¿Cómo se relaciona el evento deportivo con el efecto de shock de la muerte de El Mencho? ¿Por qué los “narcobloqueos” coincidieron con las zonas donde hay más desaparecidos? ¿Cómo actúa el Estado históricamente ante los reclamos históricos de las familias y las demandas actuales de los negocios? En esta nota desde Ciudad de México, la periodista urugaya Eliana Gilet relaciona las imágenes distorsionadas de un México terrible con otra cara del infierno: más de 137.000 personas desaparecidas en veinte años y un proceso de militarización que recrudece en ancas de un nuevo Mundial de fútbol de junio. La “alianza” de México y Estados Unidos en materia de inteligencia, y un golpe no al narco sino a las comunidades desamparadas entre la desinformación, la violencia y los medios, para que el show siga.

Por Eliana Gilet, desde Ciudad de México

Para el mediodía del domingo 22 de febrero, los medios cantaron a coro la muerte del “capo” y, citando a “oficiales norteamericanos”, ventilaron que existe un grupo de tareas entre México y Estados unidos a nivel de inteligencia militar, que está “mapeando” los cárteles en ambos países. El titular de la nota fue confirmado una hora después por la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando ya había suficiente expectativa creada en torno al tema, la crisis, el fuego y la falta de respuestas, anunciando que el Mencho había muerto camino al hospital producto de las heridas que le causó su detención. Según la Defensa, la operación fue planeada por el Centro Nacional de Inteligencia del Ejército mexicano y la participación noteamericana se limitó al “intercambio de información”.

“Este es el golpe mas relevante desde la caída del Chapo”, opinó al respecto uno de los intelectuales orgánicos del gobierno. A contrapelo de esa versión, la altísima letalidad del operativo contra el Mencho refleja otra característica que las fuerzas armadas mexicanas ganaron desde 2006, con el lanzamiento formal de la militarización del país a caballo de una “guerra contra el narco”. Esto significa que el promedio de gente que sobrevive a un “enfrentamiento” con el Ejército es mínimo, aunque éste siempre declara actuar “repeliendo la agresión”. Fue igual en este caso.

Con el anuncio de su muerte, el ágora pública se llenó de expertos que repitieron la versión oficial de su peligrosidad, delineando el contorno de terrorismo internacional esgrimido por Estados Unidos y demostrando que “el narco” entendido como un poder que ataca al Estado es la fábula perfecta de la actualidad, que es compartida sin miramientos ni críticas porque alimenta la necesidad de ficción en un mundo dónde se decretó el fin de los mitos.

El líder narco oculta siempre más de lo que revela porque, si nunca se ha cuantificado el tamaño de ningún cartel en México, ¿cómo saben cuál es el más grande? Es público, en cambio, que Jalisco lidera las entidades mexicanas con mayor cantidad de personas desaparecidas: son 16 mil.

También podemos pensar que lo sucedido se vincula al próximo Mundial de fúbol en tanto que todo evento deportivo global profundiza la militarización donde va y que la intervención de un territorio para el consumo global, el turismo y la inversión “en experiencias” necesita de experimentos de crisis y control social para consolidarse. La respuesta de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, poniendo paños fríos a las alertas parecen una confesión de parte: “Todo tranquilo, va a ser todo espectacular”, dijo.

En los pueblos donde hubo bloqueos, la vida buscó formas de volver al cauce y mientras las pequeñas tienditas de barrio agotaron su stock atendiendo doble jornada el domingo, las grandes superficies cerraron.

Esta pulsión hacia la paz no debe leerse como una “normalización” de la violencia, sino una muestra de cuán impuestos y poco orgánicos resultan estos eventos para las comunidades afectadas.

Así, los “narcobloqueos” son padecidos por las poblaciones locales, pero consumidos por el público extranjero. Una compañera de Puerto Vallarta contó cómo los turistas esperaban para tomarse fotos frente a los automóviles quemados en la Plaza Caracol, dentro de la zona hotelera, como parte del atractivo que dejó el domingo gris. El ejemplo más claro de esta pos verdad violenta es que, aunque nunca hubo hombres armados en el aeropuerto de Guadalajara, la difusión de esta idea provocó avalanchas y corridas en la gente que estaba ahí y el registro de esta crisis fue usado luego como evidencia de algo que no sucedió.

