CABA

Larreta vs una pileta: una comunidad educativa movilizada por la educación pública

Publicada

hace 5 años

17/10/2020

La comunidad educativa de la escuela Álvarez Thomas marchó por las calles del barrio porteño de Agronomía contra la decisión del Gobierno de la Ciudad de intervenirles la cooperadora. El conflicto data de 2017, cuando las autoridades quisieron quitarles las clases de natación a más de 500 niños y niñas. La cooperadora apoyó el reclamo de cientos de familias. Un fallo judicial les dio la razón, pero al mes el gobierno removió a la comisión directiva. Qué dicen madres y padres. Los argumentos de la Ciudad. Las deudas con la escuela. Y la movilización que pone en el centro a la escuela pública.

Larreta vs una pileta: una comunidad educativa movilizada por la educación pública — Foto: Nacho Yuchark.

Por Lucrecia Raimondi

La primera reacción fue un aplausazo cuando entregaron las canastas alimentarias. La semana pasada organizaron una caravana en autos desde la escuela hacia la jefatura de gobierno para que los reciba algún funcionario de la ciudad, reunión que fue denegada. Y la noche del viernes marcharon, con antorchas y en silencio: más de 600 personas caminaron 12 cuadras con barbijos y distancia social con la consigna de cuidarse mucho para defender la escuela. Niñas, niños, adolescentes, madres, padres, docentes y vecines empezaron el recorrido en la esquina de Asunción y terminaron en la esquina de Nueva York donde hicieron un acto de cierre que exigió al Gobierno porteño la nulidad de la intervención de la Cooperadora de la Álvarez Thomas.

Fueron los alumnos y alumnas de séptimo grado quienes durante la marcha llevaron el grito en una bandera: “no a la intervención de la cooperadora”, decía, y cuando llegaron a la escuela la bandera quedó colgada en su puerta.

Los argumentos y el silencio

Desde el 22 de septiembre, el Ministerio de Educación decidió intervenir la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº4 Distrito Escolar 16 de Agronomía, o como la llama su comunidad, “el Alva”. El pesado y denso silencio se sintió como respuesta contundente a la arbitraria e inconsulta remoción de la comisión directiva integrada por madres y padres.

El Gobierno de la Ciudad arremete contra la cooperadora con argumentos políticos y ridículos: en el expediente figura como argumento explicito para la intervención que la cooperadora representó a la comunidad en una causa judicial contra el Gobierno de la Ciudad para proteger los derechos de los niños y las niñas del Álvarez Thomas cuando en 2017 quisieron quitarle las clases de natación al nivel inicial y reducir las del nivel primario en el natatorio que es propio de la escuela, construido hace 40 años con fondos de la cooperadora. La pileta también era utilizada por más de 50 escuelas que enviaban alrededor de 500 niños y niñas de los distritos 14 y 15 porque desde el Ministerio decidieron suspender los alquileres de natatorios privados. Así redujeron las horas de natación de esas escuelas solo para 4to grado 14 clases por año. Cuando en muchos casos, sobre todo en nivel inicial, el primer contacto con el agua profunda y aprender a sacarse el miedo y a nadar lo logran por el contacto que hacen desde la escuela con la natación.

El fallo favorable se dio a conocer a fines de agosto y un mes después la cooperadora fue intervenida.

A partir de ese momento, la administración de los recursos de la cooperadora pasó a manos de funcionarios que no comparten el proyecto que se venía planteando. Desde que el Gobierno de la Ciudad intervino la cooperadora, los salarios de las trabajadoras se pagaron diez días después de lo estipulado, los proveedores cobraron a destiempo y se gastó más recursos a la vez que bajó la calidad de la canasta complementaria que entregaban con verduras orgánicas o elementos de higiene. El personal que se ocupaba del reparto de esas canastas fue reemplazado por otro sin habilitación sanitaria para operar los alimentos. Además, denuncian que recibieron maltrato y hostigamiento: la interventora se infiltró entre las familias y filmó a las que protestaron por el mal servicio de las canastas y la falta de refuerzos.

