#NiUnaMás

La fuerza del delito. Femicidios y violencia policial

Publicada

hace 5 años

22/12/2021

Las historias de Magalí, en San Luis, y la de Victoria en Entre Ríos: dos casos testigo muestran el cruce entre violencia institucional y violencia machista, ejercida por policías. Por qué y cómo las familias plantean que se trata de femicidios, mientras el Estado, a través de la justicia, cuida más a los efectivos que a las víctimas. Los pedidos desesperados de las familias, mientras las causas se desarman. Y los datos que dibujan el patrón femicida hacia adentro de las fuerzas. Por Lucrecia Raimondi y Malena Gauna.

La fuerza del delito. Femicidios y violencia policial

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Florencia Magalí Morales había salido en bicicleta la mañana del 5 de abril de 2020 –plena pandemia- a comprar comida para sus dos hijes. La policía de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, la detuvo por romper el aislamiento obligatorio. Voluntariamente se presentó a las 9.30 en la Comisaría 25ª. Diez horas después apareció muerta en una celda.

La policía puntana presentó el caso como suicidio, pero los peritajes de parte confirmaron en septiembre de este año que fue estrangulada. Los últimos informes cuestionaron la primera autopsia que había certificado la versión policial: las pruebas criminalísticas demostraron que al cuerpo le faltaban músculos del cuello claves para determinar la causa de muerte y que el cordón del buzo con que encontraron atada a Magalí era un elemento extraño porque no coincidía con la ropa que llevaba ese día. También tenía hematomas en brazos y piernas que fueron omitidos por el forense: al momento de la detención, a Magalí la revisó una médica que certificó el buen estado de salud de la joven; se mostró cordial y respetuosa, sin necesidad de medicación, y su cuerpo no tenía lesiones.

Tanto la familia con sus abogados como la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que se incorporó como parte en abril de este año, sostienen que a Magalí la golpearon después de detenerla, cuando la ingresaron al calabozo.

El juez Jorge Pinto, del Juzgado de Instrucción Penal del Departamento de Junín, al frente de la investigación, definió el 2 de diciembre procesar a cuatro policías implicados: el comisario Reynaldo Heraldo Clavero y el jefe de guardia, Marcos Ontiveros, que quedaron detenidos en una alcaldía con prisión preventiva por el delito de “aplicación de vejaciones y severidades a un detenido, ambos en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”. Por su parte, las policías María Eugenia Argüello y Johana Paola Torres fueron procesadas sin prisión por “incumplimiento a los deberes del oficio en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario”.

La defensa de los policías cuestionó la decisión de prisión preventiva y el juez Pinto le dio lugar al requerimiento. La querella apeló y cinco días después de haberse dictado las acusaciones, la Cámara del Crimen de Concarán confirmó la excarcelación de Clavero y Ontiveros.

“Que estén libres es una tomada de pelo”, dice Celeste, hermana de Magalí, a MU. “Lo que nosotros venimos haciendo hace 20 meses pidiendo justicia por mi hermana, que ni estando viva la respetaron por los golpes que recibió, demostrando que la mataron, que no se suicidó, el juez Pinto lo resuelve en menos de una semana”.

A un año y ocho meses del crimen de Florencia Magalí Morales la causa sigue sin ningún detenido, pese a que el procesamiento con prisión de los policías fue fundamentado por más de 40 declaraciones e informes de 15 peritos oficiales del Poder Judicial de San Luis, más dos peritos de parte que demostraron la causa de muerte de asfixia por estrangulamiento. La hipótesis del suicidio no se sostiene, pero ninguna acusación a los policías fue por homicidio. “El juez Pinto se maneja con total impunidad –denuncia Celeste- cuando él sabe que a mi hermana la mataron y el fiscal que quiso archivar la causa, que sostienen después de las autopsias que fueron delitos menores. Es terrible, todo tan insensible”, dice y se quiebra al relatar el momento en que le tuvo que contar a sus sobrinos que los asesinos de su madre quedarían libres.

