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Daniel Solano: su desaparición, y el cambio de una sociedad

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A un año de la desaparición de Daniel Solano el valle medio de Río Negro no es el mismo. “Hubo un cambio radical” asegura Claudia Michelena, habitante de Lamarque y miembro de la comisión de apoyo a la familia del joven desaparecido. La investigación que trazó el abogado Sergio Heredia – y que la Cámara acaba de reconocer procesando a 7 policías que se encuentran detenidos- y la apropiación del caso que hicieron algunos de los habitantes del valle permitieron poner en discusión tabúes como la violencia policial, la impunidad judicial y de los empresarios de la noche, y hasta las condiciones a las que son sometidos los peones frutícolas en las cosechas sureñas. Uno de sus resultados más concretos comenzó hace un mes con una serie de auditorías en los juzgados de Choele Choel donde se encontraron – al menos- 98 denuncias por apremios ilegales sin curso desde hace años: todas pertenecían a la misma jueza Bosco que tomó la causa de Daniel en primera instancia y luego fue desplazada por intento de encubrimiento; muchas contra los mismos policías que hoy están presos por la desaparición de Daniel Solano.
Daniel Solano: su desaparición, y el cambio de una sociedad
In-Comunicadores
Daniel tenía 25 años al desaparecer, y viajaba desde Tartagal a Choele Choel durante la temporada de cosecha como trabajador de los llamados “golondrina”. La empresa quiso cooptarlo ya que era un referente entre sus compañeros, que empezaban a cuestionar las condiciones de trabajo, salario en negro, y cobros mucho menores que los pactados. Se supone que allí está el origen de la situación por la cual lo pusieron en la mira, forma de disciplinar también al resto.
El trabajo de estos meses ha ido cambiando entonces el modo de pensar de la propia sociedad local. “Se desnaturalizó la cuestión de que los policías que trabajan de seguridad pueden golpear a los jóvenes y abandonarlos en la calle si el dueño del boliche lo dice; se puso en evidencia la impunidad de esos señores de la noche, la impunidad con la que operan los policías golpeadores, la vigencia de discursos nefastos sobre ‘algo habrá hecho’, ‘si no hay cuerpo, no hay delito’ y todos los que se te puedan ocurrir”, cuenta Michelena a lavaca como resultado de la reacción social en el valle.
Atrás quedaron las marchas a favor de los policías involucrados y de la doctora Bosco, por parte de sectores que hoy Michelena define como “muy silenciosos”, pasividad que se explica por la contundencia de las pruebas que los incriminan. “Los que más siguen fogoneando son los comunicadores sociales”, asegura.
 
Tanto el avance judicial como el trabajo de la Comisión de apoyo a la familia Solano fueron claves para esto. “En principio se salió por las escuelas con el abogado y familiares de Daniel para contar el caso, quién era Daniel, cómo llegó acá, por qué lo hacen desaparecer”, cuenta Michelena sobre la estrategia de difusión. “Esto fue genial porque muchos pibes creían que era normal que la policía te sacara a patadas de un boliche” dice sobre una de los lugares comunes que se fueron desnaturalizando.
A fuerza de marchas, charlas, actividades, pintadas, pegatinas durante un año hoy Michelena asegura que “si recorrés Choele Choel te encontrás por todos lados la imagen de Daniel. La gente no habla más que de esto” y agrega que “fue difícil, pero el consenso social se logró”.
 
Algunos resultados

  • Se prohibió que los boliches hagan fiestas utilizando a los colegios como modo convocatoria (como la noche que desaparició Daniel).
  • “Muchos jóvenes dejaron de ir a Macuba” (boliche donde desapareció Solano).
  • “Hubo jóvenes que se acercaron a la Comisión a denunciar torturas”. Un ejemplo: por un caso de un joven picaneado en mayo, ya hay 3 policías procesados.

