Nota
Luciano Arruga: Algo habrá hecho
Caso testigo que revela hacia dónde se dirige hoy la violencia del Estado, se cumplió un año de la desaparición de Luciano Arruga, adolescente de 16 años de quien nada se sabe desde el 31 de enero de 2009, cuando fue interceptado por la policía bonaerense en Lomas del Mirador. Las sospechas sobre la policía, no sólo por su desaparición sino por el «reclutamiento» de chicos para delinquir, mientras las voces de siempre piden más «mano dura» y criminalizan a los chicos pobres con la versión actualizada del «algo habrán hecho». Los políticos y el poder judicial en medio de estas cuestiones, y un informe completo sobre lo ocurrido.
El próximo 28 de febrero Luciano cumpliría 18 años, lo cual motivará nuevos actos como el realizado el realizado el 29 de enero. Se trató de la Marcha contra el Gatillo Fácil, la Represión y la Impunidad, con escrache a la Comisaría conocida como «Sheraton» cuando era centro clandestino durante la dictadura, un premio a la impunidad para la intendencia, y un acto en la plaza de San Justo que reunió a familiares de toda clase de situaciones de muerte e impunidad, desde Cromañón (estuvo José Guzmán, padre de una de las víctimas de lo ocurrido aquel 30 de diciembre de 2004) hasta el padre de Rubén Carballo, el chico muerto a golpes durante el recital de Viejas Locas en Vélez.
Vanesa Orieta es la hermana de Luciano, y cuenta a lavaca: «Hay pruebas bastante contundentes contra 8 de los policías del destacamento de Lomas del Mirador, tuvieron contradicciones evidentes entre ellos, pero ninguno está preso, ninguno está procesado, y lo más terrible: siguen trabajando como si no hubiera pasado nada. Se va perdiendo la paciencia». Los policías sólo aparecen como testigos en la causa.
Vanesa plantea las cosas sin falsas ilusiones: «En un momento comprendimos que Luciano no iba a aparecer con vida. Buscamos el cuerpo. Pero si los policías siguen en funciones, ¿puedo pretender que mi hermano aparezca? La falta de compromiso del sector político los hace cómplices también de la desaparición. Son los que implementan políticas para matar a los pibes de los barrios pobres. Pensar en encontrar el cuerpo sigue siendo una utopía con estos personajes nefastos del sistema político y judicial». Hay en Vanesa una especie de determinación simbolizada en cuatro palabras: «No abandonaremos la lucha».
El caso
El día del crimen Luciano Arruga, 16 años, fue a jugar al Sega con dos amigos hasta el mediodía. Volvió a casa, miró a Mónica con media sonrisa de complicidad y le dijo:
-Má, ¿me das algo de plata que salgo un rato?
A Mónica ya le pasaba lo que a tantas madres, que tienen que levantar la cabeza para mirarle los ojos a esos nenes que de golpe les llevan una cabeza de ventaja. Le regaló una sonrisa, y le dio todo lo que tenía: 25 centavos.
Luciano fue al quiosco a comprar un cigarrillo suelto. La señora del quiosco le preguntó cómo andaba. Él contó su proyecto de retomar los estudios. «Quiero regalarle el título secundario a mi hermana». Tuvo premio: dos cigarrillos más. El chico se quedó como siempre en la plaza República Argentina con sus amigos, a media cuadra de su casa: largas charlas, algún tiro al arco en la canchita, compartir el tiempo de esa tarde de verano, viernes 30 de enero. Volvió a casa ya de medianoche. Sus hermanos más chicos dormían y Mónica lo escuchó, pasaba a buscar su campera blanca. Luciana caminó cinco cuadras para ir a lo de Vanesa, la hermana a la que quería regalarle el título secundario, estudiante de Sociología y en pareja con un joven abogado. No la encontró. Volvía para su casa cuando sobre la avenida Mosconi, de Lomas del Mirador, lo paró un patrullero policial. Había gente en la avenida, que vio cómo lo palparon. Hubo maltrato, cuentan. Dejaron ir al chico, que siguió por el camino de siempre hacia su casa. Nadie sabe si Luciano se dio cuenta de que el patrullero lo venía siguiendo. Ya era la madrugada del sábado. En Perú y Pringles, la esquina de la placita, dos testigos que no declararon todavía en la causa vieron que un chico de campera blanca era golpeado y metido a la fuerza en un vehículo policial del destacamento de Lomas del Mirador. Una vez en el destacamento, otro testigo lo vio golpeado y ensangrentado.