La familia Morales denunció desde el primer momento que se trató de un femicidio institucional, pese a que la causa se investiga en el marco de un incumplimiento policial sin tener en cuenta la perspectiva de género ni la violación de los derechos humanos. Asegura Celeste: “A Magalí le hicieron todo lo que le hicieron por su condición de mujer, la degradaron, la humillaron: por eso sostenemos que fue un femicidio. Todo lo que debía hacerse se hizo mal, se ocultaron pruebas, se quiso archivar el caso. Se ensañaron con mi hermana golpeándola, matándola, diciendo mil quinientas mentiras. Y ahora se ensañaron con nosotros, la familia”.

El abogado de la familia, Santiago Calderón, cuenta por qué plantean la figura del femicidio institucional: “El femicidio institucional tiene que ver con el rol del efectivo policial y el odio en particular para con la mujer. Una cámara de seguridad registró cuando Magalí ingresa a la comisaría y hay un cruce de palabras con el comisario. Y tiene que ver justamente con eso: que una mujer no pueda discutir las órdenes de un efectivo policial. Y después, me ha llegado que particularmente la comisaría de Santa Rosa es muy distinta a la de la ciudad: es de otra época, y tienen una perspectiva muy diferente, que también han sufrido muchos grupos feministas en distintas manifestaciones, que son más agresivos con las mujeres. En el caso de Magalí es muy evidente y surge de las propias declaraciones de los efectivos policiales que en el momento quedaron detenidos dos masculinos por incumplimiento del artículo 205 y Magalí, que fue la única mujer en pandemia que quedó detenida por no respetar el aislamiento. Y desde el principio el trato fue totalmente diferente. En el caso de los varones, los trasladaron por mayor seguridad a otra alcaldía que está cerca con mejores instalaciones. La excusa por la cual no se trasladó a Magalí es porque no funcionaba supuestamente un baño femenino de aquella institución, lo que llamó la atención porque a Magalí no la dejaban ir al baño. A partir de quedarse sola en la comisaría, surgen situaciones de violencia y vejaciones por parte de la policía solamente para con ella. Su vecina quiso llevarle ropa pero no la dejaron verla, quedó incomunicada y la mochila de Magalí desapareció. Entonces surge evidente el femicidio y la cuestión de género, porque hubo un trato muy diferente para con los masculinos que los propios testigos declararon que les llama la atención el trato que tuvieron con ella”.

Magalí y Celeste Morales eran hermanas muy unidas. Se llevaban un año y medio de diferencia; las mayores de cinco hermanas mujeres. Oriundas de Las Heras, Mendoza, tenían una relación de amistad, compinche. Las visitas a Las Heras eran frecuentes: las fiestas y el Día de la Madre no fallaban. Lo peor de la vida de Celeste fue tener que reconocer el cuerpo muerto de Magalí. “Mi hermana era todo risas, esas personas que cuando te bajoneabas te levantaba y que no le costaba demostrar que te quería, decirte que te amaba. Era re cariñosa, re alegre”, recuerda y enseguida reclama: “Queremos justicia, lo único que pedimos, y no tuvimos respuesta ni contacto del gobierno de San Luis, ni del Ministerio de Seguridad, ni del Presidente al que le presenté el caso. Duele mucho el destrato y maltrato de la justicia y del gobierno. Estamos hablando de una persona muerta y una familia que todavía no puede ponerse a hacer el duelo total y completo, porque seguimos en lucha”.

Abuso de la fuerza

Victoria Nuñez fue reducida violentamente por cinco policías mientras sufría un ataque de pánico. Minutos después de la intervención policial murió camino al hospital San Martín de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

La mañana del 21 de julio Marcela, la madre de Victoria Nuñez, tenía tres llamadas perdidas de su hija en su celular. Le devolvió el llamado y Victoria le respondió desesperada: “Mami venite ya para acá, hay alguien adentro”. Al escucharla con un tono extraño, Marcela tomó un remís hacia la casa de su hija. En el lugar, notó que Vicky tenía una crisis nerviosa, pensaba que había alguien más que quería hacerle daño cuando los únicos que estaban eran ella y Jorge.