Como si fuera poco, la cooperadra logró un ahorro de 24 millones de pesos, por un fondo de inversión que inició en 2012, que estaba pensado destinarse a la construcción de un gimnasio para la escuela. El Ministerio, con su interventora Teresa Patronelli, quieren gastar ese dinero en infraestructura escolar, obras que le corresponden resolver al mismo Gobierno, que contrató y pagó millones a empresas tercerizadas que incumplieron con los arreglos. Y también, le deben a la cooperadora del Álvarez Thomas 600 mil pesos del pago de becas del 2019. Las familias quedan fuera de la gestión y control de la calidad de comida que reciben y denuncian que el plan de intervención previsto requiere de fondos para para destinarlos a mantenimiento del edificio, para lo cual se le pagó a las empresas responsables de cumplir con el mantenimiento preventivo y la reparación de todas las cuestiones cruciales. Quieren destinar los fondos de ahorro para salvar a las empresas que no cumplen con su contrato.

Lo que dice la auditoria

“La intervención releva de funciones a la Comisión Directiva que administra todos los recursos de la cooperadora. Entendemos que la medida arbitraria en un contexto de pandemia que no permitió a la cooperadora responder a las observaciones de la auditoría. Pero además son absolutamente injustificadas, no ameritan una intervención. Se fundan en un informe de auditoría interna que la gran mayoría de las observaciones que hace o la que reviste mayor gravedad son las que tienen que ver con la propia falencia del Estado del gobierno de Buenos Aires con relación a sus obligaciones, como el mantenimiento del edificio, vidrios seguros, cuestiones de seguridad y de mantenimiento de la estructura de la escuela. Pudimos pagar los salarios y a los proveedores porque tenemos una administración ordenada. Si dependemos del Gobierno de la Ciudad no lo podríamos haber hecho porque nos debe plata”, explicó a lavaca Paula Insaurralde, integrante de la comisión directiva de la cooperadora y mamá de una niña de 7mo grado.

Además, en el informe de auditoría que dio pie a la intervención, cuestionan la capacidad de ahorro y ponen el ojo en detalles como el orden numérico de las facturas, o que en la feria del plato no entregaban tickets a les niñes que compraban comida. “Ellos consideran que hay irregularidades de contabilidad, que son exigencias que no les hacen a las demás cooperadoras y que no son obligaciones de la cooperadora. Pero, además, hay que tener en cuenta que la auditoría se realizó durante un período no cerrado en el 2019, cuando no había finalizado el año, y encontraron recibos no ordenados o que no estuvieron bien numerados o que faltaron la firma de la directora en uno de los gastos. Cuestiones que se subsanan a la hora de la rendición anual, que no estaba cerrada porque no había finalizado el ciclo lectivo. Nunca antes las rendiciones que presentamos fueron rechazadas. Por eso creemos que esta es la respuesta política al juicio que le gana la comunidad al Gobierno en relación al plan natación, un fallo que le dio la razón a las madres y los padres de la escuela”, comprende Paula.

La respuesta de la comunidad

Yamila Mathon, mamá de niñas de primero y séptimo grado, cuenta que las autoridades del Ministerio quisieron poner a las familias en contra de la comisión directiva para justificar la necesidad de la intervención. Pero que el lazo comunitario y organizativo de la cooperadora, en la que participan las madres y padres de los compañeros de sus hijos, con los que comparten todos los días la vida de la escuela, fue una jugada que a los interventores les salió mal: las familias y les mismes niñes salieron a defender a los papás y las mamás de sus compañeres. Además, Yamila expone la contracara de las cooperadoras en relación a las ausencias y acciones del Gobierno de la Ciudad: “Lo perverso de lo que nos pasa en el Alva es que, por ejemplo, parte del informe de auditoría señala cuestiones que quieren responsabilizar a la cooperadora pero que son absoluta injerencia del Gobierno de la Ciudad. Y esto nos preocupa. Cuando caen con el peso del Estado, nos quieren achacar un montón de cuestiones que son de responsabilidad del Gobierno de la Ciudad. Los 24 millones de pesos que tenemos ahorrados para el gimnasio los querrían utilizar como fondos del Gobierno para hacer cosas que ya se tienen pagadas a las empresas tercerizadas. Entonces sí, el trabajo cooperador es sumamente importante, pero también existe y se hace evidente por la falencia y la falta del Estado”.