Ese es el crimen: desde aquel 31 de enero Luciano Nahuel Arruga desapareció.
Entre los protagonistas que rodean a este caso -símbolo de lo que son los desaparecidos del siglo 21- se mueven la policía, el poder judicial, los gobiernos, los vecinos, los medios: y la lista recién empieza. El simple arte de la curiosidad lleva a preguntas como ¿qué pasó? ¿dónde está? y ¿quién tiene la culpa?
La frontera
El barrio 12 de Octubre es apenas una manzana dentro de Lomas del Mirador. Todos lo llaman «La 12 de octubre», porque es una pequeña villa, con sus pasillos angostos y sus casas hechas con más pulmón que arquitectura. Enfrente está la plaza República Argentina, y por las otras calles hay chalets y casas más o menos coquetas, con jardines, enrejadas, alguna que otra 4 x 4. Una frontera es la calle Perú. En una esquina está la humilde casa de ladrillos de Mónica Alegre, la mamá de Luciano. Cruzando Perú, se levanta el chalet de tres plantas de Gabriel Lombardo, repartidor de alimentos en el barrio, y creador de valmi (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador). Lombardo fue uno de los propulsores de la creación del destacamento policial ubicado en la calle Indart, y cumplió el rito de cortar la cinta de inauguración del lugar en 2007, entre sonrisas y aplausos uniformados.
Pararse en el medio de la calle Perú genera una sensación extraña: ambiente tranquilo, y un salto de desigualdad de las veredas enfrentadas. Cualquiera que ande por allí sabe que cada 20 ó 30 minutos aparece un patrullero.
La casa de Mónica no tiene baño, y allí vive con sus dos hijos menores Mauro y Mario. Trabajaba como empleada doméstica, pero ya en 2008 se fue quedando sin empleo. Vanesa Orieta es la hija de su primer matrimonio, trabaja en una empresa de Morón, va por 2° año de Sociología en la UBA «y para Luciano era el amor de su vida». El novio de Vanesa, Damián Piraino, es junto a Juan Manuel Combi uno de los abogados de la causa.
Luciano es un chico divertido, con humor, pero es hincha de River. Mónica asegura que en los últimos años lo ha visto llorar por esa causa (cosa que puede confirmar cualquier simpatizante del club) pero con aguante: siempre pensó en tener un hijo varón, al que llamaría Enzo (por Francescoli) Ramón (por Díaz). «Horrible nombre» se ríe la madre. Luciano trabajó en una empresa fundidora de metales. Eso le permitió comprarse ropa, pantalones anchos, gorra. Mónica no recuerda durante cuánto tiempo estuvo en la fundidora. Le pregunta a Mario (13 años): «Trabajamos hasta octubre del año pasado, él 12 horas, y yo 7» dice entrecortado antes de salir corriendo. «Le hace mal hablar de su hermano» dice Mónica, una mujer bajita, cálida, que oscila entre las sonrisas y las marcas que toda esta historia le van dejando en el ánimo.
Doce horas de trabajo, que además escaseaba. Por eso Luciano salía a cartonear con sus amigos de la plaza. «Con la plata se compraban un sándwich de milanesa, una bebida, unos cigarrillos». El chico cuidaba de sus hermanos cuando Mónica no estaba, les preparaba la leche o el mate cocido, sabía hacer tortillas de papa, iba a buscarlos a la escuela. El padre los había abandonado cuando él tenía 6 años. La nueva familia tipo: Mónica jefa de hogar, Luciano hombrecito de la casa. «Siempre le decía que tenía que mejorar el léxico. Hablar bien. Viste cómo son los chicos: bolú, bolú, todo el tiempo. Por eso también pensaba volver a la escuela».
Estaba aprendiendo a tocar una guitarra criolla que le regaló Vanesa, le gustaban los Redonditos de Ricota e Intoxicados, todo mezclado con cumbia colombiana. «Me cantaba y hablaba de las letras de amor de las cumbias». ¿Estaría preparando el terreno? César tiene un quiosco y vende choripanes dentro de La 12, describe a Luciano como «un pibe excelente, de lo mejor que hay acá» y cuenta lo siguiente: «Una vuelta vino muy serio y me dijo: Don César, necesito hablar con usted porque quiero ser el novio de su hija y preciso su permiso».
