Nota
Inspección judicial en territorio mapuche buscando una respuesta: ¿Quién mató a Rafael Nahuel?
(Desde la Lof Lafken Winkul Mapu) Se cumplió una inspección ocular de los jueces, imputados y testigos en el juicio por el crimen de Rafael Nahuel, asesinado en 2017 durante una represión propiciada por el gobierno de Mauricio Macri y su entonces ministra de seguridad Patricia Bullrich. Los hallazgos y reflexiones en un la escena del crimen: un lugar mapuche arrasado por la violencia. Los avances judiciales y la voz de la machi de la comunidad. Para lavaca, desde Río Negro, por la agencia Perycia.
Texto: Luciana Avilés
Fotos: Jaime Carriqueo
Cobertura colaborativa entre Perycia y agencia lavaca.
Son las 11 de la mañana. Un gran operativo a cargo de diversas fuerzas de seguridad ha sido desplegado una vez más en la zona de Villa Mascardi, Rio Negro. El foco está puesto nuevamente en la tranquera que da inicio al territorio que reivindica territorialmente la Lof Lafken Winkul Mapu aunque las zonas linderas también están colmadas de efectivos de la Policía Federal, la de Río Negro y Gendarmería.
Durante la inspección ocular, una casa quemada en la Lof, bajo la mirada mapuche.
A esa hora de la mañana del 24 de octubre ya hay un corte parcial en la ruta sentido Bariloche- Bolsón y viceversa a la altura de la estación YPF y del lado contrario, ni bien se pasa el desvío, a la zona de Pampa Linda y Cerro Tronador.
El paisaje es soñado: el lago Mascardi está totalmente planchado ya que no corre una gota de viento, el cielo está totalmente despejado y un sol radiante ilumina las puntas de los cerros nevados. A pesar de las postales, los vehículos demorados esperan con gente con caras de pocos amigos mientras escuchan a los efectivos explicarles que es para “garantizar que el operativo judicial pueda desarrollarse con normalidad”.
El operativo del que hablan es la inspección ocular solicitada días atrás por el Ministerio Público Fiscal y forma parte de la causa que busca esclarecer el asesinato de Rafael Nahuel. El joven mapuche murió de un tiro que ingresó por su espalda en noviembre de 2017 mientras se encontraba resistiendo junto a su comunidad en las tierras en disputa. El violento desalojo ordenado por la gestión del ex presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dejó como saldo varixs adultxs y niñxs mapuches detenidxs, heridxs con balas de plomo y una muerte.
Funcionarios judiciales recorriendo la escena del crimen de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda en 2017.
A 500 km del crimen
Por este grave hecho, se encuentran imputados 5 efectivos del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina: Sergio Guillermo Cavia, Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos. Este comando especial de Prefectura se sumó a los más de 300 efectivos de Gendarmería y Policía Federal que intervinieron aquel día en el lugar.
Hay dos teorías girando:
Por un lado, la del enfrentamiento armado que sostiene que ambos bandos actuaron en legítima defensa.
Por el otro, la de una especie de cacería humana hacia lxs integrantes de la Lof, replicando las épocas más violentas y de barbarie que tuvo la historia argentina con la Campaña del Desierto.
El juicio llega 6 años después y no en las mejores condiciones. Desde el 15 de agosto de este año, la ciudad de General Roca se convirtió en el escenario principal ya que el Poder Judicial Federal resolvió que las audiencias sucedan allá, a más de 500 km de donde se produjeron los hechos. Familiares, testigxs, amigxs, comunidades mapuches y quienes acompañan la causa pidieron seriamente que el mismo se desarrollara en Bariloche por cuestiones ligadas a distancias, viáticos y cotidianidades. A pesar de los pedidos a los que se sumaron incluso los de los abogados de la familia Nahuel e integrantes de la APDH, Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, no se tuvo éxito.
Mapuche en su territorio: el conocimiento de la montaña. A los visitantes no les resultó tan sencillo moverse entre el bosque y los cerros.
En Bariloche, a 30 km aproximadamente de donde sucedió todo, existe un Juzgado Federal en condiciones de asumir un caso con estas características. Sin embargo, se decidió hacerlo en General Roca y es por eso que diferentes organismos de derechos humanos han descripto públicamente al hecho como otro gesto de racismo hacia el pueblo nación mapuche.
