Nota
Abraham Gak: “El gobierno no tiene un plan estratégico”
Abraham Gak, profesor honorario de la UBA, ex rector del Carlos Pellegrini e integrante del Grupo Fénix (que intenta desactivar neoliberalismo y postular una economía más integrada) opina sobre la situación y el gobierno, al que apoya en el conflicto frente al campo, pero al que cuestiona en algunas de sus políticas, desde el tren bala (donde Gak se pregunta si habrá un negociado) hasta el INDEC y la minería. ¿Un “tibio” o alguien que trata de entender lo que pasa? El rol cómplice de la Universidad, la política cooptada por las empresas y otros misterios, en esta charla con lavaca
Abraham Gak tiene al menos tres cualidades extravagantes para el mundo económico y educativo argentino, terrenos que transita con un prestigio que muchos de sus pares miran de reojo. Esas cualidades lo convierten en un sujeto peligroso, a poco que abra la boca:
- Piensa
- Tiene sentido del humor
- Es sincero
En esta charla fluida y reveladora, llevada a cabo café por medio en una de las Anticonferencias organizadas en Mu.Punto de Encuentro, Gak abarcó varios temas de la agenda actual, sin esquivarle a ninguno. El gobierno, el tren bala, las movilizaciones subsidiadas, los negociados, la complicidad de la UBA con las mineras, su apuesta y sus críticas a la actual administración, y algunas ideas cruzadas sobre las comunidades que se movilizan.
-¿Cómo percibe la diferencia entre los que parecerían ser números fantásticos sobre la marcha de la economía, y percepciones de la gente, con desconfianza, y no paralelas a esos números tan excelentes?
-Esta dualidad de sensación térmica de vísperas de algún desastre con la realidad, realmente es notable. Y en este sentido yo creo que la presencia mediática es muy importante. Hay un constante planteo en la prensa, referente a las grandes dificultades, que las hay. Pero hay una especie de tomar con menos importancia alguna otra información. Eso por un lado.
Por otro lado, los economistas tenemos un defecto: vemos números. Y a veces no vemos a las personas. Y éste es un detalle no menor. Porque depende de donde uno, en qué círculo se mueve, tiene impresiones diferentes.
Si uno tuviera relaciones exclusivamente con sectores medios y altos, vería que están en un desarrollo de consumo extraordinario, no les afecta si la carne en vez de a 8 está en 14 o 16, porque comen cortes que pagan a 30 pesos. Despotrican porque se encarecieron, pero no dejan de consumirlos.
En sectores medios que tienen ingresos más o menos razonables, empiezan a notar que realmente tienen que mirar un poco qué consumen, empiezan a elegir, porque están viendo que hay un encarecimiento. Después veremos qué explicación podemos encontrar a eso. Pero la verdad es ésa.
-¿Y si seguimos hacia sectores más pobres?
-En sectores medios bajos la cosa tiene características mucho más serias, porque requiere de la gente para poder consumir más o menos lo que consumía, esfuerzos adicionales. Empiezan a tratar de trabajar más horas, si es que tienen trabajo, de tener un ingreso adicional, porque realmente la situación se les complica.
Si hablamos con los chicos estudiantes secundarios, universitarios, a ellos les golpea, porque viven con presupuestos muy, pero muy ajustados. Entonces, si a ellos les suben 20 centavos el transporte, es un impacto importante. A lo mejor, si viven con sus padres, el tema de la comida lo escuchan pero no lo sufren, porque no salen ellos. Pero los gastos alrededor de la vivencia de ir al cine, si quieren ir alguna vez al cine, todo eso ha tenido crecimiento significativo.
Hay una sensación, me parece a mí, razonable, de que la cosa se va encareciendo, que parecería que no hay freno. Creo que lo peor de todo es esta perspectiva de que la cosa va a seguir agravándose.
Nostalgias del 2007
-El INDEC y los funcionarios dicen lo contrario.
-Bueno, en ese aspecto el gobierno ha cometido errores terribles. Lo que ha hecho con el INDEC… Nosotros en el grupo Fénix hace dos años sacamos un documento previendo esta situación, señalando la importancia de tener un instituto oficial que promueva y desarrolle estadísticas confiables. Si no, se genera un agujero negro por el cual todo el mundo empieza a hacer sus propios números. Entonces uno escucha de todo. Le creo a éste, a aquel no, a lo mejor es consultor de los importadores y le conviene señalar que los índices son altísimos, o son inversores en bonos externos que están atados a la inflación, y así sucesivamente.