Los chicos tenían su esquina favorita, en Perú y Arriola. Mónica muestra lo que hizo su hijo cuando el asfalto todavía no estaba seco. Se lee «Luciano» junto al cordón. De puño y letra, con una maderita, le puso la firma a «su» esquina. En la frontera.
La oferta
Mónica vio un día de 2008, en la parada de su hijo y sus amigos, a un señor de pelo corto que manejaba un automóvil blanco. Luciano le contó algo de lo que estaba ocurriendo. Algunos chicos conocidos de otra villa cercana, la Santo Vega, le habían presentado a ese hombre, un policía, que le ofreció trabajar para él. Todo indica que esos chicos ya lo hacían, y Mónica misma cuenta que Luciano alguna vez les vio un revólver. «Él escuchaba y veía, pero nunca delataba a nadie. Me contaba algunas cosas como para que yo supiera», revela Mónica, que cuando quiso saber más recibió esta respuesta: «No preguntés ma, que cuanto menos sepas, mejor». El grupo de Luciano se completaba con Ari, Oscar y Timé. Se diferenciaban de los chicos de la Santo Vega justamente en esas relaciones, y en el asomo al mundo delictivo. «Los amigos de Luciano no te sacan un centavo ni aunque lo dejés arriba de la mesa».
Con fama de buen chico, tranquilo, no bocón, sin antecedente alguno, Luciano era candidato en cualquier «casting» del rubro delictivo. Para los «empleadores», a los 16 años los chicos son presuntamente más fáciles de sacar de la cárcel y, por natural inexperiencia, más controlables. «Por lo que me contó, el policía le dijo que si trabajaba para él nos iba a garantizar que nosotros estuviéramos bien» cuenta Mónica. Luciano rechazó la oferta. El hombre insistía. Mónica reconstruye el diálogo como se lo contó su hijo.
-Pero vos sos un gil, podrías vestirte bien, andar con ropa de primera, con las mejores zapatillas…
– No, loco, si quiero zapatillas se las pido a mi hermana.
– ¿Qué, te gusta andar viviendo de las mujeres a vos?
– Y bueno, cuando uno es lindo hay que aprovechar…
Así quiso salir del brete, con su humor veloz y estilo. No funcionó. «Después de eso lo empezaron a perseguir. Y pasó lo de septiembre».
Luciano Nahuel Arruga fue detenido en septiembre de 2008 y llevado durante varias horas al destacamento de Lomas del Mirador. No es una comisaría ni una cárcel, por lo cual mantener a alguien allí detenido es ilegal. Lo tuvieron en la cocina. Vanesa lo escuchó gritar por los golpes que le daban y denunció que su hermano fue amenazado del siguiente modo: «Negro de mierda, te van a violar en la 8ª y vas a aparecer en un zanjón». Mónica presenció cómo al salir, su hijo discutía a los gritos con uno de los uniformados, y lo señalaba como uno de los golpeadores. «Lo calla usted o lo callo yo» le dijo el policía mirándola. Le adjudicaban el robo de dos celulares, típica acusación comodín de la policía -y nunca comprobada- para justificar la «demora» del joven. Los moretones y la renguera por los golpes, comprobados en el Hospital de San Justo, van a la cuenta de la sistemática tradición de las «fuerzas del orden». Mónica: «A partir de ese momento dejó de salir a cartonear por el miedo. No fue más a bailar. Luciano, para ellos, era una piedra en el zapato». El mensaje era evidente, y en términos de El Padrino (Ford Coppola) se manifiesta así: «Son ofertas que no se pueden rechazar».
Luciano se repuso de los golpes de septiembre, trató de seguir su vida. Proyectó volver al secundario, acaso como un modo de acercarse más a su admirada Vanesa. A los 16 años, o a cualquier edad, nadie debería tener el destino marcado.
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Desaparición y lavandina
Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, ha declarado lo que es público y notorio: «No es un caso aislado, en muchos barrios los policías reclutan pibes para robar, y les liberan zonas». El método es idéntico al de los tiempos de la dictadura: la propia policía elige un blanco, «libera» la zona para que no aparezcan ni por error otros policías, y para que los ladrones-socios puedan actuar. Hace 30 años se usaba para que militares y policías no se tropezaran entre ellos al secuestrar personas.