Los familiares no podían calmarla, entonces intentaron pedir una ambulancia, pero les dijeron que primero debían llamar al 911.

Tres patrulleros se dirigieron a la casa ubicada en Newbery y Garrigó. Entraron de forma invasiva provocando que la joven se asustara y quisiera escapar, pero estaba rodeada de siete policías que estaban en el comedor y cuatro más en el patio. Desorientada por la situación Vicky empezó a gritar: “¿Qué me quieren hacer? ¡que se vayan!”.

Victoria tenía un cuchillo de cocina en la cintura. La única policía mujer que estaba en el lugar de los hechos le dijo a la madre que la iba a denunciar porque estaba poniendo en riesgo al personal y que eran una molestia.

Más tarde, cinco agentes empezaron a forcejear con Victoria. Se abalanzaron sobre su delgado cuerpo, la tiraron al suelo para esposarla, le cortaron las manos y lastimaron su rostro. Presionaron tanto su cuello que se quedó sin aire y se desmayó.

Marcela notó que no respiraba, quiso acercarse pero la policía lo impidió, le dijeron que estaba dormida. En un momento la soltaron. Vicky estaba fría y mojada. La pareja logró hacerle reanimación boca a boca mientras esperaban la llegada de la ambulancia pero, a pesar de las maniobras de RCP que realizó el personal de salud, no sobrevivió.

La causa, caratulada como averiguación de muerte, continúa en una instancia de análisis llevada a cabo por la Fiscalía de Investigación y Litigación de Paraná, a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra. La fiscalía comunicó que actualmente están a la espera del resultado de un informe anatomopatológico. Desde el comienzo el fiscal Pereyra sostuvo que no había indicios de que hubiera existido un accionar ilícito por parte de los agentes sino que la principal hipótesis apunta a una muerte clínica.

Sin embargo, la madre de Victoria denuncia que la policía actuó con abuso de poder y sin el paradigma de salud mental que debería haberse aplicado. Sostiene que no murió de un infarto, sino que la violencia que ejercieron fue causante de la muerte de su hija. “Existen dos líneas de investigación: para la fiscalía no hay conexión entre la muerte de Vicky y la intervención policial; para la querella la muerte es ocasionada por la intervención policial”, explicó Emma Clementi, abogada querellante que representa a la familia.

La investigación que plantea la abogada querellante es a partir de la probabilidad de un transfemicidio en contexto de violencia institucional aplicando protocolos sobre muertes por motivos de género y con perspectiva de salud mental.

Clementi solicitó que se aparte a los y la agente que intervinieron mientras se estudie el caso pero no fue concedido. No hay policías identificados ni acusados. La causa está demorada a la espera de más pruebas que ayuden a esclarecer el crimen de odio.

Casi seis meses después de los acontecimientos nunca llamaron a Marcela desde la Fiscalía. Recuerda a Vicky como una persona dinámica, divertida, que le gustaba hacer sorpresas, reunir a la familia y sobre todo, tenían un vínculo muy fuerte entre ellas. “Éramos muy unidas. Nos sentábamos en el patio y hablábamos horas y horas hasta las cuatro de la mañana. Le gustaba peinarme, le encantaba mi pelo. Siempre tenía regalos para mí, en cada encuentro me traía un bon o bon, un caramelo. La justicia debe hacer algo: no merecía ese maltrato”.

La portación de un arma, un atajo a la muerte

Los femicidios y la violencia machista dentro de las distintas fuerzas de seguridad, en especial las policías, no solo son una constante sino que se acompañan de encubrimientos, falta de sanciones e impunidad judicial.