A lo largo de estos meses sucedieron diversas audiencias, algunas virtuales, otras presenciales. Ya se expusieron las pruebas recabadas y brindaron testimonio lxs testigxs. Jornadas tensas y emotivas fueron las que tuvieron como protagonistas a Johana Colhuan, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, integrantes de la comunidad y piezas claves en el armado del rompecabezas ya que fueron ellxs quienes estuvieron cuando Rafael recibió el disparo y luego bajaron su cuerpo. De hecho, el mismo día de la muerte, Colhuan también recibió un disparo en su brazo y resultó seriamente herida. Es por eso que durante la inspección ocular tuvieron un papel crucial.
La gente de la comunidad frente a la policía, mientras se realizaba la recorrida por el escenario del crimen de Rafa Nahuel en 2017.
Comienza el operativo
A la altura de la tranquera que da ingreso al territorio que está en disputa, se ha formado un cordón humano de efectivos de la Policía Federal que toman lista de las personas autorizadas a ingresar e impiden el paso de quienes no. Hasta allí, han llegado integrantes de comunidades mapuches con sus hijxs e instrumentos musicales, algunxs trabajadorxs de prensa y la comitiva autorizada para realizar la inspección ocular.
Hay varios autos estacionados a los costados del ingreso al territorio y un grupo de pocas personas reunidas en círculo escuchando lo que los jueces a cargo del operativo tienen para decir.
“Les pido que pidan la palabra para que sea lo más prolijo y dinámico posible. Va a haber tiempo para asentar lo dicho, tenemos todo el día. Como somos muchos y los senderos son chicos, si no ponemos un poco de orden va a ser un lío”, dijo uno de los tres jueces intervinientes para dar inicio” dijo uno de los jueces.
Y siguió: “Si las defensas necesitan que los imputados se acerquen a los testigos avisen. Vamos a estar todos separados, Nosotros adelante con los testigos e imputados atrás. Vamos en función de los requerimientos de lo que van manifestando los testigos, observando y si necesitan alguna consulta, acercamos a los imputados. Como si estuviéramos en juicio. Tratemos de pedir la palabra para no pisarnos porque la ansiedad está”.
La charla fue encabezada por los jueces del Tribunal Oral Federal de Roca, Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava y fue pensada para despejar cualquier tipo de duda sobre el operativo. “La inspección ocular no es una reconstrucción ni una declaración testimonial. Se refiere a lugares, reconocimiento del lugar y realizar observaciones”, sostuvo uno de los magistrados.
El fiscal de la causa, Rafael Vehils Ruíz, también se encontraba presente, así como Mariano Przybylski, director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, ya que el organismo estatal interviene como querellante en la causa.
Último tramo de la introducción de los jueces: “La propuesta es hacer paradas. Primero Puesto Tranquera, después Puesto Mochila, Antena 1, Antena 2, donde se visualizó el perro. Me parece que Lescano es el que nos tiene que ir guiando porque es el que estuvo y es el suboficial de mayor graduación. Va a ir diciendo por dónde ascendieron, dónde los binomios se separaron, dónde ubicaron el perro, dónde se ubicaron los otros binomios, cómo bajaron y cómo se replegaron. Van a surgir cosas, vamos a parar, paciencia y orden”, finalizaron.
Mujer y niño mapuche, frente a policías pertrechados como para una guerra. En 2017 se cumplieron los peores presagios cuando los uniformados recibieron la orden de atacar la Lof.
Montaña arriba
La pequeña comitiva inició trayecto de más de 1000 metros montaña arriba para llegar al lugar exacto donde murió Rafael. Recién descendieron pasadas las 17.30, luego de 6 horas intensas y emotivas. Bajaron primero integrantes de la Lof, a quienes se vio como conocedorxs del territorio y la vida en la montaña. El resto de la comitiva tardó un poco más, reflejo de las dificultades del terreno tanto para subir como para bajar.
Los tres jueces fueron los primeros en dejar Villa Mascardi rápidamente, escoltados por efectivos de seguridad, sin tener contacto con la poca prensa que había hecho guardia a la vera de la ruta 40, ni con integrantes de la comunidad. El resto de los presentes aprovechó para reunirse nuevamente cerca de la tranquera, de forma espontánea, para charlar sobre lo vivido montaña arriba. “Fue muy duro”, se escuchó decir. En todo ese tiempo convivieron imputados y testigxs, recorriendo, reviviendo y regresando al lugar de los hechos por segunda vez. Colhuan, Jones Huala y González Curruihunica no habían vuelto después de aquel día de 2017. Y brindaron su versión, pero también escucharon a los Albatros.
