#NiUnaMás
La fuerza del delito. Femicidios y violencia policial
Las historias de Magalí, en San Luis, y la de Victoria en Entre Ríos: dos casos testigo muestran el cruce entre violencia institucional y violencia machista, ejercida por policías. Por qué y cómo las familias plantean que se trata de femicidios, mientras el Estado, a través de la justicia, cuida más a los efectivos que a las víctimas. Los pedidos desesperados de las familias, mientras las causas se desarman. Y los datos que dibujan el patrón femicida hacia adentro de las fuerzas. Por Lucrecia Raimondi y Malena Gauna.
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Florencia Magalí Morales había salido en bicicleta la mañana del 5 de abril de 2020 –plena pandemia- a comprar comida para sus dos hijes. La policía de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, la detuvo por romper el aislamiento obligatorio. Voluntariamente se presentó a las 9.30 en la Comisaría 25ª. Diez horas después apareció muerta en una celda.
La policía puntana presentó el caso como suicidio, pero los peritajes de parte confirmaron en septiembre de este año que fue estrangulada. Los últimos informes cuestionaron la primera autopsia que había certificado la versión policial: las pruebas criminalísticas demostraron que al cuerpo le faltaban músculos del cuello claves para determinar la causa de muerte y que el cordón del buzo con que encontraron atada a Magalí era un elemento extraño porque no coincidía con la ropa que llevaba ese día. También tenía hematomas en brazos y piernas que fueron omitidos por el forense: al momento de la detención, a Magalí la revisó una médica que certificó el buen estado de salud de la joven; se mostró cordial y respetuosa, sin necesidad de medicación, y su cuerpo no tenía lesiones.
Tanto la familia con sus abogados como la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que se incorporó como parte en abril de este año, sostienen que a Magalí la golpearon después de detenerla, cuando la ingresaron al calabozo.
El juez Jorge Pinto, del Juzgado de Instrucción Penal del Departamento de Junín, al frente de la investigación, definió el 2 de diciembre procesar a cuatro policías implicados: el comisario Reynaldo Heraldo Clavero y el jefe de guardia, Marcos Ontiveros, que quedaron detenidos en una alcaldía con prisión preventiva por el delito de “aplicación de vejaciones y severidades a un detenido, ambos en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”. Por su parte, las policías María Eugenia Argüello y Johana Paola Torres fueron procesadas sin prisión por “incumplimiento a los deberes del oficio en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario”.
La defensa de los policías cuestionó la decisión de prisión preventiva y el juez Pinto le dio lugar al requerimiento. La querella apeló y cinco días después de haberse dictado las acusaciones, la Cámara del Crimen de Concarán confirmó la excarcelación de Clavero y Ontiveros.
“Que estén libres es una tomada de pelo”, dice Celeste, hermana de Magalí, a MU. “Lo que nosotros venimos haciendo hace 20 meses pidiendo justicia por mi hermana, que ni estando viva la respetaron por los golpes que recibió, demostrando que la mataron, que no se suicidó, el juez Pinto lo resuelve en menos de una semana”.
A un año y ocho meses del crimen de Florencia Magalí Morales la causa sigue sin ningún detenido, pese a que el procesamiento con prisión de los policías fue fundamentado por más de 40 declaraciones e informes de 15 peritos oficiales del Poder Judicial de San Luis, más dos peritos de parte que demostraron la causa de muerte de asfixia por estrangulamiento. La hipótesis del suicidio no se sostiene, pero ninguna acusación a los policías fue por homicidio. “El juez Pinto se maneja con total impunidad –denuncia Celeste- cuando él sabe que a mi hermana la mataron y el fiscal que quiso archivar la causa, que sostienen después de las autopsias que fueron delitos menores. Es terrible, todo tan insensible”, dice y se quiebra al relatar el momento en que le tuvo que contar a sus sobrinos que los asesinos de su madre quedarían libres.
La familia Morales denunció desde el primer momento que se trató de un femicidio institucional, pese a que la causa se investiga en el marco de un incumplimiento policial sin tener en cuenta la perspectiva de género ni la violación de los derechos humanos. Asegura Celeste: “A Magalí le hicieron todo lo que le hicieron por su condición de mujer, la degradaron, la humillaron: por eso sostenemos que fue un femicidio. Todo lo que debía hacerse se hizo mal, se ocultaron pruebas, se quiso archivar el caso. Se ensañaron con mi hermana golpeándola, matándola, diciendo mil quinientas mentiras. Y ahora se ensañaron con nosotros, la familia”.
El abogado de la familia, Santiago Calderón, cuenta por qué plantean la figura del femicidio institucional: “El femicidio institucional tiene que ver con el rol del efectivo policial y el odio en particular para con la mujer. Una cámara de seguridad registró cuando Magalí ingresa a la comisaría y hay un cruce de palabras con el comisario. Y tiene que ver justamente con eso: que una mujer no pueda discutir las órdenes de un efectivo policial. Y después, me ha llegado que particularmente la comisaría de Santa Rosa es muy distinta a la de la ciudad: es de otra época, y tienen una perspectiva muy diferente, que también han sufrido muchos grupos feministas en distintas manifestaciones, que son más agresivos con las mujeres. En el caso de Magalí es muy evidente y surge de las propias declaraciones de los efectivos policiales que en el momento quedaron detenidos dos masculinos por incumplimiento del artículo 205 y Magalí, que fue la única mujer en pandemia que quedó detenida por no respetar el aislamiento. Y desde el principio el trato fue totalmente diferente. En el caso de los varones, los trasladaron por mayor seguridad a otra alcaldía que está cerca con mejores instalaciones. La excusa por la cual no se trasladó a Magalí es porque no funcionaba supuestamente un baño femenino de aquella institución, lo que llamó la atención porque a Magalí no la dejaban ir al baño. A partir de quedarse sola en la comisaría, surgen situaciones de violencia y vejaciones por parte de la policía solamente para con ella. Su vecina quiso llevarle ropa pero no la dejaron verla, quedó incomunicada y la mochila de Magalí desapareció. Entonces surge evidente el femicidio y la cuestión de género, porque hubo un trato muy diferente para con los masculinos que los propios testigos declararon que les llama la atención el trato que tuvieron con ella”.
Magalí y Celeste Morales eran hermanas muy unidas. Se llevaban un año y medio de diferencia; las mayores de cinco hermanas mujeres. Oriundas de Las Heras, Mendoza, tenían una relación de amistad, compinche. Las visitas a Las Heras eran frecuentes: las fiestas y el Día de la Madre no fallaban. Lo peor de la vida de Celeste fue tener que reconocer el cuerpo muerto de Magalí. “Mi hermana era todo risas, esas personas que cuando te bajoneabas te levantaba y que no le costaba demostrar que te quería, decirte que te amaba. Era re cariñosa, re alegre”, recuerda y enseguida reclama: “Queremos justicia, lo único que pedimos, y no tuvimos respuesta ni contacto del gobierno de San Luis, ni del Ministerio de Seguridad, ni del Presidente al que le presenté el caso. Duele mucho el destrato y maltrato de la justicia y del gobierno. Estamos hablando de una persona muerta y una familia que todavía no puede ponerse a hacer el duelo total y completo, porque seguimos en lucha”.
Abuso de la fuerza
Victoria Nuñez fue reducida violentamente por cinco policías mientras sufría un ataque de pánico. Minutos después de la intervención policial murió camino al hospital San Martín de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
La mañana del 21 de julio Marcela, la madre de Victoria Nuñez, tenía tres llamadas perdidas de su hija en su celular. Le devolvió el llamado y Victoria le respondió desesperada: “Mami venite ya para acá, hay alguien adentro”. Al escucharla con un tono extraño, Marcela tomó un remís hacia la casa de su hija. En el lugar, notó que Vicky tenía una crisis nerviosa, pensaba que había alguien más que quería hacerle daño cuando los únicos que estaban eran ella y Jorge.
Los familiares no podían calmarla, entonces intentaron pedir una ambulancia, pero les dijeron que primero debían llamar al 911.
Tres patrulleros se dirigieron a la casa ubicada en Newbery y Garrigó. Entraron de forma invasiva provocando que la joven se asustara y quisiera escapar, pero estaba rodeada de siete policías que estaban en el comedor y cuatro más en el patio. Desorientada por la situación Vicky empezó a gritar: “¿Qué me quieren hacer? ¡que se vayan!”.
Victoria tenía un cuchillo de cocina en la cintura. La única policía mujer que estaba en el lugar de los hechos le dijo a la madre que la iba a denunciar porque estaba poniendo en riesgo al personal y que eran una molestia.
Más tarde, cinco agentes empezaron a forcejear con Victoria. Se abalanzaron sobre su delgado cuerpo, la tiraron al suelo para esposarla, le cortaron las manos y lastimaron su rostro. Presionaron tanto su cuello que se quedó sin aire y se desmayó.
Marcela notó que no respiraba, quiso acercarse pero la policía lo impidió, le dijeron que estaba dormida. En un momento la soltaron. Vicky estaba fría y mojada. La pareja logró hacerle reanimación boca a boca mientras esperaban la llegada de la ambulancia pero, a pesar de las maniobras de RCP que realizó el personal de salud, no sobrevivió.
La causa, caratulada como averiguación de muerte, continúa en una instancia de análisis llevada a cabo por la Fiscalía de Investigación y Litigación de Paraná, a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra. La fiscalía comunicó que actualmente están a la espera del resultado de un informe anatomopatológico. Desde el comienzo el fiscal Pereyra sostuvo que no había indicios de que hubiera existido un accionar ilícito por parte de los agentes sino que la principal hipótesis apunta a una muerte clínica.
Sin embargo, la madre de Victoria denuncia que la policía actuó con abuso de poder y sin el paradigma de salud mental que debería haberse aplicado. Sostiene que no murió de un infarto, sino que la violencia que ejercieron fue causante de la muerte de su hija. “Existen dos líneas de investigación: para la fiscalía no hay conexión entre la muerte de Vicky y la intervención policial; para la querella la muerte es ocasionada por la intervención policial”, explicó Emma Clementi, abogada querellante que representa a la familia.
La investigación que plantea la abogada querellante es a partir de la probabilidad de un transfemicidio en contexto de violencia institucional aplicando protocolos sobre muertes por motivos de género y con perspectiva de salud mental.
Clementi solicitó que se aparte a los y la agente que intervinieron mientras se estudie el caso pero no fue concedido. No hay policías identificados ni acusados. La causa está demorada a la espera de más pruebas que ayuden a esclarecer el crimen de odio.
Casi seis meses después de los acontecimientos nunca llamaron a Marcela desde la Fiscalía. Recuerda a Vicky como una persona dinámica, divertida, que le gustaba hacer sorpresas, reunir a la familia y sobre todo, tenían un vínculo muy fuerte entre ellas. “Éramos muy unidas. Nos sentábamos en el patio y hablábamos horas y horas hasta las cuatro de la mañana. Le gustaba peinarme, le encantaba mi pelo. Siempre tenía regalos para mí, en cada encuentro me traía un bon o bon, un caramelo. La justicia debe hacer algo: no merecía ese maltrato”.
La portación de un arma, un atajo a la muerte
Los femicidios y la violencia machista dentro de las distintas fuerzas de seguridad, en especial las policías, no solo son una constante sino que se acompañan de encubrimientos, falta de sanciones e impunidad judicial.
El Observatorio Lucía Pérez registró 32 femicidios cometidos en 2021 por miembros de las fuerzas de seguridad. A esta violencia se suma el entramado policial-judicial del que se desprende esa violencia institucional.
Esta situación se repite desde hace años: en su registro, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informa que entre 2010 y agosto de 2021 al menos 52 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías; 19 eran funcionarias de seguridad. El CELS analiza específicamente un motivo posible: “Existen prácticas de encubrimiento de las muertes cuyos responsables integran las fuerzas de seguridad. Como auxiliares de la justicia, las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho, lo que significa que pueden falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para hacerla coincidir con su versión”.
Por su parte, el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (Inecip) en su último informe disponible sobre “Armas de fuego y violencias de género en Argentina” registró que de los femicidios cometidos con armas de fuego entre 2013 y 2018, que uno de cada 4 femicidios es cometido por un miembro de una fuerza de seguridad. Además, el Inecip registró que en el 50% de los casos no se conoce la ocupación del femicida, lo cual apoya el análisis anterior: en muchos casos no queda registro de que los femicidas son integrantes de las fuerzas de seguridad.
Los Ministerios de Seguridad y de Defensa dispusieron que se limite el acceso a armas de fuego para uniformados que tuvieran denuncias por violencia de género y violencia familiar. Pero esto no siempre se cumple. Una encuesta federal anónima a 250 uniformadas, en actividad o retiradas, realizada en 2019 por la Red Nacional de Mujeres Policías con perspectiva de género, logró recabar datos concretos sobre los agresores que se conocieron mediante una nota del diario Tiempo Argentino: el 96% de los uniformados denunciados no recibieron ningún tipo de sanción luego de comprobarse el delito; en el 67% de los episodios consignados, los agresores fueron jefes; el 10% eran compañeros; un 3%, las parejas de las mujeres policías; y un 18%, compañeros y también parejas. Además, más del 90% de las mujeres manifestó no haber recibido ningún tipo de apoyo por parte de la institución y que buscaron ayuda en su entorno, con profesionales u organizaciones sociales.
Otro dato es que denunciar tuvo consecuencias: el 21% de las víctimas debió buscar un nuevo destino después de haber denunciado a acosadores dentro de la fuerza. El 17% fue trasladada a otros sectores dentro de la misma repartición. El 15% no encontró ninguna solución a su situación y siguieron siendo violentadas. Un 8% manifestó que, luego de denunciar, les iniciaron un sumario administrativo. Y más del 5% de las mujeres que formularon denuncias fueron dadas de baja.
El Informe anual 2020 de casos de femicidios elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró que al menos 7 feminicidas pertenecían a las fuerzas armadas y/o de seguridad: 5 eran de la Policía provincial y se encontraban en actividad, 1 al Ejército, y del restante no hay datos sobre la fuerza a la que pertenecía. “De estos 7 miembros de distintas fuerzas de seguridad, 6 utilizaron armas de fuego para cometer el femicidio directo, siendo al menos 4 de ellas sus armas reglamentarias y 2 sin datos sobre su autorización”, detalló la CSJN y asentó que luego de cometer el femicidio, al menos 3 de los 7 agentes de seguridad se suicidaron.
El medio Chequeado presentó en febrero de este año un pedido de acceso a la información pública que permitió conocer las características de las denuncias por violencia en el interior de las fuerzas de seguridad, datos recabados por las propias fuerzas nacionales:
La Policía Federal recibió más de 300 denuncias por año entre 2018 y 2020.
Gendarmería superó las 400 al año entre 2018 y 2019, que cayeron a más de la mitad en 2020.
Prefectura registró poco más de 100 casos de violencia de género por año y además se iniciaron aproximadamente unos 550 sumarios entre 2017 y 2021.
En el Ejército se denunciaron menos de 300 casos de violencia de género por año entre 2016 y 2020. En esta fuerza las actuaciones disciplinarias en denuncias por violencia intrafamiliar no superan el 27% de los casos, mientras que en casos de violencia laboral representan más del 60%.
En la Fuerza Aérea hubo más de 260 consultas por violencia de género entre 2014 y 2019 – principalmente por “malestar laboral” – pero las presentaciones efectivas fueron menos de 100. En la Armada fueron 216 consultas y 37 presentaciones, entre 2018 y 2020: es la fuerza que menos denuncias registró.
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Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona
Todas las luces del Estadio Diego Armando Maradona se apagaron. Minutos antes del partido de Argentinos Juniors contra Barracas Central, solo se encendió un reflector: el que iluminaba las butacas de la platea Francis Cornejo. Cada una de las butacas con un nombre.
Tamara
Vanesa
Sheila
Abril
Rocio
Elena
Ana
Los nombres en las butacas del estadio de Argentinos Juniors. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Aquí se puede ver la imagen de cómo fue ese momento.
Fue el modo que se utilizó para mostrar los 277 nombres de víctimas de femicidios y travesticidios en lo que va de este año hasta hoy: 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
En la oscuridad absoluta la voz del estadio dijo desde todos los parlantes: “Esas butacas vacías, cada una con el nombre de una víctima de femicidio, son un recordatorio doloroso: en lo que va del año 277 mujeres han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujer. No son solo cifras, son historias, son ausencias”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Y un aplauso conmovedor y sincero inundó todo el estadio.
La acción fue impulsada por Secretaría de Género de Argentinos Juniors junto al Observatorio Lucía Pérez para visibilizar la violencia machista en nuestro país.
Las integrantes de la Secretaría de Géneros de Argentinos Juniors y del Observatorio Lucía Pérez. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“La idea fue dejar un espacio vacío de la tribuna con los nombres de las mujeres asesinadas durante este año, y mostrar así la falta, que ellas hoy no están pudiendo venir a la cancha. Tomamos el mensaje del Observatorio: no son solo cifras, sino que detrás de cada uno de estos nombres , hay una historia”, dice a lavaca Mariel Alonso en la previa al partido mientras se repartían volantes con la invitación a visitar la web de la Secretaría del club y conocer la acción que se estaba por llevar a cabo.
Las camisetas de los jugadores adaptadas para el evento programado por la Secretaría de Géneros del club. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Las butacas vacías se iluminaron luego de la entrada en calor de los jugadores, que minutos después salieron a la cancha con un parche en la camiseta oficial que dice 25N, en homenaje a este día. Los suplentes salieron al campo con una remera especialmente diseñada para hoy que en la espalda tenía un dibujo que entre mujeres y banderas dejaba ver dos mensajes: “25N” y “Rompamos el silencio”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“Hacer estas acciones en un club es fundamental”, explica Vanina Sánchez, secretaria de Géneros de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. “Los clubes de fútbol no son solamente de fútbol, son también espacios donde las mujeres y los hombres venimos a pasarla bien, a alentar por nuestros colores, y son lugares donde estas batallas hay que darlas. Es súper importante que como institución deportiva podamos dar un mensaje: el de que es importante involucrarnos, defender nuestros derechos, y pedir también justicia por todas las mujeres que ya no están”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina. Toda la información está disponible y es de libre acceso con el objetivo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Toda la info se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
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No son cifras
La cifra de violencia contra las mujeres registró un nuevo salto: 277 femicidios y travesticidios se produjeron hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, según la información del Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado sobre violencia patriarcal. Por esa razón la Secretaría de Género de la Asociación Atlética Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche Argentinos juega a las 21.15 en su estadio Diego Armando Maradona contra Barracas Central.
Se dejarán 277 butacas vacías de una de las tribunas para poner el foco así en todas las mujeres que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes.
La investigación cotidiana del Observatorio Lucía Pérez elevó el registro de femicidios y travesticidios en lo que va del año a 277 hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Además, a raíz de esos crímenes, quedaron 161 huérfanxs. Como respuesta hubo 288 marchas y movilizaciones en búsqueda de justicia.
El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata en 2016, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina.
Mediante una docena de padrones que se actualizan diaria y mensualmente se construye una cartografía de la violencia y la descripción de cómo opera el Poder Judicial, la policía y las pocas medidas de protección con la que cuentan las víctimas antes de ser asesinadas.
De los 277 femicidios y travesticidios:
- 25 habían realizado denuncias previamente.
- 70 de ellas tenían hijxs, lo que provoca la cifra de 161 huérfanxs. En muchos casos sus hijxs presenciaron el crimen, como en el femicidio de Rosa Vanesa Mamani Vargas, asesinada el primer día del año; o el de Ramona Isabel Morínigo, asesinada en febrero frente a su hijo de 15 años; o el de Analía Celeste Oliva, cuyos hijos de 11 y 15 años fueron quienes encontraron el cuerpo.
- Tres de ellas estaban embarazadas.
- 30 estuvieron desaparecidas antes de confirmarse que habían sido asesinadas.
- 24 eran menores de edad.
Cada una de ellas no es una cifra, son madres, hijas, hermanas, vecinas, amigas, compañeras, hinchas por las que pedir justicia.
Por eso que en este día la Secretaría de Género de Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio Lucía Pérez una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche, en el partido contra Barracas Central, se dejarán 277 butacas vacías de una de las plateas para poner el foco así en todas las que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes.
Toda la información generada por el Observatorio Lucía Pérez está disponible y es de libre acceso con el deseo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/
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Jury a los jueces Gómez Urso y Viñas: sin culpa y con cargo
Absolvieron a los jueces responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía (16 años) y obligó a un segundo juicio realizado en 2023. Ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí condenó por el femicidio ocurrido en octubre de 2016 a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, quienes además vendían droga en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Detalles de lo ocurrido hoy y la voz de Guillermo Pérez, el padre de la víctima: “Mensaje más mafioso que este no se me ocurre”.
Por Anabella Arrascaeta
Terminó hoy el juicio político a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas quienes fueron absueltos de la acusación de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. En esa oportunidad ambos –junto al juez Aldo Carnevale que evitó el proceso al jubilarse anticipadamente– firmaron un fallo vergonzoso en 2018 que, en resumen, victimizó a Lucía de su propio femicidio, y absolvió a los acusados. Esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación, que ordenó un nuevo juicio realizado en 2023 en el que finalmente se condenó a los autores del femicidio.
La llegada a este jury (más allá de su resultado) sienta un precedente histórico sobre el control social y político al Poder Judicial.
El Tribunal que analizó el caso fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, y conformado por integrantes del Poder Legislativo.
No hubo audiencia sino un comunicado leído por el secretario del jury Ulises Giménez de modo virtual, y en contacto con las partes.
La familia de Lucía Pérez tuvo que ver la lectura de la sentencia por YouTube, al igual que los abogados de la querella. No se difundieron tampoco los fundamentos, que se darán a conocer mañana y se enviarán por mail a las partes.
Solo se informó la decisión unánime de absolver a los jueces y de solicitar a su vez a la Suprema Corte “la posibilidad de optimizar la capacitación en materia de género”.
El voto de absolución incluye al propio Daniel Soria y a los legisladores:
- Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
- Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
- Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).
- Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR).
- Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).
Hacia el final, antes de que desconectaran la transmisión, la ex diputada Araceli Ferreyra, una de las impulsoras del juicio político, hizo oír su voz de repudio: “Lucía Pérez, presente, ahora y siempre”.
La familia: “Mensaje mafioso”
Guillermo Pérez, el padre de Lucía, habló desde Mar del Plata con lavaca:
Su primera reflexión: “Estamos asumiendo el cachetazo. Esto no es un mensaje para nosotros, es para la sociedad. Lo veo así. Ahora vamos a aclarar la cabeza, apagar los celulares, intentar dormir un poco. Todavía no hablamos con nuestro abogado”.
Sobre la absolución: “Pienso que los legisladores tienen que pagar el precio político. Los legisladores tanto como el presidente de la Corte estuvieron cuando a los jueces se los suspendió, ahí también fue por unanimidad, y ahora dicen otra cosa. Todavía no sabemos los fundamentos. Pero mensaje más mafioso que este, no se me ocurre”.
La contradicción: “Los legisladores tienen que pagar un costo. ¿Qué tengo que hacer, ir a verlo a Milei? ¿Qué tenemos que hacer? Es una contradicción este fallo, dice que tienen que hacer capacitación sobre violencia y los absuelven. Todavía no alcanzo a entender, quisiera saber los fundamentos de la sentencia”.
Otra reflexión: “Podemos tomar la sentencia, pero políticamente todo tiene un costo porque traicionaron a una sociedad. No nos traicionaron solo a nosotros. Ahora ¿quién les va a creer?”
El fallo
El fallo se dictó de manera virtual –dado que hoy se conmemora aniversario de la ciudad de La Plata y se dispuso asueto administrativo– y se siguió colectivamente en distintos puntos de Mar del Plata, La Plata, y CABA.
La familia de Lucía escuchó la sentencia rodeada de quienes la acompañan en la búsqueda de justicia en La Casa de Lucía, un espacio de encuentro y aprendizaje destinado a prevenir las violencias.
El fallo se dio a conocer un día antes de que se cumplan 35 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y a menos de una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Narcofemicidio“
El jury había comenzado el pasado lunes 11 de noviembre (https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/).
Durante dos días hubo audiencias presenciales en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde desfilaron testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa.
Los primeros argumentaron sobre el mal desempeño de los jueces Gómez Urso y Viñas, detallando momentos del juicio en los que atacaron a la familia y a sus testigos, así como los extractos del fallo que, según el representante del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Lapargo, “desobedecieron leyes y normativas nacional e internacionales”.
Expusieron también Guillermo Pérez y Marta Montero, los padres de Lucía, quienes describieron el calvario en el que convirtió su vida tras la muerte de su hija y también tras la primera sentencia: “El primer juicio fue una tortura”, resumió Guillermo. Luego declaró Matías Pérez, hermano de Lucía, quien dijo con lágrimas en los ojos: “Lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.
Luego fue el turno de Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años; María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs; Laureana Malacalza que en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires; Natalia Gauna que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias; Fernando Fernández y Alejandro Agote, ambos trabajadores judiciales de Mar del Plata.
En esta crónica, la descripción de sus aportes e intervenciones en el jury: https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/
Flavia Delmas, ex Secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires, sintetizó en una nota su responsabilidad en el proceso: “Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018. Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO”. Y concluyó: “Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima”.
Por su parte, la defensa convocó a tres abogados: al ex abogado de la familia de Lucía, al abogado Esteban Viñas, primo de uno de los jueces imputados e integrante de la Red de Jueces Penales; y a la abogada de Matías Farías, condenado por el femicidio de Lucía Pérez.
El proceso
El jury político que culminó hoy representa un hito de cómo luchar frente a las injusticias. La familia de Lucía Pérez, tras su femicidio, logró la anulación del primer juicio (2018) y realizar un nuevo proceso a cargo de otro Tribunal, en el que Matías Farías fue condenado a cadena perpetua por el femicidio y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”. Este fallo contrastaba con el primero, que los había condenado solo a 8 años de prisión por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía.
En el segundo juicio, llevado a cabo en 2023, los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez. Y en el fallo ponderaron a su vez su doble rol de víctima mujer y niña amparado por normativa internacional y nacional y por los parámetros de perspectiva de género.
Nada de esto había sido considerado en el primer juicio. Por eso, el 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, quien finalmente pidió la jubilación anticipada.
Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Viñas y Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios.
En paralelo, la Corte Suprema bonaerense aprobó este mismo año una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género que justamente cita ese fallo. La guía señala: “La estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional”.
Los argumentos para la destitución de los jueces eran varios. Por parte del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Marcelo Lapargo sostuvo en su pedido de destitución: “Si en vez de discriminar por la conducta sexual previa de Lucía, lo hubieran hecho porque Lucía era negra, judía o evangélica, estaría clarísimo, no estaríamos ni discutiendo. El tema es que la conducta sexual parece algo en lo que estamos autorizados a meternos (…) Discriminar no es un hecho menor. Discriminar a una niña, a una menor de edad, no es un hecho menor. Tratar de entender que su valía se ser amparada por las leyes se define por los hallazgos de una autopsia, no es un hecho menor”. Y dijo después a modo de conclusión: “En definitiva los magistrados causaron una grave ofensa a la familia y un grave desprestigio al poder judicial”.
Nada de esto fue tenido en cuenta para la absolución de hoy, que además reintegra a ambos jueces a sus cargos y les restituye la totalidad de sus salarios.
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