A su vez, asume que no hubo un gran cuestionamiento a Expofrut (dueños de Agrocosecha, empresa para la que trabajaba Daniel Solano y cuyos representantes están acusados de encubrimiento) ni al municipio de Lamarque. Tampoco es clara la disolución anunciada por el gobernador del grupo BORA (Brigada de Operaciones de Rescate y Antitumulto) cuyas camionets siguen viéndoe en la callle y que actuaba como una seguridad privada para control de los trabajadores de la empresa. La gobernación anunció que el BORA será reemplazado por el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER). No es claro si es más de lo mismo, con otro collar.
Trata de trabajadores
El balance del abogado Sergio Heredia: “No tenemos dudas de lo que investigamos y denunciamos. Primero, que Daniel fue asesinado, no hay dudas que fue una operación planificada, que significa que hay autor ideológico porque la Cámara confirma el encubrimiento. Se acredita también este accionar delictivo judicial-policial-empresarial y ahora estamos ya habilitados para trabajar en la investigación y solicitar la imputación y procesamiento de los civiles: dueños de Agrocosecha y la gente de Macuba”.
“Pero lo más importante: el propio expediente del fiscal Brodato dictamina que estamos en presencia de trata de personas, y lo pasa al fiscal federal de trata, de apellido Colombo”. El tema de los llamados “trabajadores golondrina”, que cobran en negro y en condiciones deplorables, queda así enmarcado como delito de trata de persoas para su explotación.
Picana a los trabajadores 2007-2012
A su vez, desde hace un mes un juzgado de General Roca intervino y comenzó una serie de auditorías en la fiscalía de Choele Choel donde se encontraron 170 denuncias por apremios ilegales y ningún policía procesado desde el 2007, según explica el abogado Heredia: “Hay al menos 98 denuncias de apremios ilegales contra los trabajadores desde 2007 a 2012. Son denuncias de haber recibido golpes, patadas, voladura de dientes, quemaduras de cigarrillos, picana eléctrica, siempre por personal policial”. Estas 98 causas están en el Juzgado de Instrucción Nº 30 Choele Choel”, cuya titular es la jueza Marisa Bosco, la misma que tomó la causa de Daniel en primera instancia y fue destituida tras comprobar su participación en el encubrimiento.
El festival
El 4 noviembre último se condensaron todos estos avances en un festival que recordó a Daniel Solano a 1 año de su desaparición. Hubo una radio abierta, música, charlas y participaron familiares de otros chicos desaparecidos y muertos por la policía en Chubut y Río Negro: la familia de Otoño Uriarte, el papá de Julián Antillanca, César, Julieta Vinaya mamá de Atahualpa, entre otros. También participaron y llevaron la muestra Ningún pibe nace para chorro la artista Guillermina Guevara y el rapero Asterisco (Javier Ortega), quienes hicieron un raid por escuelas, radios y talleres que les valieron una amenaza por parte del hijo del dueño del boliche Macuba en el que desapareció Daniel Solano.
Contra impunidades como éstas se seguirá trabajando, junto a la confirmación de las penas a los policías y a la involucración de los autores ideológicos y del encubrimiento, “pero lo importante es que se han dado importantes cambios y sobre ellos trabajaremos”, asegura Michelena.
A continuación reproducimos el comunicado que sacaron desde la Comisión en denuncia de las últimas amenazas sufridas:
Choele Choel, 9 de noviembre de 2012
COMUNICADO DE PRENSA DE LA COMISIÓN SOLIDARIDAD Y APOYO A LA FAMILIA SOLANO CON RESPECTO A LA SITUACIÓN VIVIDA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE.
Luego de cumplirse el año de la Desaparición Forzada de Daniel Solano, Pedro Aranda, miembro de la “Comisión de Solidaridad y apoyo a la Familia Solano” junto a Javier Ortega y Guillermina Guevara, que participaron de las jornadas de los días 4 y 5 de noviembre de 2012, mientras circulaban en su auto, alrededor de las 22hs del 6 de noviembre de 2012, fueron interceptados, insultados, amenazados y perseguidos por el sujeto identificado como Lucas García, quien conducía un cuatriciclo rojo. Esta persona es el hijo del dueño de numerosos locales bailables del Valle Medio, entre ellos “Macuba Megadisco”, donde Daniel Solano fue visto por última vez con vida antes de ser retirado injustificadamente y por la fuerza por personal policial que cumplían adicionales en dicho local esa noche.
La persecución se inicio en las cercanías de las Calles Avellaneda y 25 de mayo y duro un poco más de una hora. Ahora procedemos a la crónica de este desagradable e impune acto de persecución:
