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Crónica del agua turbia. Privatizadas: renegociación con un monopolio

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Pese a que se podría rescindir el contrato con el monopolio de Aguas Argentinas, como había sugerido el presidente Kirchner, esa concesión fraudulenta continuará vigente a través de un nuevo convenio. Más de lo mismo para un servicio esencial que incumplió todo lo pactado pero se benefició de un sistema que sólo perjudica a la sociedad. Lo que dicen la Auditoría de la Nación y el Defensor del Pueblo.

Estaban todos los elementos dados para que el gobierno rescindiera el contrato de concesión con Aguas Argentinas. El propio presidente Néstor Kirchner había amenazado con hacerlo. Sin embargo, el acuerdo será renegociado. Mañana se firmará un acta de acuerdo que fijará las reglas de la discusión del nuevo convenio que abarcará a 60 mil hectáreas servidas de agua y 40 mil hectáreas de cloacas, correspondientes a casi 10 millones de personas en Capital Federal y los principales partidos del Gran Buenos Aires: en función del tamaño del área que abarca, el sistema sanitario argentino se considera el más grande del mundo transferido al sector privado mediante concesión. La red fue adjudicada en 1993 a un solo consorcio empresario -Aguas Argentinas- por 30 años y sin la exigencia del pago de un canon. Y, en esas condiciones, lo que se entregó no fue un servicio cualquiera sino uno esencial: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que el acceso al agua es un derecho humano indispensable que debe ser considerado un bien social y cultural y no un producto básico de carácter económico.

Las cosas del Estado

La red de agua y saneamiento estuvo a cargo de la empresa estatal Obras Sanitarias Argentinas (OSN), desde 1912 y nació con la premisa de ser un servicio social, que logró -en 1947- que el 94 por ciento de la población contara con agua corriente . A partir de la década del 50, sin embargo, el servicio no hizo más que declinar.
En 1980, la dictadura militar lo desmembró en 161 sistemas independientes, que transfirió a las provincias a través de un programa de descentralización. Esa medida condenó al servicio a la decadencia (terminó siendo inequitativo, obsoleto, contaminante y de baja calidad) y ayudó a crear un clima favorable a la privatización que se concretó en la década siguiente a favor de una firma liderada por la operadora francesa Suez Lyonnaise des Eaux Dumez y el grupo local Soldati.
En el año 1991, el porcentaje de población del área provista por OSN a través de red pública de agua corriente era del 73,01 y por red pública de desagües cloacales era de 55,72 (porcentaje que disminuye considerablemente si se excluye la Ciudad de Buenos Aires). Y en ocasión de la privatización, el servicio se encontraba en una situación de deterioro y obsolescencia tecnológica: un 79% de las cañerías había superado su vida útil y los catastros estaban desactualizados.
La calidad de la red no mejoró demasiado desde entonces, Por el contrario, la expansión de servicios a la población de bajos ingresos es uno de los grandes problemas de la pos-privatización.

Denuncia de la Auditoría

Tal como se desprende de los informes que, desde los inicios de la concesión, realizó la Auditoría General de la Nación, las negligencias son de suma gravedad. Dos auditorías ambientales alertan sobre contaminación en las aguas; los pozos de ciertas zonas de la provincia de Buenos Aires contienen “elevadas concentraciones de nitratos y coliformes totales”, mientras que los efluentes cloacales son vertidos directamente al Río de la Plata, sin el debido tratamiento para que no lleguen a las costas desechos industriales u otros elementos contaminantes
La red de cloacas que administra la concesionaria corresponde a 5.700.000 habitantes, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de 17 partidos del Conurbano. Según un informe de la AGN, sólo el 12 por ciento de la red recibe tratamiento final. La Auditoría puntualiza, además, que:

– No se construyeron los conductos que permitirían adentrarlos en el Río de la Plata, a una distancia que facilite su dilución y evite la contaminación de sus costas.

– No se construyeron nuevas cloacas máximas y ni plantas depuradoras,

– No se limpiaron ni se repararon cloacas máximas, colectores e impulsores.
La primera etapa de mejoras debía implementarse antes del final de 1998 y la segunda, en el 2005. Sin embargo, poco se ha hecho ya que, en febrero de 1997, la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable abrió la renegociación del contrato (decretos N°149/97 y 1167/97) y las obligaciones del concesionario se redujeron considerablemente. No se hizo ninguna obra sustancial en materia de conducción de vertidos.
Con relación a la calidad del agua, el informe AGN 41/2 afirma que:

– Hay áreas críticas en los partidos de Morón, La Matanza, Tres de Febrero, Tigre, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown y Esteban Echeverría por la presencia de elevadas concentraciones de nitratos y coliformes totales en agua de pozo.

