Sigamos en contacto

Nota

Jujuy: de Héctor Tizón a Tilcara, otro freno a las mineras

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Con un fallo fundamentado en el voto de un juez que además es uno de los más reconocidos escritores de habla hispana, Héctor Tizón, los vecinos autoconvocados de Tilcara y Juella, Jujuy, obtuvieron sentencia favorable del Superior Tribunal de Justicia de la provincia (la corte suprema jujeña) que en términos prácticos detiene la instalación de una mina de uranio en la zona de la Quebrada (en territorios de comunidades indígenas).
Jujuy: de Héctor Tizón a Tilcara, otro freno a las mineras
Tizón planteó el peligro cierto de contaminación por parte de las mineras “hasta que se demuestre lo contrario”, definió el derecho a un medio ambiente sano como un Derecho Humano Fundamental, mencionó los posibles daños generacionales y calificó como “papelón internacional” dejar en manos mineras una zona como la de la Quebrada, considerada Patrimonio de la Humanidad.
El caso había provocado un estado de movilización durante los últimos dos años en esa zona, tal como se reflejó en Mu n° 17 (ver más abajo).
El Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, había rechazado el recurso de amparo presentado por los vecinos, pero ahora la máxima instancia judicial, fundada en el voto del juez Tizón, vuelve a darle cabida.

Cianuro, mercurio & compañía
Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara contra la Minería a Cielo Abierto explicaron en un comunicado que el recurso de amparo contra la minera Uranios del Sur había sido presentado el 1° de agosto del 2008, “exigiendo que el Juzgado Administrativo de Minas se abstenga de otorgar permisos de cateos, exploración, y explotación minera a cielo abierto y la utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio, acido sulfúrico, y otros tóxicos similares utilizados en los procesos de producción y/ o industrialización de minerales metalíferos, especialmente de uranio, y que se revoquen los permisos concedidos o en tramite en la zona de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy”.

Jujuy: de Héctor Tizón a Tilcara, otro freno a las mineras

Parte de las bolsas con pastillas de cianuro que Mu encontró en la mina Pan de Azúcar, en la Puna. En la Quebrada querían instalar una mina de uranio.


La empresa había tramitado permisos en 14.100 hectáreas en la zona Juella y Yacoraite, sobre los territorios de las Comunidades Aborígenes de Yacoraite y El Angosto de Yacoraite.
El dictamen del máximo tribunal se basó en los argumentos expuestos por el juez del Tribunal, Presidente de trámite, el Dr. Héctor Tizón. (Expte 6706/09). 


Tizón reconoció la plena vigencia del “principio precautorio” consagrado en el art. 4º de Ley General del Ambiente 25.675, del año 2002, que reglamenta el art. 41 de la Constitución Nacional, que postula que cuando haya peligro de daño grave e irreversible -como lo es la explotación minera a cielo abierto- se debe actuar a favor de la protección del medio ambiente. En este sentido no es necesario esperar que se produzca el daño, ya que el mismo resulta irreversible. 


Lo que escribe un juez
Jujuy: de Héctor Tizón a Tilcara, otro freno a las mineras

Juez y escritor Héctor Tizón


El juez Tizón aseguró además que “los daños causados al medio ambiente, una vez producidos, resultan en la práctica de casi imposible reparación”.
Agregó: “Cabe presumir, hasta tanto se demuestre lo contrario, que por lo menos existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas de las mineras en la zona produzcan contaminación, y conlleven un daño ambiental”.
Otro argumento: “No es posible prescindir de la preservación del derecho a un ambiente sano y no contaminado, Derecho Humano Fundamental”.
Tomando otro paradigma del derecho ambiental moderno, Tizón mencionó el de daños generacionales: “Es decir aquellos que por su magnitud repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras”.

Otro cuestionamiento del voto de Héctor Tizón: “Resulta un absurdo contrasentido permitir nuevas explotaciones, como las mineras a cielo abierto, en un territorio declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO en 2003, ya que ese título es revocable”, y tildó de “papelón internacional”, a la posible revocación de esa consideración, asegurando además que la misma “causaría seguramente daños a la infraestructura turística ya realizada” 

Olimpiadas de ignorancia

En el dictamen el Superior Tribunal cuestionó además fuertemente al Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, conformado por los jueces Sebastián Damiano, Benjamín Villafañe y Luis Oscar Morales, quienes según los fundamentos de Tizón “desatendieron e ignoraron olímpicamente” la existencia de presuntos daños ambientales en 8 causas penales, asentadas en los Juzgados Federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy (los torneos de ignorancia olímpica por los derechos ambientales se verifican no sólo en Jujuy).