Los abogados de la causa dan por probado que Luciano fue levantado por la policía en la esquina de Perú y Pringles, frente a la placita. Peritajes posteriores demuestran que estuvo en el destacamento de Lomas del Mirador. Mónica asegura que al menos un testigo lo vio: «Yo no leí el expediente, pero lo que me dijeron es que ese testigo vio a Luciano golpeado y ensangrentado. Que lo colgaron como de un gancho. Un preso dijo que tuvo que limpiar la sangre de las paredes y del piso» explica Mónica en el único momento de la charla en el que no logra contener el llanto.
No sabía nada de esto cuando, con angustia, fue al propio destacamento, el 31 de enero, a denunciar que su hijo no había vuelto a casa. «Quedate tranquila que debe estar con alguna minita» le contestaron. «Ví al mismo policía que había visto en septiembre, haciéndose el que escribía algo y sin mirarme. Apenas me dijo que cualquier novedad me llamarían». Le tomaron una declaración pero no le dieron copia. Vanesa fue a reclamar esa copia, y se encontró con el penetrante olor de la lavandina en medio de un metódico ataque de limpieza del destacamento.
Un oficial de apellido Herrera se mostró comprensivo, quedó a disposición de la familia, y ayudó a pegar volantes de búsqueda de Luciano: «Después me di cuenta que estaba cerca no para ayudarnos, sino para vigilarnos».
Un método habitual desde los años 70 es el enloquecimiento sistemático de los familiares. En este caso apareció un misterioso anónimo diciendo que Mónica tenía que entregar droga para recuperar a Luciano. La Dirección Departamental de Investigaciones (ddi) se le instaló en la casa. «Ponían el rastreador de llamadas y todas esas pelotudeces para armar circo» se enoja Mónica. Hubo un llamado de un tal Leo, preguntando si Luciano «era sano» y sugiriendo «buscar entre los amigos». A la abuela de Luciano la llamaron un día a las 3 de la madrugada simulando ser de la oenegé0 Missing Children. Mónica recibió otra visita extravagante, de dos sujetos de más de 25 años, vestidos de un modo demasiado formal para ser amigos de Luciano, diciendo que lo conocían desde hacía tres años, de un boliche de Isidro Casanova. Luciano tenía 13 años en ese momento. Los Superagentes argentinos suelen mezclar lo perverso con lo patético. Mónica: «Todo era una burla para despistarnos».
La causa cayó en manos de la ufi 7 (Unidad Fiscal de Investigaciones) a cargo de Roxana Castelli. En términos sintéticos y comprensibles, durante 35 días que hubiesen sido cruciales, esta señora no hizo prácticamente nada. Mónica: «Mató 35 veces a mi hijo». Pimentel presentó una denuncia por inacción de la fiscal Castelli, y se logró pasar las actuaciones a la ufi 1 de la fiscal Cecilia Cejas, que en poco tiempo logró que un expediente de un cuerpo pasara a tener quince, tomó más de 50 declaraciones, 25 de ellas de policías, y quizás logre determinar qué ocurrió. Confirmó con los sistemas de identificación policiales que un patrullero estuvo esa noche varias horas en un descampado cercano. Los peritajes con perros parecieron confirmar que Luciano estuvo en el patrullero, y en el Destacamento. Ocho oficiales y policías fueron removidos de su cargo (los apellidos que se dieron a conocer son Sotelo, Borrego, Herrera, Vázquez, Fekter, Márquez, Díaz y Zeliz) y han sido careados en los últimos días.
El Sheraton
El abogado Juan Manuel Combi representa a la familia de Luciano, junto a Damián Piraino (pareja de Vanesa). Combi también relaciona permanentemente pasado y presente de las desapariciones. La comisaría 8ª fue uno de centros clandestinos de detención y torturas de la Policía Bonaerense, al que llamaban Sheraton. Fue dirigido en aquellos años por Leopoldo Luis Baume, responsable por la desaparición del artista Héctor Oesterheld, autor de El Eternauta.
Sobre el hecho en sí de la desaparición, Combi razona: «No tenemos la principal prueba, que es el cuerpo. Si hay algo que enseñó la dictadura es que si no hay cuerpo, no hay verdad».