El operativo de seguridad seguía intacto. Muy agotado se lo vio al fiscal de la causa Rafael Vehils Ruiz, quien luego de hidratarse y tomar un poco de aire, aceptó el dialogo con este medio.
–¿Cuál es el balance que hacen?
–Fue muy interesante porque lo que nosotros buscábamos era lo que obtuvimos. Ver el lugar. Preguntamos a la gente sobre las condiciones climáticas de ese día y fueron muy parecidas. Lo mismo con la visibilidad. Hay lugares que tienen más maleza pero está bastante bien conservado el lugar de los hechos. Se indicó dónde cayó Rafael Nahuel. Cada una de las partes dio su versión y en definitiva lo que queríamos con la Fiscalía era conocer in situ el lugar de los hechos para tener una noción más acabada de lo que ocurrió.
La belleza del paisaje, y el rol del Estado en el conflicto.
¿Quién disparó el proyectil?
Vehils Ruiz explicó que lo narrado por testigxs sí estuvo bajo juramento, en cambio lo que expusieron los imputados no. Por lo tanto: “En su derecho de defensa pueden decir lo que les parezca. Pueden mentir, no se le puede decir nada al respecto. No así los testigos que si mienten están bajo juramento y les acarrea una consecuencia penal. Por supuesto que la Fiscalía tiene una teoría del caso y esta inspección nos aportó bastante a lo que venimos conversando”.
Por cuestiones procesales el funcionario no pudo adelantar conclusiones pero sí sostuvo que “seguramente pidamos algo más todavía antes de terminar porque tenemos un campo que sería el último para despejar todas las dudas. Tenemos un camino marcado que es el que marcó la doctora Little a través de su acusación originaria. Esa es la guía nuestra, veremos si estamos de acuerdo con ella o no”.
En este sentido, es posible que el fiscal solicite un careo entre los peritos que hicieron la primera y la tercera peritación balística, porque llegaron a conclusiones contradictorias, a pesar de haber analizado el mismo proyectil y las armas secuestradas a los sospechosos.
En el peritaje realizado a mediados del 2018 los peritos oficiales Roberto Nigris y Karina Uribe, del Poder Judicial de Río Negro, con la adhesión de la perito designada por la querella Silvia Bufalini, informaron que la bala había sido disparada del subfusil MP5 del albatros Francisco Javier Pintos. Pero a principios de 2021, peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta concluyeron que el proyectil calibre 9 milímetros que mató al joven mapuche, salió del arma que portaba el albatros Sergio Guillermo Cavia.
“Lo que podemos hacer es adecuar y resignificar la calificación legal en base a elementos que se aporten en esta etapa que es la de la certeza porque justamente venimos de una etapa de sospecha. Se modificará siempre y cuando existan elementos de convicción”, concluyó el fiscal sobre lo sucedido en la jornada.
Recordando un disparo
Otra voz resonante y dispuesta al diálogo fue la del director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski. El organismo que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en la causa.
“Esta prueba era importante porque venimos hasta ahora en todas las audiencias escuchando testigos. Nos van contando cada uno su punto de vista pero es la primera vez que tanto el Tribunal como los abogados pudimos ver en el lugar los hechos y donde los testigos nos fueron contando acá pasó tal cosa, acá tal otra. Eso te genera otra visión, sobre todo para el Tribunal que tiene que resolver”, dijo ni bien empezada la entrevista.
“Fue fuerte para todos”, siguió “sobre todo para Johana Colluan, Fausto y Lautaro que estuvieron ahí. Johana estuvo al lado de Rafa y ella misma recibió un disparo. Nos dijo que no había vuelto a ese lugar desde aquel momento. Llegar al lugar donde cayó Rafa fue muy fuerte. Fue muy importante también marcar el lugar en donde le pegaron el tiro y después pudimos visualizar y paramos donde teníamos la referencia de las vainas de 9mm que se habían encontrado. Todos pudimos ver el ángulo que coincide de abajo para arriba y de izquierda a derecha que son los orificios de bala que tuvo Rafa. Coincidieron con los restos de las vainas que habían disparado. Esto confirma todo lo que venimos hablando y viendo y te da una referencia in situ de eso. Es fuerte verlo”, insistió.