Casi como despedida, consideró que “la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo no se ajustó a derecho vigente y que por el contrario, adoleció del vicio de arbitrariedad, por ser incongruente y autocontradictoria”.
El Superior Tribunal (con las firmas de los jueces José Manuel del Campo, Maria Silvia Bernal, Sergio Jenefes y Sergio González, decidió revocar la sentencia anterior (negativa para los vecinos), y remitir nuevamente al Tribunal de origen, el expediente para que se vuelva a considerar el pedido de la comunidad de Tilcara organizada en asamblea. 

“No permitiremos el saqueo”

En su comunicado, los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella plantean, textualmente:

* Constatamos con suma satisfacción que, no solamente, el Superior Tribunal de Justicia ordena revocar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, sino que también alude claramente a muchos conceptos ambientales que, por nuestra parte vamos sosteniendo y defendiendo contra vientos y mareas desde hace dos años.
* La gran minería a cielo abierto es la peor opción de “progreso” para nuestra provincia, como quieren hacernos creer. Mueve mucho dinero entre pocas personas; contamina el medio ambiente, ahora y para nuestros hijos; usa millones de litros de agua diarios, secando arroyos y napas de agua, perjudicando la agricultura y la ganadería, arruinando definitivamente la vida en el campo y los pueblos de la Quebrada y la Puna.
* Hoy existen numerosos casos de contaminación en nuestra Puna, reconocidos por el propio gobierno provincial y las empresas, y denunciados penalmente, causas radicadas en las Fiscalías Federales de Jujuy. Exigimos que se investiguen estas causas penales por delitos ambientales que se encuentran cajoneadas en las Fiscalía federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy, a cargo de los Fiscales Batule y Snopek.
* Reiteramos nuestros reclamos a la Legislatura de la provincia y al Gobernador, para que se prohíba la minería a cielo abierto, con el uso de sustancias químicas.
*No queremos la minería a cielo abierto contaminante en nuestras tierras y ríos. Estamos por la defensa de la vida, de la tierra y del agua, y por tanto de los cultivos y la ganadería que hacen a la vida tradicional quebradeña, y están fuertemente ligadas a la cultura de la tierra y al paisaje.
* No toleraremos la explotación minera en la zona. No permitiremos el saqueo de nuestros bienes naturales. Resistiremos con la fuerza que nos da la defensa de lo nuestro y de los nuestros, de nuestra salud y del futuro de nuestros hijos, de nuestras formas de vida, de nuestra cultura y de nuestra Madre Tierra.
Datos de un juez

Héctor Tizón nació en Yala, Jujuy en 1929. El último mes de octubre cumplió 80 años. Fue abogado, periodista, diplomático. Es de los argentinos que debió exiliarse en 1976, tiempos de la dictadura (más candidatos para las olimpiadas de la ignorancia). Como novelista y cuentista ha sido traducido al francés, inglés, ruso, polaco y alemán. Ganó toda clase de premios y reconocimientos locales e internacionales, incluido el del gobierno francés que lo consideró Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. En Palpalá una calle lleva su nombre.

Y no necesita de estas enumeraciones para saber que cuenta con lo más difícil de lograr: el prestigio y el respeto.

Sus obras:

  • A un costado de los rieles (1960)
  • Fuego en Casabindo (1969)
  • El cantar del profeta y el bandido (1972)
  • El jactancioso y la bella (1972)
  • Sota de bastos, caballo de espadas (1975)
  • El traidor venerado (1978)
  • La casa y el viento (1984)
  • Recuento (1984) (antología personal)
  • El hombre que llegó a un pueblo (1988)
  • El gallo blanco (1992)
  • Luz de las crueles provincias (1995)
  • La mujer de Strasser (1997)
  • Extraño y pálido fulgor (1999)

Para entender el conflicto


Mu estuvo en Tilcara y la Puna en 2008, investigando los temas mineros en Jujuy, y las movilizaciones de las comunidades y organizaciones que dieron nacimiento a este fallo.

Fue la tapa del número 17 de la revista: “A la gran Puna”, una radiografía de la sociedad y de un negocio, que permitió detectar incluso las bolsas de cianuro en minas abandonadas. Este es el texto completo de aquella crónica.

Apunando a las mineras


Jujuy: de Héctor Tizón a Tilcara, otro freno a las minerasUna movilización vecinal logró frenar la amenaza de explotación de uranio en una provincia que todavía lucha contra las consecuencias del saqueo con la complicidad estatal: en Abra Pampa el 80 por ciento de los chicos está contaminado con plomo; en Pan de Azúcar, el cianuro está a la vista. Los venenos del modelo minero. Y sus antídotos.

En la mina Pan de Azúcar, caminando entre polvo de cianuro derramado de las bolsas de plástico con dibujos de calaveras, es posible abrirse a dilemas de orden moral y nasal. Ejemplos:

¿Cómo puede esta mina célebre, abandonada y letal, estar abierta así, sin control alguno, ni siquiera un alambrado, a 100 metros de una escuela?