Loco, ¿no?

La voluntad de explotar un territorio plenamente habitado obliga a alimentar la idea que una intervención militar es necesaria, está justificada y debe ser aplaudida por todos: “México tiene unas fuerzas armadas extraordinarias, son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión y patriotismo. Nuestro mayor reconocimiento a ellos, México debe sentirse orgulloso de nuestras fuerzas armadas”, dijo la presidenta, Claudia Sheinbaum, al otro día de los sucesos.

Apenas una semana antes, las familias en búsqueda lanzaron un llamado a ocupar el evento inaugural del Mundial para poner el foco en la crisis que mantiene a 137 mil personas desaparecidas en México; llaman a rodear el estadio con las fotos de sus desaparecidos. Buscan así generar presión internacional sobre las omisas autoridades nacionales, que ignoran las necesidades de las familias, pero han dispuesto todos sus recursos, económicos y simbólicos para lavar su rostro en la fiesta mundialista.

Con apenas cien días restantes para el inicio de la Copa, el impacto del “abatimiento” del Mencho es calculado en ganancias por las empresas intermediarias del evento, que venden la “experiencia segura” a quien busca aislarse en una burbuja de consumo y desigualdad, en medio del caos que México les representa.

Para estas empresas, el “cartel” funciona como una amenaza a la que responden con protocolos que ellas mismas venden. Para el gobierno, es la pancarta que tapa el verdadero alcance de sus alianzas con el decrépito poder del norte; y para las viejas y esquivas estructuras de inteligencia militar es una bebida energizante y un pase libre para practicar, en su traspatio latinoamericano, las nuevas formas de la guerra.   

Los “narco”bloqueos virales

Podría haber sido un domingo gris y frío de febrero tras una tórrida semana, pero las aplicaciones de nuestros teléfonos tenían otros planes. A eso de las diez, cuando la primera taza de café de la mañana humeaba haragana en la mesa, comenzaron a circular los reportes de cortes de ruta en Reynosa, Tamaulipas, en la frontera norte del país. Enseguida llegaron a Jalisco y a la zona metropolitana de Guadalajara, donde la gente que no había mirado sus teléfonos corrió media maratón sin inmutarse: mas de veinte mil personas, a quienes las llamas virtuales no habían alcanzado todavía. No es puro capricho mencionar al clima: es una llave para marcar distancia entre estos mundos -el virtual y el cotidiano- y con ella, las grietas de una operación mediática masiva.

Entonces: si las redes lo trajeron, los medios del mainstream lo replicaron. El primero en salir al quite fue el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a quien sí lo estaban agarrando las llamas. Según datos del colega tapatío, Ruben Martín, el 26% de este Estado fue afectado con cortes carreteros idénticos. Treinta y tres municipios donde anónimos grupos de hombres armados, robaron automóviles y camiones para atravesarlos en las rutas y prenderlos fuego. Uno fue ubicado en la entrada del estadio Akron, donde se va a jugar el Mundial en Guadalajara, causando la suspensión del partido femenil previsto para esa mañana gris.

Entonces: mientras se le prendía fuego el Estado, el gobernador de Jalisco se sacó de encima el problema al brindar -hábilmente- un sentido a las manifestaciones y articular la idea del “narcobloqueo”: “Fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos de la zona. A raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros de Jalisco, individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades”, publicó en la plataforma X con poca rigurosidad institucional pero eficiente impacto mediático. Luego convocó a su gabinete de seguridad para actuar “a la altura de las circunstancias y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población”.

Esto tuvo distintos efectos. Por un lado, gobernar desde la virtualidad abarata el poder de la palabra porque de repente, las plataformas estaban emulando al gober Lemus y marcando códigos rojos en el resto del país.

Con el pandémico mensaje de “quédate en casa”, la app de GPS Waze -popular para conducir- emitió sus propias alertas en Ciudad de México, donde no hubo ningún evento del estilo descrito.

