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La fuerza del delito. Femicidios y violencia policial

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Las historias de Magalí, en San Luis, y la de Victoria en Entre Ríos: dos casos testigo muestran el cruce entre violencia institucional y violencia machista, ejercida por policías. Por qué y cómo las familias plantean que se trata de femicidios, mientras el Estado, a través de la justicia, cuida más a los efectivos que a las víctimas. Los pedidos desesperados de las familias, mientras las causas se desarman. Y los datos que dibujan el patrón femicida hacia adentro de las fuerzas. Por Lucrecia Raimondi y Malena Gauna.

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Florencia Magalí Morales había salido en bicicleta la mañana del 5 de abril de 2020 –plena pandemia- a comprar comida para sus dos hijes. La policía de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, la detuvo por romper el aislamiento obligatorio. Voluntariamente se presentó a las 9.30 en la Comisaría 25ª. Diez horas después apareció muerta en una celda. 

La policía puntana presentó el caso como suicidio, pero los peritajes de parte confirmaron en septiembre de este año que fue estrangulada. Los últimos informes cuestionaron la primera autopsia que había certificado la versión policial: las pruebas criminalísticas demostraron que al cuerpo le faltaban músculos del cuello claves para determinar la causa de muerte y que el cordón del buzo con que encontraron atada a Magalí era un elemento extraño porque no coincidía con la ropa que llevaba ese día. También tenía hematomas en brazos y piernas que fueron omitidos por el forense: al momento de la detención, a Magalí la revisó una médica que certificó el buen estado de salud de la joven; se mostró cordial y respetuosa, sin necesidad de medicación, y su cuerpo no tenía lesiones. 

Tanto la familia con sus abogados como la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que se incorporó como parte en abril de este año, sostienen que a Magalí la golpearon después de detenerla, cuando la ingresaron al calabozo.  

El juez Jorge Pinto, del Juzgado de Instrucción Penal del Departamento de Junín, al frente de la investigación, definió el 2 de diciembre procesar a cuatro policías implicados: el comisario Reynaldo Heraldo Clavero y el jefe de guardia, Marcos Ontiveros, que quedaron detenidos en una alcaldía con prisión preventiva por el delito de “aplicación de vejaciones y severidades a un detenido, ambos en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”. Por su parte, las policías María Eugenia Argüello y Johana Paola Torres fueron procesadas sin prisión por “incumplimiento a los deberes del oficio en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario”.  

La defensa de los policías cuestionó la decisión de prisión preventiva y el juez Pinto le dio lugar al requerimiento. La querella apeló y cinco días después de haberse dictado las acusaciones, la Cámara del Crimen de Concarán confirmó la excarcelación de Clavero y Ontiveros. 

“Que estén libres es una tomada de pelo”, dice Celeste, hermana de Magalí, a MU. “Lo que nosotros venimos haciendo hace 20 meses pidiendo justicia por mi hermana, que ni estando viva la respetaron por los golpes que recibió, demostrando que la mataron, que no se suicidó, el juez Pinto lo resuelve en menos de una semana”. 

A un año y ocho meses del crimen de Florencia Magalí Morales la causa sigue sin ningún detenido, pese a que el procesamiento con prisión de los policías fue fundamentado por más de 40 declaraciones e informes de 15 peritos oficiales del Poder Judicial de San Luis, más dos peritos de parte que demostraron la causa de muerte de asfixia por estrangulamiento. La hipótesis del suicidio no se sostiene, pero ninguna acusación a los policías fue por homicidio. “El juez Pinto se maneja con total impunidad –denuncia Celeste- cuando él sabe que a mi hermana la mataron y el fiscal que quiso archivar la causa, que sostienen después de las autopsias que fueron delitos menores. Es terrible, todo tan insensible”, dice y se quiebra al relatar el momento en que le tuvo que contar a sus sobrinos que los asesinos de su madre quedarían libres.

La familia Morales denunció desde el primer momento que se trató de un femicidio institucional, pese a que la causa se investiga en el marco de un incumplimiento policial sin tener en cuenta la perspectiva de género ni la violación de los derechos humanos. Asegura Celeste: “A Magalí le hicieron todo lo que le hicieron por su condición de mujer, la degradaron, la humillaron: por eso sostenemos que fue un femicidio. Todo lo que debía hacerse se hizo mal, se ocultaron pruebas, se quiso archivar el caso. Se ensañaron con mi hermana golpeándola, matándola, diciendo mil quinientas mentiras. Y ahora se ensañaron con nosotros, la familia”.  