El funcionario reflexionó: “Ningún gobierno ni funcionario está exento de que una fuerza de seguridad que dependa de si, un agente o una fuerza de seguridad cometa un hecho de violencia institucional. Puede pasar. Ahora la diferencia es cómo reacciona un gobierno ante eso. Un gobierno puede salir a justificarlo, apoyarlo, marcarlo como ejemplo que es lo que pasó o sancionar y decir esto no puede pasar más. Separar o ponerse a querellar e investigar qué es lo que pasó para que haya responsables. Esas son las diferencias que te van marcando y bajando línea para que las cosas no pasen más porque si vos lo marcás como un ejemplo es bastante probable que siga pasando”.
La mujer señala la destrucción a la que ha sido sometido el territorio.
La intención de matar
¿Qué expectativas hay con este juicio? ¿Se iniciarán algunas acciones judiciales más que apunten a la responsabilidad estatal más allá de los cinco integrantes del grupo Albatros?
“La expectativa y el optimismo como litigante, como secretaria siempre lo tenemos que mantener. No podemos pensar que el Poder Judicial se va a tapar los ojos y no va a ver lo que estuvimos viendo nosotros durante todo el juicio. Llegamos al juicio y dijimos que por las pruebas que teníamos en instrucción, acá lo que había habido era una persecución a los tiros montaña arriba, con los miembros de una comunidad corriendo y escapando y los 5 prefectos imputados disparando por lo menos 130 municiones de plomo con intención de matar. Eso fue lo que llevamos a juicio y la verdad que con el tiempo fuimos corroborando todos esos hechos. Hoy lo pudimos transitar. Vimos donde empezaron los primeros disparos que estaban marcados con la recolección de las vainas, seguimos subiendo, vimos donde terminó muriendo, lo vimos en el terreno y lo vio el tribunal. La expectativa es que esto termine como tiene que terminar, que es por una condena por homicidio. Yo no veo otra posibilidad que no sea esta.
En cuanto a la responsabilidad estatal más allá del grupo Albatros, “este juicio tiene a estos imputados. Tendría que ser otro juicio eventualmente si existiera algún vínculo que eso no siempre es fácil porque vos tenés lo que se vio en este juicio por ejemplo. Un operativo, cinco efectivos de Albatros que en un determinado momento abren fuego con intención de matar. Ahora, ¿cómo unir eso y decir que hubo una orden superior que les haya dicho: ‘ustedes tienen que ir al lugar y asesinar a las personas que están ahí’?. Bueno ese es un paso más que no siempre es tan fácil de poder acreditarlo. Una cosa es lo político y otra cosa es lo penal. En lo político tenemos claro que son responsabilidades políticas pero en lo penal necesitás pruebas fehacientes que acrediten una orden concreta, y eso es más difícil”.
La voz de la machi
Mientras se desarrollaba la inspección, integrantes de comunidades mapuches, allegadxs a la Lof Lafken Winkul Mapu y representantes de la Multisectorial contra la Represión pudieron hacer la guardia desde el rehue, espacio sagrado de suma importancia para la Lof y la cultura mapuche. No fue fácil porque en un primer momento y a pesar de haber dialogado con los jueces, ese vallado humano conformado por efectivos de seguridad no les permitía el acceso. Luego, gracias a la presión ejercida, se consiguió el objetivo que era realizar ceremonias para brindar newen o fuerza espiritual a sus lamngen (hermanxs) quienes estaban encabezando el operativo.
Allí pudimos conversar con la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan.
A diferencia de todo lo que se había escuchado ese día, ella inició la conversación con este medio en su idioma, el mapudungun. Un rato antes había compartido mates alrededor del fuego con quienes pudieron ingresar a esta parte del territorio que reivindican. Entre amargo y amargo surgieron charlas interesantes sobre feminismos, luchas de los pueblos originarios, reflexiones en torno a los derechos humanos y a ser una sociedad verdaderamente plurinacional.
Dice mientras amamanta a uno de sus hijos.