El Observatorio Lucía Pérez registró 32 femicidios cometidos en 2021 por miembros de las fuerzas de seguridad. A esta violencia se suma el entramado policial-judicial del que se desprende esa violencia institucional.

Esta situación se repite desde hace años: en su registro, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informa que entre 2010 y agosto de 2021 al menos 52 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías; 19 eran funcionarias de seguridad. El CELS analiza específicamente un motivo posible: “Existen prácticas de encubrimiento de las muertes cuyos responsables integran las fuerzas de seguridad. Como auxiliares de la justicia, las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho, lo que significa que pueden falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para hacerla coincidir con su versión”.

Por su parte, el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (Inecip) en su último informe disponible sobre “Armas de fuego y violencias de género en Argentina” registró que de los femicidios cometidos con armas de fuego entre 2013 y 2018, que uno de cada 4 femicidios es cometido por un miembro de una fuerza de seguridad. Además, el Inecip registró que en el 50% de los casos no se conoce la ocupación del femicida, lo cual apoya el análisis anterior: en muchos casos no queda registro de que los femicidas son integrantes de las fuerzas de seguridad.

Los Ministerios de Seguridad y de Defensa dispusieron que se limite el acceso a armas de fuego para uniformados que tuvieran denuncias por violencia de género y violencia familiar. Pero esto no siempre se cumple. Una encuesta federal anónima a 250 uniformadas, en actividad o retiradas, realizada en 2019 por la Red Nacional de Mujeres Policías con perspectiva de género, logró recabar datos concretos sobre los agresores que se conocieron mediante una nota del diario Tiempo Argentino: el 96% de los uniformados denunciados no recibieron ningún tipo de sanción luego de comprobarse el delito; en el 67% de los episodios consignados, los agresores fueron jefes; el 10% eran compañeros; un 3%, las parejas de las mujeres policías; y un 18%, compañeros y también parejas. Además, más del 90% de las mujeres manifestó no haber recibido ningún tipo de apoyo por parte de la institución y que buscaron ayuda en su entorno, con profesionales u organizaciones sociales.

Otro dato es que denunciar tuvo consecuencias: el 21% de las víctimas debió buscar un nuevo destino después de haber denunciado a acosadores dentro de la fuerza. El 17% fue trasladada a otros sectores dentro de la misma repartición. El 15% no encontró ninguna solución a su situación y siguieron siendo violentadas. Un 8% manifestó que, luego de denunciar, les iniciaron un sumario administrativo. Y más del 5% de las mujeres que formularon denuncias fueron dadas de baja.

El Informe anual 2020 de casos de femicidios elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró que al menos 7 feminicidas pertenecían a las fuerzas armadas y/o de seguridad: 5 eran de la Policía provincial y se encontraban en actividad, 1 al Ejército, y del restante no hay datos sobre la fuerza a la que pertenecía. “De estos 7 miembros de distintas fuerzas de seguridad, 6 utilizaron armas de fuego para cometer el femicidio directo, siendo al menos 4 de ellas sus armas reglamentarias y 2 sin datos sobre su autorización”, detalló la CSJN y asentó que luego de cometer el femicidio, al menos 3 de los 7 agentes de seguridad se suicidaron.

El medio Chequeado presentó en febrero de este año un pedido de acceso a la información pública que permitió conocer las características de las denuncias por violencia en el interior de las fuerzas de seguridad, datos recabados por las propias fuerzas nacionales:

La Policía Federal recibió más de 300 denuncias por año entre 2018 y 2020.

Gendarmería superó las 400 al año entre 2018 y 2019, que cayeron a más de la mitad en 2020.

Prefectura registró poco más de 100 casos de violencia de género por año y además se iniciaron aproximadamente unos 550 sumarios entre 2017 y 2021.

En el Ejército se denunciaron menos de 300 casos de violencia de género por año entre 2016 y 2020. En esta fuerza las actuaciones disciplinarias en denuncias por violencia intrafamiliar no superan el 27% de los casos, mientras que en casos de violencia laboral representan más del 60%.