¿Qué olor tiene el cianuro?

La primera pregunta quedará brevemente en suspenso. Sobre el olor, Ariel Méndez, integrante de Red Puna, no termina de decidirse: “Es cortante”. A Noemí Cruz, una joven mamá kolla que prefirió esperar afuera con sus pequeños hijos, le recuerda a baño lavado (tal vez haya percibido el sodio que contienen las lavandinas). Entre la altura de la Puna y el cianuro, conviene lograr dos cosas a la vez: respirar y no respirar. Hay algo que se va apoderando de las fosas nasales, se aferra a la garganta, irrita los ojos. ¿Insecticida, ácido, un gas espeso? Algunos informan que el cianuro no tiene olor (gente que no visita Pan de Azúcar), y otros sugieren que sí, y que evoca almendras amargas. Fausta Mamani ronda con elegancia indígena los 80 años. Sombrero gris sobre un pañuelo rojo que le cubre el pelo, pulóver blanco bajo un saquito de lana azul, poncho marrón de vicuña cruzado sólo sobre un hombro, pollera colorada. La fuerza y la alegría de esos colores son aire puro. Se lo puede intuir en la foto que ilustra nuestra tapa. Pero Fausta está un poco harta ante el dilema:

-¿A qué va a tener olor el cianuro? A veneno. Por eso me mata los animales. Y nadie hace nada.

Jujuy es como Fausta: antigua, elegante y amenazada. El 24 por ciento de su territorio está a tiro de las multinacionales mineras, con 470 explotaciones -como los megaproyectos Pirquitas y Aguilar- y 1.200 pedidos de cateo y explotación de 13.000 kilómetros cuadrados (65 veces el tamaño de la Capital Federal), principalmente en la Quebrada de Humahuaca, un valle andino de 160 kilómetros y belleza deslumbrante, y la Puna, ese altiplano que a casi 4.000 metros de altura toca el cielo.

Pero una serie de movilizaciones, puebladas y hasta chusmeríos, están tratando de cambiar la historia minera. Los que se larguen a respirar este viaje, quedan ante el desafío de conocer una situación económica, política y social a veces absurda, y asfixiante. Hay que tomarlo con calma, aprovechando todo el oxígeno posible, y buscando descubrir qué hay más allá del vaho a almendras amargas.

Chusmerío y movilización

Juella no figura en los mapas ni en los diccionarios. Está habitada por apenas 100 familias. Allí nació una movilización social que copó a la bella y shoppinesca Tilcara, hizo que una jueza atravesara ventanas, parió una legislación contra la minería a cielo abierto, y frenó un proyecto minero multinacional. No se sabe el significado del nombre, que es anterior aun a la invasión de dos tribus: los incas con el quechua, y los españoles con el castellano. En Juella los indios Tilcara construyeron un pucará (fortaleza), que no alcanzó para protegerlos, pero hoy es atracción arqueológica y turística. La arqueología del presente indica que la mejor defensa es moverse, más que hacer pucarás.

El pueblito está a 6 kilómetros de Tilcara, a 1.700 kilómetros de la Capital Federal y a 2.500 metros de altura, en plena quebrada. En el vivero comunitario San Cayetano, Tomasa cuenta: “Acá vimos pasar una camioneta, se fue para arriba. Vino un vecino, el Mono, artesano con puesto en la plaza de Tilcara, donde está todo el chusmerío, y se enteró de la minera. Un día escuché una bomba en los cerros. Pensé que era por la fiesta de San Juan, el 24 de junio, pero me di cuenta de que eran ellos, los de la minera”.

En el vivero trabajan 20 vecinos de la zona, perfeccionando lo que cultivan en sus huertas. Juella alberga el Festival del Durazno y la Humita, en marzo. El vivero San Cayetano forma parte de la Red Puna y eso lo conecta con otras 35 comunidades de la quebrada y la Puna.

El artesano, el Mono, es Cristian Giménez, oriundo de Mar del Plata que hace cuatro años está instalado en Juella con Carolina, su compañera nacida en Cali, Colombia, y sus hijitos Amsaya y Awki. Cristian y Carolina hacen aros, pulseras y colgantes labrados con un arte inusual, en su casita de Juella, ante un paisaje onírico. No llega la televisión abierta ni el cable, hay tres vecinos con televisión satelital. “No nos quemamos la cabeza haciendo zapping para no encontrar nunca nada. Acá hay sanidad mental y cosas más interesantes que mirar” dice Cristian. Apenas le llega la señal del celular, que lo conecta día por medio con su mamá.