Por otro, porque los polis se tomaron demasiado a pecho el código rojo y ni ellos salieron. Retomando el trabajo de la periodista Carolina Gómez Aguiñaga, ningún cuerpo de seguridad se hizo presente en los barrios de Puerto Vallarta (Jalisco) el epicentro de los “narcobloqueos”, como se les llamó en todos lados, hasta el lunes. “El golpe a esta ciudad que vive del turismo se va a sentir en las próximas semanas y la gente está a la expectativa de si ya pasó lo peor; están muy desilusionadas por la actuación de las autoridades, porque el domingo no tuvimos policía municipal, tránsito, no hubo policía estatal, ni militares, ni la Marina. Ellos salieron hasta después de las cinco de la tarde, y solo patrullaron la zona turística de la ciudad. La gente les reclamó, ¿por qué no llegaron el domingo?”

Notoria diferencia con el gigantesco despliegue policial visto en la Ciudad de México para contener y “encapsular” entre uniformados -durante todo su recorrido- a diversas manifestaciones sociales en rechazo al Mundial, que se han sucedido desde mitad del año pasado.    

Tal vez esa política de brazos caídos evitó que más gente muriera en los bloqueos: se reportó oficialmente la de una mujer en Zapopan, tras recibir un disparo durante la intervención de la Guardia Nacional en un corte. El periodista Ernesto Martínez Elorriaga, desde Michoacán -el estado vecino a Jalisco dónde también hubo fuertes “narcobloqueos”- informó otras tres muertes de personas que “estaban tratando de poner un bloqueo cuando llegó la policía”.

Aparte de eso, explicó, “no ha habido ataques contra la gente, nomás la incertidumbre y el miedo que generan estos bloqueos, que los hacen en minutos y no son más de diez personas”. El veterano corresponsal del diario La Jornada desafió, con su mirada experimentada, la comprensión de lo que entendemos por “el narco” con este dato: “Es lamentable y complicado porque ni siquiera son integrantes del crimen organizado, no sé si los controlan con dinero o por amenazas, pero ya la gente sabe qué comunidades son las que participan de este tipo de bloqueos”.

El narco-Estado

Esta frontera entre Michoacán y Jalisco es un corredor cultural ancestral, territorio de las comunidades purépechas, originarias de la zona que padecen especialmente la instalación de esta guerra contra la gente que se expresa en desaparecidos, fosas clandestinas y un pánico absoluto ante la idea de denunciar públicamente. El colectivo de familias en búsqueda de personas desaparecidas, Guerreros buscadores de Jalisco, denuncian haber hallado casi 500 bolsas con restos humanos durante los últimos cuatro años. En particular en un sitio llamado Las Agujas, donde más de la mitad emergió durante la excavación para construir los pilares de un conjunto de departamentos vecino.

El domingo esa frontera, no casualmente, padeció de múltiples “narcobloqueos”.

Conocí esto de cerca gracias a una familia de otro lado, que tenía aquí a un hijo desaparecido. Marwuan Uriel Andrade Martínez, 27 años, padre de dos niñes, llegó a La Barca, Jalisco, a trabajar repartiendo pizzas para una familia amiga. En febrero de 2021 fue desaparecido junto a otros dos de sus compañeros tras avisar que los había parado la policía de Sahuayo, Michoacán, de este lado de esa frontera imaginaria.

El de Marwuan fue uno de los primeros funerales de un desaparecido que cubrí, porque sus restos fueron hallados a mitad del 2022, junto a los de sus compañeros en una fosa clandestina ubicada dentro del parque ecológico Los Negritos. Gracias a que las compañeras de Michoacán protestaron para que se hiciera la búsqueda en este parque y luego difundieron los datos que tenían sobre las 25 personas que fueron exhumadas de allí, Adriana Martínez pudo reconocer los calcetines de su hijo en una foto.

La madre del desaparecido fue hostigada al ir a reclamar su cuerpo y cuando logró regresar a Marwuan para “sembrarlo” cerca de su casa, notó que la autoridad había puesto la fecha de su desaparición como la de su muerte en el certificado de defunción. Así, borraron administrativamente el tiempo que estuvo desaparecido y le causaron a la familia otro problema: en el panteón del pueblo nadie entendía cómo habían tardado un año y medio en darle sepultura.   

