El mismo lunes en que se conoció la muerte de Elizabeth (34), otra joven murió en Pilar por complicaciones derivadas de un aborto clandestino en la provincia de Buenos Aires. La noticia trascendió recién hoy. Es la tercera muerte que se conoce en 10 días, a una semana del rechazo del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado. La urgencia de una ley nacional se sigue manifestando en las muertes de jóvenes empujadas a la clandestinidad. Qué se sabe hasta el momento y cómo es el crítico panorama provincial en el que la gobernadora María Eugenia Vidal rechazó el «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo» recomendado por la Corte Suprema. La posibilidad de una iniciativa legislativa ante la inacción del Ejecutivo.

El mismo lunes en que se conoció la muerte de Elizabeth (34) en el Hospital general de Pacheco por una infección generalizada como consecuencia de intentar interrumpir su embarazo con un tallo de perejil, otra joven murió en Pilar por complicaciones derivadas de un aborto clandestino. La noticia trascendió recién hoy en la sección Policiales de Pilardiario.com.
La muerte ocurrió en el Hospital Juan Sanguinetti de Pilar, misma región sanitara del caso de Elizabeth, y fue confirmada por el propio director del establecimiento Esteban Sieling, en el programa Materia Prima de FM Plaza de Pilar: “No está relacionado a un aborto clandestino, está relacionado a un aborto provocado, no espontáneo”, dijo Steiling.
-¿Provocado por la propia víctima?
-Exactamente.
Esas fueron sus palabras textuales, todo lo que se sabe del caso hasta ahora. Steiling apeló a la confidencialidad médico paciente para no brindar más información, aunque trascendió que podría tratarse de una mujer que vivía en Presidente Derqui, de alrededor de 30 años y con cuatro hijos. Su nombre simbólico es R.

El director del hospital dijo sobre el hermetismo: “Cuando la justicia toma conocimiento, intenta proteger, guarda la historia clínica y eso pasa a otra instancia. Como médicos no podemos dar información del caso ni del paciente”.
Hasta el momento ni la Municipalidad ni la Provincia se manifestaron sobre el caso.

Provincia clandestina

Apenas 5 días después de que el Senado rechazara el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, al menos dos mujeres murieron en la provincia de Buenos Aires. Si sumamos la muerte de Liliana Herrera, 22 años, en Santiago del Estero el 5 de agosto, son tres las muertes por aborto clandestino que trascendieron en apenas 10 días. Se estima que en total 153 mujeres se atienden por día en hospitales públicos por complicaciones derivadas por estas intervenciones.

Liliana Herrero: cuando no legislar es un crimen

Según las estadísticas públicas, la provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de egresos hospitalarios por aborto en menores de 25 años: 5959 casos. Estas cifras suelen crecer exponencialmente con el subregistro que implica la oscura clandestinidad.
La Provincia presenta así un escenario crítico. Dos de los operadores oficialistas que más palanca hicieron en contra de la Ley son precisamente de ese distrito: María Eugenia Vidal declaró pocos días antes del 8A que se sentiría “aliviada” si se rechazaba la Ley; y el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, fue el único senador bonaerense que votó en contra. Por estos días, lavaca intentó comunicarse con Bullrich, pero en su despacho informaron que se encontraba fuera del país.
El marco jurídico de la provincia de Buenos Aires favorece la clandestinidad del aborto. “La provincia vive una situación extraña: tenemos un protocolo del año 2012 que en los hechos está vigente”, explica la diputada Lucía Portos, autora de un decreto de la gobernadora de dejar sin efecto esa resolución, la realidad es que salvo aquellos que son activistas de los derechos de las mujeres en ningún hospital de la provincia se hacen los abortos permitidos por la ley de 1921. La situación es de una inseguridad jurídica y un gris que provoca muertes”.
En efecto, la Provincia había adherido al «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo» recomendado por la Corte Suprema de Justicia en el año 2015, gracias a su entonces ministra de Salud. Pero en octubre de 2016 la gobernadora Vidal dio marcha atrás y firmó su rechazo.
“El protocolo que tenemos pone la decisión en un ente externo a la mujer y no le alcanza con el diagnóstico ni con la declaración jurada”, explica la diputada provincial Portos. “Deja sin posibilidad real a las mujeres de hacer valer su decisión y las medicaliza. El protocolo que se pudo hacer en 2012 después del Fallo FAL hoy tiene que adecuarse a lo que agrega la OMS sobre salud integral y salud psíquico y social. Es muy importante que el protocolo se haga por ley y no como un reglamento interno”.
Zulema Palma, de la organización Mujeres al Oeste, en cambio pone el ojo en el ejecutivo: «La Provincia tiene que adoptar el protocolo que rechazó. Lo puede adoptar directamente la ministra de Salud, refrendado por la gobernadora: no hace falta hacer ninguna cuestión en la Legislatura. No necesitan ni siquiera la Legislatura: con la voluntad del ejecutivo es suficiente».
Sin voluntad oficialista, el proyecto de Portos (Unidad Ciudadana) fue presentado por tercera vez consecutiva en marzo de este año pero no fue tratado en comisiones. Primero debe pasar por la de Salud, presidida por la ginecóloga oficialista María Alejandra Lorden, y luego por la de Asuntos constitucionales y Legislación general, todas con cabezas del partido Cambiemos.
El mismo exime de pena al médico y a la paciente que lleven adelante la práctica, insta a utilizar los “los métodos más avanzados” y considera ilegal los pedidos de autorización a terceros, denuncias policiales o cualquier imposición de pedidos de espera. El proyecto plantea que los costos deberán ser asumidos por las obras sociales o prepagas, y por la Provincia en los casos que la persona no tenga cobertura.