De modo que acá tendríamos que ver realmente, los números verdaderamente cuáles son.
-¿Cómo diferenciar lo que nos dicen de lo que pasa realmente?
-Esa es la dificultad. Pero veamos dónde están las cosas que hay que modificar fuertemente. Yo tengo una sensación general de que el año 2007, en materia de resultados productivos (incrementos de producción, de exportaciones, del producto bruto, inversión, producto del ahorro interno, que no es un dato menor) ha sido el mejor año en 15, 20 o 30 años de Argentina. En valores constantes. Ya no hablo de recuperación o rebote después de la crisis de 2001, sino que estuvimos sobrepasando los valores del 95, del 93. Hay realmente un crecimiento, con aspectos muy interesantes.
-¿En cuáles está pensando?
-Por ejemplo, Argentina exporta materias primas, todo lo que está en discusión estos meses, y tiene una potente industria que en economía llamamos las MOA, manufacturas de origen agropecuario: la producción de leche, quesos y otros productos que se exportan y que conforman más de la tercera parte de las exportaciones argentinas.
Pero también tiene, y estamos llegando al 30% de productos industriales, con una faceta muy interesante. Porque tanto los productos primarios, combustibles y agro, como las manufacturas agropecuarias crecieron en volumen, pero también en precio. Las manufacturas industriales no crecieron en precio, crecieron en volumen. Y cuando uno desagrega qué está exportando Argentina, ve que hay algunos nichos que tienen un crecimiento exponencial de seis veces de un año a otro, por ejemplo, la industria farmacéutica, que supone conocimiento y aplicación de tecnología. Hacer aceite no es solamente apretar una aceituna. De modo que realmente hay variantes muy interesantes que hacen pensar que Argentina está creciendo a niveles importantes, pero está creciendo sanamente.
La distribución del ingreso y la falta de voluntad
-Volvemos a lo anterior, la gente no percibe esa salud de la economía.
-Es que hay dos aspectos en los cuales parecería que el gobierno no tiene, me parece a mí, una gran voluntad política -tal vez por las dificultades; este debate del campo da una señal-. Uno es la distribución del ingreso. Cómo hacemos para cambiar esta relación atroz entre los que más ganan y los que menos ganan, que sigue siendo tremenda, que tiene valores que Argentina no conocía, no conoció. Y siguen estando igual.
A mí me parece que hay que generar –y esto es ya casi salir de la economía y entrar en la política- un aglutinamiento de las fuerzas sociales para reclamar esos aspectos que el gobierno no está encarando a fondo.
La ausencia de debate me parece que es uno de los males culturales más graves que tenemos.
Porque ahora que se firmó el contrato con Alson de Francia, salimos a protestar por el tren bala. Pero del tren bala se está hablando desde hace 8, diez meses. ¿Cómo es que no salimos antes a protestar, a marcar esto, que es realmente un escándalo como política? ¿Cómo es posible pensar que vamos a tener un tren bala y no vamos a tener un ferrocarril para trasladar la producción que tenemos que trasladar para generar los recursos?
Estas contradicciones me hacen llegar a una conclusión. El gobierno no tiene un plan estratégico de mediano y largo plazo. Cuando alguien viene y le ofrece construir algo, dice: “Mirá, junto con la construcción yo te doy el crédito, yo consigo la plata afuera, la vas a pagar dentro de treinta años”. El gobierno contesta: “Bárbaro, venga”. No hay análisis estratégico ni nada por el estilo.
La bala y e negocio
-En eso el gobierno es coherente con todos los anteriores.
-Será porque pensarán que al final esa deuda la van a pagar otros… Y los que van a cargar con eso serán otros gobiernos. No hay una explicación lógica. Salvo que uno esté pensando, y es legítimo pensar, que hay algún tipo de negociado, de interés individual, para desarrollar un proyecto que no resiste el menor análisis económico ni social. Porque ni siquiera se han exigido precisiones, y en este sentido la oposición tiene una responsabilidad muy grande. Decir: “Un momentito, este tren, ¿cuánto va a costar?”. Ya nos dicen y nos mienten en cuánto va a costar. Va a costar muchísimo más. Pero aparte, ¿cómo se paga? Uno dice: “Se paga con los ricos que van a viajar en ese tren”. No, un momentito, ¿cuántos ricos van a viajar en ese tren? Porque yo personalmente he estado hablando con gente que viene de Europa, y dicen que el tren bala está también en discusión en Europa, porque el número de pasajeros no alcanza para poder generar los recursos, y terminan subsidiándolo.