La desaparición en sí misma demuestra un hecho institucional, que exige planificación, una organización capaz de ocultar a una persona viva, o de eliminar un cadáver, contactos policiales y judiciales. «El Estado es el único que puede materializar una desaparición hoy en día. Un cuerpo desaparecido es un cuerpo violentado por el sistema».
-¿Qué presión ejerce ese Estado ya en la instancia legal?
-Hay muchos testigos que todavía no quisieron declarar en la causa, porque la policía está metida todos los días en el barrio. No es fácil declarar en su contra. Hubo amenazas a la familia, a los abogados, a los testigos y hasta a los organismos.
-¿Hay otras denuncias en el barrio?
-Testigos en la causa de Luciano declararon que cada vez que fueron detenidos en la Comisaría 8ª, de la que depende el destacamento, los colgaron de las rejas hasta que se les dormían los brazos y ahí les empezaban a pegar. Un chico de 14 años declara en una denuncia haber sido quemado con cigarrillos. Estamos hablando de torturas.
-¿Qué ayudó a que el caso de Luciano se conozca y no muera en denuncias puntuales?
-La familia. Eso hizo la diferencia. ¿Cuántos Lucianos hay y no lo sabemos? ¿Cuántas familias no saben ni dónde queda un tribunal y no sabe que no hay que hacer la denuncia en la policía? Seguirá habiendo desaparecidos de este tipo, es tan cierto como lamentable, pero también habrá gente que luche por ello como esta familia.
Combi considera que tanto el caso de Luciano como el de Jurlio López son advertencias. «Señales de que el sistema funciona con impunidad en medio de la desigualdad. La gente que lucha por la seguridad de llevar el pan a su casa no tiene los mismos derechos que la que quiere seguridad para su 4 x 4».
Combi agrega lo que se percibe desde hace años: «Quien no reconozca que la policía opera como una fuerza delictiva, es un hipócrita».
Como Argentina obliga a aclarar obviedades, hagámoslo. Luciano y sus amigos parecen ser según todas las versiones un grupo tranquilo, y no hay prueba alguna de que hayan delinquido. Pero aún en el caso de un delincuente, el mecanismo de la desaparición, la tortura y el homicidio sistemático por parte de las fuerzas de seguridad y sus cómplices que integran el Estado, es lo perverso en estado puro: el crimen perfecto.
Susana y el mirador
Gabriel Lombardo es uno de los personajes del barrio. Ha asegurado en todos los medios que le pusieron un micrófono adelante que ha sido asaltado 39 veces, creó valmi y desde ahí promovió la creación del destacamento bajo sospecha. Sería de los que lleva el pan a su casa, ya que es repartidor de alimentos y en particular de pan Fargo, según cuentan en el barrio. Su enorme chalet fue sede de su encuentro, en plena campaña, del entonces candidato Francisco De Narváez, que le terminaría ganando las elecciones provinciales a Néstor Kirchner. En ese mismo chalet, en general los viernes, recibe con generosos asados al personal del Destacamento, aunque no es muy claro si sigue recibiendo a los que fueron removidos a raíz de la desaparición de Luciano. El señor Lombardo no es de los preocupados por el qué dirán. Ha declarado al diario La Nación: «Me dirán nazi o fascista, pero los malandras están en las villas».
La declaración-acusación o como se la quiera llamar, fue cometida como consecuencia de la desaparición de Luciano Arruga, convirtiendo a Lombardo en emblema explícito de la criminalización de la pobreza y los reclamos de mano dura. Lombardo también apareció con dos teorías televisivas: a) Luciano estaba en Córdoba; b) estaba en la villa 1-11-14 de Bajo Flores (otro blanco preferido de la gente a la que le dirán nazi o fascista).
La arenga de Lombardo se incrementó al infinito cuando también en Lomas del Mirador fue asesinado Gustavo Lanzavecchia, más conocido como Gustavo Damián, florista y decorador de la presentadora Susana Giménez. Lanzavecchia fue apuñalado, amordazado y arrojado a la piscina de su casa. Esto provocó que la señora Giménez reclamara la pena de muerte, aunque luego se desdijo, propuesta reproducida por otras personas de la misma índole y edad, como el músico Luis Alberto Spinetta, entre otros. Fue el 27 de febrero. El 3 de marzo hubo otro crimen, el de Hernán Landolina, personal trainer de Guillermo Cóppola, asesinado de un balazo en la cara.
