Nota
Sin orden judicial y a los tiros: así entró la Gendarmería a territorio mapuche cuando desapareció Santiago
Desde Esquel, Lavaca pudo acceder a la causa penal por la desaparición forzada de Santiago Maldonado en la que se consigna un listado con parte de los efectivos de Gendarmería que participaron de la represión el 1 de agosto. El expediente, además, narra la secuencia de hechos desde que los mapuches cortan la ruta, hasta que los gendarmes deciden entrar sin orden del juez a los territorios de la comunidad. Justo antes del desastre, el racconto de hechos se detiene. Luego, los gendarmes se pasan culpas.
Las causas que investigan la desaparición Maldonado se cruzan en un expediente que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal en el que la Gendarmería narra la secuencia de hechos hasta el momento en que entró a territorio mapuche. Según informes que requiere el Ministerio Público Fiscal a Gendarmería, esta fuerza ingresó al Pu Lof a las 11:15, hasta que a las 16:30 finaliza el informe relatando que “se repliega a su asiento natural”. En el medio, Santiago desapareció.
Causas y consecuencia
Las causas que investigan la desaparición Maldonado se dividen en la acumulación de habeas corpus que lleva adelante el Juzgado Federal de Esquel -a cargo del doctor Guido Otranto- y el expediente penal por la desaparición forzada del joven de 28 años que encabeza la fiscal federal Silvina Ávila. Hay una tercera causa que les labraron a tres personas que ingresaron y salieron del Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, previo a la represión del 1 de agosto.
Lavaca tuvo acceso a información del expediente por la investigación penal por la desaparición forzada de Maldonado que lleva adelante la fiscal Ávila. Consigna una serie de informes que el 7 de agosto de este año el Ministerio Público Fiscal requiere a los Escuadrones 35 y 36 de Gendarmería. En ellos se detallan algunos de los nombres del personal asignado el 31 de julio y el 1 de agosto (día que Santiago fue visto por última vez), en distintos horarios.
Lo más relevante que surge de los informes es que la Gendarmería entró a la comunidad sin orden judicial. Ni siquiera – como aseguró la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ayer en el Senado- hubo una llamada telefónica que habilitara el procedimiento: el expediente refiere que las 11:15 del 1 de agosto, luego de un enfrentamiento en la ruta con mapuches, los gendarmes “ingresan a través de la tranquera a fin de proceder a la aprehensión de los agresores”.
La lista incompleta
Todo comienza el 31 de julio. En los detalles del expediente que refieren a los hechos de ese día ya comienzan a figurar algunos nombres de los efectivos que participaron. A las 13 horas, se hacen presente entre los km 1848 y 1849 de la Ruta 40 los gendarmes de apellido Gómez, Coronel, González, Coca Alba, Carmen Saldaño y Echazú. A las 17:15 -mismo día- surge que personal a cargo del Comandante Principal Fabían Arturo Méndez, del Escuadrón 35 de El Bolsón, trae el oficio 972/2017 del Juzgado Federal de Esquel. Esa es la orden para despejar la ruta 40 de los cortes. Más tarde, a las 19:20, consigna que “se hacen fotografías y filmaciones por ser zona despoblada sin testigos”.
Luego, el expediente ya pasa a los hechos de la madrugada del 1 de agosto.
La represión
Según las fojas del expediente que lleva la fiscal federal Ávila, la cronología de los hechos fue así:
- 3:30 de la madrugada: El 1er Alférez Daniel Gómez informa que personal del Escuadrón 35 de El Bolsón -apoyado por personal del Escuadrón 36 de Esquel- aprovecharon que “los manifestantes no se encontraban sobra la ruta 40” y procedieron a desarmar “cuatro barricadas compuestas por palos, árboles cortados, piedras y chatarras distribuidas estratégicamente”.