Yamila entiende que hay una cuestión de fondo en la intervención del Álvarez y los fines de la organización de su cooperadora: “En algún punto parece que lo que está en conflicto es que, haciendo lo que hace, el Álvarez Thomas levanta la vara de lo que es la escuela pública”.

Hacer puentes

La Escuela Álvarez Thomas tiene 90 años y está habitada por 900 niñas y niños de nivel primario e inicial. Muchas vecinas y vecinos de Agronomía pasaron por sus aulas y crearon un sentido de pertenencia. Por ejemplo, Guillermo, presidente de la cooperadora del Alva, que fue removido por el Gobierno de la Ciudad, fue alumno de la escuela y su hija egresa este año. Estos lazos sociales del barrio con la escuela fueron acompañados por la cooperadora con su sentido comunitario. Lo que se construye es para que pase de generación en generación. Como la pileta de natación que gestionaron en 1971 y el actual proyecto de un gimnasio; las mesas de ping pon que compraron para les niñes de 6to y 7mo, en unos años las van a poder usar quienes ahora están en primero. “El trabajo cooperador es articulación organizada, que es donde vos potencias el vínculo de las familias con la escuela. Ahí la fortaleza es de todos y la voluntad de todos. Ese es poder organizador el que hace efectiva a la cooperadora, que prioriza lo más importante no para cada uno, sino para la comunidad. Eso es recontra interesante porque el trabajo cooperador dice que es importante para nuestros hijos y eso hace tener una escala de prioridades que sale de la propia individualidad”, explica Yamila que forma parte de la cooperadora y la describe como un puente entre la comunidad y la institución escuela.

Yamila analiza el rol de la cooperadora como motor social y también con un sentido ambivalente por muchas veces ocuparse de tapar los agujeros. Por eso entiende que el conflicto que enfrentan con el Gobierno de la Ciudad es desigual. Porque la comunidad educativa del Álvarez Thomas está siendo atacada por el Estado más rico del país, que pone todo el peso de su poder sobre una escuela pública de un distrito escolar, en un barrio de una comuna de la ciudad. “Hay una cuestión planificada y hay una cuestión de ataque a la educación pública. La intervención de la cooperadora podría parecer minúscula ante todas las cosas que nos pasa a los argentinos, pero es tan brutal cuando alguien tan grande como el Estado que arremete con todo su peso contra alguien tan chiquito que son papás y mamas de una cooperadora en una escuela de la ciudad. Es una pulseada tremenda que genera desde lo más profundo el mayor sentimiento de repudio y de solidaridad”.

La marcha del silencio representa el silencio que reciben de parte del Gobierno, que, en medio de una pandemia, con la sociedad en sus casas, avanzó contra el Álvarez Thomas pensando que no habría protestas. “Lo que nos está pasando es violento. Pero este conflicto pone en evidencia toda la solidaridad, los valores y el afecto que hay dentro de una comunidad”, aclara Yamila que asocia a la cooperación con palabras como comunicación, articulación, lazo, vinculación, comunidad. Y siente desde el Ministerio de Educación reciben todo lo contrario: intervención, silencio, hostigamiento y persecución. “Marchamos en silencio porque en vez de responder con violencia a la violencia, respondemos con acciones que canalizan toda la energía que estaba contenida por estar encerrados. Estamos convencidos de defender los derechos de nuestros hijos y somos persistentes, nos ponemos al servicio de nuestra escuela porque la escuela está al servicio de nuestros hijos”.

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Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Publicada

hace 2 semanas

08/10/2025

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

“Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
“El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

Publicada

hace 2 meses

22/08/2025

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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CABA

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 2 meses

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.