Pese a que se podría rescindir el contrato con el monopolio de Aguas Argentinas, como había sugerido el presidente Kirchner, esa concesión fraudulenta continuará vigente a través de un nuevo convenio. Más de lo mismo para un servicio esencial que incumplió todo lo pactado pero se benefició de un sistema que sólo perjudica a la sociedad. Lo que dicen la Auditoría de la Nación y el Defensor del Pueblo.

Estaban todos los elementos dados para que el gobierno rescindiera el contrato de concesión con Aguas Argentinas. El propio presidente Néstor Kirchner había amenazado con hacerlo. Sin embargo, el acuerdo será renegociado. Mañana se firmará un acta de acuerdo que fijará las reglas de la discusión del nuevo convenio que abarcará a 60 mil hectáreas servidas de agua y 40 mil hectáreas de cloacas, correspondientes a casi 10 millones de personas en Capital Federal y los principales partidos del Gran Buenos Aires: en función del tamaño del área que abarca, el sistema sanitario argentino se considera el más grande del mundo transferido al sector privado mediante concesión. La red fue adjudicada en 1993 a un solo consorcio empresario -Aguas Argentinas- por 30 años y sin la exigencia del pago de un canon. Y, en esas condiciones, lo que se entregó no fue un servicio cualquiera sino uno esencial: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que el acceso al agua es un derecho humano indispensable que debe ser considerado un bien social y cultural y no un producto básico de carácter económico.

Las cosas del Estado

La red de agua y saneamiento estuvo a cargo de la empresa estatal Obras Sanitarias Argentinas (OSN), desde 1912 y nació con la premisa de ser un servicio social, que logró -en 1947- que el 94 por ciento de la población contara con agua corriente . A partir de la década del 50, sin embargo, el servicio no hizo más que declinar.
En 1980, la dictadura militar lo desmembró en 161 sistemas independientes, que transfirió a las provincias a través de un programa de descentralización. Esa medida condenó al servicio a la decadencia (terminó siendo inequitativo, obsoleto, contaminante y de baja calidad) y ayudó a crear un clima favorable a la privatización que se concretó en la década siguiente a favor de una firma liderada por la operadora francesa Suez Lyonnaise des Eaux Dumez y el grupo local Soldati.
En el año 1991, el porcentaje de población del área provista por OSN a través de red pública de agua corriente era del 73,01 y por red pública de desagües cloacales era de 55,72 (porcentaje que disminuye considerablemente si se excluye la Ciudad de Buenos Aires). Y en ocasión de la privatización, el servicio se encontraba en una situación de deterioro y obsolescencia tecnológica: un 79% de las cañerías había superado su vida útil y los catastros estaban desactualizados.
La calidad de la red no mejoró demasiado desde entonces, Por el contrario, la expansión de servicios a la población de bajos ingresos es uno de los grandes problemas de la pos-privatización.

Denuncia de la Auditoría

Tal como se desprende de los informes que, desde los inicios de la concesión, realizó la Auditoría General de la Nación, las negligencias son de suma gravedad. Dos auditorías ambientales alertan sobre contaminación en las aguas; los pozos de ciertas zonas de la provincia de Buenos Aires contienen «elevadas concentraciones de nitratos y coliformes totales», mientras que los efluentes cloacales son vertidos directamente al Río de la Plata, sin el debido tratamiento para que no lleguen a las costas desechos industriales u otros elementos contaminantes
La red de cloacas que administra la concesionaria corresponde a 5.700.000 habitantes, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de 17 partidos del Conurbano. Según un informe de la AGN, sólo el 12 por ciento de la red recibe tratamiento final. La Auditoría puntualiza, además, que:

– No se construyeron los conductos que permitirían adentrarlos en el Río de la Plata, a una distancia que facilite su dilución y evite la contaminación de sus costas.