Entonces yo me pregunto: ¿vamos a subsidiar el pasaje a gente que puede pagar por el pasaje a lo mejor una vez y media lo que cuesta ir por avión?
-Intuyo la respuesta, doctor.
-Porque vos decís: “Voy a pagarlo en treinta años”. Fenómeno. Los primeros siete años no pago nada, construirlo lleva seis años, entonces al año siguiente empiezo a cobrar los pasajes y pago. Pero no, no dan las cuentas. El único lugar donde el tren de alta velocidad es redituable es en Japón. ¿Por qué? Porque hacen el cálculo que para poder hacer que sea redituable, necesitan 5 millones de pasajeros/año que utilicen ese tren. En Europa están en tres millones de pasajeros/año, por eso tienen déficit y terminan subsidiándolo. En Argentina el cálculo para el tren Buenos Aires-Córdoba es de un millón pasajeros/año. Seguro va a ser un desastre económico. Me refiero a desastre en el sentido de que va a ser oneroso, y vamos a terminar, en definitiva, pagándolo entre todos.
Entonces, esas cosas, ¿por qué tenemos que discutirlas ahora, que se firmó el contrato? ¿Por qué no lo discutimos antes, cuando había tiempo de pararlo de alguna manera?
-Va a venir Maradona a decir que se nos escapó la tortuga. Pero es otro clásico: subsidiar a las grandes empresas, mientras las chicas van desapareciendo. Algo de eso parece haber en el conflicto rural.
-Lo que pasa es que lamentablemente los sectores más chicos no están regularizados. Que es lo que pasa con la devolución de las retenciones para los sectores chicos. No pueden pedirlas porque están en negro. Y les resulta más negocio seguir en negro que blanquear y recibir el subsidio, la devolución de parte de la retención. Porque la devolución para los sectores pequeños es mucho mayor que el incremento que hizo el gobierno ahora. Es alrededor del 15%, y el incremento fue del 5%. De modo que debería convenirles. Sin embargo, no les conviene porque siguen operando en negro.
Los aliados del gobierno
-¿Cómo pensar el tema económico? Usted hablaba de crecimiento de exportaciones, PBI y demás, pero hay economistas, el indio Amartya Sen ya es un clásico, que sugieren que en realidad debería medirse el crecimiento de la sociedad, de su capacidad económica. Por más crecimiento que haya, si está concentrado en pocas manos, la sociedad está cada vez peor.
-Es así. Lo que pasa es que me da la impresión de estar en una batalla, con sólo ver lo que pasa en América Latina se nota. Lo que le pasa en Bolivia a Evo Morales, que está enfrentando prácticamente una división del país por querer, justamente generar un cambio en la distribución del ingreso. A Chávez casi lo liquidan. Le hicieron una revolución, lo metieron preso y pudo salir simplemente porque había base social como para sostenerlo. En esta batalla con el campo el gobierno demostró que no tiene, que ha errado totalmente en la búsqueda de aliados. El ex presidente se dedicó a organizar un partido político que, indudablemente es muy importante, que es mayoritariamente en el país, pero que no ha servido ni para movilizar a 5.000 personas.
-Volvemos a dudar sobre los números que nos muestran.
-Para juntar gente en la Plaza de Mayo tienen que pedir a los intendentes, algunos que son impresentables, que le traigan a la gente. Es gente con subsidio, muchas veces, y es lógico que vaya a esas marchas porque tiene temor a perderlo.
-Pero no es una movilización…
-¿Legítima? No, no lo es. Y yo creo que es un error político muy grave, porque no está generando un moviendo de apoyo real, porque la gente percibe que hay asignaturas pendientes muy gruesas. Muy gruesas.
Pero ojo, esto no quita que no haya habido cambios significativos en la economía, que no son menores. Generar los puestos de trabajo que se generaron no es algo menor. Lo que pasa es que la batalla es muy ardua, y yo creo que es muy larga.
Porque realmente, ¿cuánto bajó el trabajo en negro, en proporción? Muy poco. Seguimos teniendo casi la mitad de la gente fuera del sistema.
Yo no llamo pagar en negro las partidas no remunerativas que el Estado les paga a sus empleados, porque los registra. Estoy hablando del sector privado que paga en negro, y que para poder pagar en negro tiene que vender en negro.