Paradojas:
1. Pese al refuerzo policial, al Destacamento y a los Vecinos en Alerta, los crímenes siguieron ocurriendo en Lomas del Mirador. Tal vez sea una casualidad.
2. Ocurrieron muy cerca de la desaparición de Luciano, cuando se veía que la causa dormida en la ufi 7 pasaría a activarse en la ufi 1. Lograron exacerbar a eso que se llama «opinión pública» mientras los medios ninguneaban la desaparición del joven y Lombardo hablaba de «malandras en las villas». Tal vez sea otra casualidad.
3. Si se sigue el razonamiento del presidente de la apdh, y del abogado Combi, los destacamentos, refuerzos policiales y pedidos de mano dura, tienden a ser estúpidos, perversos, o a incrementar aquello que dicen combatir. Si hay zonas liberadas para chiquilines y adultos que trabajan a cuenta de instituciones policiales impregnadas por el delito, reforzar y cebar a esas instituciones sólo provocará más de lo mismo, y cada vez más impunidad para hacerlo.
Los familiares y organizaciones que están impulsando el caso han puesto luz también sobre la actitud de los medios. Vanesa escribió una carta al gobernador Daniel Scioli en la que menciona las falsedades publicadas por el diario Clarín y algunos de sus periodistas. Pero también denunciaron de qué modo los actos y reclamos por la desaparición de un chico de 16 años fueron sistemáticamente ignorados por toda la corporación mediática, incluyendo la oficial. Karma argentino: los desaparecidos siempre vuelven a desaparecer.
El escrache
Ari es amigo de siempre de Luciano. No se llama Ari, pero tiene miedo, y no quiere cámaras ni grabadores cerca. «Todavía estoy esperando que un día el boludo aparezca» dice. «Pero no soy necio. No descarto que le haya pasado lo peor». La policía lo ha venido parando durante estos meses. «Algunas semanas, todos los días». Ari reconoce sus diferencias con el grupito de la villa Santo Vega: «A nosotros no nos interesó nunca lo que hacen ellos. No te voy a negar que nos fumamos un porro, que estamos en la calle, pero somos tranquilos. Creo que ese puede ser el problema».
Ari cuenta que un día Lombardo lo insultó (el ya clásico «negros de mierda») y lo amenazó. Entre los vecinos no se encuentran otra voces contra los chicos del barrio, aunque una señora sesentona, de lentes oscuros que sacó a pasear de una casa un tanto ostentosa a su caniche negro, me dijo algo peor ante la consulta por Luciano. Algo que nunca creí que iba a oír a esta altura: «Yo no lo conocía. Pero algo habrá hecho». ¿Cuántos pensarán así, como justificación del crimen? ¿Y cuántos de los que no lo piensan hacen algo para evitarlo?
A fines de septiembre hubo un escrache en Lomas del Mirador, a la Comisaría 8ª (el centro clandestino de detención Sheraton) de la cual depende el Destacamento responsable de la desaparición de Luciano Arruga. Intervinieron las Madres Lìnea Fundadora, h.i.j.o.s, la Mesa de Escrache, la cta, suteba, centros de estudiantes, partidos de izquierda, organizaciones de abogados. Así quedó planteado el problema, frente al cual cada uno debe pararse: el «algo habrá hecho», o el escrache. La apuesta a la segregación y la muerte, o a encontrar formas de convivencia en las que la palabra «justicia» no parezca una broma.
Luciano Arruga sigue desaparecido. En Perú y Arriola, frente a la placita, imprimió riéndose su nombre en el asfalto. Y a la sociedad, a cada uno de nosotros, cada día que pasa, nos imprime una pregunta.
Nota
Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos
La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi
El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.
¿Qué es lo “insustancial”?
La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.
El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.
¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.
En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.
Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).
“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.
Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?
–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.
¿Docentes centinelas?
El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.
Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.
¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.
Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.
Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.
–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?
–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.
La Corte y el lobby sojero
En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.
La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años
Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.
Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.
Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.
El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.
Lorenzetti y Bordet no responden
En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.
Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).
La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.
Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.
“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.
Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.
Denuncia en la CIDH
¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?
Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.
Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.
Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
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