– El concesionario no cumple con su compromiso de desmontar y cegar los pozos de producción de agua subterránea retirados del servicio.

– La empresa no presenta información detallada de los niveles de desincrustación a que se sometió a las cañerías.

– No cumple con la obligación de identificar las conexiones clandestinas de desagües pluviales a cloacales y viceversa, suministrando insuficiente información sobre acciones tendientes a eliminarlas.
(Pregunta inevitable: ¿los eficientes ejecutivos de Aguas Argentinas beberían aguan en esas condiciones?)
Sobre la calidad del servicio privatizado, otros informes señalan que la presión de agua es menor a la indicada por contrato y que los cortes imprevistos del servicio fueron incrementándose progresivamente, sobre todo a partir del séptimo año de concesión, a la vez que disminuía el número de cortes programados. Hechos que evidencian tanto el deterioro de las redes de agua potable y, en consecuencia, la baja de calidad en la prestación del servicio, como la ausencia de tareas de mantenimiento y renovación de la infraestructura.

La eficiencia

Cuando, en el 2003, el ministro de Economía Roberto Lavagna solicitó información a la Auditoría, el organismo elaboró el siguiente cuadro, en el que queda graficada la diversidad, gravedad y la persistencia de los incumplimientos.

TEMA
INCUMPLIMIENTOS AL 8° AÑO (2001)
Concentración límite de Nitratos en agua de red
Por 6° período consecutivo
Incumplimiento del límite de Cromo en agua de red
Sólo en 8° año
Incremento de pozos en servicio con contenido de arsénico
Por 4° período consecutivo
Deficiencias por bacterias coliformes en agua de red
Sólo en 8° año
Frecuencia de control de parámetros orgánicos e inorgánicos en agua subterranea
Sólo en 8° año
Presiones disponibles del servicio de agua en las conexiones domiciliarias, inferiores a 10 m.c.a.
Por 5° período consecutivo
No prestar servicio de provisión de agua en áreas de expansión, con presiones de al menos 10 m.c.a.
Por 3° período consecutivo
No presentación de los planos de isopresión
Por 3° período consecutivo
No aislar las fuentes alternativas de agua
Por 7° período consecutivo
No cumplir con el cegado de los desagües alternativos
Por 7° período consecutivo
No efectuar identificación de conexiones clandestinas o irregulares de pluviales
Por 7° período consecutivo
Tendencia negativa de la calidad de los parámetros de volcamiento en Planta Sudoeste
Por 2° período consecutivo
Por estar en el límite de demanda de cloro en el efluente tratado (Planta Norte)
Por 3° período consecutivo
No realiza los controles con la frecuencia establecida en el Marco Regulatorio (Radio Antiguo)
Por 2° período consecutivo
No informar sobre la calidad de los espiches afluentes para determinar la calidad del vertido
Por 2° período consecutivo
No denunciar todos los casos de infracciones de calidad de volcamiento industrial a colectora
Por 2° período consecutivo
No cumple con la solicitud de actualización completa y detallada del total de riesgos detectados, efectuada en el Informe del 7° año
Sólo en 8° año

Las leyes del mercado

El consorcio ganador de la licitación de aguas, resultó elegido porque se comprometió a reducir la tarifa un 26,9%, un porcentaje solo 8 décimas más bajo que el del oferente que salió segundo. Aún con esa rebaja, la concesión era negocio asegurado desde el inicio ya que, previo al traspaso, el gobierno de Carlos Menem había aumentado intencionalmente el valor del servicio. En febrero de 1991 se dispuso un aumento del 25% en la tarifa promedio; en abril de ese mismo año (ya en el marco de la ley de Convertibilidad) se produjo otro incremento del 29%; en abril de 1992 se incluyó la aplicación del IVA (18%) a las tarifas; y finalmente, poco antes de la transferencia de la empresa, se dispuso otro aumento tarifario del 8%.
Y aunque el contrato preveía que la tarifa debía mantenerse igual a lo largo de diez años, ocho meses después de iniciada la concesión, la empresa planteó una “revisión extraordinaria” de tarifas, con el argumento de “pérdidas operativas no previstas”. Poco después una resolución del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios ETOSS -el organismo que debe velar por el cumplimiento de lo pautado- autorizó un incremento de la tarifa general del 13,5% a partir de julio de 1994; el cargo mínimo de conexión de agua aumentó el 83,7% y el de cloacas un 42%, al tiempo que los cargos de infraestructura se incrementaron un 38,5% y un 45,7% para los servicios de agua potable y de desagues cloacales respectivamente.
“En base a esta nueva y reformulada estructura tarifaria, en el segundo año de gestión, la empresa Aguas Argentinas pasó de una situación deficitaria a una fuertemente superavitaria facturando casi 350 millones de dólares, con una rentabilidad neta superior a los 50 millones de la misma moneda –puntualiza Daniel Aspiazu en su libro Las privatizaciones en la Argentina­­- ; al tiempo que el ETOSS constataba una amplia gama de incumplimientos empresarios, muy particularmente en cuanto al grado de ejecución de las obras e inversiones que poco antes habían fundamentado la “revisión extraordinaria” de las tarifas” .
A modo de ejemplo: la Resolución N51/98 de la AGN puntualiza que “se han verificado atrasos sustanciales en las obras acordadas, así como una serie de irregularidades detectadas en las obras en curso, de tal entidad que hacen dudoso el cumplimiento por parte de la concesionaria de los compromisos asumidos Al respecto, la aplicación de sanciones por parte del Ente Regulador, acotadas por la falta de información adecuada, ha tenido un efecto correctivo limitado”