Ahora, se imaginan ustedes qué cambio ha habido, si tenemos un crecimiento de impuestos que todos han leído en estos días, que ha crecido enormemente la recaudación total, en un mes creció casi el 80% respecto al mismo mes del año pasado. Y todos sabemos que el eje fundamental de la percepción fiscal es el impuesto al consumo. El IVA y otros impuestos vinculados al consumo. ¿Cómo sería la recaudación, si realmente toda la gente cumpliera?
¿Cómo sería si no hubiera la proporción de dinero negro que hay?
Italia vivió todo el período de crecimiento teniendo el 50% de la economía en negro. Pero usted no sacaba fuera de Italia un dólar, porque el día que lo sacaba le cortaban las manos. Es decir, ese dinero negro volvía a estar en el país, volvía a circular, a movilizarse. Como si dijeran: bueno, no le pago al Estado porque yo invierto mejor, pero no me lo llevo afuera.
Pero acá, con una economía extranjerizada y concentrada como tenemos, realmente lo que se va en regalías, en insumos importados y remisión de utilidades es una cifra importante.
-Hay números más positivos en la economía. Pero cuando uno va a al fondo de qué pasó en estos años, la otra hipótesis es: no se ha tocado la estructura que hace que ésta sea una economía concentrada, inequitativa. Lo contrario a lo que plantea el Grupo Fénix.
-Es que eso es una idea de lo que hay que hacer. No es diagnóstico.
-Si le sacamos la hojarasca mediática a lo que plantea del gobierno, usted decía que no percibe voluntad real de redistribución de la riqueza.
-No es fácil esto. No olvidemos que en 2001 nosotros ya teníamos extranjerizado prácticamente todo el proceso financiero, ahora un poco menos, y teníamos extranjerizada gran parte de la producción. No se olvide de que de las 500 empresas que más facturan, el 80% de ese volumen pertenece a empresas extranjeras, a filiales de empresas extranjeras.
Ahora, remover eso es un proceso muy difícil, y muy largo. De modo que yo creo que en muchos casos nos encontramos frente al temor de encarar acciones de fondo, por las dificultades, porque si esta batalla que llevó dos meses, mes y medio, generó esto, ¿se imaginan lo que va a generar si uno empieza a meter la mano en cada uno de estos sectores tan concentrados y extranjeros, muy poderosos?
La UBA y las mineras
-¿O será que pasa lo que usted contaba respecto a lo del tren, que al final el funcionario ve que viene por ejemplo una minera anunciando inversiones, y dice “metámosle para adelante”, sin pensar en lo que significa?
-El tema de la minería es un caso paradigmático para mí. Porque realmente la legislación vigente, que estoy seguro de que la redactaron las empresas, no tengo ninguna duda, se ha cubierto de tal manera que hasta ponerles las retenciones que les pusieron, que son del 5 y 10%, prácticamente nada con la rentabilidad que tienen, así todo las están objetando y están amenazando con ir al CIADI. Tienen articulado que se establece que no se les puede modificar ni un centavo de las tasas de impuestos que estaban vigentes en el momento que se firmó la ley. Y no se puede modificar el canon que pagan. Nada. Y un agravante: hay en este momento más de 450 emprendimientos mineros que abarcan toda la cordillera de los Andes, desde el norte hasta el sur, y en algunos casos en el centro del país.
-¿Por qué el gobierno no permite que haya una nueva ley que reemplace a la anterior, entonces?
-Primero, yo sostengo que eso es así, que debería haber otra ley. Yo participé de un grupo que se formó, pero descubrimos algo. No conseguimos prácticamente ningún geólogo ni ingeniero de minas en quién confiar. Todos están comprometidos con las empresas mineras. Todo el departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, todos trabajan para las empresas mineras.
-No lo puedo creer.
-Con lo cual, ¿quiénes son los que están opinando que hay que cambiar las cosas? Sociólogos, politólogos, economistas, pero no expertos en el tema. Ese es un problema tremendo. El de la minería es un problema tremendo. Me pregunto por qué no hay una decisión política para hacer el cambio. No es porque no haya geólogos. Falta decisión política. Entonces van a aparecer los candidatos.
Sobre la minería en Argentina escriben más en el exterior que en Argentina. Hay institutos, centros de investigaciones, en Europa, que tienen muy analizada la situación. Yo no leí por lo menos ninguna propuesta que diga “acá hay una salida jurídica en serio”, que no terminemos en el CIADI con un juicio de 50 mil millones de dólares. Porque para atrás no podés volver.