En la Fuerza Aérea hubo más de 260 consultas por violencia de género entre 2014 y 2019 – principalmente por “malestar laboral” – pero las presentaciones efectivas fueron menos de 100. En la Armada fueron 216 consultas y 37 presentaciones, entre 2018 y 2020: es la fuerza que menos denuncias registró.

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Temas:derechos humanos femicidios Femicidios y violencia policial Informe 2021 Observatorio Lucía Pérez

La ley es la calle: el legado de Lucía

Crimen organizado

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Del dicho al hecho: Los crímenes de odio baten récords

Publicada

hace 2 semanas

09/06/2026

En 2025 se produjeron 227 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+: 60% más que el año anterior. En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. El combustible: la violencia y discriminación desde el gobierno, empezando por el Presidente, y el desmantelamiento de políticas públicas. La precarización de la vida privada y lo que ocurre cuando el Estado se retira.

Por Evangelina Bucari

En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. En Cañuelas, un hombre le prendió fuego a la casa de una pareja de lesbianas. En Recoleta, dos mujeres, de 26 y 24 años, caminaban de la mano cuando un hombre las frenó y las increpó: una terminó con la nariz fracturada; la otra, con lesiones en la mano. En Palermo, un joven gay fue brutalmente golpeado y le rompieron la mandíbula. En Neuquén, Azul Mía Natasha Semeñenko fue asesinada, sin haber podido “ser Azul del todo” porque no recibió su hormonización.

Ninguno de estos hechos violentos de 2025 fue excepcional. El año pasado se registraron 227 crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans (travestis, transexuales y transgéneros) y otras identidades disidentes. Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, fue el año más violento desde la creación de este organismo, con un crecimiento de más del 60% respecto de 2024, cuando se habían registrado 140 casos. Se trata, dice el relevamiento, de un aumento “abrupto, excepcional y cualitativamente distinto a la progresión observada en los años anteriores”.

La violencia por odio hacia el colectivo LGBT+ se intensificó en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas, vaciamiento de organismos de protección, paralización de la agenda legislativa en materia de derechos y consolidación de discursos fascistas que estigmatizan a la diversidad.

Para María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), el drástico aumento de estos crímenes en Argentina no puede separarse de los discursos de odio que provienen del gobierno nacional. “Tanto el presidente como funcionarios y allegados se expresan de manera violenta y discriminatoria hacia la comunidad LGBT en general y, principalmente, hacia la comunidad trans”, describe Rachid. “Y eso –agrega– genera mayor violencia y discriminación en la vida cotidiana. Esos discursos terminan legitimando, avalando y fomentando la violencia hacia nuestra comunidad”.

Esa realidad se percibe en lo cotidiano. Ayito Cabrera, director y fundador de la organización Espacio Tolomocho –que nuclea a personas trans con discapacidad–, advierte que el aumento no se limita a los casos visibles, sino que se expresa en formas más silenciosas y estructurales de violencia, atravesadas por la precarización económica y el desfinanciamiento.

“Los pedidos de ‘apañe’ de personas trans se multiplicaron considerablemente”, resume. Ese crecimiento, explica, tiene directa vinculación con la dificultad de acceder a un trabajo que permita sostener condiciones básicas de vida: comer cuatro veces al día, estudiar y alquilar. Cientos de personas travestis, trans y no binarias perdieron sus empleos en ámbitos estatales y muchas se quedaron sin acceder a medicamentos o tratamientos.

RADIOGRAFÍA

El informe elaborado por la FALGBT y las Defensorías del Pueblo de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires permite visibilizar la violencia cotidiana y su naturaleza.

Más de un tercio de los casos corresponde a ataques contra el derecho a la vida, que incluyen asesinatos, suicidios o muertes vinculadas a condiciones estructurales, mientras que casi dos tercios son agresiones físicas que no terminaron en muerte. Rachid aclara que hay un subregistro, “porque hay casos donde no se desarrolla ninguna línea de investigación relacionada a la posibilidad de un crimen de odio”.