– No se construyeron nuevas cloacas máximas y ni plantas depuradoras,

– No se limpiaron ni se repararon cloacas máximas, colectores e impulsores.
La primera etapa de mejoras debía implementarse antes del final de 1998 y la segunda, en el 2005. Sin embargo, poco se ha hecho ya que, en febrero de 1997, la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable abrió la renegociación del contrato (decretos N°149/97 y 1167/97) y las obligaciones del concesionario se redujeron considerablemente. No se hizo ninguna obra sustancial en materia de conducción de vertidos.
Con relación a la calidad del agua, el informe AGN 41/2 afirma que:

– Hay áreas críticas en los partidos de Morón, La Matanza, Tres de Febrero, Tigre, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown y Esteban Echeverría por la presencia de elevadas concentraciones de nitratos y coliformes totales en agua de pozo.

– El concesionario no cumple con su compromiso de desmontar y cegar los pozos de producción de agua subterránea retirados del servicio.

– La empresa no presenta información detallada de los niveles de desincrustación a que se sometió a las cañerías.

– No cumple con la obligación de identificar las conexiones clandestinas de desagües pluviales a cloacales y viceversa, suministrando insuficiente información sobre acciones tendientes a eliminarlas.
(Pregunta inevitable: ¿los eficientes ejecutivos de Aguas Argentinas beberían aguan en esas condiciones?)
Sobre la calidad del servicio privatizado, otros informes señalan que la presión de agua es menor a la indicada por contrato y que los cortes imprevistos del servicio fueron incrementándose progresivamente, sobre todo a partir del séptimo año de concesión, a la vez que disminuía el número de cortes programados. Hechos que evidencian tanto el deterioro de las redes de agua potable y, en consecuencia, la baja de calidad en la prestación del servicio, como la ausencia de tareas de mantenimiento y renovación de la infraestructura.

La eficiencia

Cuando, en el 2003, el ministro de Economía Roberto Lavagna solicitó información a la Auditoría, el organismo elaboró el siguiente cuadro, en el que queda graficada la diversidad, gravedad y la persistencia de los incumplimientos.

Las leyes del mercado

El consorcio ganador de la licitación de aguas, resultó elegido porque se comprometió a reducir la tarifa un 26,9%, un porcentaje solo 8 décimas más bajo que el del oferente que salió segundo. Aún con esa rebaja, la concesión era negocio asegurado desde el inicio ya que, previo al traspaso, el gobierno de Carlos Menem había aumentado intencionalmente el valor del servicio. En febrero de 1991 se dispuso un aumento del 25% en la tarifa promedio; en abril de ese mismo año (ya en el marco de la ley de Convertibilidad) se produjo otro incremento del 29%; en abril de 1992 se incluyó la aplicación del IVA (18%) a las tarifas; y finalmente, poco antes de la transferencia de la empresa, se dispuso otro aumento tarifario del 8%.
Y aunque el contrato preveía que la tarifa debía mantenerse igual a lo largo de diez años, ocho meses después de iniciada la concesión, la empresa planteó una «revisión extraordinaria» de tarifas, con el argumento de «pérdidas operativas no previstas». Poco después una resolución del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios ETOSS -el organismo que debe velar por el cumplimiento de lo pautado- autorizó un incremento de la tarifa general del 13,5% a partir de julio de 1994; el cargo mínimo de conexión de agua aumentó el 83,7% y el de cloacas un 42%, al tiempo que los cargos de infraestructura se incrementaron un 38,5% y un 45,7% para los servicios de agua potable y de desagues cloacales respectivamente.
«En base a esta nueva y reformulada estructura tarifaria, en el segundo año de gestión, la empresa Aguas Argentinas pasó de una situación deficitaria a una fuertemente superavitaria facturando casi 350 millones de dólares, con una rentabilidad neta superior a los 50 millones de la misma moneda –puntualiza Daniel Aspiazu en su libro Las privatizaciones en la Argentina­­- ; al tiempo que el ETOSS constataba una amplia gama de incumplimientos empresarios, muy particularmente en cuanto al grado de ejecución de las obras e inversiones que poco antes habían fundamentado la «revisión extraordinaria» de las tarifas» .
A modo de ejemplo: la Resolución N51/98 de la AGN puntualiza que «se han verificado atrasos sustanciales en las obras acordadas, así como una serie de irregularidades detectadas en las obras en curso, de tal entidad que hacen dudoso el cumplimiento por parte de la concesionaria de los compromisos asumidos Al respecto, la aplicación de sanciones por parte del Ente Regulador, acotadas por la falta de información adecuada, ha tenido un efecto correctivo limitado»