“Hemos llegado nuevamente al territorio que está muy militarizado. Rafael Nahuel dejó su vida resistiendo, defendiendo este territorio donde hoy se encuentra el rehue, un espacio de celebración sagrado para nosotros, para nuestra conexión y nuestro ser mapuche. Este territorio ha sufrido tanta represión, atropellos, nos han tirado tiros, nos han gaseado. Es en este mismo territorio donde de esa misma forma le quitan la vida por la espalda a Rafael. Hemos vuelto hoy con tanto despliegue policial de distintas fuerzas, federales, gendarmería. Nuevamente nos vimos hostigados, agredidos por la policía”.
Sobre el regreso al lugar del crimen: “Es difícil volver al territorio, encontrarlo en el estado en que está, con tanta violencia hacia el espacio, está destruido. Nuestras casas están demolidas, nuestro rehue profanado que es nuestro ser más sagrado. Por eso nuestra cultura espiritual, nuestro ser mapuche también se ve agredido y violentado. Vinimos la semana pasada en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Vimos el estado del espacio y del rehue. Una semana después volvemos a venir y volvemos a ver esto. En nuestra ausencia siguen profanando, siguen manoseando, cambian las cosas de lugar, las tocan. Ni hablar de los tratos y violencias recibidas de parte de fuerzas policiales y represivas del Estado”.
Mientras observa cómo uno de los integrantes de la Lof acomoda escombros de lo que antes era su ruka, su casa, dice que “estamos esperando que los lamngen puedan bajar, estamos apoyándolos espiritualmente y anímicamente para que ellos tengan la fortaleza porque es un proceso difícil volver a recordar los momentos en los que la policía se llevó la vida de un hermano acá en el territorio y para nosotros como comunidad revivir esos momentos”.
“Recordamos lo que pasamos el 4 de octubre pasado. Otro violento desalojo en el que nos detuvieron 8 meses injustamente. Por una causa de usurpación estuvimos detenidas cuatro de nosotras, y por la misma causa hoy se encuentra detenida Jessica Bonefoi con prisión domiciliaria”, sostuvo al tiempo que denunció “la persecución y estigmatización que hacen hacia nuestro pueblo mapuche, hacia este territorio particular, hacia las comunidades que luchan por la defensa de los espacios sagrados, los territorios limpios y puros. Es una tristeza hoy volver al territorio y verlo atropellado. Igual que a nosotros”.
Hay palabras que vuelven a Betiana al contar la realidad del lugar: “Atropellado, herido, contaminado, violentado”.
“Nos sentimos con esta fortaleza que da el espacio para seguir luchando y no bajar los brazos, para seguir defendiendo este espacio incansablemente. Nos da tristeza y seguimos denunciando aunque nosotros ya sabemos cómo se maneja el Estado, sus fuerzas policiales y todas las formas desde la Campaña del Desierto: la colonización de nuestro pueblo mapuche y todos los pueblos originarios hasta hoy”.
Reflexiona: “Sigue siendo lo mismo. No ha cambiado. Somos pueblos pre-existentes que vivimos en esta sociedad, que se nos ha impuesto una nacionalidad, un idioma, una forma de educación, de salud, pasando por encima nuestra propia cultura y creencias. Hoy estamos siendo parte de esta sociedad, empobrecidos. Gran parte de nuestra gente mapuche ha sido lanzada a las periferias de las ciudades, despojados de sus territorios e identidades lamentablemente. Pero estamos en una lucha por recuperar lo robado, por fortalecer nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestro ser mapuche. Entendemos que eso es grave porque para el Estado es un peligro que nosotros hoy estemos tratando de fortalecernos. Nos estigmatizan llamándonos violentos, terroristas. Nos tildan de indios salvajes, ignorantes y hoy somos terroristas, delincuentes, violentos siendo que nuestro único objetivo es la protección de los territorios sagrados para proteger el agua, las montañas, que no solo son nuestras sino que somos parte de este territorio y no es solo por nosotros esta lucha sino por todas las generaciones”.
El respeto no es un folklore
Betiana añade que la lucha es por la defensa de la vida, de la propia, de los espacios sagrados y la de todos los territorios porque “siempre los muertos los hemos puesto nosotros, el pueblo mapuche, los pueblos originarios, preexistentes”.