En el día de hoy la diputada Portos presentó una moción sobre tablas para tratar este proyecto. Para que eso suceda debe ser acompañada por 2/3 de la Cámara, con mayoría oficialista. “Te diría que no va a salir”, confiesa a lavaca. “Pero lo que sí habilita es una instancia de exposición de 5 minutos en la que vamos a explicar por qué la pedimos y nos va a servir para exponer lo que está pasando en la Provincia y generar movimientos hacia el interior de los bloques para que se trate en algún momento”.

El protocolo perejil

Mujeres al Oeste es una organización feminista creada en 1995 que trabaja para lograr una mejor calidad de vida de las mujeres bonaerenses. En ese sentido la realidad del aborto es concreta y cotidiana: «Si está empezando a bajar la mortalidad por aborto en Argentina es gracias a estas consejerías, las ILE, a las socorristas que acompañan, haciéndolo con pastillas que disminuyen enormemente los riesgos», asegura Palma, una de las creadoras de Mujeres al Oeste. «Yo enfatizo en el compromiso de miles de profesionales que están cumpliendo con las ILE presentes. Eso está salvando muchas vidas. Y lo que no hace la Provincia está costando muchas vidas».
Zulema advierte que hay un cuello de botella en los hospitales provinciales: «La dificultad es que arriba de las 14 semanas hay que derivarlas al hospital. Y ahí no lo quieren hacer, las medican mal o en el ultimo de los casos y después de malos tratos, le hacen una dilatación, vulgarmente llamada raspado, cuando se requiere anestesia general. La OMS calificó de obsoleta esa técnica. Finalmente los médicos se transforman los legisladores porque deciden hasta qué semana hacen el aborto, cuando el actual Código Penal no pone ninguna traba».
Palma considera que la legislación provincial es, cuanto menos, confusa, y cuenta cómo son los casos que se reciben las consultorías: «Hay muchas mujeres que van a pedir consejerías y creen que van a hacerse un aborto ilegal, y se descubre que en realidad fueron violadas. Se conversa, se ve qué es lo que pasa y están dentro del protocolo. No es que las mujeres van a denunciar falsas violaciones: es que la ley no es clara». En ese sentido, Zulema es didáctica y critica que hasta los senadores desconocen lo que legislan: «Si una mujer llega a un hospital con pérdidas de sangre, infección en el útero, con hemorragias ginecológicas la tienen que atender, no le pueden preguntar nada en cuanto a por qué está con eso. El lamentable debate del Senado hablaban que «si no tengo ambulancia y no tengo recursos»… Sea la causa que fuere de esos síntomas, los médicos la tienen que atender: ahí no hay objeción de conciencia, si se puso perejil, una sonda o lo que fuere para salvarle la vida».
Palma calcula que «por cada una de las que muere, hay por lo menos tres mujeres que quedan con secuelas: ya sea pérdida del útero, del aparato reproductor o algún otro déficit de funcionamiento de la parte reproductiva de la mujer». Todo como consecuencia de la clandestinidad: «Cuando se hace un aborto legal una mujer no llega a estas condiciones, tenelo por seguro. Estas chicas han hecho procedimientos peligrosos y les cuesta la vida. Eso lo deben tener en su conciencia senadores, senadoras, gobernadora y todos los responsables de esa cadena macabra que protege la clandestinidad».