- 5:30: Gómez labra un acta (fojas 14) en la que expresa que “ante la ausencia de manifestantes no hubo enfrentamiento con personal uniformado”. Y que una vez “despejada la ruta en cumplimiento a la demanda judicial 972/2017 se informó lo actuado al magistrado interviniente telefónicamente”. El magistrado interviniente es el doctor Otranto. Es la última vez que se consigna una comunicación con el juez.
- 9:00: Gómez observa un vehículo color gris que ingresa por un camino al margen de la ruta 40 “a la construcción que se encuentra a 400 metros”.
- 10:30: Personal apostado observa al auto salir “y ordena a un vehículo oficial realizar un seguimiento controlado”. En ese momento detienen a dos mujeres y un hombre que viajaban allí. Fueron liberados pero les labraron la causa 3144/2017: “NN s/ entorpecimiento de servicios públicos”.
- 11:15: “En cumplimiento del oficio 972/2017 se procedió al despeje del corredor antes mencionado”. Comienza el desalojo a los integrantes de la comunidad que exigían la liberación de Jones Huala. El acta dice que eran “entre 8 y 10 personas obstruyendo la normal circulación”. Dice que estaban “encapuchadas ostentando piedras en sus manos que comienzan a lanzar hacia el personal de Gendarmería”.
El horario coincide con el relato de la comunidad a la Revista Cítrica: los integrantes del Pu Lof describen que entraron a la ruta “a eso de las once de la mañana”; que bajó un contingente “de unos cien gendarmes y empezaron abrir fuego sin hacer asco a nada”; que se replegaron al territorio porque pensaron que sólo querían despejar la ruta pero “siguieron tiroteando para adentro” y “cruzaron el alambrado”. En ese momento en el expediente Gendarmería confirma la versión mapuche: dice que los gendarmes “ingresan a través de la tranquera a fin de proceder a la aprehensión de los agresores”. Fuentes de la investigación dicen a lavaca que esa acta está labrada mano, y que no especifica el momento exacto del ingreso: según testimonios se produjo entre las 12 y las 14.
- 13:30: los gendarmes informan dos efectivos lastimados con heridas cortantes en el pómulo y el cuero cabelludo. Surgen nuevos nombres: el subalférez Emanuel Echazu, el cabo Aníbal Ernesto Yáñez, la cabo enfermera Rita Arijona. También aparece el nombre del comandante Juan Carlos Escola: el subalférez Echazu firma en el acta (fojas 18/20) diciendo que Escola estaba a cargo del procedimiento por parte del Escuadrón 36 de Esquel.
- Finaliza el informe a las 16:30: “Se repliegan a su asiento natural”.
Internas
El 4 de agosto (fojas 9/43) surge otro dato: el comandante del Escuadron 36 de Gendarmería, Juan Pablo Badie , dice que «ellos no hicieron actuaciones sino el Escuadrón 35 de El Bolsón», y ellos acompañan.
La aclaración tiene su efecto: el 7 de agosto el Ministerio Público Fiscal requiere a los Escuadrones 35 y 36 estos nombres del responsable personal asignado, horario de inicio y fin de registro de guardia. El comandante del Escuadrón 36 de Esquel, Juan Pablo Badié, contesta el 8 de agosto quiénes fueron los supuestos efectivos que participaron en apoyo al operativo “a cargo” del Escuadrón 35 y da 8 apellidos más: Lozano, Gauna, Ocampo, Sánchez, Ahumada, Leguizamón, Enciso, y Escola, a cargo del operativo.
Sin embargo, sobre la cantidad de gendarmes hay un vacío: más de allá de lo aportado por los Escuadrones a la fiscal federal, los testigos de la comunidad aseguran que fueron muchos más. Un dato llamativo que da lugar a la sospecha: fuentes de la investigación se alarman de la cantidad de gendarmes mujeres señaladas, en relación a la mayoría de hombres de los escuadrones que participaron.
Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal
El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)
Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.
Darío Santillán.
Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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