Así es que “estamos poniendo la fuerza espiritual para que el territorio se levante, para que las comunidades se levanten, para que el pueblo mapuche se levante, para que haya una unión como pueblo mapuche y para que la sociedad en general, aquel no mapuche pueda concientizarse, pueda respetar que hoy estamos en una plurinacionalidad y que es importante que el respeto sea concreto, sea real. El respeto no es un folklore sino apoyar los reclamos porque se confunde mucho. Se dice que las comunidades hoy tratan de generar una nación aparte, que somos terroristas, violentos pero en verdad nosotros buscamos vivir en paz en los territorios. Buscamos sumar a la conciencia, a la solidaridad, a los espacios que están en lucha, que se acerquen a conversar para tener la voz en primera persona y ver por lo que realmente estamos luchando”.
“Es una situación que estamos viviendo como comunidad pero también como pueblo porque estamos siendo despojados de todos los territorios, los atropellos son en todos los territorios. Son de parte de empresas extractivistas como las mineras, las petroleras, grandes terratenientes que nos siguen corriendo el alambrado, alambrando nacientes de ríos como es el río Chubut, como lo es Lewis que tiene un lago entero. Nuestra lucha es contra esto, contra los grandes extractivistas terratenientes que lo único que quieren a la vez que nos asesinan como pueblo preexistente, también asesinan a los territorios y a nuestra Mapu. Agradecemos a la gente que apoya, que difunde y acompaña. Marichiweu” dice para despedirse, término que significa “cien veces venceremos”.
Nota
El estado de la salud: Hospitales marcharon contra el recorte, con el Bonaparte como símbolo de la insensibilidad
Médicos y médicas de distintos hospitales públicos e instituciones de salud marcharon hoy a Plaza de Mayo. El Hospital Garrahan -donde el gobierno nacional echó al Consejo Directivo- fue el punto de partida y el símbolo, el Hospital Bonaparte cuyos trabajadores y trabajadoras resisten al cierre. Lo común: el ahogo presupuestario y el recorte salarial. El contexto: mayor demanda, menos dinero, menos insumos y más precariedad. Un combo insalubre para quienes trabajan y para quienes se atienden. El llamado a un paro general, y la unión sin distinciones de todo el personal de las instituciones. El jueves, Día de la Salud Mental, habrá una nueva marcha a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte.
Por Lucas Pedulla
Karen tiene 35 años y este martes cumplió su primera semana de residencia en el Hospital Nacional Laura Bonaparte. Lamenta no estar en su área de trabajo, después de estudiar durante años en la Universidad Nacional de Luján, sino en Plaza de Mayo, fruto de una necesidad que la empujó a salir a la calle, con miles de trabajadores y trabajadoras de la salud.
Pero rescata lo bueno, ante la pregunta de cómo está, que ella elige responder en plural: “Estamos bien, es muy energética esta situación: permanecimos en nuestros puestos de trabajo, con el hospital abierto, garantizando la continuidad de la atención, y reconforta que haya tenido toda esta respuesta. Todo eso implica que es una pelea que vamos a poder ganar”.
Karen ingresó al Bonaparte en medio de un plan de lucha que trabajadores y trabajadoras de la salud llevan adelante hace meses, con pedidos de recomposición salarial y la denuncia del desabastecimiento de las instituciones. Hasta ahí, todo a-normal. Hasta que el viernes llegó el “baldazo de agua fría”, según describe: “Cuando volvimos a nuestros puestos y a realizar las tareas diarias, a las dos y media de la tarde, sin que tengamos la mínima sospecha empezaron a circular mensajes de que habían anunciado el inminente cierre del hospital -dice Karen a lavaca– Para nosotros fue impactante. No sabíamos cómo reaccionar hasta que bajamos al hall de entrada y nos encontramos con las puertas cerradas y los pacientes en la vereda: los habían sacado de la guardia”.
Así fue que una compañera propuso quedarse hasta revertir la decisión de cierre. El apoyo fue unánime, con festivales y vigilias que acompañaron a lxs trabajadorxs todo el fin de semana. El lunes realizaron un abrazo simbólico, donde cantaron: “El Bona no se cierra”. Y hoy se movilizaron a Plaza de Mayo.
A Karen, en su primera semana, ya algo le quedó claro: “Nos quieren destruir como clase trabajadora. No quieren que tengamos salud. No quieren que tengamos educación. Nos quieren destruir para poder explotarnos más. Quieren que ganemos salarios miserables. No sé cómo pretenden que sostengamos la productividad del país si no tenemos salud, vivienda, educación y alimento”.