Hace dos años, al cumplirse nueve de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familias y compañeros escracharon la sede del CNI en Ciudad de México señalando a la inteligencia militar como “perpetradores de la impunidad y la injusticia” y denunciando su responsabilidad en ocultar el paradero de los jóvenes como Marwuan, que llevan once años y medio desaparecidos, y cuya lucha cambió el país y la percepción internacional que se tiene sobre él.

Las familias de Ayotzi son un faro permanente que nos recuerda que más allá de cualquier lectura sobre el narco que haya, el gobierno y el Estado son los verdaderos responsables de la desaparición de la gente.

El último monitoreo realizado en la temporada 2024 y 2025 indica que el frente de ambos retrocedió en promedio 60 metros y que perdieron 30 metros de espesor. Advierten que la situación se agravará si se modifica la Ley de Glaciares, proyecto oficialista que se debatirá en el Senado este jueves que busca incrementar el nivel de destrucción de esos bienes comunes para favorecer la megaminería.

Por Alejandro Pairone/ Tiempo Argentino (www.tiempoargentinoar.com.ar)*

“El acelerado retroceso enciende las alarmas y debe considerarse a la hora de la planificación y gestión de los recursos hídricos en el corto y mediano plazo”. La frase marca el tono inquietante que expresa el informe oficial sobre el último monitoreo de los glaciares Hielo Azul y Perito Moreno, ubicados al noroeste del El Bolsón.

Al igual que muchos otros a lo largo de la Cordillera de los Andes, ambos ventisqueros pierden su masa a una velocidad creciente y anticipan severos problemas con el abastecimiento de agua en las cuencas circundantes, además de las poblaciones aledañas y sus zonas rurales.

Los datos surgidos del último monitoreo realizado en la temporada 2024/2025 (los de 2026 se conocerán en abril) confirman la tendencia advertida desde que se iniciaron las mediciones en 2011: entre los extremos del registro, el frente de ambos glaciares retrocedió en promedio 60 metros, con una velocidad media de 5 metros anuales; ambos perdieron unos 30 metros de espesor y redujeron la superficie de hielo en un 47,5%, el Perito Moreno, y en 23% el Hielo Azul.

El marcado retroceso de los ventisqueros de El Bolsón se contextualiza en el rigor del cambio climático que en la zona aumentó las temperaturas promedio en más de un grado centígrado y redujo las precipitaciones casi en un 20%, según los datos del monitoreo.

Pero se verá significativamente agravado si el bloque de poder gobernante referenciado en el presidente Javier Milei logra esta semana modificar la Ley de Glaciares con la intención de habilitar la megaminería en los ambientes periglaciares, lo que ocasionará una crisis ambiental irreversible.

Los datos duros del informe son estremecedores. El Glaciar Hielo Azul, ubicado entre los 1700 y los 2170 metros de altura en el cerro homónimo, pasó de tener una superficie de 51,5 hectáreas en 2012 a menos de 40 en 2024, lo que equivale a una reducción del 23%; el espesor del hielo decreció 33 metros en igual período con una pérdida promedio de dos metros anuales pero picos abruptos de hasta siete metros, como se verificó en 2021.

Desde 2012 el Hielo Azul perdió una masa de 1.711.069 metros cúbicos de hielo, lo que equivale a un flujo de agua de 54 litros por segundo. Son 4.665.600 litros por cada día del año que se pierden de un glaciar y ya no serán recuperados.

El glaciar Perito Moreno, en la peor situación

Ubicado entre las cotas 1950 y 2040 del cerro del mismo nombre, donde además como si fuera poco hay un centro de esquí concesionado a un empresa ligada familiar y societariamente a Lago Escondido, el Glaciar Perito Moreno padece una situación peor que la del Hielo Azul: sólo en la última década (2016/2025), perdió el 47,5% de su superficie, al caer de 93.174 metros cuadrados en 2016 a 48.925 metros cuadrados en 2025.