En ese punto aparece uno de los datos más significativos del período: las agresiones físicas se duplicaron en un año y pasaron de 73 a 147 casos, un incremento del 101,4%.

Las muertes vinculadas a crímenes de odio se mantienen altas y con un patrón sostenido. En 2024 se registraron 67 casos (17 asesinatos, 44 muertes por violencia estructural y 6 suicidios), mientras que en 2025 la cifra ascendió a 80 (16 asesinatos, 53 muertes por violencia estructural y 11 suicidios), es decir, un aumento del 19,4%. Ese crecimiento incluye un dato especialmente preocupante: los suicidios casi se duplicaron en un año.

Las mujeres trans siguen siendo las más afectadas y concentran el 62,56% de los casos registrados. En segundo lugar se ubican los varones gays (22,03%), seguidos por varones trans (7,93%), lesbianas (5,73 %) y personas no binarias (1,76%).

Pero el documento advierte algo más: es un fenómeno que se expande. Entre 2024 y 2025, los ataques contra varones trans pasaron de 5 a 18 casos. Y las agresiones contra personas no binarias, que ni siquiera aparecían en registros anteriores, se duplicaron.

Ayito Cabrera describe con crudeza cuando además hay intersección de violencias. “Quienes somos personas trans con discapacidad vivimos una doble vulnerabilidad y una discriminación estructural histórica”, advierte. En ese contexto, señala, la falta de políticas públicas agrava condiciones ya precarias y profundiza el abandono.

Para el fundador de Espacio Tolomocho, las identidades trans –en especial, las transmasculinidades– se convirtieron en blanco de discursos que buscan deslegitimar derechos conquistados. “En esta intersección, nuestra identidad se ha convertido en chivo expiatorio de una campaña internacional de las derechas globales. En nuestro territorio, eso se traduce en necesidades básicas –salud, vivienda, trabajo– gravemente afectadas: las hormonas se han vuelto prácticamente inaccesibles, la atención sanitaria se deteriora y la falta de empleo impide sostener una vivienda”, detalla Ayito.

En este sentido, las cifras no pueden interpretarse de forma aislada, sino como parte de un entramado de violencias estructurales, simbólicas e institucionales que impactan de lleno en las condiciones de vida.

Otro tema preocupante es un crecimiento sostenido de agresiones en comisarías y establecimientos penitenciarios, junto con un dato que marca un punto de quiebre: la participación de fuerzas de seguridad pasó de 17 casos en 2024 a 64 en 2025. Esto consolida a la violencia institucional como uno de los principales vectores de agresión, en especial contra la población trans y, en particular, contra las mujeres trans.

Rachid señala que esto no resulta sorpresivo. “Cuando aparecen o se instalan gobiernos de derecha, las fuerzas de seguridad se sienten más avaladas para ejercer su violencia hacia los grupos vulnerados en general y la población LGBT en particular”, explica.

LA ANTIAGENDA

El hecho de que el registro más alto de toda la serie histórica del Observatorio se produzca durante el gobierno de Javier Milei es un dato cargado de sentido. Desde que comenzó su mandato, siguiendo la agenda de ultraderecha de su amigo Donald Trump, el presidente argentino promovió discursos que cuestionan derechos, deslegitiman identidades de género diversas y contribuyen a habilitar formas más intensas de violencia contra las personas LGBT+, como quedó demostrado durante su intervención en Davos en enero de 2025.

Esa violencia simbólica vino acompañada de la eliminación de programas, organismos y dispositivos estatales que cumplían funciones centrales en la prevención de la violencia y el acompañamiento de las víctimas. La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por ejemplo, dejó a la población LGBT+ sin un canal institucional específico para denunciar actos discriminatorios. El informe lo sintetiza en una frase que funciona como advertencia: “Allí donde el Estado se retira, el odio encuentra condiciones para expandirse”.