Foto: Tadeo Bourbon para lavaca
Del Hospital a la Plaza
La movilización partió del Hospital Garrahan, donde la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro de 48 horas en reclamo de recomposiciones salariales, pero que es tan solo la punta de un iceberg: así se plegaron trabajadorxs del Bonaparte y, también, de otras instituciones como el Piñero, el Penna o el Posadas.
La Plaza de Mayo combina hoy dos escenarios, Casa Rosada y el Ministerio de Economía, a donde el presidente Javier Milei cruzó al mediodía para almorzar con el ministro Luis Caputo, protagonista de uno de los estribillos de este mediodía:
“Che caputo, che Caputo / no te lo decimos más / si tocás los hospitales / qué quilombo se va a armar”.
Cantando está Magalí, 34 años, bioquímica, quien hizo toda su carrera dentro del Garrahan, donde trabaja hace ocho años. Hoy es personal de planta, en el sector de Laboratorio. Precisa el reclamo: “Pedimos 100% de aumento en una sola cuota. Recomposición salarial de todos los trabajadores de todos los hospitales. Desde diciembre nuestro salario perdió mucho, quedamos atrasados, y eso genera una situación de mucho pluriempleo, con mucho cansancio, que redunda en una mala calidad de atención y en que muchos profesionales formados se están yendo. El hospital se está vaciando con estas políticas de recorte. Y eso afecta a la salud”.
Luego, otro trabajador del Garrahan toma el micrófono: “Esta marcha agrupa sin distinción de tareas y sin distinción de agrupación. Nos tenemos que unir en una sola lucha y hacer una huelga general para derrotar a este gobierno”.
Un residente del Hospital Posadas, en el oeste del conurbano bonaerense suma: “Tenemos que estar todos juntos para enfrentar un gobierno de insensibles que quieren llevarnos a la pobreza extrema”.
Un residente del Penna: “Si hay algo que quiere el Gobierno es dividirnos: los residentes por un lado, los de planta por otro, los del Bonaparte por otro, los enfermeros por allá. Tenemos que unirnos y que todas las centrales llamen a un paro”.
Una trabajadora de hospitales de Lanús y Alejandro Korn, al sur del conurbano profundo: “Este es un gobierno despiadado y oscurantista que quiere cerrar baluartes para la sociedad, como las universidades que brindan la posibilidad de ascenso social para la clase trabajadora. Paro general ya”.
Magalí, del Garrahan, escucha y dice a lavaca: “Hemos movilizado en todos los gobiernos pero este recorte no lo vi hasta ahora. Aumentó la demanda, porque se caen de las obras sociales y vienen al hospital público, y los insumos y reactivos tardan mucho llegar”.
Foto: Tadeo Bourbon para lavaca
Desde la Plaza anuncian que el jueves es el día de la Salud Mental y habrá una nueva marcha, a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte. “No queremos resignarnos a los salarios de miseria que atentan contra la salud de los pacientes -dice, desde el camión otra trabajadora del Bonaparte-. Acumulamos casi un 50% de pérdida de poder adquisitivo. Sostenemos, con profunda vocación, que vamos a seguir luchando”.
El vocero presidencial Manuel Adorni dijo el lunes que “el Hospital Bonaparte no va a cerrar”, aunque habló de una “reestructuración” en base a un supuesto “desfasaje” entre la cantidad de empleados y los usuarios. En Plaza de Mayo, desde un camión, responde una de esas trabajadoras: “Atendemos de 8 a 20 (horas). Recibimos a mamás y papás que tienen a sus hijos en tratamiento. Contamos con una guardia las 24 horas y un 0800 que atiende llamados. Hoy el hospital está funcionando porque lo estamos defendiendo. No se cierra. Están diciendo que sobran los trabajadores, pero es mentira: estamos desbordados de demanda. En el Bonaparte no sobra nadie. La mayoría hacen tratamientos ambulatorios. Es el primer hospital que quieren cerrar en democracia, y no lo vamos a permitir”.
Nota
Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo
De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.
En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.
El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.
Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:
La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.
La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.
¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.
Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.
¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.
Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.
El desmantelamiento como política
La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.
El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.
El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.
Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.
Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.
Cómo trabaja el Bonaparte
Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.
El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.
Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.
El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.
Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.
¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.
La fortaleza de la lucha
Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.
Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.
Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
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