Con el trasfondo de la amenaza a recursos naturales como el agua y el litio, el abogado Alberto Nallar fue condenado a tres años y medio de prisión efectiva y 7 millones de pesos de embargo. La sentencia se debe al hecho de haber acompañado e informado a la población que desde junio salió a las calles y rutas. Las protestas eran (y siguen siendo) en rechazo a la reforma constitucional “express” aprobada por el propio Gerardo Morales, quien desdobló su condición de gobernador con la de constituyente. El delito que se le imputa a Nallar es “Instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real”. Dice Nallar a lavaca: “Yo ni levanté un puñado de tierra. Lo que sí hice fue explicarle a la gente los vicios que tiene esa constitución que amenaza los derechos de los pueblos indígenas. Por eso me condenan”. El texto completo del pedido de intervención a la provincia formulado por Nallar, que obra como otro posible trasfondo de esta sentencia.

El abogado Alberto Nallar fue condenado a tres años y seis meses de prisión, de cumplimiento efectivo, y un embargo de 7 millones de pesos por ejercer el acompañamiento a las protestas sociales. La condena de los jueces Mario Ramón Puig y Luciano Yapura y la jueza Ana Carolina Pérez Rojasplantea que su delito fue “Instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real”. Se busca forzadamente acusar por el mismo tipo de delito a otros participantes de los reclamos contra la reforma constitucional jujeña.  

La historia comenzó en junio. Alberto Nallar es abogado especializado en Derecho Administrativo que asesora a familias, agricultores y comunidades originarias que ven amenazadas sus tierras y sus bienes por diferentes negocios impulsados desde el Estado jujeño. “Las comunidades originarias defienden el derecho a mantener sus territorios, a evitar el saqueo que significa desde el punto de vista ambiental, territorial y del agua todo el tema del litio, entre muchos otros atropellos”.

En su rol como abogado recorrió los puntos de conflicto en la provincia a partir de junio, cuando la sociedad se movilizó contra la reforma constitucional impulsada y materializada por Gerardo Morales que en ese momento desdobló su rol en el Poder Ejecutivo, como gobernador, y en el Legislativo, como constituyente, demostración evidente de la impunidad de su manejo en la provincia: entre otras cosas, tiene a más de 40 familiares designados en su propio gobierno, récord absoluto en el país.  

“En ese momento me detuvieron durante 37 días con prisión domiciliara, para sacarme del medio. Y me iniciaron automáticamente un juicio que duró apenas tres meses”. El gobierno jujeño cumplió con las amenazas de sanción no solo penal sino también económica a quienes hubieran participado en las protestas sociales.

Detención de Alberto Nallar: El peligro de ser abogado

Explica Nallar a lavaca: “Yo ni levanté un puñado de tierra. Lo que sí hice fue explicarle a la gente los vicios que tiene esa constitución que amenaza los derechos de los pueblos indígenas. Por eso me condenan”.

“El embargo es reparar los eventuales daños que yo pude haber cometido, pero no hice nada de lo que me adjudican.  No lo digo como cuestión exculpatoria ni estoy justificándome, sino simplemente verificando un hecho de la realidad: si yo hubiera cometido cualquier hecho de violencia, lo que fuere, daría la cara, como creo que todos tenemos que darla. Pero acá es otra cosa”.

La descripción: “Mi actividad fue exclusivamente de carácter profesional, laboral, legal, ha sido ir a informar a la gente respecto de los vicios que tenía la constitución. Y plantear el delito cometido por Gerardo Morales al haber participado en la Convención Constituyente. También busqué solicitar la adhesión a un pedido de intervención federal a la provincia que formulé y que finalmente se presentó en la Casa Rosada con 5.000 firmas de apoyo. Eso es lo que yo estaba haciendo cada vez que participé en las protestas que se llevaron a cabo a la vera de las rutas”.

La cooptación del Poder Judicial

El pedido de intervención no es solo por lo ocurrido este 2023, sino que viene de lejos. Ya en 2015 Nallar denunció a Morales: “A los tres días de asumir Morales logra sacar una ley para modificar la composición del Superior Tribunal de Justicia, y se apropia del Poder Judicial. El objetivo fue blindarse a sí mismo judicialmente y tener una herramienta maravillosa para someter a quienes pudieran objetar su conducta, a partir de la cooptación de la justicia”.

“Lo denuncié el 29 de diciembre de ese año, como delito penal, porque es un delito gravísimo: atentado contra el orden constitucional y democrático. Acá se rompió el sistema republicano y genera este tipo de delitos. Nunca Morales ni toda su cúpula pudieron desmentir ni probar lo contrario de mi denuncia. Es una causa que sigue en trámite desde hace 8 años, y si yo no tuviera razón sería muy fácil para ellos censurarme, o rechazarla judicialmente. Pero continuó el trámite. Ese es uno de los problemas que se expresan hoy. ¿Por qué me condenan? Porque Morales conduce el Poder Judicial”.

Empalma lo que le ocurre con la situación del Malón de la Paz, grupos de comunidades indígenas que se han trasladado a Buenos Aires haciendo acampe frente al Congreso de la Nación y a la Corte Suprema, en Plaza Lavalle. “Eso demuestra la impotencia de no poder acceder a la justicia en Jujuy. Vos te das cuenta de que nadie va a ir a plantear una cosa así en la en una jurisdicción que no corresponde, como es la jurisdicción federal en Capital en la Corte Suprema, si no es porque acá no hay justicia. Esa es una prueba cabal de lo que ocurre en Jujuy tuvieron que recurrir a reclamarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se haga cargo de un problema que no es de su competencia, Pero que no queda otra alternativa tal cual”.

¿Qué está en juego en Jujuy?

Nallar espera ver cómo evoluciona el caso que será apelado pero amenaza con su libertad personal.

Pero aclara: “El problema de fondo es lo que le pasa al pueblo. Lo que yo tenga que pasar en medio de esta vergüenza, no es nada con comparación con el sacrificio que hacen las comunidades, principalmente las mujeres, que siguen movilizándose y exigiendo sus derechos. Nadie va a sacrificar su integridad física, su libertad, lo tremendo de tener que instalarse al costado de las rutas mañana, tarde y noche. “¿Por qué la gente hace eso? No están pidiendo un plan social, o que les regalen algo, sino que están defendiendo una identidad de derechos esenciales que hacen a la subsistencia particularmente de los pueblos originarios. Es lo que explica que las comunidades hagan semejantes sacrificios. Lo que está en juego es su vida”.

Este es el texto completo del pedido de intervención a la provincia de Jujuy planteado por Nallar.