Cosas que mirar. “Vimos la camioneta -cuenta Carolina, que no ha perdido el acento caleño- quisimos pararla y no nos hicieron caso. Los vi luego en la plaza de Tilcara, saliendo de la Municipalidad. Les pregunté qué hacían. Exploraciones, solamente uranio, me dijeron. Era este señor”. Muestra la tarjeta que le dio Juan Guillermo Orozco, geólogo, director y gerente para Sudamérica -según se lee- de la empresa Uranio del Sur. “Le dije que tenía que pedir permiso al Centro Vecinal, y que además iban a mucha velocidad en la camioneta”. El centro vecinal es presidido por don Eduardo Peloc. Orozco fue con un funcionario municipal. “Les dijimos que no los vamos a dejar entrar. No queremos que nos envenenen, ni que nos maten” relata Tomasa, la esposa de Don Peloc. Carolina suma: “Después supimos que mintieron, pidieron permiso no sólo para uranio sino oro, plata, cinc y demás”. Red Puna organizó charlas con especialistas, Cristian preparó fotocopias y volantes para la gente de Juella. “Acá no tenemos Internet, usamos un locutorio de Tilcara con re buena onda, no nos cobraban las fotocopias y ya era fin de mes”.

En pocos días, Juella se convirtió en una academia sobre el verdadero significado de la minería. “La radiactividad de la explotación de uranio llega a 200 kilómetros a la redonda -informa Carolina-. Ni siquiera dan trabajo. Todo lo hacen máquinas” agrega la kolla Pilar. “La gente ha sido muy sumisa, pero ahora ya no” completa Verónica.

La movida omitió pensar siquiera en el intendente, concejales de Tilcara y funcionarios provinciales. “Es que son políticos. Y si te dormís, te instalaron la minera. Al final nos apoyaron todos” editorializa Cristian. El intendente Félix Diaguita Pérez, radical, había declarado: “Tengo todo controlado”. Cristian: “Nuestra duda era, ¿a favor de la minera o en contra? Nunca mostró de qué lado estaba, hasta que vio que íbamos en serio. Ahí firmó”.

Jueza por la ventana

Uno de los concejales de Tilcara, el radical Eduardo Escobar, llegó a Juella y se puso a disposición de los vecinos: “Hago lo que ustedes quieran”. Dos abogados, María José Castillo (de Red Puna) y Enrique Oyharzábal (del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y colaborador los hermanos Jesús y Pedro Olmedo, obispo de Humahuaca y párroco de La Quiaca, respectivamente) redactaron el proyecto de ordenanza que Escobar presentó al Concejo Deliberante. El 10 de julio llegaron a Tilcara para reunirse con los vecinos el director de Minería de la provincia, Martín Sánchez, el secretario de Cultura, Jorge Noceti, y la jueza de Minas, Cristina Lucas de Durruty.

Paralelamente, la comunidad salió desde Juella caminando los 6 kilómetros hasta Tilcara, sumando en el camino a más vecinos y hasta escuelas enteras. Para cuando llegaron frente al municipio, ya pasaban largamente las mil personas. A último momento se sumaron algunos integrantes de los movimientos Tupaj Katari (del ex célebre Perro Santillán) y la Corriente Clasista y Combativa (maoístas que apoyaron a los ruralistas en el reciente round con el gobierno). Los comercios y boutiques se plagaron de letreros contra la minería de uranio.

El Salón de Actos municipal quedó desbordado. Sánchez, Noceti y Durruty salieron a la vereda, fuera de la recova del municipio, para hablar con micrófono. Tomasa: “La verdad es que la gente se ha enojado, sobre todo con la jueza, porque seguía diciendo que defendía la minería”. El abogado Oyharzábal aporta una impresión: “La actitud fue de mucha soberbia, frente a gente que estaba realmente indignada”. Cristian: “Es que no querés que te sigan haciendo el verso”. Durruty no pertenece al Poder Judicial: se llama “juez de minas” a la persona que otorga los permisos a las empresas.

La gente le gritaba a la jueza si estaba o no a favor de la minería, y cuando le preguntaron “¿y qué vas a hacer con el Pan de Azúcar?” dio media vuelta rumbo a la Municipalidad. Los caballeros Sánchez y Noceti rumbearon sigilosamente hacia otro lado. La jueza quedó sola en medio de la gente, erró el camino, y terminó entrando al municipio por una ventana. El público seguía reclamándole dentro del Salón de Actos y ella finalmente fugó por otra puerta hasta llegar a la comisaría. Fue un momento de obvia tensión.

El intendente Diaguita Pérez firmó la ordenanza que ya habían aprobado los concejales por unanimidad, y la leyó al público. “Como nunca la había visto -se ríe Tomasa- ni sabía las palabras”. Tropezó especialmente con “lixiviación”, término que define cómo el cianuro quema la tierra para separarla de los metales. Uno de los carteles en la calle decía: “Si sos Diaguita defendé a los indígenas”. La jueza Durruty ya había huido de Tilcara.