Desde 2012 el Perito Moreno perdió 28 metros de espesor y su frente retrocedió 56,6 metros, a un promedio de cinco metros anuales pero con picos de 10 metros entre 2015 y 2017. Solo desde 2020 su masa de hielo se redujo en 717.109 metros cúbicos, equivalente a una pérdida de dos millones de litros de agua por día. Tal es su estado de debilidad que en 2022 el frente del Glaciar se fracturó en dos masas diferenciadas.

Tanto el Hielo Azul como el Perito Moreno son insustituibles para el abastecimiento y estabilización de las cuencas hídricas que derivan hacia un entramado de cursos de agua que riegan el Paraje Rural Mallín Ahogado, por el rio Pedregoso, y a las localidades de El Bolsón y Lago Puelo, por el Río Azul que desemboca en el Lago Puelo. Millares de familias y de actividades rurales, educativas y turísticas dependen de ese ecosistema en peligro.

Los dos glaciares se encuentran dentro del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (Anprale) que depende del Gobierno de Río Negro. Pero ni los responsables del Anprale ni las autoridades provinciales parecen tomar con seriedad la grave situación ambiental, al permitir que operadoras privadas utilicen al Hielo Azul y al Perito Moreno para actividades turísticas, hasta con saldos trágicos evitables.

Retroceso del Glaciar Hielo Azul.

El 1 de febrero de 2023 una persona murió y otra resultó gravemente herida cuando hacían una excursión de trecking por una cueva del Hielo Azul que se derrumbó y los aplastó. Para entonces, el Estado provincial ya contaba con información sistemática y confiable sobre la endeble situación del Glaciar pero decidió desentenderse de la prevención y no controlar las excursiones por la zona.

Tampoco atienden las excursiones de trecking al Glaciar Perito Moreno que organiza en verano la empresa Laderas del Perito Moreno, concesionaria del centro del esquí. Fuentes provinciales confirmaron a Tiempo Argentino la ausencia oficial de controles y verificaciones de seguridad: “sólo hay que anotarse, como cuando se ingresa al Anprale”, revelaron.

Laderas del Perito Moreno además intenta construir un lujoso barrio privado en la base del centro de esquí desde hace más de un década, sobre un Área Natural Protegida (ANP). Para ello cuenta con el respaldo de la multinacional Hidden Lake (Lago Escondido) del indultado exconvicto Joe Lewis, el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente local Bruno Pogliano, quien fue contador de la empresa y es uno de sus mayores lobbistas.

Las mediciones anuales de los Glaciares las realizan desde 2012 técnicos y especialistas del equipo de Hidrometeorología del Departamento Provincial de Aguas (DPA) de Río Negro, luego de que la provincia adhiriera a la Ley 26639 que estableció el “Régimen de Presupuestos Mínimos para la protección de los Glaciares y del ambiente Periglaciar”, que ahora el régimen de los libertarios pretende desaparecer.

Cada año los especialistas rionegrinos hacen las mediciones que vuelcan a detallados informes que describen no solo la situación del hielo, sino también el contexto climático, su relación con el régimen hídrico y la evolución temporal. Son decenas de páginas con información, mapas, fotografías y tablas históricas que brindan un panorama preciso sobre tragedia ambiental.

“Los Glaciares constituyen elementos emblemáticos del paisaje andino, que deben ser estudiados, monitoreados y protegidos para conocerlos y preservarlos en su estado natural”, subraya el informe oficial 2024/2025.

*Esta nota es parte de la articulación de la Unión de Medios Autogestivos (UMA): El Ciudadano (Rosario), Revista Cítrica (Buenos Aires), El Diario del Centro del País (Villa María), Tiempo Argentino (Buenos Aires), Lavaca (Buenos Aires), Agencia Tierra Viva (Buenos Aires) y Lawen Documental (Buenos Aires).

Periodistas de distintos medios de comunicación de todo el país convocaron para mañana a las 10 una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación en defensa de la herramienta legal que protege el oficio periodístico y busca ser derogado con la reforma laboral del Gobierno. Esta nota cuenta cómo se lo logró construir este instrumento para resguardar no sólo el trabajo sino también la calidad y la diversidad de la información.