Esa relación entre discurso y violencia también aparece en la experiencia cotidiana de las organizaciones. Para María Rachid, los informes no solo marcan un aumento de los crímenes de odio, sino que evidencian su vínculo con los discursos que circulan desde el poder.

Agrega que, a partir de expresiones públicas de funcionarios y del propio Milei, se produjo un cambio perceptible: crecieron las denuncias, las consultas y también la violencia cotidiana. “Hay evidencia de esa relación directa. Lo muestran los informes, pero también se puede ver en las redes sociales de cualquier organización LGBT”, plantea Rachid.

Ocurre que cuando esos discursos provienen de una voz de autoridad como lo es el Poder Ejecutivo Nacional, el impacto es concreto. No solo habilitan la violencia, también la legitiman.

Desde el Espacio Tolomocho explican que lo que antes circulaba como insulto marginal hoy es retomado por funcionarios y medios, ampliando su alcance y su legitimidad social, y habilitando agresiones físicas, institucionales y discursivas con mayor impunidad.

Las consecuencias de ese proceso también se observan en el acceso a derechos básicos, como la ley de cupo laboral. Los despidos en la administración pública y la falta de implementación efectiva de estas normativas profundizaron la exclusión de la población trans y empujaron a muchas personas a situaciones de extrema precarización.

En este contexto, espacios como Tolomocho adquieren otro sentido y se transforman en redes de contención y cuidado, un recurso fundamental en tiempos hostiles. “Somos personas trans con discapacidad profesionales en nuestras áreas, editamos libros, hacemos muestras de arte, damos clases, trabajamos en accesibilidad. Apostamos a la educación y al arte como formas de construir otra sociedad”, explican.

En un clima social marcado por el ascenso de los discursos de odio, la discriminación y el individualismo, la respuesta vuelve a ser colectiva. La organización, la denuncia y la presencia en las calles se tornan fundamentales ante una avanzada antiderechos que tiene en el propio Estado nacional a uno de sus impulsores.

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Nota

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

Publicada

hace 2 semanas

04/06/2026

Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.

Por Bernardina Rosini

El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.

Lo que no se puede creer

Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.

Varones

Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.

Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org

«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.

La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.

Dónde está Delicia

Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.

Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.

Justicia sin apellido

Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»

Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.

La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.

Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

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El 3J porteño: Vamos

Publicada

hace 3 semanas

04/06/2026

Por Claudia Acuña

Fotos: Juan Valeiro

Muchas: eso fuimos. Muchísimas más que la última vez y ojalá que menos que la próxima, o mejor: que no sea necesario una próxima. Que al fin podamos descansar y dedicarnos a otra cosa en lugar de escribir con marcador en un cartón: “Ayer estaba viva. Hoy mi hermana es la foto de este cartel” o salir del trabajo donde estamos paradas ocho horas por dos pesos para sumarnos últimas, con lágrimas regando las mejillas y la convicción de exigir justicia por la compañera que acuchilló su novio hace dos días, en ese femicidio que en la tele informaron como resultado de “una infidelidad”. Con esa orfandad de sensibilidad y respeto, que abona el permiso social para carnear mujeres están hablando en los medios de Noelia, 30 años, de Temperley, la compañera de este grupo de chicas que no pueden decir dónde trabajan porque la firma se los prohibió. “Ella ya lo había denunciado porque sufría su violencia, se había separado y ese día iba a sacar sus cosas de la casa. Él le dijo que no iba a salir viva de ahí, la tomó de rehén y ella pidió ayuda al 911, la policía demoró y cuando llegó no supo cómo intervenir: fue peor”, cuentan temblando. Masacradas primero, criminalizadas luego, silenciadas después, lo que queda es estar ahí con los carteles escritos a las apuradas y el llanto incontenible, al final de la concentración que un grupo decidió que no sea marcha ni disponer de lugar donde el dolor de las familias descanse (aprendan de Córdoba, orgas porteñas), pero no importa porque no es lo importante.