Cuando Lucas García intercepta en Avellaneda y 25 de mayo, al auto de Pedro Aranda, pega su cuatriciclo al conductor y comienza a cerrar el paso del vehículo en cual se encontraban las tres personas arriba mencionadas, y empieza a insultarlos. En ese momento el miembro de la comisión le dice a sus compañeros “no lo miren” (en referencia a que tenía conocimiento de que varias veces había hecho este tipo de persecución y amenazas a diferentes miembros de la comisión ). Pedro, Javier y Guillermina prosiguieron su marcha sin mirar ni contestar a las agresiones, insultos ni provocaciones de Lucas García. Para este entonces, cada vez más, García cerraba el paso del auto de Pedro mientras que gritaba: “cagón cagón, bajate vení a pelear!! Mírenme mírenme junten huevos entre los tres y bájense cagones!!! Manga de faloperos”. Esta persecución fue a 20km por hora hasta la calle Islas Malvinas. En esa intersección el agresor sigue por la calle Avellaneda mientras que los compañeros al bajar más la velocidad y quedando atrás de García doblan por la calle Islas Malvinas. Luego se dirigen al multi rubro “El bahiano”, Pedro se baja a dialogar con la propietaria del local, los otros dos compañeros se quedan en el auto. A los pocos minutos Lucas García vuelve a parase con su cuatriciclo al lado del auto y mirando con saña a los compañeros que allí adentro se encontraban, los insulta y provoca para que se bajen a pelear tocando su cintura, por lo que los compañeros temían que García sacara un arma de fuego. Esta situación fue vista por la gente que se encontraba comprando adentro del local, tanto así como su propietaria. Allí se emitió el primer intento de comunicación con otros miembros de la comisión alertando el peligro de la reiterada persecución y la violencia de Lucas García, este llamado esta registrado a la hora 22:36hs. Cuando este sujeto se va, luego de 10min de insultos, nos dirigimos a la verdulería “La quinta” donde la compañera que estaba en el auto ve que el cuatriciclo pasa por una de las calles transversales a toda velocidad.
Nos dirigimos hacia el domicilio de Pedro, y su compañera Mercedes Pino (también miembro de la Comisión), al bajarse éste para dejarle la cena a sus hijas, aparece Lucas García nuevamente, evidenciando que conocía muy bien el domicilio de los miembros de la comisión. Los otros dos compañeros, Javier y Guillermina, se encontraban en el auto. Sufren nuevamente las agresiones e insultos de Lucas García, que se toca la cintura nuevamente como si estuviera a punto de sacar un arma. García se retira furioso, por la calle Urquiza para el lado de San Martin, luego de 15 minutos de agresiones, la compañera se baja del auto para entrar en la casa. Al instante vuelve por Urquiza en contramano y con las luces del cuatriciclo encendidas, apuntando a nuestro compañero Javier que estaba solo dentro del auto, con intención de cegarlo. Ante el griterío empiezan a salir los familiares que viven detrás de la casa de Pedro y Mercedes, Clara Grandon de Kühn y Ernesto Kühn (suegros de Pedro y padres de Mercedes) que se asustan y no saben que es lo que estaba sucediendo. Clara interpela al agresor y le pregunta qué es lo que estaba sucediendo, Lucas García responde: “Entregame al barbudo así me grita asesino como lo hizo el otro día afuera de mi bar”. Esto es en referencia a la marcha que hubo el día domingo donde más 300 personas salieron a recorrer las calles de Choele Choel pidiendo justicia por Daniel solano, y el pueblo se paso frente a una de las confiterías del padre de Lucas García cantando “Macuba compadre vos sos el responsable” (Este cántico hace alusión a la costumbre que se da en ese boliche de vender bebidas alcohólicas incluso a los menores que entran y luego mediante señalamiento de dedo se saca por portación de rostro o cualquier otro motivo por la fuerza a los varones en medio de la noche propinando golpes y demás agresiones.) En los gritos furiosos del agresor se develó que conocía la estructura familiar del miembro de la comisión y el parentesco que había entre ellos, dando evidencias de un estudio de inteligencia de su familia, lugares que frecuenta y con quien está relacionado.
El sujeto se retira cuando la señora Clara dice que va a llamar a la policía, tal cual lo demuestra la grabación de ese momento, pero para esto nadie respondió los 4 llamados al 101. En ese instante se acerca más gente alertada por los gritos.