El precio de la Constitución del 94
–La legislación ya plantea una trampa…
-Y además, además, es una conclusión personal, la podemos discutir. Para mí, cuando se sancionó la Constitución del 94 se logró el apoyo de los gobernadores a cambio de esta disposición de este artículo que establece que todos los bienes no renovables de Argentina, en tierra, son propiedad de las provincias. Y a las provincias que les pagan un 3% de canon, al que para colmo le descuentan todos los gastos operativos, aparte, para ellos es mucho. Para Catamarca 70 millones de dólares al año es una cifra monumental. Y es nada al lado de lo sacan, además de que no sabemos lo que sacan.
-Las empresas declaran lo que quieren, sin control, sobre cuál es la extracción.
-No hace mucho, hace cosa de seis meses, la Dirección de Aduanas rehabilitó el laboratorio que determinaba la composición del barro que exportan las mineras. Lo que nosotros sospechamos es que en ese barro hay minerales sumamente valiosos, de muy poco volumen, pero que son muy valiosos para la alta tecnología. Pero no se declaran. Pero durante muchos años, sobre todo durante el gobierno de Menem, se trabajó sobre la base de declaraciones juradas que hacía un instituto certificador de Inglaterra. Sobre eso pagaban, lo que figuraba como exportación. Aparte de estar exentos de traer ni un solo dólar de sus exportaciones a Argentina.
Me quedó una cuestión, el tema de la Universidad. ¿Qué rol está cumpliendo la universidad pública?
-En esto de la minería, cómplice. Cómplice.
¿Es sólo complicidad económica? La universidad no tendría por qué tener esa complicidad.
-Están todos recibiendo… Voy a dar el ejemplo que yo recuerdo. El INTA, el INTA en el sur, pongamos. Imaginen los investigadores del CONICET trabajando, ganando 1.400 pesos por mes. Viene una empresa extranjera y les pide que le hagan un estudio, un desarrollo científico y les aportan un subsidio de una cifra que ni sueñan obtener del Estado. Ellos hacen su trabajo, se lo entregan a la empresa y se acabó. No hay ninguna legislación que obligue a las universidades, por ejemplo, que el fruto de sus investigaciones sean puestas a consideración de la sociedad. Pueden convenir que determinados trabajos y creación de conocimiento es propiedad de quien aporta los recursos para la investigación.
En Estados Unidos ese sueño de la propaganda que las empresas financian a las universidades para desarrollar investigaciones, es absolutamente falso. Las empresas tienen sus centros de investigación propios. ¿Por qué? Porque las únicas universidades que aceptan el monopolio del conocimiento adquirido en esas investigaciones son las pequeñas universidades. Harvard no recibe, Yale no recibe, Stanford no recibe, no aceptan hacerlo. Lo que sí aceptan es cuando el Estado les pide una investigación. Incluso no tienen escrúpulos en hacer investigaciones de carácter bélico. Todos lo sabemos.
Mendoza y San Juan en peligro
-En materia de minería, en definitiva que si no me equivoco no pasan de diez las empresas mineras reales en el mundo, en el mundo, tienen un gasto muy significativo –para nosotros, no para la producción que ellos tienen- en relaciones públicas. Cuando van a un lugar construyen un hospital, pintan escuelas. Y la gente cree que con eso están resolviendo algo. Después se dan cuenta de que no, que no tiene agua, que el agua no la pueden tomar, que tienen enfermedades por el cianuro que están usando, que a cielo abierto no pueden impedir el drenaje del cianuro, y del barro cuando termina la explotación. A tal extremo que casi todos los emprendimientos en el fondo son de esas pocas empresas. Pero casi siempre son empresitas filiales, con otro nombre, desde luego, y siempre consiguen quien aparezca como director o presidente, y en muchos casos han declarado la quiebra, porque uno de los costos más claros que tienen las mineras es cerrar la mina. Cuando termina la explotación tienen obligación de cerrar la mina. Ese hoyo fenomenal que abren lo tienen que recubrir con un costo muy elevado de membrana para evitar el drenaje, y eso no lo hacen bien porque tienen que reponerlo permanentemente por el desgaste. Y terminan causando daño, contaminación. Y hablo de Alemania, Sudáfrica, Estados Unidos.
Para tener una idea de lo que es ese agujero a cielo abierto que hacen las mineras, yo vi una foto de una mina en Rusia, que tienen prohibido los aviones y helicópteros pasar a menos de 3.000 metros de altura porque los chupa, porque tiene 7 kilómetros de diámetro y 7 kilómetros de profundidad.