La ordenanza o el marketing

La ordenanza 13/08 recuerda principios constitucionales sobre la preservación del ambiente, denuncia la destrucción del suelo, el agua y el aire que provoca la minería a cielo abierto, enumera catástrofes ambientales ocurridas en el mundo por este tipo de emprendimientos y reproduce el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que plantea, por ejemplo:

“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.

“Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

Finalmente el texto prohíbe en el departamento de Tilcara “la radicación de explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en sus procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos”. Tal vez lo principal sea otra cosa: la ordenanza podría ser un caso testigo de los efectos institucionales que puede tener una veloz movilización social, como ya ocurrió en Famatina (La Rioja, donde en 2007 se frenó a la Barrick Gold y se prohibió la minería a cielo abierto) o la premonitoria Esquel, que con un plebiscito en 2003 detuvo la instalación de Meridian Gold.

Detalles curiosos: Tilcara es el primer Municipio Indígena de Argentina, y la Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). “Pero si sos Municipio Indígena, eso no puede ser sólo marketing” dice el kolla Ariel, de Red Puna, y revela un dato para turistas: “Ni siquiera hubo más trabajo. Muchas de las artesanías y tejidos típicos que te venden en Tilcara los traen de Bolivia”. Cristian y Carolina también se indignan: “Las señoras que tejen en serio no tienen lugar donde mostrar y vender lo que hacen, pero las cosas truchas tienen espacio”. La propia Red Puna (que tiene una cooperativa que produce increíbles tejidos de lana de oveja y fibra de llama) no tiene puesto en Tilcara y sí sus propios locales en Abra Pampa y Maimará.

¿Y qué significa Patrimonio de la Humanidad? María José, la abogada: “Es algo turístico, pero ni siquiera desarrolla un turismo que beneficie a la gente del lugar. Y al ser ‘de la humanidad’ parecería que no es de nadie”. Remo Leaño, del grupo de vecinos autoconvocados de Tilcara, y diseñador de páginas web, cree que se trata de un negocio inmobiliario “que benefició a la gente del poder, y la gente del poder ahora apuesta por el negocio minero. Dicen que lo del Patrimonio de la Humanidad permitió mover 14 millones de dólares en turismo. Eso es un vuelto comparado con la minería”. ¿Quién es esa gente del poder? “Imaginate: los políticos asociados con las empresas mineras”.

¿Contra el progreso?

Cristian está molesto. “Un día discutí con la directora del hospital que decía que estar contra la minería es estar contra el progreso. Yo le dije: estamos en contra de que nos maten”. Uranio del Sur pertenece a Uranio AG, fundada en 2006 con sede en Suiza, cuyo accionista mayoritario es la minera canadiense (paisana de Barrick Gold) Rome Resources ltd, ubicada en Vancouver. Allí, en la Columbia Británica de Canadá, también está prohibida la minería de uranio, mientras esta subsidiaria tiene ya 22 concesiones mineras en La Rioja y San Luis, 171.000 hectáreas. Los canadienses serían tan reacios al progreso como los habitantes de Tilcara. Facundo, psicólogo e integrante de los equipos de formación de Red Puna: “También sería progreso que haya agua, te dicen que en la Puna no hay agua, pero cuando aparece una minera hay millones de litros diarios. Lo que no hay es voluntad política de hacer un cambio estructural”. La idea de que oponerse a la muerte, el empobrecimiento y la enfermedad es oponerse al progreso, es tal vez una curiosidad turística que la provincia debería publicitar.

El mecanismo de estos emprendimientos se basa en la confusión. Las autoridades jujeñas dijeron que Uranio del Sur tenía sólo dos pedidos otorgados por la jueza Durruty, uno de 500 y otro de 9.099 hectáreas, pero la investigación vecinal ya reveló que había al menos tres pedidos más de exploración. Leaño: “Todo va demostrando que el gobierno provincial miente”.

Los kollas y campesinos parecen tenerlo muy claro. Tomasa: “Nos quieren sacar del medio”. Verónica: “Nos quieren someter”. Ariel cree que todo esto aporta a la expulsión de la gente de sus tierras. El abogado Oyharzábal se suma: “Esto es un proyecto de años para convertir a Jujuy en una provincia minera con un criterio de pura extracción, para llevarse todo”. No se trata de un paranoico. “Al revés, el problema que tenemos las sociedades es que nos enteramos de estas cosas al final. Se ve con el trazado de los dos gasoductos que van hacia Chile, que pasan por todo el corredor minero mientras acá mismo, en Tilcara, no tenemos gas. Lo mismo con los tendidos eléctricos. El Estado no está representando a la sociedad, sino a las empresas, y a un proyecto minero”.