El management

La reticencia a brindar datos por parte de la concesionaria es una actitud sistemática, según las auditorías. La poca información obtenida no tiene criterio uniformado de elaboración:

– La falta de información ha logrado limitar el ejercicio de los controles propios del ente regulador, que no encontró los medios de suplir la información retaceada o negada oportunamente por la concesionaria.

– Los Informes Anuales de los años 1º y 2º de la concesión no fueron presentados en tiempo y forma al Ente; el correspondiente al 3ºaño fue elevado en término pero sin respetar las especificaciones de forma indicadas por el ETOSS.

– La información suministrada por el concesionario, resulta extemporánea e insuficiente; esto dificulta la tarea de control, no resultando eficaces las medidas implementadas por el ETOSS para corregir la gestión que lleva a cabo el concesionario.
A la par, los informes cuestionan, en reiteradas ocasiones, el criterio de tarifación. Entre otras cosas, señalan que:

– Se basa en un típico sistema de facturación por capacidad contributiva presunta del propietario del inmueble servido

– Las propiedades se valúan por un sistema catastral muy desactualizado fundamentalmente en cuanto a la calidad de las edificaciones

– El sistema considera independiente el consumo de agua, del nivel tarifario, es decir, que la tarifa será la misma cualquiera sean los m3 de agua consumidos.

– La falta de estímulos o señales para un aprovechamiento económico del servicio conduce inevitablemente a un consumo superfluo lo que encarece el costo de las prestaciones e impide cualquier asignación racional de los recursos.

– Se sigue convalidando el despilfarro del agua que ha sido la característica central de OSN en materia tarifaria durante tantos años

Un estudio del propio Etoss permite constatar que la tarifa media residencial del servicio se incrementó entre mayo de 1993 y enero de 2002 en un 88.2%. Los márgenes de beneficio internalizados por Aguas Argentinas durante los años noventa en nada se asemejan a los niveles considerados aceptables o razonables en otros países para la «industria» del agua –observa Aspiazu- Así, por ejemplo, en Estados Unidos las tasas de beneficios obtenidos en 1991 fluctuaron entre un mínimo del 6% del patrimonio neto y un máximo del 12,5%; en el Reino Unido la tasa razonable para el sector se ubica entre el 6 y el 7%; en Francia se considera como tasa de retorno aceptable la del 6% del patrimonio neto .
La contrapartida de estos extraordinarios márgenes de beneficio fueron los niveles de endeudamiento externo en que incurrió la firma. Es uno de los rasgos más relevantes de la gestión empresaria de Aguas Argentinas: la sistemática reticencia a asignar recursos propios y, en paralelo, la marcada propensión a recurrir a fuentes financieras internacionales, a tasas de interés muy por debajo de las vigentes en el mercado doméstico. Vale recordar, a este respecto, que si bien la empresa no tenía obligación de aportar capital propio, existía un límite al endeudamiento -establecido en la oferta original- que no respetó y que la autoridad regulatoria no controló.

La libertad de empresa

Los reiterados incumplimientos de la empresa no hacen más que resaltar la falta de un seguimiento responsable por parte del Ente Tripartido de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), encargado de velar por el cumplimiento del contrato. Los trabajos de auditoría se centran en dos dimensiones:

– Un control deficiente y extemporáneo que permitió la repetición de incumplimientos. Por ejemplo:
– No ha exigido la presentación de documentación
– No se han realizado evaluaciones efectivas sobre las prestaciones del servicio brindado por el concesionario

– No ha elaborado regulaciones o normativas propias, que reglamenten en forma significativa su accionar tanto a nivel de análisis como de resoluciones.
– No cuenta con información representativa, actualizada y permanente por no poseer los medios tecnológicos para acceder a la información de base producida por el concesionario.