En Argentina tenemos casos en las que se aceptó esta especie de extorsión de escuelas pintadas, como en San Juan, y otras que no, Esquel o Famatina, que se plantaron. Fueron las comunidades. Nunca fueron las clases políticas.
-No, ni las autoridades. Están cooptadas. Los recursos son tan tremendos que las empresas pueden comprar todo.
-Pero no compran a algunas comunidades que deciden…
-Las podrían comprar. Si aceptaran el precio. Si están fuera del mercado es muy difícil comprarlas. Yo estoy convencido de que en 10, 15 años, va a haber grandes dificultades con los viñedos en la zona de Mendoza. En San Juan, ni te cuento lo que va a pasar.
Para dar una idea de las universidades: en Minera La Alumbrera es socia la Universidad de Tucumán. ¡Es socia de la explotación minera a cielo abierto!
El reino del Banco Mundial y el BID
-En Santiago del Estero, la gente del MOCASE decía: queremos que nuestros hijos estudien, pero nos da un poco de miedo, porque les lavan la cabeza. ¿Cómo hacer para que los chicos puedan estudiar y capacitarse, y aprender, pero no aprender para terminar de pervertir o destruir lo que queda en esos lugares?
-Cuando uno habla de educación está hablando de eso, justamente. Cuando uno habla de educación esta hablando también de cómo hace para generar conocimiento endógeno de uso del país y para el país. Y eso significa por ejemplo, liberarse de todo financiamiento externo.
Nosotros tenemos ahora un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que incluye la agencia de financiamiento de todas las investigaciones, de los investigadores; un presupuesto que ha crecido muchísimo. Resulta que todo ese dinero viene del Banco Mundial o del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Yo le diría que el actual ministro (José Barañao) que antes era presidente de esta agencia de financiamiento, hasta su sueldo se pagaba con recursos del BID. Creo que los únicos empleados de planta que vivían del presupuesto de la Nación era la gente de maestranza. Todo el resto cobraba fondos internacionales.
Lo que estoy hablando lo he visto, había que presentar un proyecto para financiar, con buen criterio, con espíritu, pero había que someterlo a la gente del BID. El que paga al músico elige la melodía. Seguramente financiarían proyectos que también les interesan a ellos.
No quiere decir que todos los proyectos sean malos. Pero lo que no hay es recursos propios para proyectos que al país le son absolutamente necesarios.
Parecería que nosotros generamos conocimiento y lo exportamos gratuitamente. Porque cuando al INTA lo contratan para estudiar una producción de semillas determinadas y las obtienen, ese conocimiento se lo dan a Cargill o a la empresa que pagó la investigación. Y eso es un producto del conocimiento exportado de Argentina gratis.
-Con respecto a ese panorama de lo económico que con algunos símbolos como la minería, la soja, uno se da idea de lo que está pasando… ¿habrá que empezar a tomar antidepresivos y resignarse, o usted percibe la posibilidad de reacción social?
-Yo creo que lo importante es esto: ir asumiendo esas responsabilidades.
Por ejemplo, en este tema del campo que se planteó, se generó un debate. Un debate en todos los órdenes, y me parece que eso es muy positivo, porque lo que comenzó como una cosa muy simple, “el Estado ladrón le saca la plata a los productores”, con el tiempo se fue clarificando. Cuando uno dice “sí, es cierto, un señor que tiene 150 hectáreas en la Pampa húmeda es un señor que está muy atado a las decisiones de las grandes corporaciones”, porque con 150 hectáreas no puede ir a comprar una cosechadora que cuesta 200 mil dólares para usarla un día, porque 150 hectáreas las hacen en un día. Depende de su contratista, que a su vez le dice: “No te preocupes, nosotros te hacemos todo”. Y le hacen todo, le calculan cuál es el ph del suelo para decir cuál es la mejor semilla, le proveen la semilla, los herbicidas –que ya saben cuáles son-, los nutrientes, todo. Después le cosechan, fenómeno. Y van y le pagan. Y le pagan un volumen que a este señor le viene bastante bien.
Este señor que protesta por las retenciones, ese señor tiene un patrimonio de un millón y medio de dólares con 150 hectáreas. Entonces, no es el obrero que está reclamando un mejor salario para poder vivir, poder vestir a sus hijos.
-Lo que decían en el MOCASE es: esta realidad del país sojero fue promovida por el gobierno. El gobierno dejó crecer esto.