A nivel nacional se puede recordar al secretario de Minería, Jorge Mayoral, empresario minero, o a la propia Presidenta haciendo algún acto de campaña con el logo de Barrick Gold a sus espaldas (propietaria de las megamineras Veladero y Pascua Lama, de San Juan). Además, las leyes mineras surgidas de la creatividad del gobierno de Carlos Menem siguen intactas. Las empresas pagan regalías de menos del 3% sobre lo que ellas mismas declaran, no pagan iva, ni impuesto a los combustibles, ni a la importación de sus maquinarias (que incluyen como “inversión”), ni siquiera el impuesto al cheque, y tienen el campo libre porque el Estado está expresamente impedido de actuar en el rubro. Si alguien quisiera redistribuir la riqueza, en este nicho hay con qué entretenerse.

También es cierto que hay otros enemigos del “progreso” minero, como Chubut, Río Negro, Mendoza, Tucumán, y La Rioja posmenemista, que prohibieron estas andanzas mineras aunque casi siempre como efecto de la movilización de sus comunidades. En Tucumán, además, existe una rama de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (ufima), bajo la órbita del fiscal general Antonio Gómez. Tramitan 60 denuncias, y de allí nació el procesamiento dictado por la Cámara Federal de Tucumán contra el vicepresidente de Bajo Alumbrera (Catamarca), Julián Rooney, por el delito de contaminación, donde se considera “cómplice” al secretario de Minería Mayoral. Y allí también fueron indígenas y campesinos jujeños a denunciar lo que ocurre en la provincia.

Tal vez por esas cosas, el director de Minería provincial, Martín Sánchez, no tuvo problemas en confesarle a la abogada María José Castillo lo siguiente: “Ah no, acá nunca vamos a hacer audiencias públicas por el tema ambiental. Mirá si después nos pasa como en Esquel”.

Doctrina del plomo

Cuando estaba llegando a Abra Pampa, la llamada capital de la Puna, 3.500 metros de altura, me topé con una de las marchas más extrañas que puedan imaginarse. Sobre el asfalto vacío de la ruta 9, en medio del desierto puneño, por donde no hay ningún lugar lógico al cual llegar caminando, salvo un pueblito a 40 kilómetros, poco más de cien personas pasaban junto al cementerio de Abra Pampa (los cementerios jujeños parecen fiestas por los colores de las flores de plástico). Iban muy rápido. Mujeres kollas coloridas y exasperadas, chiquitos con mochilas escolares, hombres con pancartas. ¿A dónde estaban yendo? Paola Arias, 26 años, una mujer pequeña y enorme, tres hijas, visiblemente irritada, me sorprende:

Vamos a Jujuy. Los funcionarios habían prometido venir. Nos mintieron. Si el gobierno no viene, entonces nosotros vamos allá.

Pero estamos a 230 kilómetros.

(Enojada) No nos importa. Hace décadas que tenemos un cerro de escoria. Una montaña de plomo, y residuos tóxicos. La mayoría de la gente está contaminada. Mi nena, Malca, tiene índice 22 de plomo en sangre. Tiene problemas de la vista, nadie se hace cargo, no hay ni pediatras.

¿Por qué no vinieron los funcionarios?

(Paola mira el asfalto para disimular las lágrimas, pero sigue hablando) ¡No sabemos! Estamos muy molestos señor, es humillante. Diego Orellana, secretario de Gobierno, prometió venir. Nos engañaron otra vez pidiéndonos la confianza para votar. Queríamos hablar. Tenemos la contaminación con plomo, no hay cloacas. Ni agua. ¿Qué dicen los gobernantes? “Hay que dialogar”. Bueno, hace años que estamos dialogando: pero además hay que hacer algo. En Tilcara salieron a la calle, nosotros salimos a la ruta. Acá nos explotan a todos. La verdad es que el gobierno nacional tendría que hacer algo. Pero todos hablan mucho, y nadie hace nada.

Veinte años de soledad

Paola me cuenta que buscarán subirse a algunos camiones, o hacer dedo para que los automovilistas al menos acerquen a los chicos. Acompaño la marcha un kilómetro, y no puedo caminar más. Los veo irse y no sé si están locos, o si la suya es la única lucidez posible para sobrevivir en esta normalidad. En Abra Pampa, Julio y Mario, de Red Puna, me llevan a conocer lo que me contó Paola. La minera Metalhuasi ya no existe, pero dejó en el medio de Abra Pampa dos recuerdos. Un gran terreno de derrame de químicos de unos 100 metros por 100 y, efectivamente, una montaña de escoria de plomo, de casi seis metros de altura, que están allí desde hace más de 20 años.

