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Sin ley ni protocolo: otra muerte por un aborto clandestino en la Provincia
El mismo lunes en que se conoció la muerte de Elizabeth (34), otra joven murió en Pilar por complicaciones derivadas de un aborto clandestino en la provincia de Buenos Aires. La noticia trascendió recién hoy. Es la tercera muerte que se conoce en 10 días, a una semana del rechazo del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado. La urgencia de una ley nacional se sigue manifestando en las muertes de jóvenes empujadas a la clandestinidad. Qué se sabe hasta el momento y cómo es el crítico panorama provincial en el que la gobernadora María Eugenia Vidal rechazó el «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo» recomendado por la Corte Suprema. La posibilidad de una iniciativa legislativa ante la inacción del Ejecutivo.
El mismo lunes en que se conoció la muerte de Elizabeth (34) en el Hospital general de Pacheco por una infección generalizada como consecuencia de intentar interrumpir su embarazo con un tallo de perejil, otra joven murió en Pilar por complicaciones derivadas de un aborto clandestino. La noticia trascendió recién hoy en la sección Policiales de Pilardiario.com.
La muerte ocurrió en el Hospital Juan Sanguinetti de Pilar, misma región sanitara del caso de Elizabeth, y fue confirmada por el propio director del establecimiento Esteban Sieling, en el programa Materia Prima de FM Plaza de Pilar: “No está relacionado a un aborto clandestino, está relacionado a un aborto provocado, no espontáneo”, dijo Steiling.
-¿Provocado por la propia víctima?
-Exactamente.
Esas fueron sus palabras textuales, todo lo que se sabe del caso hasta ahora. Steiling apeló a la confidencialidad médico paciente para no brindar más información, aunque trascendió que podría tratarse de una mujer que vivía en Presidente Derqui, de alrededor de 30 años y con cuatro hijos. Su nombre simbólico es R.
El director del hospital dijo sobre el hermetismo: “Cuando la justicia toma conocimiento, intenta proteger, guarda la historia clínica y eso pasa a otra instancia. Como médicos no podemos dar información del caso ni del paciente”.
Hasta el momento ni la Municipalidad ni la Provincia se manifestaron sobre el caso.
Provincia clandestina
Apenas 5 días después de que el Senado rechazara el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, al menos dos mujeres murieron en la provincia de Buenos Aires. Si sumamos la muerte de Liliana Herrera, 22 años, en Santiago del Estero el 5 de agosto, son tres las muertes por aborto clandestino que trascendieron en apenas 10 días. Se estima que en total 153 mujeres se atienden por día en hospitales públicos por complicaciones derivadas por estas intervenciones.
Según las estadísticas públicas, la provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de egresos hospitalarios por aborto en menores de 25 años: 5959 casos. Estas cifras suelen crecer exponencialmente con el subregistro que implica la oscura clandestinidad.
La Provincia presenta así un escenario crítico. Dos de los operadores oficialistas que más palanca hicieron en contra de la Ley son precisamente de ese distrito: María Eugenia Vidal declaró pocos días antes del 8A que se sentiría “aliviada” si se rechazaba la Ley; y el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, fue el único senador bonaerense que votó en contra. Por estos días, lavaca intentó comunicarse con Bullrich, pero en su despacho informaron que se encontraba fuera del país.
El marco jurídico de la provincia de Buenos Aires favorece la clandestinidad del aborto. “La provincia vive una situación extraña: tenemos un protocolo del año 2012 que en los hechos está vigente”, explica la diputada Lucía Portos, autora de un decreto de la gobernadora de dejar sin efecto esa resolución, la realidad es que salvo aquellos que son activistas de los derechos de las mujeres en ningún hospital de la provincia se hacen los abortos permitidos por la ley de 1921. La situación es de una inseguridad jurídica y un gris que provoca muertes”.
En efecto, la Provincia había adherido al «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo» recomendado por la Corte Suprema de Justicia en el año 2015, gracias a su entonces ministra de Salud. Pero en octubre de 2016 la gobernadora Vidal dio marcha atrás y firmó su rechazo.
“El protocolo que tenemos pone la decisión en un ente externo a la mujer y no le alcanza con el diagnóstico ni con la declaración jurada”, explica la diputada provincial Portos. “Deja sin posibilidad real a las mujeres de hacer valer su decisión y las medicaliza. El protocolo que se pudo hacer en 2012 después del Fallo FAL hoy tiene que adecuarse a lo que agrega la OMS sobre salud integral y salud psíquico y social. Es muy importante que el protocolo se haga por ley y no como un reglamento interno”.