El management

La reticencia a brindar datos por parte de la concesionaria es una actitud sistemática, según las auditorías. La poca información obtenida no tiene criterio uniformado de elaboración:

– La falta de información ha logrado limitar el ejercicio de los controles propios del ente regulador, que no encontró los medios de suplir la información retaceada o negada oportunamente por la concesionaria.

– Los Informes Anuales de los años 1º y 2º de la concesión no fueron presentados en tiempo y forma al Ente; el correspondiente al 3ºaño fue elevado en término pero sin respetar las especificaciones de forma indicadas por el ETOSS.

– La información suministrada por el concesionario, resulta extemporánea e insuficiente; esto dificulta la tarea de control, no resultando eficaces las medidas implementadas por el ETOSS para corregir la gestión que lleva a cabo el concesionario.
A la par, los informes cuestionan, en reiteradas ocasiones, el criterio de tarifación. Entre otras cosas, señalan que:

– Se basa en un típico sistema de facturación por capacidad contributiva presunta del propietario del inmueble servido

– Las propiedades se valúan por un sistema catastral muy desactualizado fundamentalmente en cuanto a la calidad de las edificaciones

– El sistema considera independiente el consumo de agua, del nivel tarifario, es decir, que la tarifa será la misma cualquiera sean los m3 de agua consumidos.

– La falta de estímulos o señales para un aprovechamiento económico del servicio conduce inevitablemente a un consumo superfluo lo que encarece el costo de las prestaciones e impide cualquier asignación racional de los recursos.

– Se sigue convalidando el despilfarro del agua que ha sido la característica central de OSN en materia tarifaria durante tantos años

Un estudio del propio Etoss permite constatar que la tarifa media residencial del servicio se incrementó entre mayo de 1993 y enero de 2002 en un 88.2%. Los márgenes de beneficio internalizados por Aguas Argentinas durante los años noventa en nada se asemejan a los niveles considerados aceptables o razonables en otros países para la “industria” del agua –observa Aspiazu- Así, por ejemplo, en Estados Unidos las tasas de beneficios obtenidos en 1991 fluctuaron entre un mínimo del 6% del patrimonio neto y un máximo del 12,5%; en el Reino Unido la tasa razonable para el sector se ubica entre el 6 y el 7%; en Francia se considera como tasa de retorno aceptable la del 6% del patrimonio neto .
La contrapartida de estos extraordinarios márgenes de beneficio fueron los niveles de endeudamiento externo en que incurrió la firma. Es uno de los rasgos más relevantes de la gestión empresaria de Aguas Argentinas: la sistemática reticencia a asignar recursos propios y, en paralelo, la marcada propensión a recurrir a fuentes financieras internacionales, a tasas de interés muy por debajo de las vigentes en el mercado doméstico. Vale recordar, a este respecto, que si bien la empresa no tenía obligación de aportar capital propio, existía un límite al endeudamiento -establecido en la oferta original- que no respetó y que la autoridad regulatoria no controló.