El abogado de la familia, Santiago Calderón, cuenta por qué plantean la figura del femicidio institucional: “El femicidio institucional tiene que ver con el rol del efectivo policial y el odio en particular para con la mujer. Una cámara de seguridad registró cuando Magalí ingresa a la comisaría y hay un cruce de palabras con el comisario. Y tiene que ver justamente con eso: que una mujer no pueda discutir  las órdenes de un efectivo policial. Y después, me ha llegado que particularmente la comisaría de Santa Rosa es muy distinta a la de la ciudad: es de otra época, y tienen una perspectiva muy diferente, que también han sufrido muchos grupos feministas en distintas manifestaciones, que son más agresivos con las mujeres. En el caso de Magalí es muy evidente y surge de las propias declaraciones de los efectivos policiales que en el momento quedaron detenidos dos masculinos por incumplimiento del artículo 205 y Magalí, que fue la única mujer en pandemia que quedó detenida por no respetar el aislamiento. Y desde el principio el trato fue totalmente diferente. En el caso de los varones, los trasladaron por mayor seguridad a otra alcaldía que está cerca con mejores instalaciones. La excusa por la cual no se trasladó a Magalí es porque no funcionaba supuestamente un baño femenino de aquella institución, lo que llamó la atención porque a Magalí no la dejaban ir al baño. A partir de quedarse sola en la comisaría, surgen situaciones de violencia y vejaciones por parte de la policía solamente para con ella. Su vecina quiso llevarle ropa pero no la dejaron verla, quedó incomunicada y la mochila de Magalí desapareció. Entonces surge evidente el femicidio y la cuestión de género, porque hubo un trato muy diferente para con los masculinos que los propios testigos declararon que les llama la atención el trato que tuvieron con ella”.

Magalí y Celeste Morales eran hermanas muy unidas. Se llevaban un año y medio de diferencia; las mayores de cinco hermanas mujeres. Oriundas de Las Heras, Mendoza, tenían una relación de amistad, compinche. Las visitas a Las Heras eran frecuentes: las fiestas y el Día de la Madre no fallaban. Lo peor de la vida de Celeste fue tener que reconocer el cuerpo muerto de Magalí. “Mi hermana era todo risas, esas personas que cuando te bajoneabas te levantaba y que no le costaba demostrar que te quería, decirte que te amaba. Era re cariñosa, re alegre”, recuerda y enseguida reclama: “Queremos justicia, lo único que pedimos, y no tuvimos respuesta ni contacto del gobierno de San Luis, ni del Ministerio de Seguridad, ni del Presidente al que le presenté el caso. Duele mucho el destrato y maltrato de la justicia y del gobierno. Estamos hablando de una persona muerta y una familia que todavía no puede ponerse a hacer el duelo total y completo, porque seguimos en lucha”. 

Abuso de la fuerza

Victoria Nuñez fue reducida violentamente por cinco policías mientras sufría un ataque de pánico. Minutos después de la intervención policial murió camino al hospital San Martín de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. 

La mañana del 21 de julio Marcela, la madre de Victoria Nuñez, tenía tres llamadas perdidas de su hija en su celular. Le devolvió el llamado y Victoria le respondió desesperada: “Mami venite ya para acá, hay alguien adentro”. Al escucharla con un tono extraño, Marcela tomó un remís hacia la casa de su hija. En el lugar, notó que Vicky tenía una crisis nerviosa, pensaba que había alguien más que quería hacerle daño cuando los únicos que estaban eran ella y Jorge.

Los familiares no podían calmarla, entonces intentaron pedir una ambulancia, pero les dijeron que primero debían llamar al 911. 

Tres patrulleros se dirigieron a la casa ubicada en Newbery y Garrigó. Entraron de forma invasiva provocando que la joven se asustara y quisiera escapar, pero estaba rodeada de siete policías que estaban en el comedor y cuatro más en el patio. Desorientada por la situación Vicky empezó a gritar: “¿Qué me quieren hacer? ¡que se vayan!”. 