Zulema Palma, de la organización Mujeres al Oeste, en cambio pone el ojo en el ejecutivo: «La Provincia tiene que adoptar el protocolo que rechazó. Lo puede adoptar directamente la ministra de Salud, refrendado por la gobernadora: no hace falta hacer ninguna cuestión en la Legislatura. No necesitan ni siquiera la Legislatura: con la voluntad del ejecutivo es suficiente».
Sin voluntad oficialista, el proyecto de Portos (Unidad Ciudadana) fue presentado por tercera vez consecutiva en marzo de este año pero no fue tratado en comisiones. Primero debe pasar por la de Salud, presidida por la ginecóloga oficialista María Alejandra Lorden, y luego por la de Asuntos constitucionales y Legislación general, todas con cabezas del partido Cambiemos.
El mismo exime de pena al médico y a la paciente que lleven adelante la práctica, insta a utilizar los “los métodos más avanzados” y considera ilegal los pedidos de autorización a terceros, denuncias policiales o cualquier imposición de pedidos de espera. El proyecto plantea que los costos deberán ser asumidos por las obras sociales o prepagas, y por la Provincia en los casos que la persona no tenga cobertura.

Parte de la letra del proyecto de la diputada provincial Lucía Portos.
En el día de hoy la diputada Portos presentó una moción sobre tablas para tratar este proyecto. Para que eso suceda debe ser acompañada por 2/3 de la Cámara, con mayoría oficialista. “Te diría que no va a salir”, confiesa a lavaca. “Pero lo que sí habilita es una instancia de exposición de 5 minutos en la que vamos a explicar por qué la pedimos y nos va a servir para exponer lo que está pasando en la Provincia y generar movimientos hacia el interior de los bloques para que se trate en algún momento”.
El protocolo perejil
Mujeres al Oeste es una organización feminista creada en 1995 que trabaja para lograr una mejor calidad de vida de las mujeres bonaerenses. En ese sentido la realidad del aborto es concreta y cotidiana: «Si está empezando a bajar la mortalidad por aborto en Argentina es gracias a estas consejerías, las ILE, a las socorristas que acompañan, haciéndolo con pastillas que disminuyen enormemente los riesgos», asegura Palma, una de las creadoras de Mujeres al Oeste. «Yo enfatizo en el compromiso de miles de profesionales que están cumpliendo con las ILE presentes. Eso está salvando muchas vidas. Y lo que no hace la Provincia está costando muchas vidas».
Zulema advierte que hay un cuello de botella en los hospitales provinciales: «La dificultad es que arriba de las 14 semanas hay que derivarlas al hospital. Y ahí no lo quieren hacer, las medican mal o en el ultimo de los casos y después de malos tratos, le hacen una dilatación, vulgarmente llamada raspado, cuando se requiere anestesia general. La OMS calificó de obsoleta esa técnica. Finalmente los médicos se transforman los legisladores porque deciden hasta qué semana hacen el aborto, cuando el actual Código Penal no pone ninguna traba».
Palma considera que la legislación provincial es, cuanto menos, confusa, y cuenta cómo son los casos que se reciben las consultorías: «Hay muchas mujeres que van a pedir consejerías y creen que van a hacerse un aborto ilegal, y se descubre que en realidad fueron violadas. Se conversa, se ve qué es lo que pasa y están dentro del protocolo. No es que las mujeres van a denunciar falsas violaciones: es que la ley no es clara». En ese sentido, Zulema es didáctica y critica que hasta los senadores desconocen lo que legislan: «Si una mujer llega a un hospital con pérdidas de sangre, infección en el útero, con hemorragias ginecológicas la tienen que atender, no le pueden preguntar nada en cuanto a por qué está con eso. El lamentable debate del Senado hablaban que «si no tengo ambulancia y no tengo recursos»… Sea la causa que fuere de esos síntomas, los médicos la tienen que atender: ahí no hay objeción de conciencia, si se puso perejil, una sonda o lo que fuere para salvarle la vida».
Palma calcula que «por cada una de las que muere, hay por lo menos tres mujeres que quedan con secuelas: ya sea pérdida del útero, del aparato reproductor o algún otro déficit de funcionamiento de la parte reproductiva de la mujer». Todo como consecuencia de la clandestinidad: «Cuando se hace un aborto legal una mujer no llega a estas condiciones, tenelo por seguro. Estas chicas han hecho procedimientos peligrosos y les cuesta la vida. Eso lo deben tener en su conciencia senadores, senadoras, gobernadora y todos los responsables de esa cadena macabra que protege la clandestinidad».
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Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
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Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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