-Claro. La tentación es enorme. Pero además hay una cuestión. Pensemos con realismo. Usted tiene un producto que produce una rentabilidad fenomenal a la tierra, que le permite valorizar la tierra de manera tal que desplaza a otros productos. Si viene alguien y le dice te doy 23 quintales de soja por hectárea para poder trabajártela, y a los 8 meses te la dejo para que vos siembres trigo o hagas lo que quieras, es una rentabilidad muy alta. Entonces, ¿cómo voy a convencer a un tambero que siga produciendo leche, o alguien que plante maíz u otro producto? Se hace muy difícil.
Entonces, lo que hay que hacer es bajar la rentabilidad de la soja, las retenciones cumplen fuertemente con esa premisa, y al mismo tiempo generar alicientes para que otros productos recobren una rentabilidad parecida a la de la soja, pero que le signifique de alguna manera poder tomar una decisión razonable.
Yo no soy experto en el tema (pero por lo que hablamos en estos días me convertí en experto), un hombre que tiene un tambo y decide hace soja, saca los alambrados para los potreros, saca las aguadas, todo lo de equipamiento e infraestructura lo liquida, porque la soja no necesita nada. ¿Cómo hace para volver, para que vuelva a hacer eso porque ahora la leche le va a dar igual o mejor rendimiento que la soja? Es muy difícil.
Este proceso no es tan simple como para decir “yo liquido la soja”. ¿Cómo hacés que eso se transmita a un hombre que tiene 50, 100, 200 hectáreas, y no se vea compelido a alquilar o a vender a esos grandes grupos financieros?
Lo que hace falta, efectivamente, es una política. Y es una tarea política clara. ¿En qué consiste fundamentalmente? Por ejemplo, recién ahora, después de todo este despelote, volvemos a hablar de precios sostén para la producción agraria. Condición fundamental.
¿Qué quiere decir “precio sostén para la producción agraria”?
-El Estado fija un precio a la producción básica, y el agricultor, el propietario, pueden decidir si se lo venden al acopiador, o si se lo venden al Estado. Eso sirve para que en la cadena de valor, hasta el producto de exportación, haya una participación mucho más equitativa, y no quede todo sobre los hombres del pequeño productor, que tiene muy poca defensa para poder pelear sus condiciones.
El otro aspecto importante, a mi juicio, es cambiar la ley de arrendamientos. La ley de arrendamientos te permite arrendar un campo por períodos muy breves. Se puede arrendar por ocho meses. Hago la cosecha de la soja, la producción de la soja, y me voy. Lo que queda no me importa. Es un negocio financiero. Puramente financiero.
Si yo le pongo un límite y digo: no puede haber arrendamientos menores a cinco años, ya el personaje que actúa como arrendador, ya es otro personaje, porque a ese hombre le interesa qué es lo que queda después.
Amén de algunas otras medidas que, a mi juicio, me parece que son fundamentales.
Una, indudablemente, es lograr que la producción esté absolutamente en blanco. Porque esto supone tener a la gente en blanco. Si hay una posibilidad de que no sea así, no la van a tener.
Y la tercera cosa que haría, aparte de modificar la ley de impuestos, o sea la reforma tributaria, que también es algo de lo que se viene hablando pero no se hace, yo pondría de vuelta el impuesto a la herencia.
El impuesto a la herencia ha sido, en el mundo, el gran divisor de la propiedad. Sobre todo de las grandes propiedades agrícolas. Habrá que ver como se redacta, porque por la vía de las sociedades anónimas existe mucha posibilidad de evadir ese impuesto a la herencia. Pero ese impuesto que sacó Martínez de Hoz, por eso, justamente, reinstalarlo es absolutamente imprescindible para ver si se puede resolver este problema de la tenencia monopólica de la tierra.
Sobre fierros y organización social
-Queda la sensación de que al final, los que mejor se pudieron plantar frente a estas cuestiones fueron comunidades como la de Esquel, Famatina, Gualeguaychú, que dijeron “basta de esto”, ahí se armó la discusión sobre el modelo económico. En cambio este tipo de medidas que usted menciona, más de tipo político, técnico, uno se queda más escéptico respecto a que haya una voluntad real…
-Es que la voluntad hay que imponerla. Yo creo que no hay otra forma.