Victoria tenía un cuchillo de cocina en la cintura. La única policía mujer que estaba en el lugar de los hechos le dijo a la madre que la iba a denunciar porque estaba poniendo en riesgo al personal y que eran una molestia. 

Más tarde, cinco agentes empezaron a forcejear con Victoria. Se abalanzaron sobre su delgado cuerpo, la tiraron al suelo para esposarla, le cortaron las manos y lastimaron su rostro. Presionaron tanto su cuello que se quedó sin aire y se desmayó. 

Marcela notó que no respiraba, quiso acercarse pero la policía lo impidió, le dijeron que estaba dormida. En un momento la soltaron. Vicky estaba fría y mojada. La pareja logró hacerle reanimación boca a boca mientras esperaban la llegada de la ambulancia pero, a pesar de las maniobras de RCP que realizó el personal de salud, no sobrevivió. 

La causa, caratulada como averiguación de muerte, continúa en una instancia de análisis llevada a cabo por la Fiscalía de Investigación y Litigación de Paraná, a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra. La fiscalía comunicó que actualmente están a la espera del resultado de un informe anatomopatológico. Desde el comienzo el fiscal Pereyra sostuvo que no había indicios de que hubiera existido un accionar ilícito por parte de los agentes sino que la principal hipótesis apunta a una muerte clínica.

Sin embargo, la madre de Victoria denuncia que la policía actuó con abuso de poder y sin el paradigma de salud mental que debería haberse aplicado. Sostiene que no murió de un infarto, sino que la violencia que ejercieron fue causante de la muerte de su hija. “Existen dos líneas de investigación: para la fiscalía no hay conexión entre la muerte de Vicky y la intervención policial; para la querella la muerte es ocasionada por la intervención policial”, explicó Emma Clementi, abogada querellante que representa a la familia. 

La investigación que plantea la abogada querellante es a partir de la probabilidad de un transfemicidio en contexto de violencia institucional aplicando protocolos sobre muertes por motivos de género y con perspectiva de salud mental. 

Clementi solicitó que se aparte a los y la agente que intervinieron mientras se estudie el caso pero no fue concedido. No hay policías identificados ni acusados. La causa está demorada a la espera de más pruebas que ayuden a esclarecer el crimen de odio. 

Casi seis meses después de los acontecimientos nunca llamaron a Marcela desde la Fiscalía. Recuerda a Vicky como una persona dinámica, divertida, que le gustaba hacer sorpresas, reunir a la familia y sobre todo,  tenían un vínculo muy fuerte entre ellas. “Éramos muy unidas. Nos sentábamos en el patio y hablábamos horas y horas hasta las cuatro de la mañana. Le gustaba peinarme, le encantaba mi pelo. Siempre tenía regalos para mí, en cada encuentro me traía un bon o bon, un caramelo. La justicia debe hacer algo: no merecía ese maltrato”.  


La portación de un arma, un atajo a la muerte

Los femicidios y la violencia machista dentro de las distintas fuerzas de seguridad, en especial las policías, no solo son una constante sino que se acompañan de encubrimientos, falta de sanciones e impunidad judicial.

El Observatorio Lucía Pérez registró 32 femicidios cometidos en 2021 por miembros de las fuerzas de seguridad. A esta violencia se suma el entramado policial-judicial del que se desprende esa violencia institucional. 

Esta situación se repite desde hace años: en su registro, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informa que entre 2010 y agosto de 2021 al menos 52 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías; 19 eran funcionarias de seguridad. El CELS analiza específicamente un motivo posible: “Existen prácticas de encubrimiento de las muertes cuyos responsables integran las fuerzas de seguridad. Como auxiliares de la justicia, las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho, lo que significa que pueden falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para hacerla coincidir con su versión”. 

Por su parte, el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (Inecip) en su último informe disponible sobre “Armas de fuego y violencias de género en Argentina” registró que de los femicidios cometidos con armas de fuego entre 2013 y 2018, que uno de cada 4 femicidios es cometido por un miembro de una fuerza de seguridad. Además, el Inecip registró que en el 50% de los casos no se conoce la ocupación del femicida, lo cual apoya el análisis anterior: en muchos casos no queda registro de que los femicidas son integrantes de las fuerzas de seguridad.

Los Ministerios de Seguridad y de Defensa dispusieron que se limite el acceso a armas de fuego para uniformados que tuvieran denuncias por violencia de género y violencia familiar. Pero esto no siempre se cumple. Una encuesta federal anónima a 250 uniformadas, en actividad o retiradas, realizada en 2019 por la Red Nacional de Mujeres Policías con perspectiva de género, logró recabar datos concretos sobre los agresores que se conocieron mediante una nota del diario Tiempo Argentino: el 96% de los uniformados denunciados no recibieron ningún tipo de sanción luego de comprobarse el delito; en el 67% de los episodios consignados, los agresores fueron jefes; el 10% eran compañeros; un 3%, las parejas de las mujeres policías; y un 18%, compañeros y también parejas. Además, más del 90% de las mujeres manifestó no haber recibido ningún tipo de apoyo por parte de la institución y que buscaron ayuda en su entorno, con profesionales u organizaciones sociales. 

Otro dato es que denunciar tuvo consecuencias: el 21% de las víctimas debió buscar un nuevo destino después de haber denunciado a acosadores dentro de la fuerza. El 17% fue trasladada a otros sectores dentro de la misma repartición. El 15% no encontró ninguna solución a su situación y siguieron siendo violentadas. Un 8% manifestó que, luego de denunciar, les iniciaron un sumario administrativo. Y más del 5% de las mujeres que formularon denuncias fueron dadas de baja.

El Informe anual 2020 de casos de femicidios elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró que al menos 7 feminicidas pertenecían a las fuerzas armadas y/o de seguridad: 5 eran de la Policía provincial y se encontraban en actividad, 1 al Ejército, y del restante no hay datos sobre la fuerza a la que pertenecía. “De estos 7 miembros de distintas fuerzas de seguridad, 6 utilizaron armas de fuego para cometer el femicidio directo, siendo al menos 4 de ellas sus armas reglamentarias y 2 sin datos sobre su autorización”, detalló la CSJN y asentó que luego de cometer el femicidio, al menos 3 de los 7 agentes de seguridad se suicidaron.

El medio Chequeado presentó en febrero de este año un pedido de acceso a la información pública que permitió conocer las características de las denuncias por violencia en el interior de las fuerzas de seguridad, datos recabados por las propias fuerzas nacionales: 

La Policía Federal recibió más de 300 denuncias por año entre 2018 y 2020.

Gendarmería superó las 400 al año entre 2018 y 2019, que cayeron a más de la mitad en 2020. 

Prefectura registró poco más de 100 casos de violencia de género por año y además se iniciaron aproximadamente unos 550 sumarios entre 2017 y 2021.

En el Ejército se denunciaron menos de 300 casos de violencia de género por año entre 2016 y 2020. En esta fuerza las actuaciones disciplinarias en denuncias por violencia intrafamiliar no superan el 27% de los casos, mientras que en casos de violencia laboral representan más del 60%. 

En la Fuerza Aérea hubo más de 260 consultas por violencia de género entre 2014 y 2019 – principalmente por “malestar laboral” – pero las presentaciones efectivas fueron menos de 100. En la Armada fueron 216 consultas y 37 presentaciones, entre 2018 y 2020: es la fuerza que menos denuncias registró.

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Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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Violencia e impunidad: el círculo que denuncian las familias víctimas de femicidios

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Familiares víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones de todo el país realizaron colectivamente la declaración que compartimos de manera completa en esta nota. Lo que denuncian: «El círculo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio». La vulneración constante del derecho de acceso a la justicia, las situaciones que se repiten en todos los territorios y un llamado a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse  para desarmar la impunidad que garantiza que la violencia siga existiendo. 

Noviembre 2022
Argentina

Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

¡¡No hay justicia porque no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia!!

Los familiares víctimas de femicidios, transfemicidios, desapariciones hoy denunciamos de cara el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación terrible que vivimos. El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia. A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad. Los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad. Soportamos un gran dolor de tener que perder a nuestros seres queridos y tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estás causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. En varios momentos, tenemos que soportar que los propios jueces nos denuncien a nosotros de violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía. En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del poder judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Cómo siempre tenemos que hacerles recordar a través de escritos al poder judicial nuestra ley de víctimas, donde casi siempre es denegada y violentando nuevamente nuestros derechos, haciéndonos imposible hacer justicia por nuestras hijas. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar $300.000?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo quieren verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si se sale a reclamar, el poder judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez, la violencia contra nuestras víctimas nunca frena.

Es por esto que llamamos a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse. No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando. La Justicia nos invisibiliza para que no se sepa la terrible situación que se está viviendo, por eso convocamos a una gran jornada de lucha para este 25 de noviembre. Necesitamos que todas las personas, personalidades y organizaciones nos ayuden a visibilizar lo que está pasando con las causas. En todo el país tenemos que levantarnos y realizar una acción común, organizando y visibilizando nuestra situación en todas las provincias, donde nuestros reclamos estén en las primeras líneas. Queremos tomar la palabra para contar lo que pasa porque tenemos una agenda urgente. No solo de instancias judiciales cercanas muy importantes, sino que hay compañeras desaparecidas en este mismo momento que tenemos que encontrar ya.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.

Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernandez, asesinada el 2/7/2022 en Cipolletti, Rio Negro, en un supuesto robo. El único testigo, supuesto amigo, la dejó tirada, aún no hay nadie detenido. Ella viajó desde La Pampa a Cipolletti a estudiar medicina por un futuro y me la devolvieron en un cajón.

Jose, papá de Alejandra Nahir Álvarez, asesinada el 10/10/2020 en Jujuy. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses.

Oscar, papá de Barbara Zabala, asesinada el 6/12/2019, el día que cumplía 20 años en Pehuajó, Buenos Aires. El femicida, Brian David Dirassar, fue condenado a prisión perpetua.

Matilde Peñalva, mamá de Camila Peñalva, asesinada el 5/3/2020 en Jujuy. Fue envenenada con plaguicida por su ex pareja. Está detenido y esperamos prisión perpetua. Hay fecha de juicio oral para febrero y marzo del 2023.

Victor Catan, hermano de Micaela Catan, asesinada quemada el 6/4/2020 por su concubino Patricio Orellana en Santiago del Estero. El transfemicida fue demorado por 20 minutos, cuando sucedió el hecho hizo abandono de persona, pido orden de detención para Orellana.

Susana Basaldua, mamá de Cecilia Gisela Basaldua, desaparecida el 5/4/2020. Su cuerpo fue encontrado el 25/4/2020, en Capilla del Monte, Córdoba. En el juicio se acusó a una persona sin pruebas, el jurado lo absolvió. La familia pide un nuevo juicio que investigue a los verdaderos responsables.

Analía, mamá de Camila Flores, asesinada el 11/12/2020. Su asesino sigue libre. Pedimos que la justicia de Santa Fe actúe y dejen de cubrir asesinos, y que el gobierno nos de apoyo porque estamos a 1000 kilómetros del lugar del femicidio y no contamos con los medios para tener un abogado que nos ayude y logre hacer justicia para nuestra hija. Que no quede en suicidio porque a Camila la mataron, ella no se mato, ella quería volver a su casa.

Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8/10/2016 en Mar del Plata, Buenos Aires por Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En el juicio fueron condenados por venta de droga y no por femicidio. Se logró la anulación de ese juicio y se impulsó un jury a los jueces que pretendieron consagrar la impunidad. El nuevo juicio comenzará el 7 de febrero de 2022.

Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, asesinada por Cristian Romero el 25/7/2020 en Berabevú, Santa Fe. Fue golpeada, estrangulada hasta matarla, arrastrada y enterrada en un pozo en el patio de su casa con cal, tierra, losa de cemento y un tanque de agua arriba. Luego a la mañana se fue a trabajar con el hermano de Julieta como si nada, mientras toda mi familia la buscaba. El asesino fue condenado a prisión perpetua.

Noemi, mamá de Lia Vasquez, asesinada el 13/11/2020 en Puerto Madryn, Chubut. Tenía 14 años. Se espera la fecha de juicio para Gabriel Orellana, de 22 años.

Fany Roman, mamá de Valeria López, desaparecida desde el 26/1/2020 en Virreyes, Buenos Aires. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. La causa se caratuló como “averiguación de paradero”, su familia exige que se cambie a“desaparición forzada”.

Marisa y Facundo, mamá y papá de Luna Ortiz, asesinada el 3/6/17 en Tigre, Buenos Aires. El único detenido fue liberado en mayo de 2022. Su familia aun sigue en busca de justicia por que se reconozca el femicidio.

Esperanza Valdivieso, madre de Yesica Valdivieso, asesinada el 5/1/2021 en Mayor Buratovich, Buenos Aires. El femicida Juan Torrejón Huallpa fue condenado a prisión perpetua.

Graciela Altamirano, tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 28/4/2004 en Tigre, Buenos Aires. El sospechoso, 16 años después, en 2020, asesinó a su esposa y se suicidó.

Lisette Fernandez, hermana de Mica e hija de Nancy Fernandez, asesinadas en 2013 y 2014, en Tigre, Buenos Aires. El femicida está preso, pero solamente por narcotráfico.

Monica, mamá de Iara Rueda, desaparecida el 24/9/2020, luego de que un compañero del colegio la citara para entregarle unos materiales y la tarea. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras la policía ponía excusas y no la buscaba. Los rastrillajes llegaron recién después de una pueblada en Palpalá, Jujuy. Su cuerpo fue encontrado el 28/9/2020 en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo. Por su femicidio se encuentran detenidos Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años. La familia realizó a su vez una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes.

Roxana y Alfredo, mamá y papá de Carla Barrera Soggiu. Tenía 28 años, 2 hijos en ese momento de 2 y 4 años. Murió el 15/01/19, la encontraron en el Riachuelo, en CABA, cuatro días después. Sufrió violencia de género por parte de su marido Sergio Nicolas Fuentes, condenado a 6 años por golpearla, violarla, atarla y privarla de su libertad. Carla tenía hidrocefalia, tenía una válvula en su cabeza donde fue salvajemente golpeada. Por considerar la situación de alto riesgo le dieron un botón antipánico que activó en varias oportunidades y no la encontraron porque el GPS no funcionaba, no la localizaba. El Estado también es responsable.

Blanca Osan, mamá de Agustina Fredes, quien murió en Mar del Plata, Buenos Aires, el 23/4/2017, meses después de ser violada y torturada física y psicológicamente por su ex pareja. cuando tenía 18 años. Agustina estaba embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23/04/2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil de Mar del Plata, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. Cuando la familia pidió que se realizara una autopsia, les fue negada. El jefe policial que estaba encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador. Por las denuncias que Agustina había realizado, Matías José Acevedo fue llevado a juicio y condenado a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. Su familia denuncia que fue femicidio.

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, asesinada el 30/10/2020 por Mauricio Parada, en Tucumán, luego de haber hecho 15 denuncias en su contra entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.El femicida la apuñaló y se suicidó. Por su actuación en las denuncias que había hecho se destituyó al juez Juan Francisco Pisa considerando que incumplió con los deberes a su cargo.

Ana, tía de Priscila Martinez, desaparecida el 23/02/2020, había sido llevada de manera engañosa por su tío Ruben Oscar Navarro. Desde ese momento la policía no quiso actuar, no querían tomar la denuncia porque garantizaban que ella volvería. Ese mismo día Priscila estaba muerta, violada, golpeada. La familia y vecinos empezamos a hacer la búsqueda por nuestros propios medios. Fue encontrada debajo de la cama del asesino el 15/04/2020 en Santiago del Estero. Tenía 15 años. Ahora esperamos el juicio.

Leticia Escobar, mamá de Gisela Grispi, asesinada en 23/11/2020 en Colón, Entre Ríos. El femicida Heraldo Martiarena fue condenado a prisión perpetua.

Erica Rojas, mamá de Andrea Rojas, víctima de una violación en grupo de hijos del poder en Burruyacú, Tucumán. Los familiares de los acusados no dejan de hostigar y amenazar a la denunciante y su círculo íntimo.

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Sin fronteras. Femicidios, crímenes sexuales y terrorismo

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La socióloga mexicana Julia Monárrez Fragoso mantuvo un encuentro con Familias Sobrevivientes de Femicidios. Monárrez, creadora del término “femicidio”, es de las más prestigiosas especialistas en violencia contra las mujeres. Compartimos acá sus principales aportes durante el histórico encuentro, de Ciudad Juárez a Buenos Aires. 

Familias Sobrevivientes de Femicidios en MU. Lo que surgió de un contacto histórico. Fotos: Lina Etchesuri
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