Por Claudia Acuña

La primera vez que los periodistas argentinos decidieron tener un día en el calendario tuvo una clara intención: señalar un parto. Lo que así nacía era una visión del rol político y social de la comunicación y sus actores, que hoy conviene recordar porque las circunstancias se repiten burdamente. Por entonces, lo que aquellos periodistas pretendían era un marco legal acorde con las transformaciones que habían convertido la producción de la noticia es un negocio monumental e impune, amparado en protecciones y prebendas que se justificaban con el escudo de la libertad de expresión. Aquellos periodistas se hicieron entonces una pregunta clave: ¿son las empresas las que garantizan ese derecho social? ¿O se amparan en él para defender sus privilegios?  Para responder este dilema, el Círculo de la Prensa de Córdoba organizó un Congreso Nacional de Periodistas que se llevó a cabo en la capital mediterránea el 25 de mayo de 1938. La invitación tenía objetivos concretos: evitar “las formulaciones líricas” y obtener “resultados prácticos”. El trabajo de los delegados dio como resultado el borrador del Estatuto del Periodista –que lograron imponer seis años después- y la consagración del 7 de junio como la fecha marcada en el calendario para pensar qué representa “la libertad de pensamiento”, tal como definió uno de los principales impulsores del encuentro, el periodista Octavio Palazzolo. Las dos cosas fueron resultado del cambio de paradigma con el que aquel Congreso enfrentó la cuestión: el Estado garantiza la libertad de expresión cuando protege la labor de los periodistas y no a las empresas.

El cambio que representa esta mirada es producto de dos cuestiones centrales: una definición clara sobre la identidad del periodista profesional y una coyuntura histórica tan excepcional como la de hoy.

Por eso mismo, conviene recordarla.

Ser o no ser

En Rosario y en 2007 fue publicado el libro Prensa y peronismo[1] que dedica su primer capítulo a recordar esta historia. Su autor es James Cane. Se trata de una investigación sobre el contexto, sanción y consecuencia del Estatuto del Periodista, a quien Palazzolo –uno de sus principales redactores- presentó entonces con una frase que no pierde vigencia: “Ha resultado superior a la conciencia gremial, y hasta me atrevería a decirlo, al término medio de la mentalidad de los hombres que constituyen nuestro gremio”.

¿Por qué un Estatuto que fija las condiciones laborales de los periodistas profesionales tuvo y tiene una importancia estratégica en el análisis de la historia política de los medios de comunicación comerciales en la Argentina? En principio, tal como recuerda Cane en su capítulo, porque fue resultado de un proceso de transformación de la producción de la noticia, en particular y del periodismo mismo, en general. Una síntesis gruesa:

• Hasta comienzos del siglo XX, el periodismo argentino mantenía las características que le dieron origen: una forma de expresión de ideas de sectores sociales que intentaban, por medio de la prensa, defenderlas, difundirlas e imponerlas. Medio y periodistas estaban unidos en esas tareas. Los periodistas se consideraban a sí mismos y eran considerados por los demás como intelectuales cuyo único interés era el triunfo de sus ideas.
• En 1910 comienza otra historia: la del espectacular desarrollo de la prensa escrita. Señala Cane: “Esta transformación había convertido a la capital argentina en el mercado periodístico más grande de América Latina. A mediados de la Década Infame, cinco medios impresos –Crítica, Noticias Gráficas, La Prensa, La Nación y El Mundo– mantenían una circulación que superaba con exceso los 2 millones de ejemplares diarios. Hasta un diario de baja circulación para el contexto porteño, como el socialista La Vanguardia, equiparaba su tiraje con el de los diarios comerciales más vendidos en Chile y en Colombia”.
• Esta transformación alcanzó, por supuesto, a las relaciones de producción. Semejante crecimiento no podía sostenerse con camaradas de ideas y amigos de la causa.
• El periodismo se transformó en industria, pero sin reconocerlo. “Los dueños de los diarios insistían, en forma unánime, en que el carácter económico de un periódico seguía siendo accesorio a la función normativa de la prensa como vehículo de la opinión pública fiscalizadora de los actos del Estado. Hasta en las páginas de Crítica, un órgano que tanto hacía para cambiar las características de estos medios, se negaba que el diario fuera una entidad comercial. Esto era sostenido como una posición de principios, pero también como una forma de desmentir que la relación diario-lector estuviera basada en un intercambio mercantil antes que en una relación de afinidad espiritual”, apunta Cane.
• La diferencia entre ser y no ser una empresa comercial no era un mera cuestión filosófica, sino fundamentalmente legal. La actividad entera quedaba amparada por la Constitución, pero fuera de cualquier otra ley y sus trabajadores, sin derechos.
• Los trabajadores de la industria periodística comenzaron a exigirlos, acompañando la tendencia a la sindicalización que caracterizó esa etapa del país. Los gráficos y canillitas fundaron sus sindicatos. No así los periodistas, que no aceptaban reconocerse en un espejo proletario. En palabras de Palazzolo: “Por un lado estaban los que hinchados de una enorme vanidad seguían alimentando la leyenda del periodista […] quijotesco, heroico, que sólo vivía para difundir ideas; por otra parte estábamos los que habíamos superado ese magnífico pretexto, destinado a pagar sueldos de hambre, a enriquecer a las empresas o a solventar los lujos de algún director-propietario”.
• La innovación jurídica más temida vino sorpresivamente desde el Poder Judicial. Dos jueces federales dictaminaron a favor de los periodistas Manuel Sofovich y Oscar di Leo en las demandas por despido sin indemnización que habían entablado contra los dueños de Noticias Gráficas y La Prensa, respectivamente. El juez Eduardo Broquén fue particularmente claro en su rechazo de los argumentos de los abogados de La Prensa, quienes habían declarado que su cliente no podía ser clasificado como “comerciante” precisamente porque el diario del que era propietario se ocupaba exclusivamente de la difusión de noticias. Al contrario, para el juez, se trataba de “un establecimiento eminentemente mercantil” y los periodistas, por lo tanto, debían legalmente considerarse como trabajadores cuyos derechos estaban protegidos. Conviene aclarar que en esa época el diario La Prensa contaba con 1.698 empleados “invisibilizados” por la magia del argumento de la excepción, hijo ilegítimo de la libertad de expresión.
• “Esta situación de ambigüedad y conflicto daba nueva urgencia a dos cuestiones: ¿los periodistas eran realmente trabajadores? La necesidad de respuestas llegó a ser aún más perentoria luego de una serie de contradictorias decisiones judiciales frente a las demandas de los periodistas de la ciudad de Córdoba”, consigna Cane en su investigación. Ese fue el contexto que dio origen al Congreso Nacional.
•  El 24 de mayo de 1938 –día anterior a la reunión– el Círculo de la Prensa cordobés dio un comunicado donde se buscó dejar en claro que el propósito de los delegados era, nada menos, que rearticular las concepciones hasta el momento dominantes sobre el significado de la profesión. «Sin razón que lo justifique”, declaraban los periodistas cordobeses, “se habla todavía de la ‘bella bohemia periodística’”, una noción que no hace otra cosa que inferir “un agravio a los más respetables trabajadores intelectuales con que cuenta la sociedad” en una negación anacrónica de las transformaciones que habían creado la prensa industrial moderna. El Congreso Nacional de Periodistas, en cambio, “rompe con estos conceptos novecentistas […] para colocar al gremio en primer plano, resuelto a ganar […] las garantías morales y materiales que considera justas para hacer posible su convivencia dentro del núcleo social”.

Así se proclamó el Día del Periodista y se redactó el Estatuto profesional. Cómo se logró que se convierta en ley es otra historia que también se parece a la de hoy.

La diferencia entre medios y opinión pública

Dice Cane en su capítulo:

“Además de reconocer que los periodistas eran trabajadores de empresas comerciales, el borrador del estatuto también introducía una modificación importantísima en una idea clave para la concepción decimonónica de los derechos de prensa, que a su vez servía de base para la jurisprudencia federal. Esto es, que el Estado necesariamente encarnaba la amenaza principal para el buen funcionamiento de los medios impresos de difusión”. El encargado de exponer este argumento fue el periodista Ernesto Barabraham, quien firmaba como Ernesto Maury en el diario La voz del interior. Su razonamiento fue el siguiente: “dada la complejidad de la división de trabajo en la prensa moderna, las relaciones entre periodistas y propietarios habían dejado de ser puramente privadas para convertirse en una cuestión pública. En las disputas cada vez más notorias entre periodistas individuales y propietarios de grandes diarios, sólo el Estado tiene la capacidad de ejercer una mediación y defender a los primeros, que son, al fin de cuentas, los que producen el contenido público de los diarios”. Los delegados no sólo aprobaron el borrador del proyecto presentado por Barabraham, sino que también establecieron la Federación Argentina de Periodistas (FAP), una confederación de las organizaciones de periodistas de todo el país que tendría por misión inmediata lograr la aprobación del proyecto por parte del Congreso nacional.