La libertad de empresa

Los reiterados incumplimientos de la empresa no hacen más que resaltar la falta de un seguimiento responsable por parte del Ente Tripartido de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), encargado de velar por el cumplimiento del contrato. Los trabajos de auditoría se centran en dos dimensiones:

– Un control deficiente y extemporáneo que permitió la repetición de incumplimientos. Por ejemplo:
– No ha exigido la presentación de documentación
– No se han realizado evaluaciones efectivas sobre las prestaciones del servicio brindado por el concesionario

– No ha elaborado regulaciones o normativas propias, que reglamenten en forma significativa su accionar tanto a nivel de análisis como de resoluciones.
– No cuenta con información representativa, actualizada y permanente por no poseer los medios tecnológicos para acceder a la información de base producida por el concesionario.

– No tener un programa propio de control.
– No contar con personal suficiente

– La escasa y tardía penalización de las trasgresiones al contrato. Por ejemplo:
– El sistema de control existente no permite encarar acciones correctivas ante la detección de desvíos en la ejecución de las inversiones.

Todo esto enmarcado en el hecho de que las sucesivas modificaciones realizadas al contrato original, flexibilizaron las multas máximas que -en muchos casos- terminaron por resultar poco significativas en relación con el incumplimiento.
La Resolución N° 49/00 de la AGN recuerda que “la actualización al 31-12-97 de los conceptos y recomendaciones efectuadas en las actuaciones anteriores, lleva globalmente a la conclusión de que el Ente no ha perfeccionado sus procedimientos a efectos de hacer clara las revisiones y las aplicaciones de sanciones como fuera recomendado anteriormente”.

Como en el resto de las privatizaciones, el rol del ente regulador es clave porque, si cumple con su función, sirve para moderar el afán empresario, y de no hacerlo, -tal como ocurrió en la mayor parte de las concesiones- porque profundiza la inequidad y traslada al usuario lo que debería ser el riesgo empresario.

En el caso del ETOSS el equilibrio es aún más complejo porque la falla se remonta a su propia idiosincracia de origen. “El de aguas y servicios cloacales es, probablemente, el sector (quizá con peajes, ferrocarriles y telecomunicaciones) donde más claramente se refleja la captura institucional o, en otros términos, la subrogación estatal a los intereses del capital concentrado interno”, afirma el investigador Martín Schorr en varios de sus trabajos.
El financiamiento del organismo proviene de una tasa fija de 2,67% sobre cada factura abonada por los usuarios, mientras que el importe de las multas que debería aplicar, no pasa a solventar sus actividades sino que debería destinarse a los usuarios bajo forma de reintegros. El hecho de que el organismo de control del desempeño de la firma monopólica se financie mediante una proporción fija de la facturación del servicio por parte de la misma contradice las recomendaciones en materia de diseño institucional para la regulación. “Este tipo de mecanismo de financiamiento eleva considerablemente el riesgo de captura del mismo por parte de la empresa regulada, en tanto el órgano regulador no cuenta con mayores incentivos para inducir o promover una reducción de las tarifas que, en caso de concretarse, afectaría los ingresos del concesionario y, en consecuencia, sus propios ingresos” advierten, Azpiazu, Andrea Catenazzi y Karina Forcinito, en Recursos Públicos, negocios privados: agua potable y saneamiento ambiental en el
Area Metropolitana de Buenos Aires, un libro de reciente aparición.

En descargo del ETOSS hay que decir, no obstante, que fue hasta tal punto desplazado de las negociaciones que la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, dirigida por María Julia Alzogaray se erigió como la autoridad responsable. “En los resultados de la renegociación del contrato del 97 se advierte la paradójica situación consistente en que, frente a las recomendaciones de independencia del ente regulador para evitar la captura por parte de la empresa regulada y/o la cooptación por parte del cortoplacismo del poder político, en este caso la debilidad del ente regulador ni siquiera le permitió acceder a constituirse en objeto de disputa” , señala Catenazzi en Privatización y universalidad de los servicios urbanos en la región metropolitana de Buenos Aires.

Este contexto explica -en gran parte- por qué los incumplimientos quedaron diluidos en sucesivas renegociaciones, aún cuando ya había elementos suficientes para rescindir la concesión, tal como obliga el contrato. La investigadora sostiene que hacia fines del tercer año de concesión estaban dadas las condiciones para terminar con el acuerdo. “Este proceso de privatización no ha sido simplemente un cambio en el régimen de prestación, sino de una transferencia de funciones de planificación y de gobierno al sector privado”.

Tal como escribió el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino en febrero de 2004 “No cabe ninguna duda de que el actual modelo de gestión fracasó. Es el momento entonces de analizar uno nuevo, de manera tal que se garantice a los ciudadanos el goce de un servicio de agua potable y saneamiento eficiente, a precios razonables, con niveles de calidad, y en condiciones de igualdad”.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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