Para cambiar las cosas en serio hay dos caminos. Uno son los fierros. Algunos países lo han hecho. No sé si lo han podido mantener. Y otro camino es exactamente el de la organización. Si la sociedad civil, la sociedad en general no asume su rol, no recupera partidos políticos. Yo creo que recuperar partidos políticos es recuperar pensamiento ideológico común para que comunidades puedan ejercer una mirada determinada, no importa si es la correcta o no es la correcta, es el debate. Pero me parece que si no hay organizaciones políticas fuertes funcionando, no va a haber grandes posibilidades de grandes cambios.
-Ya que nombramos Famatina, Gualeguaychú, Esquel, ellos no quieren a los partidos políticos, porque se imaginan que si viene el partido se diluye el reclamo. Pero a la vez ellos son una acción política.
-Tienen que asumirlo. Es lo mismo que decir que nosotros no tenemos acción política. Nuestras posiciones son claramente ideológicas, claramente políticas.
-Incluso desconfiar de los partidos políticos.
-Yo creo que se han destruido los partidos, y lo que se están generando ahora son alianzas muy espurias y de una duración, ya no hablemos limitada… No duran nada, son simplemente prebendarias.
-Se ha convertido el político en una especie de oficio.
-A veces, cuando se hace el debate sobre las listas sábana, que es un debate político importante, veo que en Brasil, que no hay listas sábana, los políticos se pasan de partido de la noche a la mañana, con armas y bagajes. De repente usted dice: ¿este estaba en el MPB?, no, ahora está en el PT… y hace cuatro años estaba en otro lado. En cambio la lista sábana tiene la ventaja de que hay un compromiso político, porque lo presenta un grupo, que asume una responsabilidad. Es de suponer que en un país civilizado presenta un programa, un compromiso político, etc. Entonces el individuo ya no es el individuo que decide lo que se le da la gana, está sometido a una disciplina partidaria. Y me parece que es un camino que va a haber que recorrer. Solo que hay que participar, porque si dejás a los políticos profesionales, van a seguir trabajando de acuerdo a su propia mirada, muy particular…
-De conservar el empleo.
-No solamente de conservar sino de acordar y acordar, siempre acordar. Realmente, se diluye hasta lo ideológico. Yo me pregunto, realmente, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite ideológico que tienen hoy los partidos políticos?
Vamos a buscar un ejemplo de gente honesta, que uno puede pensar que es razonablemente desinteresada. El Partido Socialista. Tiene adentro tres grupos claramente diferenciados, pero no están diferenciados por la praxis que les indica a unos hacer tal cosa y a otros otra. No, no. Tienen posiciones diametralmente opuestas. Incluso hay un sector que está ahora claramente vinculado con sectores de la derecha. Entonces uno no entiende nada. Le diría que al Partido Comunista le pasa lo mismo. Y ya no hablemos del radicalismo, porque dentro del radicalismo tienen el karma de tener que recuperar algo de un caudal político importante, entonces como el caudal que le queda ahora está vinculado al agro, porque el poder del radicalismo, prácticamente está en los pequeños pueblos, las pequeñas ciudades, se alineó directamente. Lo veía secretario general del partido radical hablando en un seminario de una fundación alemana de derecha. Ya no hay límites. Entonces la gente mira y desconfía. Y tiene razón en desconfiar.
-Y empieza a haber una confianza en el vecino con el que puedo realizar una actividad.
-Lleva el camino hacia el asambleísmo, hacia los grupos horizontales, a la toma de decisiones, que tampoco son precisamente los que pueden manejar las cosas con mayor criterio.
-Pero en el caso de Famatina, Gualeguaychú, Esquel, tantos otros, son esos grupos los que plantaron la cosa.
-Pero hay algo más que plantear. Hay que plantear una forma de gobierno, y ahí viene el problema.
-El que viene a plantear una forma de gobierno es el que es discutido porque es sospechado por estas cosas que usted dice. La opción es que vaya inventándose un mecanismo nuevo.
-Es cierto, porque hay sectores que logran copar determinados grupos y aparecen como dirigiéndolos y los terminan diluyendo, porque los someten a los intereses de ese pequeño grupo político. Es muy complejo esto. Va a llevar tiempo. Pero es crucial pensar y debatir este tipo de problemas, si es que aspiramos a poder hacer algo más que quedarnos mirando lo que hacen los que mandan.
Nota
Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera
La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.
Por Anabella Arrascaeta
Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.
Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.
Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.
“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.
¿Qué fue lo que pasó?
Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.
¿Ustedes iban a participar del evento?
No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.
¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?
Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.
¿El gobernador qué hizo?
El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.
¿En ese momento te llevaron a la comisaría?
Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.
En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?
Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.
Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?
Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
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