escrito: “Gracias Lucas. Por ganarle a la impunidad. Esta querella logró convencer al Tribunal no solo de la responsabilidad penal del agente Ayala sino también del conjunto de responsabilidades políticas y civiles que deben ser investigadas judicialmente. Una causa que arrancó amarilla en noviembre de 2015 y se va con una condena popular, como sus posibles encubridores, en diciembre de 2019”.
“Lucas, Lucas, Lucas”, alentaban sus vecinos cuando lo vieron llegar a la entrada principal del Palacio, en Talcahuano 550, acompañado por su familia. Tenía los ojos llorosos de emoción. De a uno se le acercaron para abrazarlo, felicitarlo por la valentía de denunciar, por la entereza para sostener el largo proceso del juicio.
“Gracias a todos los que vinieron, adentro se sintió el apoyo, me voy a acordar de sus caras toda mi vida. Esta no es solo mi lucha, hay muchas personas que no pudieron llegar a un juicio y la gente se olvida. Estoy acá por todos esos pibes también”, dijo Lucas animado por recibir tanto amor. En su proyecto de futuro espera seguir la rehabilitación, terminar de estudiar y tendrá una columna deportiva en FM Riachuelo.
Carolina Vila, su mamá, expresó conmovida que está contenta con el fallo aunque siente que “no es un festejo del todo por las secuelas que le quedan a mi hijo pero si es un gran logro que hayamos podido conseguir esta condena de 16 años y la inhabilitación”.
Respecto de los casos de gatillo fácil, Carolina entiende que el caso de su hijo es un ejemplo para todas las familias víctimas de violencia institucional: “Este logro va por todos, muchos casos no nos enteramos o no llegan a Tribunales. Hay que unirse y no abandonar la lucha porque al final del camino lo logramos. Hay que seguir insistiendo y luchando por nuestros pibes para que esto no vuelva a pasar”.
Mentiras y encubrimiento
El lunes 9 de noviembre de 2015, Ricardo Ayala cumplía servicio en una consigna policial por un conflicto entre vecinas en el PH contiguo a la casa de Lucas Cabello. El oficial le disparó tres veces al joven de 20 años por una discusión verbal. Eran las tres de la tarde. Estaba Lucas con su bebé de dos años, su pareja y su hermana. Una trabajadora de la cooperativa Eloísa Cartonera vio todo. La Comisaría 24 de la Policía Federal no quiso tomar la denuncia.
Al día siguiente de que Ayala acribilló a Lucas dentro de su casa, la entonces gobernadora electa de la Provincia de Buenos Aires y ex vicegobernadora de la Ciudad, María Eugenia Vidal, declaró a los medios de comunicación: “El origen es un caso de violencia de género. Se le había dado un botón antipánico a la pareja de esta persona. Además se agregó una consigna policial para la protección de esta mujer. Ya había denunciado que la había amenazado de muerte. Y cuando esta mujer salió de su casa gritando, el policía de la Metropolitana le da la voz en alto a la persona herida. No atiende y es ahí que se da la reacción de la policía”.
La Federal no quiso hacerse cargo del caso. La Metropolitana creó una versión falsa de los hechos. Los altos funcionarios políticos de la Ciudad reprodujeron ese discurso para justificar el accionar de la fuerza. La defensa de Ayala, puesta por la Policía, sostuvo hasta el final este argumento de una supuesta situación de violencia de género.
Pero los hechos y las pruebas dicen más que una pantalla. La Justicia pudo comprobar que no había tal contexto de agresión y que Lucas Cabello fue víctima de gatillo fácil. También tuvo en cuenta la precaria situación habitacional impuesta por el IVC que derivó en el conflicto vecinal por el que estaba la consigna policial. E intimó a que se investigue el posible encubrimiento de las fuerzas de seguridad y los funcionarios públicos para desviar la atención del accionar criminal del oficial Ricardo Ayala.
Desde el Gobierno de la Ciudad nunca más hablaron oficialmente del caso. Y la realidad mostró cuál es la política de seguridad de la gestión de Cambiemos. El caso de Lucas Cabello en el barrio porteño de La Boca fue precursor de la “doctrina Chocobar”. La Correpi pudo registrar que en la Ciudad, “un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. La Policía de la Ciudad (ex Metropolitana) mató 43 personas en los últimos 26 meses. Más de dos personas por mes”.
Uno de los abogados querellantes, representante de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), Matías Busso, analizó que este fallo “asienta un precedente muy importante porque no solo asume la responsabilidad de Ayala sino que marca un quiebre respecto del intento de impunidad que se pretendía con la doctrina Chocobar. Esto es fundamental porque no es solamente el agente que comete el delito sino la corporación policial y los funcionarios políticos son parte esencial para garantizar la impunidad y que los casos no lleguen a juicio. Este fallo lo que marca es que no fuimos solo contra Ayala sino contra toda la institución”.
CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
CABA
La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.
María del Carmen Varela
Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.
Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.


La historia
A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…
Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.
A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.
Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.
El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .
De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.
El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.
En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.
La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.
Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.
Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.
Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.
Atlas de un mundo imaginado
Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre
Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.
Actualidad
Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».
Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.
Por Tiempo Argentino
Fotos: Antonio Becerra.
En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.
“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.
“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Represión como respuesta
La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.
“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal
La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.
El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.
Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

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