Sobre 234 casos estudiados de chicos de 6 a 12 años, el Centro de Investigación Química Aplicada de la Universidad Nacional de Jujuy, dirigido por la doctora en bioquímica Graciela Bovi Mitre, detectó que el 81 por ciento tiene valores superiores a los 5 microgramos de plomo en sangre. Resultado: daños neuromadurativos (retardo de crecimiento), plomo depositado en los huesos (con dolores imaginables) y los dientes, baja de las defensas, alergias, predisposición a las infecciones, sobre todo las urinarias. Yolanda, de Red Puna, una de las afectadas, agrega sin perder la sonrisa: “Hay muchos tumores, casos de leucemia y cáncer. Yo también tengo problemas…”, y sin terminar señala su zona abdominal.

Los principales transmisores de plomo a la población en Abra Pampa son la tierra y el viento. Agua no tanto, por pura escasez, aunque el agua que se consigue es posible que esté contaminada por el vaciadero de desechos químicos. El bid (Banco Interamericano de Desarrollo) dio un préstamo para limpiar Metalhuasi, pero lo único que se hizo fue levantar un alambrado. El resto del dinero no se sabe a qué cuentas bancarias fue. La noticia: el alambrado ya está roto. El padre Jesús Olmedo intentó llamar la atención sobre esta situación en 2007. Organizó una peregrinación, que terminó con su propia cucifixión simbólica sobre la montaña de plomo. Ni así le hicieron caso.

Contra todo pronóstico razonable, Paola, los 40 chicos, y 60 adultos llegaron a San Salvador de Jujuy dos días después. Automovilistas y camioneros fueron haciendo fluir esa marcha. Acamparon frente a la Gobernación. Ante el hecho consumado, un grupo fue recibido por cuatro funcionarios. Sede del encuentro: el estacionamiento de la Gobernación, a cielo abierto. De los 14 puntos que llevaban, según el diario El Tribuno de Jujuy, les prometieron:

1) Llamar en 45 días a una licitación, para comenzar las obras de saneamiento.

2) Arreglar las pocas cloacas que hay en Abra Pampa, e incluir en el presupuesto 2009 una planta depuradora de líquidos cloacales.

3) Derivar un camión cisterna, con agua potable para Abra Pampa.

Los ministros ni siquiera prometieron algo con respecto a otros pedidos, como el envío de médicos clínicos o especializados en envenenamiento por plomo. Luego de 20 años, 45 días de plomo en sangre parecen poco. Podría incluso proponerse inaugurar la planta de líquidos cloacales como monumento al progreso, brindando con agua del camión cisterna. El Centro de Investigación Química no ha estudiado qué tienen los funcionarios en la sangre. Otros comentarios acerca de estos hallazgos quedan a cargo de los lectores presentes.

Cianuro en tus ojos

Si un Estado y sus gobiernos no logran limpiar plomo y residuos químicos en lugares del tamaño de sendas canchitas de fútbol durante 20 años, ¿qué garantía pueden dar frente a los proyectos de megaminería en marcha? Tal vez sólo sea una pregunta apunada. El gobierno de Jujuy tiene, como era de esperar, una instancia de control: el Departamento de Policía y Control Minero, área que cuenta exactamente con un (1) funcionario, el geólogo Juan Carlos Lavadenz. El propio Martín Sánchez reconoció que el organismo está totalmente superado en su posibilidad de trabajo.

De Abra Pampa a la mina Pan de Azúcar, en el departamento de Rinconada, se llega por un camino de unos 70 kilómetros de tierra y piedra en el que no hay señalizaciones. Ariel y María José son baqueanos para orientarse en la Puna. Como un espejismo en ese desierto de yuyos rodeado por cerros, se ve la Laguna de Pozuelos, declarada Monumento Natural. Llegamos a Pan de Azúcar. La población completa es de menos de 60 habitantes.

Seguimos hacia la mina, llevando a Noemí Cruz con su hijito Alexandro y su beba Ester (los asombrosos cachetes de los bebés kollas deberían ser algo más que Patrimonio de la Humanidad). En el camino hay una especie de manchón grisáceo al pie de dos cerros, como la escupida de un gigante en el paisaje. “Es el derrame químico del dique de colas” explica María José. Un tramo más, y dejamos la camioneta frente al establecimiento, que es como un pueblo blanco colgado de un barranco, arrasado por alguna guerra. Se cruza una tranquera abierta y ridícula, porque no hay alambrado que la contenga. Recorremos las construcciones, que alguna vez habrán sido oficinas y ya no tienen techos, ventanas ni puertas. La mina está supuestamente cerrada desde 1989.