Pero la situación política de entonces estaba lejos de mostrar la cara de un Estado benefactor. “Si el autoritarismo del presidente Castillo hacía que el Estado pareciera cada vez más amenazador para los intereses de periodistas y propietarios, el Gobierno surgido del golpe militar de junio 1943 estuvo aún más dispuesto a usar la represión como elemento fundamental de sus relaciones con la prensa. El intento del régimen, encabezado por el general Ramírez, de crear un ambiente en el que la prensa quedara esencialmente silenciada, culminó con el decreto 18407, en el que el Gobierno dictó medidas estrictas de censura sistemática y –lo más novedoso– de carácter permanente”, sintetiza Cane.

¿Cómo un decreto de censura permanente fue derogado por otro que consagraba el Estatuto del Periodista Profesional? La respuesta tiene nombre y apellido: Juan Domingo Perón. El joven coronel que, desde el Departamento Nacional del Trabajo, venía gestando un intento de acercamiento a la prensa. El clásico razonamieto peronista de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos abrió la puerta a los periodistas delegados que presentaron el proyecto gestado en aquel Congreso de seis años atrás. “Las razones de la temprana inclusión de los periodistas en esta primera ola de reformas laborales no son difíciles de imaginar. Los periodistas ocupaban una posición clave en la producción y circulación de dos ‘mercancías’ fundamentales para la elaboración de cualquier proyecto político: información e ideología. Así, donde el régimen militar torpemente intentaba pacificar a la prensa a través de una censura férrea y no lograba mucho más que unificar a lectores, periodistas y propietarios en contra de la medida, el reemplazo del decreto 18407 por el Estatuto del Periodista significaba un cambio fundamental en la relación entre las autoridades y los medios de comunicación. Perón, en efecto, buscaba usar las divisiones de clase dentro de las redacciones no sólo para fracturar internamente a cada diario opositor, sino también para ganar la simpatía activa de los productores directos de buena parte de la información y la ideología que vastos sectores del público argentino consumían en forma cotidiana. En lugar de silenciar a la prensa, el Estatuto formaba una parte importante del intento más ambicioso de tener mayor influencia sobre la articulación de la llamada opinión pública”.

Las lecciones de ayer

“Considerar este decreto como una simple jugada por parte de Perón y las autoridades militares para ‘cautivar a los trabajadores de la prensa’ (Sirvén, 1984: 24) deja de lado el rol fundamental y consciente que los propios periodistas desempeñaron en la evolución de las relaciones entre el Estado y los medios impresos” senala Cane.

Se podría inferir algo similar de la tarea que desarrollaron quienes se encargaron de elaborar los 21 puntos para una radiodifusión democrática que sentaron la base legal y social de la Ley de Servicios Audivisuales. Fueron 300 organizaciones sociales que en 2004 redactaron un documento que se convirtió en una herramienta de acción y presión. Y que cuando fueron llamados por los enemigos de sus enemigos, ya sabían qué pedir y cómo.

La casualidad o la historia coloca aquel borrador del Estatuto y ese documento de los 21 puntos a una misma distancia: seis años tardaron en convertirse en ley. Los dos fueron, también, el resultado de un profundo replanteo sobre el rol del periodismo, el Estado y las empresas. Que el de ayer lo pudieran hacer los periodistas de las grandes empresas y el de hoy, los que trabajan en la comunicación social nos indica cuál es hoy la trinchera desde donde se defiende aquello que Octavio Palazzolo nos señaló hace casi 88 años cuando marcó una fecha en el calendario.

La de hoy, cuando nos toca defender ese legado.