– No tener un programa propio de control.
– No contar con personal suficiente

– La escasa y tardía penalización de las trasgresiones al contrato. Por ejemplo:
– El sistema de control existente no permite encarar acciones correctivas ante la detección de desvíos en la ejecución de las inversiones.

Todo esto enmarcado en el hecho de que las sucesivas modificaciones realizadas al contrato original, flexibilizaron las multas máximas que -en muchos casos- terminaron por resultar poco significativas en relación con el incumplimiento.
La Resolución N° 49/00 de la AGN recuerda que «la actualización al 31-12-97 de los conceptos y recomendaciones efectuadas en las actuaciones anteriores, lleva globalmente a la conclusión de que el Ente no ha perfeccionado sus procedimientos a efectos de hacer clara las revisiones y las aplicaciones de sanciones como fuera recomendado anteriormente».

Como en el resto de las privatizaciones, el rol del ente regulador es clave porque, si cumple con su función, sirve para moderar el afán empresario, y de no hacerlo, -tal como ocurrió en la mayor parte de las concesiones- porque profundiza la inequidad y traslada al usuario lo que debería ser el riesgo empresario.

En el caso del ETOSS el equilibrio es aún más complejo porque la falla se remonta a su propia idiosincracia de origen. «El de aguas y servicios cloacales es, probablemente, el sector (quizá con peajes, ferrocarriles y telecomunicaciones) donde más claramente se refleja la captura institucional o, en otros términos, la subrogación estatal a los intereses del capital concentrado interno», afirma el investigador Martín Schorr en varios de sus trabajos.
El financiamiento del organismo proviene de una tasa fija de 2,67% sobre cada factura abonada por los usuarios, mientras que el importe de las multas que debería aplicar, no pasa a solventar sus actividades sino que debería destinarse a los usuarios bajo forma de reintegros. El hecho de que el organismo de control del desempeño de la firma monopólica se financie mediante una proporción fija de la facturación del servicio por parte de la misma contradice las recomendaciones en materia de diseño institucional para la regulación. “Este tipo de mecanismo de financiamiento eleva considerablemente el riesgo de captura del mismo por parte de la empresa regulada, en tanto el órgano regulador no cuenta con mayores incentivos para inducir o promover una reducción de las tarifas que, en caso de concretarse, afectaría los ingresos del concesionario y, en consecuencia, sus propios ingresos» advierten, Azpiazu, Andrea Catenazzi y Karina Forcinito, en Recursos Públicos, negocios privados: agua potable y saneamiento ambiental en el
Area Metropolitana de Buenos Aires, un libro de reciente aparición.

En descargo del ETOSS hay que decir, no obstante, que fue hasta tal punto desplazado de las negociaciones que la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, dirigida por María Julia Alzogaray se erigió como la autoridad responsable. «En los resultados de la renegociación del contrato del 97 se advierte la paradójica situación consistente en que, frente a las recomendaciones de independencia del ente regulador para evitar la captura por parte de la empresa regulada y/o la cooptación por parte del cortoplacismo del poder político, en este caso la debilidad del ente regulador ni siquiera le permitió acceder a constituirse en objeto de disputa» , señala Catenazzi en Privatización y universalidad de los servicios urbanos en la región metropolitana de Buenos Aires.

Este contexto explica -en gran parte- por qué los incumplimientos quedaron diluidos en sucesivas renegociaciones, aún cuando ya había elementos suficientes para rescindir la concesión, tal como obliga el contrato. La investigadora sostiene que hacia fines del tercer año de concesión estaban dadas las condiciones para terminar con el acuerdo. «Este proceso de privatización no ha sido simplemente un cambio en el régimen de prestación, sino de una transferencia de funciones de planificación y de gobierno al sector privado».

Tal como escribió el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino en febrero de 2004 «No cabe ninguna duda de que el actual modelo de gestión fracasó. Es el momento entonces de analizar uno nuevo, de manera tal que se garantice a los ciudadanos el goce de un servicio de agua potable y saneamiento eficiente, a precios razonables, con niveles de calidad, y en condiciones de igualdad».