Un grupo de compañeros se dirigen a la comisaría a hacer la denuncia pertinente. El sargento Martín Etchegaray, que está a cargo de recibir las llamadas de emergencia se contradice al responder por qué no atendió la llamada al 101, primero dirá “El teléfono nunca sonó, sino yo lo hubiera atendido” y luego al reiterarse la pregunta dice “El teléfono sonó, lo atendí pero se cortaba”.
Al instante llegan varias personas alertadas por este hecho a demostrar solidaridad con sus compañeros.
El hecho curioso es que mientras nos encontrábamos en la comisaria haciendo las denuncias, Mercedes Pino estaba esperando en la vereda, reconoce el rodado Renault Clio negro de vidrios polarizados, que primero pasa frente a la comisaría con los vidrios cerrados y en una segunda oportunidad con su vidrio bajo saludando y tocando bocina a nuestra compañera, en señal de burla, allí se confirma que era Lucas García quien manejaba el auto.
Al llegar a su casa, Pedro advierte que la certificación de las actuaciones extendida en la comisaría 8va no estaba suscripta por el Oficial Actuante, tratándose del Oficial Ayudante Martín Hueche, razón por la cual nuestro compañero vuelve a la comisaría solicitando la rúbrica correspondiente la cual se efectuó.
Pero lo más curioso aún, es que el día domingo durante la marcha Pedro Aranda no se encontraba en la marcha, teniendo como testigo de este hecho al intendente de Choele Choel Daniel Belloso.
Este hecho devela dos cosas: una es que la sociedad de Choele Choele no se calla más y quiere terminar con la impunidad de la noche, ya que el canto fue en conjunto, deseo del pueblo y no de una sola persona como quiso dar a entender Lucas García. Esto evidencia el motivo de la persecución a Pedro Aranda, ya que muchas veces se ha expuesto en los medios de comunicación y en los actos que se realizan para difusión de las actividades de la Comisión, denunciando las circunstancias que llevaron a fin la desaparición de Daniel Solano. El Valle Medio reclama por cambios profundos de las instituciones y políticas de Río Negro y no por un cambio de funcionarios que sostengan la estructura corrupta e impune de siempre.
Lo otro que se destapa es lo siguiente: ante el levantamiento del pueblo los poderosos temiendo la pérdida de su poder de sometimiento reaccionan de la manera que solo saben hacerlo: con violencia, amenazas y metiendo miedo a quienes buscan mejorar su vida y la de la sociedad en la que habitan.
Relacionamos este hecho con los disparos que los autos de integrantes de la comisión sufrieron el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 2012, por las cuales se realizaron las denuncias correspondientes, y los peritos tomaron muestras de los impactos en los vehículos de Pedro Aranda y Ayelén Fandiño.
El día de hoy, 7 de noviembre de 2012, cuando Pedro y Mercedes estaban dirigiéndose a su trabajo y pasaron a dejar su hija a la escuela, se cruzan en la intersección de Alsina y 9 de julio, con el abogado de la familia García, Dr. Eduardo Antonelli, quien los mira intimidatoriamente. Cuando cambia el semáforo la familia continúa la marcha hasta la escuela 10, donde la niña se baja y al mirar por el espejo retrovisor, advierten que el Dr. Antonelli sigue en la posición en la que lo vieron mirando en la misma actitud intimidatoria hasta que el auto dobló en la calle Pacheco.
Dejamos constancia que ante cualquier atentado, daño, o si se llega a ver lesionado de alguna manera tanto la integridad física o bienes materiales de Pedro Aranda, Mercedes Pino, o alguno de los miembros de la Comisión o familiares de estos, hacemos responsables a los sospechosos de participar en la desaparición forzada de Daniel Solano.
Todo lo relatado arriba consta en el Acta de Denuncia Penal EXPTE. N° F1-9333-12.-
No dejaremos de seguir luchando para que se sepa la verdad de lo que le paso a Daniel Solano, y que los responsables cumplan su condena: llámense policías, funcionarios públicos, negociantes, mafiosos o empresarios.
Repudiamos este hecho de persecución mafiosa y hostigamiento a militantes que con solidaridad y amor luchan por una sociedad mejor.
COMISION DE SOLIDARIDAD Y APOYO A DANIEL SOLANO INTEGRADA POR:
MERCEDES PINO DNI: 27158923
PEDRO ARANDA DNI: 32057280
CLAUDIA MICHELENA DNI: 26385839
CAROLINA ALMADA DNI: 28372283
LAURA VINAYA DNI: 25200077
MARTÍN HERNÁNDEZ DNI: 26080632
AYELÉN FANDIÑO DNI: 35079709
MARCELA TORRES DNI: 28451695
GONZALO MORANTE DNI: 30428641
MARTÍN LAMAS DNI: 25665531
CESAR ALARCON DNI: 32.309.074
RODOLFO MOLINA DNI: 22.790.185
Y LOS COMPAÑEROS QUE PARTICIPARON DE LAS JORNADAS DEL 4 Y 5 DE NOVIEMBRE:
JAVIER ORTEGA DNI 33.450.836
GUILLERMINA GUEVARA DNI 29.247.043
 
 
 

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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