Las sucesivas denuncias hicieron que el gobierno provincial enviara a don Martín Sánchez, que ya en 2006 ejerció el arte de la promesa sobre la “remediación del pasivo ambiental” (jerigonza que significa limpiar la contaminación). No se hizo nada. En 2007 el caso, ya emblemático, fue denunciado por las Comunidades Aborígenes y Pueblos Indígenas de Jujuy ante la ya citada ufima, que dictaminó la existencia de contaminación en el Río Cincel, en la Laguna de Pozuelos y en los campos de la zona. Como se detectó la presencia de bolsones de cianuro y además dinamita, allí fue la Gendarmería: sólo se llevó la dinamita. La jueza de Minas llegó en 2007, prometiendo nuevamente remediar el pasivo ambiental, alambrar el perímetro de la mina para que nadie pueda entrar (especialmente los chicos de la Escuela Albergue de Pan de Azúcar, que pasan allí toda la semana; la escuela está a menos de cien metros de la mina) y prometió tapar los socavones.

Actualmente, la realidad es la siguiente:

La mina está abierta a cualquiera que quiera entrar.

Los socavones (pozos que parecen infinitos) también están abiertos. Con el flash de la cámara de fotos no se alcanza a ver el fondo.

En el gran galpón se encuentra el cianuro caído de bolsas de la empresa química brasileña Metacril, ilustradas con enormes calaveras y leyendas en portugués: “cianato de sodio” y “este saco contem um veneno mortal”. (Dato positivo: si los chicos de la escuela anduvieron jugando por aquí sin matarse, es indicio de que las futuras generaciones jujeñas acaso sean indestructibles).

Otro problema: vecinos de Pan de Azúcar y Rinconada se han ido llevando techos, ventanas y puertas para sus propias viviendas. Empiezan a faltar también partes de las paredes de chapas del galpón. Cuando sopla viento, vuela el cianuro. Doña Fausta Mamani llegó agitando los brazos pensando que íbamos a robar más chapas. “Se mueren los animales, las ovejitas, los cabritos. Nos hace mal a la nariz y el pecho. Nadie arregla esto”. María José narra que hace dos meses estuvo reunida con el director de Minería Martín Sánchez, quien le dijo: “¿En serio sigue habiendo bolsas de cianuro? Ya las vamos a sacar. Gracias por avisarme”.

En la recorrida encontramos también toda la papelería de la empresa, de los años 1985 y 1986: recibos, facturas y hasta ejemplares de la Mining Magazine, revista dedicada a ilustrar las bondades de esta industria. La mina pertenecía a Río Cincel samic, y más recientemente a Lapacha Minera. Siempre con la misma apoderada, Graciela Comas. Ambas empresas, según descubrió la Fiscalía tucumana, tienen pedidos de exploración en esta misma área, que la jueza de Minas debe definir. Y Lapacha aseguró en 2007 haber estado haciendo tareas en el lugar, lo que explicaría que las bolsas de cianuro -y el cianuro- estén tan bien conservados. Ya no postulan la minería de socavón, sino a cielo abierto. Como dice Sánchez, el director de Minería: “El futuro minero se presenta más que interesante y prometedor para la provincia”.

Fin con sabor

Cuando anochece, las estrellas parecen lámparas y la luna es tan grande que marea. Al día siguiente, el abogado Oyharzábal, en Tilcara, cuenta: “La participación de las comunidades indígenas y de los vecinos consiste en decirles: vení y firmá, o andate. Una vez un diputado radical, Raúl García Goyena, me dijo con tono de patrón de estancia: ‘Escúcheme, la democracia es que ustedes delegan, y nosotros somos los representantes’. Eso está en crisis, esa cosa de funcionarios que se creen reyes que pueden hacer cualquier cosa. Pero la gente ya no se calla, ni delega, porque se empieza a ver que se tiene que plantar, porque el Estado posiblemente no sólo no la defienda, sino que además es socio de las mineras”.

En Abra Pampa, María de la Red Puna, me contó que ya están armando reuniones en toda la zona para oponerse también allí (algo más difícil que en la turística Tilcara) a la infección minera. Con esa sonrisa sabia y suave de las “mamitas” kollas, reconoce que toda la experiencia de estos años con la gente organizándose es transformadora.

“Pero lo primero que se transformó fue mi forma de pensar. Pensar que otros hicieron la historia. Que la realidad ya está, así como es, y que uno no puede hacer nada. Que hay que cumplir las órdenes y lo que está dado, en el trabajo, en la vida. En cambio aquí uno dice: yo puedo hacer otras cosas. Y las puedo hacer con los demás”. Luego menciona algo que en Jujuy parece aplicable a la movida de kollas, abogados, campesinos, webmasters, curas, tejedoras, militantes, comerciantes y artesanos: “Y bueno, eso nos pasa: le fuimos agarrando el gusto”.

 

Nota

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

el

ley bases
Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

Seguir leyendo

Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

Seguir leyendo

Nota

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases
Seguir leyendo

LA NUEVA MU. No podrán

La nueva Mu
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido