Se realizó la Marcha Federal de Salud por el centro de Buenos Aires hasta Plaza de Mayo. El diagnóstico y los testimonios de un desguace anunciado que está destrozando al sistema de salud pública, matando gente, y poniendo cada vez más vidas en peligro.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Tadeo Bourbon / lavaca.org

La enumeración es brutal:

• Al menos 60 pacientes con cáncer fallecieron en la disuelta DADSE (Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales) por falta de entrega de medicamentos oncológicos.
• Derogación de las Coordinaciones Nacionales de tuberculosis, lepra, hepatitis y HIV dispuestas en el decreto 1138/2024, “pilares fundamentales de articulación de políticas públicas nacionales que aseguran estrategias de diagnóstico, prevención y tratamiento”.
• Despidos masivos en el Ministerio de la Salud, y los hospitales Posadas, Bonaparte y Sommer, entre otros.
• Cierre y desfinanciamiento de programas esenciales y áreas estratégicas como: Dirección Nacional de Géneros y Diversidad, Dirección Nacional de Recursos Físicos, Dirección de municipios y comunidades saludables, Dirección de Investigación en Salud, Dirección de interoperabilidad, Estándares y Desarrollo; Dirección Nacional de Integración del Sistema de Salud; Coordinación de Equipamiento Médico y de Arquitectura Sanitaria; Coordinación de Salud Familiar; Coordinación de Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios; Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer.
• Recorte de insumos médicos y medicamentos.
• Profundización de la descentralización del sistema de salud.
• Deterioro del Plan Nacional de Vacunación.

Fotos: Tadeo Bourbon para lavaca.

• “A la desaparición de los programas de violencia de género y cuidado de mujeres se suma la eliminación del programa de prevención del embarazo adolescente. Junto con ello, no sólo una disminución de la partida global para salud pública, sino también la destinada a la financiación de los grandes hospitales nacionales como el Garrahan y el Posadas, que pierden frente a la inflación en términos reales entre un 20 y un 40 por ciento del presupuesto”.
• Recortes de programas de garantía de acceso a 55 medicamentos para jubiladas y jubilados, que se suma a la suba del 188% del valor de los medicamentos en general.
• La liberación de los precios de las prepagas que permitió aumentos de cuotas de casi un 120%, “lo que hizo migrar a más de 200 mil usuarios a la salud pública”.
• En CABA, el distrito más rico, se sigue marginando a las enfermeras de la ley de Profesionales de la Salud.
• Salarios “miserables” de las y los residentes “parte fundamental del equipo de salud y del sostén del sistema público”.
• Recortes del 50% al presupuesto del Programa Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, ITS, y Tuberculosis. Como parte de los 1400 despidos en Salud, el ministro Lugones echó al 40% de la Dirección de Respuesta de esas enfermedades. Además denunciaron una “alarmante” falta de reactivos para medir la carga viral en tratamientos para personas con VIH y que tampoco se realizaron compras de preservativos en un contexto de aumento de diagnósticos de VIH y sífilis.

Todo eso significa vidas en peligro.

Carteles que lo expresan todo. Fotos: Tadeo Bourbon para lavaca.

Tal la descripción, desde arriba de un camión, realizada por quienes coordinaron la Marcha Federal de Salud convocada en Buenos Aires por más de 130 organizaciones, entre juntas internas, hospitales nacionales, provinciales y locales, residencias, redes de usuarios, entre otras, que reunió a miles de personas este jueves desde el Ministerio de Salud, sobre 9 de Julio, hasta la Plaza de Mayo.

El cáncer y las urgencias

Andrea es trabajadora administrativa del sector Tomografía del Hospital Posadas y la echaron en octubre. Sigue en funciones gracias a una medida cautelar de la justicia que ordenó reincorporarla mientras dure el juicio laboral. Está marchando: “Porque desde el año pasado tuvimos 120 despidos, pero sabemos que hubo más y que posiblemente lleguen a 300. Además están vaciando al Hospital: los médicos se empiezan a ir porque acá cobran 110 mil pesos una guardia y afuera les ofrecen dos o tres veces más. En Oncología la jefa se jubila, quedan dos y decían que, de hacer 6.000 quimios al año, este no las van a poder garantizar. Si llegás con cáncer, te derivan a otro hospital. En Tomografía estamos demorando tres meses en entregar los estudios, salvo que diga ‘urgente’, que tardan dos”.

Curiosidad argentina: El Estado, a través de la Policía de la Ciudad, más preocupado por el tránsito porteño que por la Salud Pública y la vida. Fotos: Tadeo Bourbon para lavaca.

Cannabis vs. lo narco

Valeria Salech es fundadora y referente de Mamá Cultiva, una organización que logró la ley de Cannabis Medicinal que legaliza el acceso a través de autocultivo, cultivo solidario y comunitario, y habilita la venta de aceites en farmacias y el impulso a la producción pública. Está marchando: “Porque están desguazando la salud, y una de las herramientas que desfinancian es el REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis, que regula el acceso de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos) que cada vez tiene menos gente trabajando y más gente esperando renovaciones o autorizaciones. Son miles de personas pidiendo acceso a la salud, porque el cannabis también es salud. Empujan a la gente a la clandestinidad: parece que el Estado prefiere que le compremos al narco en vez de que seamos cultivadoras registradas”.

Fotos: Tadeo Bourbon para lavaca.

El trauma del cierre

Joaquín tiene 27 años y es psicólogo residente en el Hospital Bonaparte, única institución nacional especializada en salud mental en el AMBA, que ya tuvo un intento de cierre el año pasado y que en enero sufrió el despido de 200 trabajadores y trabajadoras. Está marchando: “Porque el acceso a la salud mental, con los despidos, está muy deteriorado. Tenemos pacientes que no tienen cubiertos todos los turnos que tenían. Tenemos infancias que se quedaron sin equipos enteros. Todo esto en el marco de una demanda que combina la falta de laburo de pacientes con un cuadro de base traumática. En esa complejidad, donde los pacientes cuentan con menos herramientas, al hospital lo quieren cerrar”.

Una chica de 93 años

Andrea, Valeria y Joaquín son tan sólo tres testimonios de los miles que marcharon.  

A la columna se sumó una joven militante de 93 años que una hora atrás había terminado de dar la ronda que todos los jueves, a las 15.30, hace alrededor de la Pirámide de Mayo, hace casi 48 años. Elia Espen, de Madres Línea Fundadora, que sigue buscando a su hijo Hugo Miedan desaparecido el 18 de febrero de 1977, levantó el puño diciendo: “Fuerza”. La marcha la saludó: “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”.

Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo Línea fundadora, ex trabajadora de salud en el Garrahan, uno de los hospitales víctimas de la política autopercibida «libertaria». Fotos: Tadeo Bourbon para lavaca.

Así, y al canto de “atención, atención, estamos defendiendo la salud de la Nación”, la columna llegó a Plaza de Mayo siempre marchando pacíficamente por un carril, primero de Avenida Belgrano y luego por Diagonal Sur, custodiada por la Policía de la Ciudad.

En la Plaza, la primera oradora fue Elia, ex trabajadora de salud en el Hospital Garrahan: “Les deseo con toda mi alma y los recuerdos de los viejos tiempos que no haya hambre, que haya trabajo, que haya salud para todos”. La respuesta, nuevamente, fue un abrazo y un reconocimiento a coro: “30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes”.

Luego las organizaciones leyeron el documento con el que se inicia esta crónica, que describe el desguace que la gestión de Javier Milei, con Mario Lugones como ministro de Salud, está llevando a cabo desde diciembre de 2023.

Fotos: Tadeo Bourbon para lavaca.

El llamado

El cierre fue un llamado:

“Llamamos a toda la comunidad a sumarse a esta pelea en defensa a un derecho fundamental: la salud pública, gratuita y de calidad para todas las personas.

Sumate y que nuestra voz se haga escuchar en cada rincón del país.

Por una vida que merezca ser vivida para todas, todos y todes.

La salud es un derecho, no un privilegio.

En salud no sobra nadie. Reincorporación ya de todxs lxs despedidxs!

¡Es momento de defenderla!

Unidad en las calles.

Abajo el ajuste de Milei y sus cómplices.

Salud unida jamás será vencida”.

El final fue un estribillo cada vez más común en un país cada día más convulsionado: “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”.

Respuesta a los calificativos del gobierno hacia los pacientes. Fotos: Tadeo Bourbon para lavaca.

Fotos: Tadeo Bourbon para lavaca.

Fotos: Tadeo Bourbon para lavaca.

Fotos: Tadeo Bourbon para lavaca.

Las audiencias del juicio por usurpación en Villa Mascardi (Bariloche) contra una comunidad mapuche no se emiten por YouTube como suele ocurrir y estaba previsto. Inesperadamente aparecen testigos con «machetes» que leen lo que tienen que declarar (aunque no se conoce su contenido). La ausencia de razones para la medida del juez Alejandro Silva, de General Roca, lo que dicen la comunidad y quienes la defienden. El punto de contacto del caso con el crimen de Rafael Nahuel cuando la ministra era, como ahora, Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi

El juicio oral y público a seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por el delito de usurpación en Villa Mascardi, Bariloche, Río Negro tiene una curiosidad: en la práctica dejó de ser público. Las audiencias comenzaron el martes, pero en las del miércoles y este jueves en el Tribunal Oral Federal de General Roca, el juez Alejandro Silva barrió lo público. El juicio es absolutamente virtual: el juez en General Roca, y abogados, testigos, los propios acusados, intervienen conectados, cada uno desde su lugar. En un proceso que previamente se acordó se hiciera de esta manera virtual, el juez definió este miércoles –sin dar ningún argumento– imposibilitar a la prensa y a cualquier persona que no sea parte (acusados, defensores, querella, fiscalía) conocer el desarrollo de la causa.

En la foto de portada puede verse a cuatro de los acusados en la mañana de este jueves, a punto de participar de las audiencias virtuales desde un sindicato de Bariloche que les abrió las puertas porque allí tienen Internet.

De izquierda a derecha Romina Rosas, la machi Betiana Colhuan, Luciana Jaramillo y Matías Santana, de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

Problemas informáticos

El juicio tendrá 132 testigos que, de continuar la decisión del juez, no serán escuchados por la opinión pública. Entre el miércoles y el jueves declararon vecinos de Villa Mascardi y agentes de las fuerzas de seguridad. No se sabe qué dijeron.

El secretario del Tribunal Oral Federal de General Roca, Luis Pérez García, dijo a lavaca sobre el porqué de la decisión y se produjo este diálogo:

–Sigue siendo público, no sé qué problema informático puede estar habiendo.

–No hay ningún problema informático. El juez prohibió su emisión desde la segunda audiencia. ¿Por qué tomó esa decisión?

–Desconozco la información. Ni sé las causas. Sabrá el juez por qué lo hace.

Imagen del juicio obtenida por integrantes de la comunidad acusada que sí pueden participar de las audiencias virtuales. El juez Alejandro Silva no explicó por qué impidió el acceso del periodismo y el público a las audiencias.

El caso

En 2017 la comunidad mapuche inició la recuperación de su territorio y como respuesta, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (que ahora vuelve a ser ministra mercede a su salto del macrismo al mileísmo) ordenó el desalojo en el que el grupo Albatros de Prefectura asesinó el 25 de noviembre a Rafael Nahuel.

El juez Alejandro Silva es el mismo que presidió el juicio por su crimen y condenó a sus responsables con penas ínfimas, entre 4 y 5 años, tras haber matado al joven por la espalda.

Testigos con machete

Gustavo Franquet es uno de los abogados de la lof, que intenta explicar lo inexplicable. “El juez decidió todo sin avisar, de improviso, a pesar de que desde el mismo Tribunal nos habían dado los enlaces de YouTube con los que se deberían poder ver todas las audiencias, incluso las que seguirán en marzo y abril. Determinó que donde haya declaración de testigos no van a ser transmitidas. Pero no explicó la causa. Así son las cosas en este juicio. No permitir la transmisión es propio de las prácticas judiciales de varias democracias de América Latina, con el argumento de combatir a lo que ellos consideran terrorismo. Pero en este caso no hay ninguna razón para que no sean públicos los testimonios”.

Agrega este profesional que integra la Gremial de Abogados: “Hay un artículo del Código Procesal Penal de la Nación que le permite al juez hacer algunas excepciones para que no sea público. Pero acá hay dos problemas. El primero es que el juez no explicó las razones cuando su deber es hacerlo. El segundo es que no existen esas razones. Está claro que buscan dibujar una situación en donde supuestamente la seguridad de los testigos se vería afectada si sus testimonios son públicos, lo cual es un delirio, pero apunta a seguir sembrando la idea del peligro mapuche. Es una cosa increíble”.

Papeles que sí y papeles que no

La no emisión de las audiencias de los testigos es una puerta abierta a que se multipliquen los despropósitos. Los abogados defensores cuentan que el juez les está posibilitando a los testigos leer apuntes.

“Esto es absolutamente irregular. Esos machetes tranquilamente pueden ser instrucciones de cómo declarar. Se lo hicimos notar al juez y dijo que él lo permitía. Si alguien va y declara de memoria, sin ningún papel en la mano, uno puede sospechar, pero una cosa es sospechar y otra es tener la evidencia como en este caso”.

En paralelo a este juicio, la Administración de Parques Nacionales solicitó ayer ante el Juzgado Federal de Bariloche remover el Rewe del territorio del que fue desalojado la comunidad. El Rewe es un sitio sagrado del pueblo mapuche que permanece erigido en el lugar, por decisión de la ex jueza federal Silvina Domínguez. En la audiencia de este jueves, los integrantes de la Lafken Winkul Mapu mostraron un escrito con la leyenda “Devuelvan el Rewe”, hasta que el juez lo vio y exigió retirar “las hojas de papel”. 

Desde la comunidad explican a lavaca: “Es muy grave este nuevo atropello. Todo nuestro ser, nuestra existencia y devenir están conectados con el Rewe. Frente a esta adversidad, en la que los poderes políticos, económicos y judiciales criminalizan a nuestro pueblo con mentiras y engaños, provocando odio y violencia contra nosotros, aprendimos del fortalecimiento propio, del regreso a los territorios y de nuestra resistencia en comunidad. Nuestro Rewe es parte fundamental de esos procesos: en él encontramos entendimiento, y lo que hacemos allí se transforma en acciones profundamente sentidas. Nos devuelve nuestra espiritualidad, nuestra lengua, nuestra memoria”.

Y cierran: “Exigimos que se haga efectivo el derecho a la salud que nos reconoce la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Artículo XII de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cada una de esas legislaciones se establece que los pueblos indígenas tenemos derecho a nuestros propios sistemas y prácticas de salud”.

Un símbolo de la época. Como ocurre en Buenos Aires con las marchas de jubiladas y jubilados, entre tantas, las mujeres mapuche enfrentan el mismo panorama de violencia.

Vecines de la Comuna 12 de la ciudad de Buenos Aires organizaron el domingo un cacerolazo en la puerta del Club Pinocho, en el barrio de Villa Urquiza, donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de las principales apuntadas en el escándalo de la criptoestafa, encabezó un acto de La Libertad Avanza. “Yo sabía que a los corruptos los cuida la policía”, fue una de las canciones de protesta, mientras la hermana del Presidente llegaba al club franqueada por un operativo de seguridad que no podía calmar el estribillo ni tampoco esconder uno de los carteles que más se viralizaron: “La estafa avanza”.

A continuación compartimos las fotos de la Asamblea de Parque Saavedra, una de las convocantes al repudio, nacida el 20 de diciembre de 2023, el día que Javier Milei anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación de la economía.

“No queremos estafadores en nuestros barrios” fue el título del comunicado que lanzaron ayer: “Es una acción puntual en línea con lo que venimos buscando desde el 20 de diciembre de 2023: dar respuestas colectivas contundentes frente a un gobierno nacimiento corrupto, saqueador e incompatible con la vida”. La asamblea, como tantas otras que nacieron o resurgieron a partir de la asunción de Milei, ha estado participando en las diversas protestas que se dieron desde entonces, como los tratamientos de Ley Ómnibus y la Ley Bases, así como el repudio del protocolo represivo que coordina la ministra Patricia Bullrich.

Sus integrantes se enteraron de la visita de Milei y por grupos de WhatsApp organizaron los pasos a seguir. “No podíamos permitir que pasee libremente sin que nadie vaya y les diga las cosas en la cara”, explican a lavaca. Hicieron circular un flyer que rápidamente se expandió por otros grupos de asambleas y de vecinos.

El efecto se vio en la convocatoria: “Afortunadamente pudimos confluir en esta manifestación con muchos otros vecinos para gritar que los barrios son de quienes vivimos y trabajamos en ellos, de quienes recorremos sus plazas, parques y clubes todos los días, y por eso en nuestros barrios los estafadores no son bienvenidos -expresaron en el comunicado-. Desde el escándalo de la criptoestafa nadie puede desconocer que el gobierno de los hermanos Milei es una banda que miente y se beneficia a costa de otros, incluso de los que lo apoyan”.

Si bien subrayan que el gobierno “tiene la complicidad de casi toda la dirigencia política y sindical”, también destacan que va a encontrarse cada vez más con respuestas así, “de gente común comprometida, que como en tantas otras asambleas y espacios de base pone sus energías en construir compañerismo, formas variadas de luchar y de vivir juntos”.

Desde la asamblea explican a lavaca: “Para que no parezca que nadie enfrenta a este gobierno”.